Aplicabilidad y logros de la política antitramites en las entidades del estado en Colombia

Resumen

Los trámites dentro de la Administración Pública fueron concebidos con una finalidad clara de facilitarle al ciudadano la obtención de un servicio, la garantía de la vigencia de un derecho, regular o controlar determinada actividad de interés para la sociedad, atender las inquietudes y necesidades de un ciudadano y permitir el cumplimiento de una obligación; es decir, los trámites tienen en principio un valor, por cuanto contribuyen al cumplimiento de la razón de ser del Estado y facilitan el acercamiento y la comunicación entre los ciudadanos y la Administración Pública. Los trámites son la imagen del Estado y de su funcionamiento; no obstante, por razones que aún no son muy claras se han convertido en actividades complejas que causan a la ciudadanía serios inconvenientes, al momento de solicitar algún servicio, producto, bien o derecho, dándole a la Administración Pública una imagen de lenta, despreocupada y de abuso de poder por parte de los servidores públicos. La racionalización de los trámites, procesos, procedimientos y métodos de trabajo se justifica, si tenemos en cuenta que propenden por una Administración Pública eficiente y eficaz. Como respuesta a esta necesidad el Gobierno Nacional, regulo en el año 2005, mediante la Ley 962 la racionalización de algunos trámites, y posteriormente en el año 2012, se expidió el Decreto - Ley 0019, con el cual se busca eliminar otro número importante de trámites que debe realizar el ciudadano ante las Entidades Públicas.