Neivy Dorantes: Médica, Magister en epidemiología, docente, con amplio interés en el control de enfermedades infecciosas. Ana Isabel Rodríguez Guerra: Nutriologa, Magister en Salud Pública en nutrición, con amplio interés en la investigación de entornos alimentarios y seguridad alimentaria. Experiencia en el estudio de patrones dietarios y entorno alimentario comunitario. Robinson Pacheco Lopez: Microbiologo, Magister en Epidemiología, Magister en Ciencias Biomedicas con enfasis en Control de Infecciones. Docente Investigador Universidad Libre Colombia. Investigador en enfermedades infecciosas
Esta nota de política pública resume evidencia y recomendaciones para el diagnóstico oportuno y tratamiento del binomio Tuberculosis-VIH en las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios.
Es un llamado a redoblar esfuerzos en un grupo poblacional con condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social y así contribuir con la estrategia mundial al fin de la tuberculosis.
Está dirigido a las autoridades de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC) y al personal que labora en los centros penitenciarios, con énfasis en el personal de salud.
La tuberculosis (TB), enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, continúa siendo un problema de salud pública que en 2020 afectó alrededor de 10 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La tuberculosis puede afectar a ccualquier persona; pero vivir con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) confiere 18 veces más probabilidad de desarrollar tuberculosis activa
La pobreza, el hacinamiento, el acceso inequitativo a la educación y servicios de salud, la desigualdad de género, la migración, la homofobia y transfobia, el estigma y la discriminación contribuyen a la transmisión y pronóstico de TB- VIH en la Región de América Latina y el Caribe
En centros penitenciarios, factores como hacinamiento, espacios con poca ventilación e iluminación, carencia de servicios básicos, tabaquismo, farmacodependencia, violencia sexual, compartir celdas con personas con padecimientos infecciosos no diagnosticados, malnutrición, en conjunto con otras comorbilidades como la diabetes, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión y VIH, significan un mayor riesgo para adquirir TB-VIH
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifiesta que la pérdida de la libertad no debe representar la pérdida del derecho a la salud. De acuerdo a algunos estudios, existe sobrepoblación en las prisiones de América Latina, con centros penitenciarios que llegan a cuadriplicar su capacidad máxima, lo cual, aunado a deficiencia o inexistencia de servicios de salud, incrementa el riesgo de transmisión de TB entre los reclusos y el resto de la población
La OMS considera que las muertes por TB-VIH son evitables. La actual estrategia mundial “Fin a la Tuberculosis” y el Marco normativo Nacional de Colombia, establecen como una prioridad la oferta de servicios de salud, sin barreras y con calidad
Principal actor y sector involucrado:
Autoridades de la Unidad de Servicios penitenciarios de Colombia (USPEC)
Contribuir a la lucha contra la epidemia de TB es una meta incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Mediante la aplicación generalizada de las estrategias mundiales de TB y los logros de las metas relacionadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se han logrado avances; por ejemplo, se estima que la efectividad del diagnóstico y el tratamiento de la TB ha salvado la vida de unos 66 millones de personas entre el 2000 y el 2020
Esta cifra es significativa pero insuficiente, sobre todo considerando que el binomio TB-VIH
Es aún la principal causa de muerte entre las enfermedades infecciosas. Tiene alto potencial de transmisibilidad. Está ampliamente definido por determinantes sociales y que, en algunos grupos de alto riesgo como las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios es motivo de estigma, discriminación e inequidad.
La "Estrategia Fin de la TB", promueve un enfoque con respeto a los derechos humanos que incluya el respeto de los valores éticos y la promoción y la búsqueda de la equidad.
Fuente internet
Además, otro riesgo mayúsculo es la potencial transmisión hacia otros reclusos, hacia el personal que labora en dichos centros penitenciarios, visitantes y hacia la comunidad externa (familias de reclusos y trabajadores), lo que representa una cadena de transmisión de la tuberculosis desde el interior hacia el exterior del centro penitenciario.
Por otro lado, el incremento de la TB resistente a fármacos urge a realizar acciones para garantizar la identificación y tratamiento completo de los pacientes con tuberculosis, especialmente en grupos vulnerables
Al situarnos en el contexto de TB en centros penitenciarios, es fundamental considerar que en dichos establecimientos el número de casos nuevos de TB es 22.2 veces mayor que en la población general, lo que representa grandes retos en diagnóstico y tratamiento oportunos.
La salud es un derecho humano, al igual que el acceso a una atención y una protección social de calidad. Por ello, es necesario identificar y eliminar las transgresiones de derechos humanos que podrían afectar al acceso a un diagnóstico y tratamiento de calidad de las personas que enfrentan condenas en centros penitenciarios
Los centros penitenciarios son considerados como grandes reservorios de TB, exponiendo a los internos a la enfermedad, atentando contra su derecho a la salud y convirtiendo a los centros de reclusión en una amenaza para la población general.
La TB en centros penitenciarios, por tanto, representa un importante problema de salud pública, razón por la que las autoridades políticas deben incluir la salud de las personas privadas de libertad en las políticas de salud. Los centros penitenciarios son: reservorios de TB; reciben TB; concentran TB; empeoran la enfermedad al no proveer adecuada búsqueda de casos y tratamiento; crean resistencia por los tratamientos erráticos o no supervisados; diseminan la enfermedad entre la población más vulnerable a la infección; y exportan TB a través de visitas y otros contactos.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, si bien las personas privadas de la libertad pierden su libertad al recibir condena, no deben perder su derecho a recibir un adecuado cuidado de salud mientras están en custodia. La TB no es parte de la condena, como tampoco lo es la muerte por falta de un tratamiento adecuado para la TB
Los esfuerzos de los gobiernos dirigidos a la atención de la pandemia por COVID-19, han dejado con menor atención y recursos a otras necesidades en salud, situación que ensombrece el adecuado manejo y prevención de la TB
Fuente: Internet
Para cuidar la salud de las personas privadas de la libertad a través del fortalecimiento de las acciones de diagnóstico y tratamiento de TB y VIH, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones de OMS, OPS e Instituto Nacional de Salud de Colombia, se recomienda:
1. Gestionar y realizar pruebas de detección de TB y de VIH en personas que habitan en los centros penitenciarios, así como al momento del ingreso.
2. Asegurar el tratamiento adecuado, permanente y gratuito en personas con la coinfección TB/VIH.
3. Garantizar la seguridad alimentaria para satisfacer los requerimientos nutricionales de las personas que viven con TB y VIH
4. Realizar estrategias de información, comunicación y educación para mejorar la salud mental y prevenir la farmacodependencia.
5. Promover y facilitar la investigación de procesos para identificar oportunidades de mejora relacionadas al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la coinfección TB-VIH en población privada de la libertad.