Por estos tiempos es un lugar común hablar de corrupción. Actos, hechos, fenómenos, manifestaciones de corrupción: el despilfarro o desvío de los recursos públicos; la falta de inversión en necesidades sociales como la salud, la movilidad o la educación; las irregularidades en materia de contratación pública (Balance de contratación pública territorial debido al COVID-19.pdf, s. f.). Además, la falta o ineficiencia del control (Navas, 2021); la ausencia de procesos penales anclado a la ínfima cifra de condenas, la imposibilidad de resarcimiento en procesos de responsabilidad fiscal (Ordóñez Vásquez et al., 2019), el clientelismo, su relación con la política electoral (García, 2019) etc. También, se habla de corrupción pública, corrupción privada y corrupción estatal sin discriminación alguna entre ellas. A esto se suman variables de percepción sobre la corrupción, entendida esta como la opinión que se tiene de fenómenos irregulares en la administración de los recursos públicos. Y aunque existe un sin número de acepciones sobre el término “corrupción”, se evidencia cierta inseguridad jurídica por no conocerse a ciencia cierta en qué consiste, cuáles son sus manifestaciones y cómo podemos hacerle frente. Sobre esto último la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el manual de encuestas de corrupción del 2018 expuso:

Por su parte, Transparencia por Colombia define la corrupción como “abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones (Transparencia por Colombia, 2019, párr. 1)

Al respecto, Manuel Villoria ha identificado algunas características que permiten identificar actos de corrupción y a la vez, distinguirlos de otros que, comúnmente pueden clasificarse como corruptos, pero que no lo son: 1) Posición de poder en una organización otorgado para el beneficio de la organización y el cumplimiento de sus objetivos; 2) La persona abusa del poder (extralimitándose de lo que legal y moralmente tiene permitido); 3) El abuso tiene como finalidad el beneficio privado que no está pactado contractualmente o fijado por la Ley. 4) Ese beneficio puede ser directamente recogido o indirectamente allegado (Villoria, 2019).

Agrupando las características mencionadas, Villoria define la corrupción en el sector público como “Cualquier abuso de poder por parte de servidores públicos (políticos o funcionarios) cuando se realiza para beneficio privado extraposicional, sea este directo o indirecto, presente o futuro, con incumplimiento de las normas legales o de las normas éticas que rigen el buen comportamiento de los agentes públicos, en definitiva cuando con su actuación ponen por delante su interés privado sobre el interés de la comunidad” (Villoria, 2019, p. 21-22)

De acuerdo con Transparencia Internacional (2021), los resultados del índice de Percepción de la Corrupción IPC para el 2021 arrojó que de los 180 países calificados 2/3 se encuentran por debajo de la mitad del puntaje posible¹. Para el caso de la región americana el promedio de puntuación fue 43, puntaje que se ha mantenido en los últimos 3 años. En esta medición Colombia obtuvo 39 puntos que lo ubica en el puesto 87. Esta información se puede contrastar con los datos de la Encuesta de Cultura Política del DANE (2019) en donde se observa una disminución de 79,2% a 66,7% de colombianos mayores de 18 años que consideran que la corrupción en el último año ha aumentado; mientras que en los centros poblados y rural disperso, el 55,6% de la población de 18 años reflexionó que el área relacionada con la Salud presenta los casos más graves de corrupción. Desde otra orilla, el Índice de Competitividad Global (2019) arrojó que en Colombia el principal problema para hacer negocios es la corrupción.

Este tipo de investigación se centra en el estudio de caso, que corresponde a una investigación dogmática, porque todas las fuentes utilizadas son teóricas y de análisis de caso mediante la revisión de sentencia, pues aquí se describe, analiza, interpreta y aplica normas jurídicas. En este sentido, se pretende estudiar el caso de los militares y policías en condición de discapacidad, en las diferentes situaciones que se pueden desprender del análisis de la Sentencia T-726 de 2017.

