En las últimas décadas, el concepto de trabajo decente ha adquirido una importancia creciente a nivel global, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su inclusión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en el ODS 8, que promueve la creación de empleo de calidad para todos (Lenzi, 2023). Este enfoque busca garantizar que todas las personas puedan acceder a empleos que respeten la dignidad humana y contribuyan al bienestar social. A pesar de estos esfuerzos internacionales, la medición y promoción del trabajo decente sigue enfrentando retos y metas significativos, particularmente en países en desarrollo como Colombia, donde las condiciones laborales presentan grandes desigualdades que podrían obstaculizar el cumplimiento de las metas establecidas para 2030 (Naciones Unidas, 2024).

En Colombia, la situación del trabajo decente ha mostrado avances en ciertas áreas, como la reducción de la pobreza laboral y la mejora en la tasa de formalidad, pero persisten problemas críticos como la alta tasa de informalidad, la desigualdad de género y la insuficiente cobertura de seguridad social. Estos problemas se ven exacerbados por la falta de una política pública consolidada de Trabajo Digno y Decente, lo que genera una brecha significativa entre las metas teóricas y la realidad práctica. La asignación presupuestal, fundamental para la implementación de políticas efectivas, ha sido desbalanceada, con una preponderancia hacia el funcionamiento sobre la inversión, limitando el impacto de las intervenciones estatales en la mejora de las condiciones laborales.

Este estudio se centra en analizar la evolución de los indicadores de trabajo decente en Colombia durante el período 2016-2024, examinando tanto los marcos jurídicos como los metodológicos propuestos por la OIT a través de antecedentes investigativos. Además, se evalúa la asignación presupuestal en áreas clave como Ambiente, Salud, Trabajo y Empleo Público, con especial atención al impacto de la pandemia de COVID-19 en el presupuesto nacional. A través de este análisis, se busca abordar una brecha crítica en la comprensión de las políticas públicas relacionadas con el trabajo decente en un contexto marcado por desigualdades persistentes. La ausencia de una política pública nacional consolidada sobre Trabajo Digno y Decente emerge como una limitación significativa, que podría comprometer la efectividad de las intervenciones actuales y futuras.

Los hallazgos de este estudio ofrecen una visión crítica sobre el progreso de Colombia en la promoción del trabajo decente, subrayando las brechas existentes y proponiendo recomendaciones para la asignación estratégica de recursos en los años venideros. En este sentido, el estudio busca analizar los indicadores del trabajo decente y la asignación de recursos en la mejora de estos indicadores, destacando las implicaciones que estos factores tienen en el cumplimiento de las metas del ODS 8. Así, se pretende contribuir al debate sobre la necesidad de políticas más inclusivas y eficaces que permitan al país avanzar hacia la consecución de las metas establecidas.

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección, se presenta el marco teórico que sustenta el análisis; la segunda sección describe la metodología utilizada para la recolección y análisis de datos; la tercera sección expone los resultados obtenidos, destacando los principales hallazgos y desafíos; y, finalmente, se discuten las implicaciones de estos resultados en el contexto colombiano y se ofrecen conclusiones que apuntan a la necesidad de políticas públicas más inclusivas y eficaces.

Este estudio se enmarca en una investigación documental de enfoque cualitativo, que analiza y compara diversas fuentes teóricas y empíricas relacionadas con el concepto de trabajo decente, su evolución y su medición en Colombia, con énfasis en la asignación presupuestal de los sectores que contribuyen a este objetivo. La metodología se centró en el análisis documental, abordando tanto la literatura existente como los datos oficiales, e integrando diferentes perspectivas teóricas y prácticas. La primera etapa involucró la identificación y selección de fuentes documentales relevantes a nivel internacional y nacional, incluyendo informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estudios doctrinales y gubernamentales, así como publicaciones académicas y documentos de política pública. La selección de estas fuentes se basó en su pertinencia, actualidad y credibilidad, priorizando aquellas que ofrecen una visión comprensiva sobre la medición y evolución del trabajo decente.

