Educación, Lenguaje y Derecho.

Resumen

El Estado democrático debe procurar el ejercicio de una ciudadanía responsable, y fomentar que sus ciudadanos sean capaces de desenvolverse en el plano de lo pú- blico y de lo privado y de participar activamente en las instituciones. Sin embargo, el lenguaje jurídico, anclado en usos estereotipados y arcaicos impide muchas veces el acceso del ciudadano al conocimiento y gestión de sus derechos y deberes. En este trabajo intentaremos proponer soluciones al distanciamiento entre la justicia y el justiciable que provoca el lenguaje. Para ello, analizaremos el papel de los dos protagonistas fundamentales del acto comunicativo: por un lado, el emisor; es decir, los juristas que producen los distintos tipos de textos jurídicos, y por otro, el receptor; es decir, el ciudadano. Los poderes públicos han de acercar las posiciones de ambos, formando a los primeros en técnicas lingüísticas y de redacción que contribuyan a la precisión, concisión, claridad y legibilidad de sus textos y educando a los segundos, especialmente durante el periodo de enseñanza obligatoria, para desarrollar su competencia en comprensión lectora de textos de carácter jurídico. De este modo se producirá una mayor cohesión entre la ciudadanía y las instituciones del Estado y se avanzará y profundizará en el concepto de democracia.