En sentencia C-392 de 2019 la corte constitucional, al analizar una demanda contra el artículo 62 de la Ley 1952 de 2019 “por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario”, en lo relacionado a la expresión “hechos de corrupción”, reconoció que, aunque no existe una definición jurídica expresa del concepto, sí se cuenta con variados instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que permiten identificarlos a partir de una interpretación sistemática (Corte Constitucional de Colombia, 2019). Así las cosas, el inciso del artículo 122 constitucional consagra la inhabilidad para ejercer cargos públicos a (…) quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado (…); definidos estos últimos por el parágrafo 2 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 como “aquellos que produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, perdida (sic), uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos (sic), producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor público” (Congreso de la República, 2019, parágrafo 2)

En materia internacional, se destaca la “convención interamericana contra la corrupción” incorporada en el ordenamiento interno mediante la Ley 412 de 1997, la cual, en su artículo VI define expresamente los actos de corrupción, así:

Además, el artículo 1 contempla la definición de funcionario o servidor público u oficial gubernamental así “funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos” (Congreso de la República, 1992, artículo 1)

Así mismo, la Ley 800 de 2003 que aprobó la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional” consagró en su artículo 8, numeral 1, los siguientes actos, cuando se cometan intencionalmente, como constitutivos de corrupción:

En el mismo sentido, la “Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”, adoptada por Colombia a través de la Ley 970 de 2005,adolece de un concepto único de corrupción, pero amplía el concepto de funcionario público y consagra expresamente algunos actos de corrupción que involucran tanto al sector público como al privado.

En cuando a lo primero, el literal a) del artículo 2 dispone “i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario público" en el derecho interno de un Estado Parte” (Congreso de la República, 2005). No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el Capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público" toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte”(Congreso de la República, 2005).

Sobre los actos de corrupción, la convención exhorta a los estados parte a penalizar y aplicar la Ley interna, así:

Por su parte, la Ley 80 de 1993 por medio de la cual se expidió el Estatuto General de contratación de la administración pública consagró en su artículo 8 las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades estatales. Mediante la Ley 1150 de 2007, se adicionó el literal J que, en su versión original dispuso: “Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno transnacional, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones” (Congreso de la República, 2007)

Actualmente dicho Literal fue modificado por el artículo 2 de la Ley 2014 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:

El 12 de julio de 2011, se promulgó el “estatuto anticorrupción” con la Ley 1474, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. El Estado Colombiano adoptó medidas administrativas disciplinarias, fiscales y penales (Moya-Vargas et al., 2020) en la lucha contra la corrupción.

En el capítulo II, titulado: medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada, contempló la exclusión de beneficios en los delitos contra la administración pública relacionados con corrupción (artículo 13) (Congreso de la República, 2011), aumentó los términos de prescripción de la acción penal a los servidores públicos, particulares que ejerzan funciones públicas e incluso a los agentes retenedores o recaudadores (artículo 14), aumento del término de detención preventiva por delitos que recaigan sobre bienes del estado (artículo 38) y prohibió la sustitución de detención en establecimiento carcelario por domiciliaria para algunos de los delitos contra la administración pública (artículo 39).

De la misma manera, amplió algunos tipos penales como, la estafa sobre recursos públicos y en el sistema de seguridad social integral (artículo 15 que añadió los numerales 5 y 6 al artículo 247 del código penal), especulación de medicamentos y dispositivos médicos (artículo 19 que añadió un inciso al artículo 298 del código penal) y el agiotaje con medicamentos y dispositivos médicos (artículo 20 que añadió un inciso al artículo 301 del código penal) (Código penal, 2022).

Además, creó tipos penales autónomos como la corrupción privada (artículo 16 que adicionó el artículo 250A del código penal), la administración desleal (artículo 17 que adicionó el artículo 250B del código penal), la omisión de control en el sector de la salud (artículo 22 que adicionó el artículo 325B del código penal), el peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social (artículo 23 que adicionó el artículo 399A del código penal), el peculado culposo frente a recursos de la seguridad social (artículo 24 que adicionó el artículo 400A del código penal), el fraude a subvenciones (artículo 26 que adicionó el artículo 403A del código penal), los acuerdos restrictivos de la competencia (artículo 27 que adicionó el artículo 410A del código penal) y el tráfico de influencias de particular (artículo 28 que adicionó el artículo 411A del código penal).