Una vez seleccionadas las fuentes, se procedió a un análisis de contenido, siguiendo las etapas descritas por Peña (2022). Este análisis se enfocó en descomponer las ideas principales y secundarias de los textos, identificando patrones recurrentes, discrepancias y áreas clave en la discusión sobre el trabajo decente. El análisis incluyó la identificación de palabras clave, conceptos fundamentales, y la estructura lógica de los argumentos presentados en las diferentes fuentes.

La etapa siguiente involucró la comparación sistemática de los indicadores y metodologías utilizados en diferentes estudios para medir el trabajo decente. Se contrastaron los resultados obtenidos en las mediciones doctrinales con los presentados en informes gubernamentales y se analizaron las discrepancias entre las aspiraciones teóricas y la realidad práctica en Colombia. Esta comparación permitió identificar las áreas donde los esfuerzos en políticas públicas han sido insuficientes o contradictorios.

El análisis presupuestal fue realizado mediante la revisión de la asignación de recursos a los sectores que tributan al trabajo decente en Colombia, utilizando datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el período 2016-2024. Se analizó la distribución de recursos entre funcionamiento e inversión, y su impacto en la implementación de políticas laborales y sociales que promuevan el trabajo decente. Este análisis se complementó con una evaluación de la efectividad de la asignación presupuestal en la mejora de los indicadores de trabajo decente.

Finalmente, con base en los hallazgos del análisis documental y presupuestal, se formularon propuestas y recomendaciones para mejorar la política pública en torno al trabajo decente en Colombia. Estas propuestas se fundamentan en la necesidad de una redistribución más equitativa de los recursos presupuestales, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de implementar políticas de trabajo decente, y la creación de un marco normativo consolidado que permita alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8. Lo anterior se visualiza en la Figura 1. Diseño Metodológico

Figura 1 Fuente: Elaboración propia con base en Peña (2022).

La Política Pública de Trabajo Digno y Decente en Colombia se encuentra en proceso de desarrollo a través de dos proyectos de decreto que buscan establecer un marco normativo inclusivo y representativo (MINTRABAJOCOL, 2024). En ausencia de una política pública nacional específica, es relevante considerar la asignación presupuestal a sectores que contribuyen al trabajo decente dentro del Presupuesto General de la Nación, según lo establecido en el Decreto 111 de 1996 (Función Pública de Colombia, 2024).

Además, el Documento CONPES 3918 de 2018, titulado Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia, establece un marco estratégico para integrar los ODS en las políticas públicas nacionales, alineando los esfuerzos del Estado con los principios constitucionales de bienestar general y justicia social (Departamento Nacional de Planeación, 2018). En este contexto, el presupuesto público se convierte en un indicador clave para evaluar la implementación de los principios del trabajo decente, ya que cuantifica los objetivos y metas del gobierno y garantiza la distribución de recursos necesarios para el funcionamiento de las entidades encargadas de su ejecución (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019).

A saber, en el periodo 2016-2024, el Estado colombiano ha asignado recursos presupuestales a varios sectores administrativos que tributan al trabajo decente, entre los cuales destacan Ambiente y Desarrollo Sostenible, Empleo Público, Salud y Protección Social, y Trabajo. A continuación, se presenta un análisis de cómo se ha distribuido este presupuesto y si la asignación ha sido suficiente para mejorar los indicadores de trabajo decente.

En promedio, el presupuesto general de la nación entre 2016 y 2024 ha sido de aproximadamente $322.262.533.000.000 (Ver Tabla 2), de los cuales solo un pequeño porcentaje ha sido destinado a los sectores clave para el trabajo decente. Según los datos, el sector de Salud y Protección Social recibió en promedio un 10,65% del presupuesto general, lo que equivale a aproximadamente $34.323.119.000.000 anuales. El sector de Trabajo, por su parte, recibió un 9,85% del presupuesto, con un monto promedio de $31.750.101.000.000 anuales. En contraste, los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Empleo Público recibieron un 0,32% ($1.039.688.000.000) y un 0,15% ($151.800.000.000) respectivamente, lo que indica una asignación considerablemente menor en comparación con los sectores de Salud y Trabajo (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2024).

