Los colombianos han soportado los efectos y las consecuencias de un conflicto armado por más de 60 años; dentro del contexto de dicho conflicto se han evidenciado específicas características que lo vinculan con prácticas realmente crueles y que están relacionadas con el narcotráfico, la intervención de actores armados irregulares como guerrilla y paramilitares, donde se utilizaron como método de guerra, entre otros, las Minas Antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE). Dentro del desarrollo del conflicto, a la fecha, la Unidad de Víctimas ha registrado un total de 9'057.952 de víctimas (Víctimas, 2020).

Más que causar la muerte, estos artefactos producen lesiones físicas y psicológicas que son irreversibles en la gran mayoría de los casos, muchos de estos artefactos son difíciles de detectar e imposibles de mapear por quienes los plantaron, es por eso que en el marco del posconflicto, los excombatientes de las FARC y el Ejército de Colombia, de forma innovadora,trabajan juntos para desactivar las minas antipersonales, por ello, es menester entonces analizar el desarrollo de este proceso inédito en el mundo que ha alcanzado un acuerdo de paz después de 60 años de guerra y su impacto en el futuro del país.

Precisamente, teniendo en cuenta los actores involucrados, la grave situación de vulneración de derechos humanos a la población civil, las dificultades que representa el progreso de un país en estado de conflicto armado interno y sobre todo la necesidad de dignificar a las víctimas, el 24 de noviembre de 2016 se suscribe el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”

De acuerdo con lo señalado y en atención a que el Acuerdo Final de Paz de manera concreta contiene obligaciones en relación con la limpieza y descontaminación de territorios afectados por las minas antipersonal (MAP), conviene determinar ¿Cómo el desminado humanitario repercute en la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia? es la pregunta que se pretende responder en el presente artículo, cuyos conceptos se fundamentan bajo un escenario de construcción de paz, sustentado sobre dos pilares indispensables para el análisis del objeto de estudio: Investigación para la paz y Sistemas-mundo.

A efectos de resolver la pregunta formulada, es necesario analizar las características de la utilización de las MAP dentro del contexto colombiano, las estrategias del Estado frente a dicha práctica, las obligaciones internacionales impuestas desde el Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, para finalmente, estudiar de manera concreta lo avances logrados de cara a los compromisos adquiridos en las negociaciones de Paz.

Tradicionalmente, la paz ha sido definida como “ausencia de guerra”. Sin embargo, lo que atenta contra la paz, no es directamente la guerra, sino la violencia y todo lo que se deriva de ella. Por eso, “cualquier análisis de la paz debería vincularse con un análisis de la violencia, porque así se revelan más facetas en los conceptos, lo que nos permite hacer más elecciones consientes” (Galtung, 1985, 103).

Dentro de la Investigación para la Paz, existen diferentes estudios los cuales permiten establecer que se trata de un enfoque multidimensional, que consiente en analizar el concepto de Paz desde diferentes perspectivas. Existen diferentes clasificaciones que permiten determinar los diferentes enfoques y corrientes en el marco del estudio de la Investigación para la Paz. Para la explicación del objeto de estudio se tendrá en cuenta los aportes realizados sobre este concepto por Harto (2005).

El análisis de los Sistemas-mundo desde la perspectiva de Taylor y Flint (2002), es la articulación que debe existir entre lo macro y lo micro, o entre lo externo y lo interno: Por un lado, las teorías que definen y explican los fenómenos sociales desde lo externo, es decir desde el ámbito global o interestatal, hasta lo interno o estatal; y viceversa, puesto que, si se estudian estos fenómenos desde un solo ámbito, se consolidan en: Teorías que miran únicamente en un sentido, mientras que una de las mayores ventajas del análisis de los sistemas-mundo de los Estados es que mira en ambos sentidos.

Partiendo de esta teoría el desarrollo del artículo se realizará partiendo de un análisis macro de la problemática del Desminado Humanitario y su incidencia en la aplicabilidad del Acuerdo de Paz, para posteriormente aterrizar en el microanálisis del estudio de caso que se realizó del departamento de Antioquia como experiencia frente a la dinámica desarrollada del Desminado Humanitario.

Uno de los principales problemas de gran parte de la ciencia política y de la geografía política es que se han analizado las acciones de los gobiernos sin comprender el contexto más amplio en el que se producen. Sólo se puede disponer de ese marco si se elabora una teoría del Estado independiente de las acciones concretas de gobiernos concretos (p. 191). Por el otro, la aplicación de las teorías que definen y explican los fenómenos sociales desde las localidades, consideradas desde un marco de acción macro, hasta llegar a lo más específico, como lo es el Lugar, siendo este a su vez, el marco de acción micro.