Adicionalmente, modificó tipos penales como la utilización indebida de información privilegiada (artículo 18 que modificó el artículo 258 del código penal), la evasión fiscal (artículo 21 que modificó el artículo 313 del código penal), el enriquecimiento ilícito (artículo 29 que modificó el artículo 412 del código penal), el soborno trasnacional (artículo 30 que modificó el artículo 433 del código penal, modificado posteriormente por el artículo 30 de la Ley 1778 de 2016) y el soborno en actuación penal (artículo 32 que modificó el artículo 444A del código penal) (Código penal, 2022).

Así mismo, contempló la agravación de la pena para los delitos de estafa (artículo 246), abuso de confianza calificado (artículo 250 numeral 3), lavado de activos (artículo 323), peculado por apropiación (artículo 397), concusión (artículo 404), cohecho propio (artículo 405), cohecho impropio (artículo 406), violación del régimen legal, del constitucional, de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 408), interés indebido en la celebración de contratos (artículo 409), contrato sin cumplimiento de requisitos legales (artículo 410), tráfico de influencias de servidor público (artículo 411), enriquecimiento ilícito (artículo 412), prevaricato por acción (artículo 413), prevaricato por omisión (artículo 414), soborno trasnacional (artículo 433), cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de algunos de los organismos de control del Estado (Congreso de la República, 2011).

El capítulo V de la Ley 1474 de 2011 creó la Comisión Nacional para la Moralización integrado por el Presidente de la República, el Ministro del Interior y de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Auditor General de la República, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, el Fiscal General de la Nación, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del Consejo de Estado, el Director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el Consejero Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia y el Defensor del Pueblo (artículo 62)(Congreso de la República, 2011).

También creó la comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción integrada por un representante de gremios económicos, un representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción, un representante de universidades, un representante de medios de comunicación, un representante de veedurías ciudadanas, un represéntate del consejo nacional de planeación, un representante de organizaciones sindicales y un representante de la confederación colombiana de libertad religiosa, conciencia y culto (artículo 66)(Congreso de la República, 2011).

Se estableció el programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción (artículo 72), el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, ahora, programas de transparencia y ética en el sector público (artículo 73, modificado a su vez por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022), el plan de acción de las entidades públicas (artículo 74).

Se ordenó la implementación de por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía en las entidades públicas (artículo 76), la publicación de proyectos de inversión (artículo 77), la democratización de la administración pública (artículo 78), la implementación de pedagogía de las competencias ciudadanas en los establecimientos educativos de educación básica y media (artículo 79), la divulgación de campañas institucionales de prevención de la corrupción (artículo 80). (Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [LEY_1474_2011], s. f.).

La Ley 1778 de 2016, por la cual se dictaron normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción trasnacional y se dictaron otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción contempló el régimen sancionatorio para “las personas jurídicas que por medio de uno o varios: empleados, contratistas, administradores o asociados, propios o de cualquier persona jurídica subordinada, den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, directa o indirectamente, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de que el servidor público extranjero, realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transaccional internacional” (Congreso de la República, 2016)

Así mismo, definió al servidor público extranjero como “toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o una jurisdicción extranjera, sin importar si el individuo hubiere sido nombrado o elegido. También se considera servidor público extranjero toda persona que ejerza una función pública para un Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o en una jurisdicción extranjera, sea dentro de un organismo público, o de una empresa del Estado o una entidad cuyo poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad del Estado, sus subdivisiones políticas o autoridades locales, o de una jurisdicción extranjera. También se entenderá que ostenta la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional” (Congreso de la República, 2016; Moya Vargas et al., 2019).