Tabla 2

Fuente: Construcción propia. Ministerio de hacienda, Presupuesto Público Nacional.

El análisis de la asignación presupuestal entre 2016 y 2024 revela una distribución desigual de los recursos entre los sectores de interés, con implicaciones significativas para los indicadores de trabajo decente en Colombia. Aunque los sectores de Salud y Protección Social y Trabajo han recibido una porción significativa del presupuesto, los resultados en términos de mejora de estos indicadores han sido mixtos.

En el sector de Salud y Protección Social, un 95,53% del presupuesto se destinó al funcionamiento, dejando solo un 4,46% para inversión. Esta baja proporción de inversión limita el impacto a largo plazo en la mejora de las condiciones laborales y en la creación de empleos decentes, ya que la inversión es crucial para el desarrollo de infraestructura y programas sostenibles. La variabilidad en la asignación de recursos se observa en la Figura 2, donde se destacan los cambios en la distribución presupuestal para este sector.

Figura 2

El sector de Trabajo sigue un patrón similar, con un 84,66% de su presupuesto destinado al funcionamiento y solo un 15,34% a inversión, lo que podría explicar por qué los avances en los indicadores de trabajo decente han sido limitados. La baja proporción de inversión sugiere que gran parte de los recursos se destinan a mantener las operaciones actuales en lugar de promover mejoras estructurales que podrían generar un impacto más significativo. La Figura 3 muestra la variación porcentual de la asignación presupuestal para este sector.

Figura 3

En contraste, los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Empleo Público, aunque recibieron menores asignaciones presupuestales, destinaron una proporción considerablemente mayor de sus presupuestos a la inversión, con un 62,10% y 72,73% respectivamente. Estos sectores, aunque contribuyen indirectamente al trabajo decente, tienen una capacidad limitada para influir en los indicadores clave debido a la baja asignación absoluta de recursos. Sin embargo, su enfoque más equilibrado entre funcionamiento e inversión podría servir como modelo para los otros sectores en futuros ajustes presupuestales, como se observa en las Figuras 4 y 5.

Figura 4

Figura 5

El análisis del comportamiento de la asignación presupuestal en Colombia entre 2016 y 2024 revela una distribución desigual de los recursos entre las diferentes secciones de interés, lo que tiene implicaciones significativas para los indicadores de trabajo decente. Si bien el presupuesto general de la nación ha destinado alrededor del 60% a funcionamiento, las secciones de Salud y Protección Social y Trabajo han asignado un porcentaje significativamente mayor de sus recursos a esta categoría, dejando una proporción limitada para la inversión. En contraste, sectores como Ambiente y Desarrollo Sostenible y Empleo Público han destinado una mayor parte de su presupuesto a la inversión, con porcentajes que varían entre el 50% y 70% para Ambiente y Desarrollo Sostenible y entre el 60% y 80% para Empleo Público, aunque con una tendencia a la baja en los últimos años.

Este enfoque diferenciado sugiere que, aunque sectores como Salud y Protección Social reciben una mayor asignación de recursos, la baja proporción destinada a la inversión podría restringir su capacidad para generar mejoras sostenibles en los indicadores de trabajo decente. Por otro lado, el mayor énfasis en la inversión en los sectores de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Empleo Público podría servir como un modelo a seguir, orientado a la promoción de cambios estructurales más significativos en el largo plazo. La Figura 6 refleja esta distribución y subraya la importancia de reequilibrar los recursos hacia la inversión para impulsar un cambio más efectivo en los indicadores de trabajo decente en Colombia.