Según estos autores debe estar sujeta a una complementación, por lo que señalan, que no se puede entender la localidad sin conocer el lugar que ocupa en la economía-mundo y en su Estado-nación, ni entender la economía-mundo ni el Estado-nación sin conocer las localidades que las componen. Aunque partamos de distintos extremos del espectro de la escala geográfica deberíamos llegar a conclusiones similares en líneas generales (p. 334).

Para los años 30 surge un hito que partirá la historia de Colombia en dos, el día 6 de diciembre de 1928 el país entendería que la violencia permearía en cada ámbito de la vida, pues en la madrugada de ese día serían asesinados varios huelguistas de Ciénaga, Magdalena (Caro, 2009) que desde semanas antes, exigían a la multinacional United Fruit Company unas condiciones mínimas de trabajo, el gobierno y la multinacional se niegan ante tales peticiones y se ordena la dispersión de toda la gente que se encontraba en la bodega de United Fruit Company, el ejército en medio de su cumplimiento a un decreto expedido por el gobernador, arremete contra los más de 1500 trabajadores que allí se encontraban, siendo asesinados por las fuerzas militares de Colombia, tratando de buscar una mejora en su trabajo se encontraron con un gobierno apático a las huelgas.

Distintos puntos de este fatídico día han llevado a pensar que desde entonces existen las guerrillas, pero el temor más grande para los gobiernos posteriores fue la llegada de una ideología comunista al país. Buscar y eliminar aquellas personas que pensaran “diferente” fueron algunas de las pautas para el inicio de la guerra en el país.

Es entonces como este hecho marcó la historia de Colombia, las nuevas administraciones que llegaban al poder lograron entender cómo la violencia y el terror imponen el poder y eliminan cualquier “error” dentro de la sociedad.

Luego de este suceso, y tras varios años de puja entre los grandes partidos colombianos -Liberal y Conservador- llega a la presidencia Alfonso López Pumarejo, quien en 1936 crea la reforma agraria o también conocida como la ley 200, generando un descontento en la población, dado que esta ley no solo beneficiaría a los grandes terratenientes sino que afectaría también a la población campesina, los cuales perdieron propiedad sobre sus tierras viéndose afectado el derecho al trabajo y a la propiedad privada. En ese momento los campesinos se unen, para evitar esta reforma y comienza una nueva batalla entre gobierno y campesinos (Daza, 2014) los campesinos cansados de las injusticias empiezan a armarse, a partir de esto se habla en la historia colombiana de la aparición de las guerrillas campesinas.

Los dos hitos anteriormente mencionados son solo un porcentaje de las distintas problemáticas que ha vivido Colombia, un imaginario colectivo creado con base en la violencia ha hecho que una idea de paz sea algo netamente utópico. Se habla de un Imaginario colectivo, que bien puede ser un imaginario nacional, pues, con relación al fenómeno de las MAP y su afectación a la sociedad, las costumbres de esta cambian, aceptando que no todo el territorio es seguro, que hay un enemigo silencioso que puede controlar sin estar presente dentro del territorio. Este imaginario colectivo ha llevado a la normalización de la guerra, distintas formas de control han creado los grupos al margen de la ley, para los territorios donde es inexistente la presencia estatal.

Dando continuidad al contexto histórico inmediato, para el año 2012 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, anuncia la instauración de una mesa de diálogos con uno de los grupos al margen de la ley que más violencia ha causado en Colombia, las FARC-EP una de las guerrillas más antiguas en América Latina (Kay, 2003). De esta manera, se sienta un precedente en la historia colombiana, se inician los diálogos el 4 de septiembre del año 2012 en Oslo, Noruega y en el mismo año se declarará el cese al fuego por parte de esta guerrilla.

En Colombia, las MAP han existido desde el momento en que surgen las guerrillas y empiezan a atentar contra la población civil y la Fuerza Pública. Sin embargo, no tuvieron relevancia ni mayor protagonismo, sino a partir de los años 90, en donde se empieza a dar una connotación significativa acerca de la problemática generada por el uso de las Minas Antipersonales (MAP) y como resultado del incremento y de su afectación el gobierno colombiano firmó el tratado de Ottawa (trata sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de las minas antipersonales y sobre su destrucción) el 3 de diciembre de 1997, el cual fue ratificado el 6 de septiembre de 2000 y entró en vigencia en el 2001.

