La responsabilidad del Estado por las promesas no cumplidas: ¿legalidad, confianza legítima, buena fe? Análisis desde el derecho administrativo francés y apuntes desde la experiencia colombiana

Resumen

El régimen de responsabilidad del Estado por las promesas no cumplidas de la Administración se consolidó a mediados del siglo pasado en Francia. A la Administración no le es permitido realizar promesas, estas son consideradas como un funcionamiento irregular de las prácticas administrativas, primordialmente por su incompatibilidad con el principio de indisponibilidad de competencias; así, no es dable que aquella comprometa su acción futura y su poder discrecional, con miras a garantizar cierto resultado o beneficio en favor de su destinatario. En Colombia, este régimen no existe, no obstante, se han dado ciertas situaciones en las que la Administración insta o presiona a los particulares a que ejecuten prestaciones sin la formalización de un contrato bajo la promesa de que este será posteriormente formalizado.

Esta investigación aborda desde una perspectiva de derecho comparado el régimen de las promesas no cumplidas en Francia, y los casos similares de “promesas” presentes en Colombia. Un análisis a partir de la doctrina y la jurisprudencia, centrándose especialmente en los fundamentos jurídicos utilizados para la declaratoria de la responsabilidad del Estado. En Francia, puede ser declarada la responsabilidad por falla del servicio ante su incumplimiento en dos situaciones: cuando la promesa es efectuada en contradicción misma de la legalidad, o cuando, pudiéndola cumplir al no implicar la violación estricta de la ley, aquella decide no hacerlo defraudando la confianza legítima del destinatario. En Colombia, hasta el año 2012, ante el incumplimiento de la Administración, el juez administrativo protegía la buena fe del particular reconociendo un enriquecimiento sin causa, no obstante, hoy en día se hace que prime la protección de la legalidad. Así, el objetivo principal de la investigación es analizar los fundamentos jurídicos utilizados en los dos ordenamientos frente a este tipo de situaciones, llegando a la conclusión que se han apoyan, desde visiones distintas, en la legalidad, en la confianza legítima y en la buena fe.