Figura 6

Finalmente, La Tabla 3 resume el presupuesto promedio asignado a funcionamiento, servicio de la deuda e inversión en el periodo 2016 - 2024, subrayando la necesidad de un reequilibrio en la distribución de los recursos para asegurar que se destinen suficientes fondos a proyectos y programas que promuevan un cambio sostenible en el ámbito laboral.

Tabla 3

Es evidente que, para lograr mejoras en los indicadores de trabajo decente en Colombia, es necesario no solo aumentar la asignación presupuestal a los sectores clave, sino también reequilibrar la distribución entre funcionamiento e inversión, asegurando que se destinen suficientes recursos para proyectos y programas que promuevan un cambio sostenible en el ámbito laboral.

Este estudio ha puesto en evidencia la complejidad que enfrenta Colombia para alcanzar las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8, orientado a promover el trabajo decente para todos. A pesar de los esfuerzos desplegados tanto en la medición de indicadores como en la elaboración de informes gubernamentales y doctrinales, persisten retos estructurales significativos que comprometen la posibilidad de cumplir con estas metas para el año 2030.

Una comparación entre los resultados obtenidos de las mediciones doctrinales y los indicadores presentados en los informes oficiales revela una discrepancia considerable entre las aspiraciones teóricas y la realidad práctica. Las investigaciones doctrinales han subrayado consistentemente la necesidad de abordar la informalidad laboral, la desigualdad de género y la cobertura de seguridad social como aspectos decisivos para el trabajo decente. No obstante, los informes gubernamentales muestran un avance limitado en estas áreas, con indicadores clave, como la tasa de desempleo y la informalidad laboral, que siguen siendo alarmantes.

El análisis de la asignación presupuestal durante el período 2016-2024 evidencia una distribución desigual de los recursos, con una preponderancia hacia el funcionamiento sobre la inversión. Esta tendencia ha limitado la capacidad del Estado para implementar cambios estructurales que permitan mejorar de manera sostenible los indicadores de trabajo decente. Aunque los sectores de Salud y Protección Social, y Trabajo han recibido una parte significativa del presupuesto, la baja proporción destinada a la inversión ha impedido la materialización de mejoras sustanciales.

Persisten brechas críticas en áreas como la informalidad laboral, la desigualdad de género y la seguridad social, lo que resalta la necesidad urgente de una política pública más robusta y enfocada, capaz de articular los esfuerzos de los diversos sectores involucrados en la promoción del trabajo decente. Estos desafíos estructurales requieren atención inmediata, ya que son determinantes para avanzar en la consecución de las metas del ODS 8.

En consecuencia, los hallazgos de este estudio sugieren que, a pesar de ciertos avances, Colombia enfrenta obstáculos serios y persistentes que podrían impedir el cumplimiento de las metas del ODS 8. La falta de una política pública consolidada de Trabajo Digno y Decente, sumada a una distribución subóptima del presupuesto, son factores críticos que deben ser abordados con urgencia.

Es imperativo que el gobierno colombiano reevalúe la asignación presupuestal, destinando una mayor proporción de los recursos a la inversión en sectores clave como Salud, Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Empleo Público. Además, se recomienda la creación de una política pública integral de Trabajo Digno y Decente, que coordine de manera efectiva las acciones de todos los sectores relevantes para maximizar su impacto.

La integración de los resultados doctrinales, indicadores gubernamentales y análisis presupuestal proporciona una visión holística del estado actual del trabajo decente en Colombia. Así las cosas, para mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia el cumplimiento de las metas del ODS 8, se propone la implementación de una estrategia presupuestal equilibrada que priorice la inversión en programas y proyectos destinados a reducir la informalidad, mejorar la equidad de género y ampliar la cobertura de seguridad social. La adopción de una política pública de Trabajo Digno y Decente es crucial para articular y potenciar estas acciones, asegurando así un futuro más justo y equitativo para todos los trabajadores en Colombia.