Análisis jurídico y constitucional de la ley de justicia y paz (ley 975 de 2005)

Resumen

El 25 de julio de 2005 el Gobierno Nacional, presidido por Álvaro Uribe Vélez sancionó, incorporando al ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 975 de 2005 conocida como “Ley de Justicia y Paz”, la cual tiene como fin genérico dictar “disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional (...)”, ley controvertida y controversial que ha sido objeto de múltiples demandas de inconstitucionalidad.
Dicha normatividad, que surge como consecuencia de los acuerdos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las autodefensas para su desmovilización, proceso que implica adecuar la legislación existente para su facilitación, dada la limitación de la Ley 782 de 2002, prorrogada por la Ley 1106 de 2006 y el Decreto 128 de 2003 a hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la permanencia en grupos armados al margen de la ley, que no revistan las calidades de ser amnistiables o indultables. En ella se marca la adaptación del sistema penal acusatorio a tales conductas punibles, donde el sujeto sobre el cual recae la acción penal es el desmovilizado, independientemente lo haga de forma individual o colectiva, situación que evidencia una de las múltiples falencias que se ven en el momento de ejecución de la ley, en virtud que las desmovilizaciones individuales sufren un trámite disímil al que reciben las colectivas.
Pero, a la luz de la fuerza que tienen los pactos internacionales en la Constitución Política colombiana, es evidente que esta normatividad va en contravía con los textos internacionales acogidos por el legislador y que son parte del pacto político. La ley que ratifica el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional y los crímenes que ésta puede juzgar es taxativa en que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio son imprescriptibles, y no pueden ser indultados ni amnistiados.
Esa atadura de manos a la que el gobierno colombiano se sometió soberanamente no es sólo para el poder ejecutivo, sino que limita también al poder legislativo y al judicial cuando se trata de perdonar y juzgar a los responsables de los delitos atroces y de lesa humanidad. El problema es que mediante una reforma constitucional se incorporaron las normas de la Corte Penal Internacional y se aprobó seguidamente la ley de reconocimiento en el orden interno del Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002) y de la competencia de la Corte.
Desentrañar la naturaleza, alcances e implicaciones de la ley de justicia y paz, si en esencia es un proyecto conducente a esclarecer la verdad, la justicia y la reparación integral a todas las victimas, en un proceso que involucre a todos los actores, grupos y sectores comprometidos en el conflicto armado colombiano, o por el contrario una iniciativa dirigida a la impunidad, el perdón y el olvido de todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares; establecer si incorpora una política de Estado dirigida a resolver dos aspectos que a nuestro criterio son los centrales en la solución del actual conflicto colombiano, que son: el desplazamiento y la lucha por la tierra, aspectos centrales del proyecto de investigación Desplazamiento y Tierra en el Marco de la Política de Justicia y Paz, sobre el criterio de que la sociedad, la academia, la universidad, los estudiantes y en particular las facultades de derecho deben investigar y debatir tan
controvertida ley que afectará el pasado, presente y futuro de nuestra nación, al cual no se puede ser ajeno.
El presente artículo es un avance de investigación que sobre la Ley 975 de 2005 presenta el grupo de investigación a partir de su análisis jurídico y control constitucional, que permitió interponer una demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 5o que incorpora la definición de víctima.