El código general disciplinario, contenido en la Ley 1952 de 2019, contempló dentro de las faltas relacionadas con la moralidad pública el “cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción” (numeral 10 artículo 62) (Congreso de la República, 2019a) y concretamente, para la labor de supervisión o interventoría, como falta relacionada con la contratación pública,”el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento” (numeral 7 del artículo 54)(Congreso de la República, 2019a).

El 18 de enero de 2022, se promulgó la Ley 2195 “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, para fortalecer la responsabilidad administrativa sancionatoria de las personas jurídicas. El capítulo IV contempló los sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción, destacándose, i) el Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República como el organismo encargado de recolectar, consolidar e interoperar información pública con el fin de generar análisis de tipológicas del fenómeno de la corrupción (artículo 14) y ii) el sistema de detección y alertas para combatir el incremento injustificado de servidores públicos bajo la dirección y coordinación de la Procuraduría General de la Nación (artículo 15).

Así mismo, la Ley creó el fondo nacional para la reparación de los afectados por actos de corrupción.

Dentro del capítulo IX, artículo 59 parágrafo 1 la Ley define como acto de corrupción, lo siguiente: “Entiéndase por acto de corrupción las conductas penales enlistadas en los capítulos de delitos contra la administración pública (sic), el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011, los delitos electorales o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público (sic), que hubieren sido realizados” (Congreso de la República, 2022).

En el ejercicio de democratización de la administración pública (artículo 77 de la Ley 1474 de 2011) y como instrumento en la lucha contra la corrupción, se exige la aplicación de mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.

Entre ellos se destaca actualmente, el sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP) en el que reposa toda la información de las instituciones del Estado a nivel nacional y territorial, así como, la información de talento humano que las compone, en cumplimiento de los principios de integridad, transparencia y ejercicio del control social (Función Pública, s. f.)

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE), creada mediante el Decreto 4170 del 2011, como el organismo rector en el impulso de políticas públicas y creación de herramientas en contratación pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado (Decreto 4170 de 2011 - Gestor Normativo - Función Pública, s. f., artículo 2). A ella pertenecen las herramientas de contratación pública: SECOP I y SECOP II. Estas plataformas contienen los documentos contractuales existentes en las entidades estatales, desde su planeación hasta su liquidación.

También, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República a través de sus instrumentos, i) índice nacional anticorrupción (INAC), ii) indicadores de sanciones en materia penal, disciplinaria y fiscal; iii) índices de percepción, iv) Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), sitio de información relevante para el análisis del fenómeno de la corrupción y generación de alertas tempranas (Portal Anticorrupción de Colombia - PACO, s. f.); v) Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (RENOBA), espacio interinstitucional integrado por observatorios y centros de investigación de sectores público, privado y sociedad civil que realizan acciones tendientes a analizar y comprender el fenómeno de la corrupción en el país (Red Nacional de Observatorios Anticorrupción, s. f.).

Colombia cuenta con un sin número de instrumentos legales y administrativos en materia de lucha contra la corrupción. En ese contexto, se podría intuir que el problema se centra en la falta de eficacia de los procedimientos establecidos para identificarla, combatirla y perseguirla; en la falta de articulación institucional para hacerle frente, en la falta de interés por consolidar una política pública y con ella, una política criminal, entendida esta última como “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole” (Corte Constitucional, 2001, p. 34-35 ), que esté destinada y sea abiertamente declarada contra los actos corruptos, o en todas.

Estas variables deberían ser analizadas en investigaciones científicas producidas por autores o equipos de investigadores colombianos; En ese sentido y mediante un estudio cienciométrico se pretende entender el papel de las comunidades académicas del mundo en materia de corrupción, representadas en las publicaciones indexadas en Scopus en el periodo de 2016-2021.

Diseño: Observacional.

