Limitations and their effects on private property due to the declaration of a special protection area in environmental matters in Colombia
DOI:
https://doi.org/10.18041/2215-8944/academia..12670Keywords:
Regulation, greening, private property, individual and collective rightsAbstract
The work aims to understand how environmental regulation, since the 1991 Constitution, has evolved to balance the rights of property owners with the protection of the environment. The study uses a documentary approach that includes the review of laws and analysis of key judicial decisions, such as Sentence T-411 of 1992 and SU-288 of 2022. It can be said that, starting from the 1991 Constitution, the greening of private property was introduced, which forces owners to comply with certain environmental responsibilities, transforming the idea of traditional property by imposing limits on the use of land and natural resources. The central problem is how these restrictions affect private property, especially by establishing special protection areas. Among the main results, it is evident that the Constitutional Court has reaffirmed that the right to private property is not absolute and must give way to collective interest and the protection of the environment. The social and ecological function of property has led to the regulation of activities such as land use and the exploitation of natural resources. In conclusion, private property in Colombia is subject to limits that seek to protect collective well-being and guarantee sustainability, with the State acting as a guarantee of this balance. The regulatory framework prioritizes environmental protection, acting in harmony with the rights of all citizens.
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