La petición de la prueba testimonial ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo

Resumen

El testimonio fue instaurado en nuestro ordenamiento jurídico como un deber legal y un medio de prueba consistente en la declaración que hace un tercero sobre hechos que interesan al proceso. Para su práctica judicial, el Código General del Proceso estableció una serie de requisitos que debe contener la petición de la prueba, los cuales, de no cumplirse, conllevan a su denegatoria. El objetivo de este artículo es justamente analizar cada uno de estos requerimientos y el porqué de su positivización, delimitando su estudio al decreto de la prueba en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Para el efecto, se tomaron como referencia distintos pronunciamientos académicos y jurisprudenciales, a partir de los cuales se concluye que los requisitos que establece la norma, para acceder a la declaración de terceros, no son una simple formalidad, sino que cumplen unos fines específicos dentro del trámite procesal, como son: lograr la identificación y localización del testigo; determinar la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, y garantizar el derecho de contradicción de la contraparte.