La declaratoria de Estado de cosas inconstitucional: una figura entre la separación jurídica y el principio colaboración armónica del poder público
DOI:
https://doi.org/10.18041/2539-3669/gestionlibre.4.2017.8224Palabras clave:
Acción de Tutela, Estado de Cosas Inconstitucional, Separación Jurídica, Colaboración Armónica del Poder Público, Función Ejecutiva, Función Judicial, Decisiones Económicas, Política PúblicaResumen
La acción de tutela es un derecho y una acción constitucional para la defensa y garantía de los derechos humanos fundamentales. En Colombia, dicha acción fue instituida por primera vez en el Artículo 86 de la Constitución Política de 1991, y constituye la herramienta más expedita (con excepción del Habeas corpus) para la defensa de derechos de rango fundamental. En la actualidad, la tutela es la acción judicial con mayor acogida y uso dentro de todo el territorio nacional; gracias a ella se han dado importantes fallos cuyo alcance constituye precedente constitucional en relación con derechos como la dignidad humana, la igualdad, la libertad o la salud, entre otros. Dentro del trámite de la acción de tutela, la Corte Constitucional Colombiana, como respuesta a la reiterada y sistemática vulneración de derechos fundamentales, creó una figura jurisprudencial denominada “Estado de Cosas Inconstitucional” o ECI, figura que le permite, de acuerdo con su interpretación, proferir decisiones con implicaciones económicas encaminadas a superar las cosas contrarias a la constitución que vulneran de manera sistemática y generalizada derechos de linaje fundamental. Al respecto, algunos sectores de la sociedad consideran que, las medidas con implicaciones económicas que se profieren como consecuencia de la declaratoria de ECI, pueden afectar el principio de separación jurídica, pues conllevan decisiones cuya función corresponde, por clausula general de competencia, a la rama ejecutiva del poder público.
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