Tipo de estudio: Análisis bibliométrico. El objeto de estudio son las publicaciones sobre corrupción estatal a nivel mundial con énfasis en las publicaciones de autores que declaran su país de origen Colombia. Como fuente se usó la base de datos de Scopus. La búsqueda se realizó entre 25 al 30 de enero de 2022 (véase Tabla 1), así:

Tabla 1

Fuente	Búsqueda
Scopus	TITLE-ABS-KEY ( ( ( governance OR government OR “Public Sector” OR “Public Administration” OR “Public Policy” “Public Sector” OR state ) AND ( corruption OR “Political Corruption” ) ) )

Nota: Elaboración Propia.

Criterios de inclusión: De acuerdo con el objetivo de la investigación se consideraron todas las tipologías de publicación (artículo, libros, capítulos, entre otros).

Variables analizadas (véase Tabla 2):

Tabla 2

Fuente	Variables
Scopus	Título, Resumen, Palabras claves, Autor, Filiación, País, Año de publicación, Citas, Bibliografía

Nota: Elaboración Propia.

Se analizaron los indicadores bibliométricos de producción (índice de productividad, Índices de citación, índice de colaboración e infometría (concurrencia de palabras, crecimiento de palabras, Mapa estructura conceptual) (Álzate Piedrahita et al., 2004; Arenas y Santillán-Rivero, 2002; Corchuelo-Rodríguez, 2014)

Análisis estadístico: se realizó un análisis descriptivo usando Bibliometrix 3.1 y Microsoft Excel².

En total se registran 1886 publicaciones Scopus de las cuales el 0,7 corresponde a autores colombianos, el promedio de publicaciones por año en el mundo entre 2019-2021 es de 312 y en Colombia de 2,5. En lo relacionado con tipologías de publicaciones los artículos son los de mayor ponderación 1393 (74,4%) en el mundo y en la producción colombiana concentra el (66,6%) del total. (véase Figura 1 y 2).

Figura 1 Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en lo relacionado con índices de citación en promedio las publicaciones mundiales registran 1240 citas por año y las publicaciones colombianas 2,8. Además, en el top de mayor citación se ubica el artículo “Corruption in public projects and megaprojects” con 137 citas a nivel mundial y de las publicaciones colombianas “Políticas de seguridad contra el narcotráfico: México, Brasil y Colombia” con seis (6) citaciones (ver figura 3 y tabla 3). Además, en lo relacionado con las revistas de mayor crecimiento en la publicación de investigaciones en el tema, el Journal of Financial Crime es el de mayor crecimiento con un total de veinte (20) publicaciones (ver figura 4).

Figura 3 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3

Publicaciones	Titulo	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mundo	Corruption in public projects and megaprojects: There is an elephant in the room!		13	10	26	49	39
Mundo	Informal entrepreneurship and institutional theory: Explaining the varying degrees of (in)formalization of entrepreneurs in Pakistan.	19	15	17	20	27	21
Mundo	Do Chinese state subsidies affect voluntary corporate social responsibility disclosure?		2	5	17	13	29
Mundo	Dishonesty and Selection into Public Service: Evidence from India.		2	5	14	14	22
Mundo	Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline				11	24	24
Colombia	Políticas de seguridad contra el narcotráfico: México, Brasil y Colombia		2		1	1	2
Colombia	Preventing rather than punishing: An early warning model of malfeasance in public procurement.						3
Colombia	Colombia in 2019: The paradox of plenty						2
Colombia	Collusion as a restrictive practice that seriously affects competition selection process of contractors.		1				1

Nota: Elaboración Propia.

Figura 4 Fuente: Elaboración propia.

El análisis infométrico de la relación en las publicaciones entre palabras claves, autores e instituciones, muestra una correlación fuerte entre el término “corrupción” y las publicaciones de University of Gothenburg, University of Nigeria y Universiti Teknologi Mara a nivel mundial. Por su parte, en Colombia la relación de mayor prelación se evidencia entre los autores Garca-Estevez y Bortagaray con las instituciones: Universidad Nacional de Colombia, Universidad Externado de Colombia, Universidad Autónoma Latinoamericana y el término “Colombia” (ver figura 5-6). Por consiguiente, al estudiar el comportamiento de los términos (palabras claves) usados por los autores en las publicaciones se identificó a nivel mundial el concepto corruption (542 coocurrencias) y en las publicaciones nacionales la palabra “Colombia”, que cuenta con cinco (5) concurrencias (ver tabla 4 y figuras 7-8).

