Sentencia T-323 de 2024: garantías del debido proceso en la era de la inteligencia artificial

Abstract

En Colombia, la pandemia de covid-19 obligó al sistema judicial a utilizar herramientas digitales y recurrir a la virtualidad para asegurar su funcionamiento, mientras la población permanecía confinada. Así, empezaron a surgir tesis sobre la viabilidad de incorporar la Inteligencia Artificial (en adelante IA) en los procesos judiciales, lo que a su vez dio lugar a dilemas sobre los desafíos que estas herramientas representan y como podrían aprovecharse sus beneficios sin menoscabar las garantías fundamentales y el debido proceso. En ese contexto, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-323 de 2024 mediante la cual delineó unas directrices que pretenden armonizar el uso de la IA en el ámbito judicial, buscando preservar la esencia del debido proceso. En primer lugar, se establecieron los principios de transparencia y equidad, según los cuales la autoridad judicial debe promover un trato justo, y tiene la obligación ineludible de informar y justificar el uso de estas herramientas; introduciéndose así un “test de necesidad e idoneidad” para asegurar que la el uso de la IA no sea arbitrario, sino que esté debidamente motivado y adecuado para facilitar el acceso a la justicia.