Figura 5 Fuente: Bibliometrix.

Figura 6 Fuente: Bibliometrix.

Tabla 4

Publicaciones	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Mundo	CORRUPTION	69	69	89	85	117	115	544
Mundo	GOVERNANCE	19	20	12	15	12	11	89
Mundo	TRANSPARENCY	8	9	8	8	14	11	58
Mundo	CHINA	10	10	9	7	9	12	57
Mundo	PUBLIC SECTOR	6	5	8	12	11	11	53
Colombia	COLOMBIA	1	1	0	2	1	0	5
Colombia	CORRUPTION	0	0	0	1	1	1	3
Colombia	VENEZUELA	0	0	0	1	0	1	2
Colombia	AGREEMENTS RESTRICTING COMPETITION	1	0	0	0	0	0	1
Colombia	ANALYSIS	0	0	0	0	0	1	1

Nota: Elaboración Propia.

Figura 7 Fuente: Bibliometrix.

Figura 8 Fuente: Bibliometrix.

El análisis factorial de las publicaciones permitió identificar las relaciones hipertextuales más fuertes. En el caso de Colombia solo se identifica una relación conceptual asociada al término corrupción dado el bajo nivel de publicaciones. Sin embargo, a nivel mundial se identifican principalmente cinco (5) mapas conceptuales de relacionamiento, así: 1) corruption, europe, political economy, entre otros. (rojo), 2) Public administration, local government, public sector, entre otros. (azul), 3) Government, human, adult, female, entre otros. (verde), 4) Nigeria, India, ethics, private sector y perception (morado) y 5) transparency y developing countries. Esto indica que en el periodo de análisis (2016-2021) las publicaciones Scopus del objeto de estudio a nivel mundial han girado en torno a estas discusiones académicas (ver figuras 9- 11).

Finalmente, en el mapa de colaboraciones de todas las publicaciones se resaltan las redes colaboración altas entre autores de Estados Unidos con China y Reino Unido. En el caso colombiano, las publicaciones se han realizado en colaboración con autores de Estados Unidos, Brasil, Francia, Holanda y Uruguay. (ver figura 10)

Figura 9 Fuente: Bibliometrix.

Figura 10 Fuente: Bibliometrix.

Figura 11 Fuente: Bibliometrix.

Tanto las percepciones ciudadanas como de especialistas reflejadas en índice como el de Percepción de la Corrupción IPC o el de Competitividad Global, así como los resultados de la Encuesta de Cultura Política coinciden en intensificar las alertas sobre la corrupción y sus efectos en la democracia que dejan efectos en los derechos de los y las colombianos. Este interés por conocer y estudiar más sobre la corrupción se muestra en la producción académica de los últimos años. Durante los años 2016 al 2019 se produjeron dos (2) artículos por años, mientras que en el 2021 se registran seis (6) artículos. De esta producción científica la Universidad de los Andes se destaca por tener el mayor número de producciones: tres (3); seguida por la Universidad Externado y la Universidad Libre cada una con dos (2); y con una producción se encuentra Gonzaga University, Corporación Universitaria Americana, Universidad Estatal del Oeste, IVO Research Institute, Universidad Nacional, InfoAmazonía y Duke University. Sin embargo, dados los altos índices de corrupción en el país la cifra de publicaciones en Scopus de los investigadores colombianos es muy baja, teniendo en cuenta la cantidad de grupos de investigación³, centros de pensamiento y observatorios que abordan los elementos relacionados con la lucha contra la corrupción y el control fiscal. Además, con los contenidos abordados en este artículo se caracterizan investigadores, instituciones, revistas y temáticas que pueden contribuir al diálogo entre los autores de distintas naciones y otras comunidades académicas, en busca del fortalecimiento de la divulgación de las investigaciones de Colombia en plataformas como Redalyc, Scopus, Web of Science, Scielo, entre otros.

A pesar de la cantidad de normas y disposiciones legales existentes en materia de corrupción en Colombia, de su identificación y reconocimiento por parte de las entidades públicas y de la percepción ciudadana, el fenómeno parece estar lejos de erradicarse. Son múltiples las razones para que ello sea así.

En primer lugar, son variadas y muy amplias las concepciones que se tienen de la corrupción en Colombia y en el mundo; se alude a corrupción pública, corrupción privada, corrupción mixta, corrupción estatal, corrupción trasnacional, etc.

En segundo lugar, No existe un articulado normativo que incluya todas las variables y posibles conductas que impliquen corrupción, lo que obliga a realizar un análisis sistemático de las normas internacionales y nacionales sin que ello genere seguridad jurídica para los ciudadanos. En algunas normas se habla de conductas punibles que de alguna manera responden a la concepción general del término como lo son el peculado, la concusión, el cohecho y el prevaricato, por citar algunos ejemplos; en otras, se hace alusión abierta a los delitos contra la administración pública, y en otras, de reciente creación, se alude incluso a delitos contra el orden económico y social, bien jurídico “que protege la intervención del Estado en la economía, establecido en el artículo 334 de la Constitución política, intervención que sirve como medio para lograr los fines propios del Estado Social de Derecho” (Montes et al., 2020, p. 165), el terrorismo y el medio ambiente.

En tercer lugar, no existe una política pública criminal consolidada en la identificación, persecución y sanción del fenómeno de la corrupción. Se evidencia un esfuerzo en materia de política penal, disciplinaria y fiscal, sin mayores impactos en el fenómeno estructural. Ello quizás obedece a que los fenómenos corruptos también operan en el ámbito de la legalidad, lo que dificulta su identificación y persecución. Sobre este particular, “Colombia, en la práctica real, es un Estado Hacendal, en el que una parte sustancial del patrimonio del Estado es destinada para la apropiación privada (corrupción) en favor de políticos, funcionarios públicos y empresarios asociados, esto es, de los Cleptócratas, como una especie de “contribución” percibida en razón del poder del que disponen y de los servicios que brindan (…) La “contribución” obtenida es considerada casi un derecho “natural” en razón al poder poseído y a los servicios brindados” (García, 2019, pág. 17).

En cuarto lugar, se cuestiona la clasificación y medición de la percepción de la corrupción en términos globales en tanto que esta se alimenta de realidades sociales, económicas, políticas, culturales de los territorios en los que se despliega. En ese sentido, “Las escalas de corrupción, fundadas en percepciones, apoyadas a su vez en interpretaciones y hechos respecto de los cuales no hay ni siquiera un entendimiento común, son inútiles para diagnósticas y tratar la corrupción”(Silva-García, 2000, pág. 133).

Por último, continúa siendo una necesidad el abordaje integral de la corrupción en Colombia para, una vez concretada su naturaleza y modalidades, ofrecer soluciones efectivas para su tratamiento. Para ello, es indiscutible que hay que medir el fenómeno. Según Villoria, la corrupción se mide de cuatro maneras: con datos objetivos, por percepción, por victimización o usando los big data (Villoria, 2019). Para ello es indispensable contar con equipos inter y transdiciplinarios que puedan medir la corrupción desde diferentes ópticas y a partir de allí, proponer insumos de política pública que permitan hacerle frente. En ese sentido, “serán estudios puntuales, con una base empírica, interdisciplinarios y basados sobre todo en técnicas cualitativas, los apropiados para reunir la información adecuada para trazar las medidas políticas de control que específicamente se requiera para rectificar los problemas existentes” (García, s. f., 2000, Pág. 133). Allí radica la importancia de la investigación científica.