El ELN en el año 1994, decide realizar un convenio con el gobierno de Ernesto Samper Pizano acerca de humanizar la guerra, acogiéndose a Amnistía Internacional y entrando en el marco del Derecho Internacional Humanitario, en donde uno de los puntos clave fue la no utilización “de minas para matar o mutilar deliberadamente a civiles” (Gallego, 2010, p. 745).

Con relación a las FARC y el uso indiscriminado de las MAP, no fue sino hasta el gobierno de Andrés Pastrana Arango que se pudo hablar de una posible admisión por parte del grupo guerrillero al Derecho Internacional Humanitario, esto debido a las negociaciones de paz que se estaban realizando en ese momento, pero las cuales no tuvieron el resultado esperado y declinaron, recrudeciéndose aún más el conflicto. Desde ese momento hasta la culminación del proceso de paz llevado a cabo en el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARCEP, sigue habiendo víctimas a causa de la explosión de MAP en algunas regiones del país.

Para el año 2016, Colombia anuncia el fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC-EP y con ello emprende la construcción de una nueva realidad política, social, y económica, se firma el documento “Acuerdo final para la terminación del conflicto la construcción de una paz estable y duradera” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016) que partiría la historia del país en dos. Este acuerdo compuesto por 6 puntos¹, surgió como una esperanza para todas las víctimas del conflicto, que anhelan el inicio de una nueva era de paz. Aunque es claro que este grupo guerrillero no es el único responsable de la violencia en el país, si ha sido uno de los más fuertes y antiguos en la historia.

El Acuerdo de Paz involucra específicamente el tema del Desminado Humanitario, recalcando la importancia de la no utilización y fabricación de MAP, la aplicabilidad y cumplimiento por parte de Colombia del Tratado de Ottawa y de la responsabilidad adquirida en materia de Derecho Internacional Humanitario.

Infortunadamente, dentro del conflicto armado colombiano, ha sido frecuente el uso por parte de los diferentes actores armados el uso de minas antipersonal-MAP. De acuerdo con datos actuales de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a 28 de febrero de 2021 se han registrado 12.014 víctimas de minas antipersonal (MAP) y munición sin explosionar (MUSE), siendo el mayor número de víctimas pertenecientes a la fuerza pública en un 60% y el 40% restante miembros de la población civil. Es necesario resaltar que, dentro de las estadísticas de víctimas civiles, lamentablemente los menores de edad ocupan el 20.26% (Alto Comisionado para la Paz, 2021).

Desde el punto de vista de la atención a víctimas, a través del Decreto 600 de 2017, el Gobierno Nacional creó la prestación social humanitaria dirigida a todas las víctimas con pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 50%, ocasionada por MAP. Así las cosas, es evidente que existe un amplio margen de atención en relación con la respuesta del Estado frente a la utilización de este tipo de armas dentro del conflicto. Sin embargo, en la actualidad los esfuerzos se han direccionado a la localización y destrucción de dichos artefactos.

El gobierno colombiano firmó la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción” (Convención de Ottawa) el día 3 de diciembre de 1997 y ratificó dicha suscripción el 6 de septiembre de 2000. Así, para Colombia, dicha Convención entra en vigencia a partir del 1 de marzo del año 2001².

Desafortunadamente Colombia encabeza la lista con mayor número de víctimas de las MAP, así, los compromisos del Estado Colombiano frente a la Convención de Ottawa al ser Estado parte, implican no usar, no desarrollar, no producir, no adquirir, no almacenar, no preservar o trasladar minas anti-persona y a destruir las que estén almacenadas en depósitos estatales.

En consideración al uso que durante el conflicto armado colombiano se ha hecho de este tipo de artefactos, es necesario además tener en cuenta que parte de las obligaciones derivadas de la suscripción del acuerdo de Paz, comprometen el desminado humanitario, esto es, la eliminación del peligro que representa la existencia de este tipo de artefactos en el territorio. Para esto, se debe llevar a cabo la identificación de los campos minados, la limpieza, mapeo, informes técnicos y entregas formales de territorios despejados.

Dentro de la historia del conflicto armado, las FARC-EP ha sido el grupo que más ha utilizado las minas antipersonales, particularmente los artefactos de fabricación artesanal, generando, de este modo, una evidente violación a los derechos humanos y una infracción a las normas del derecho internacional humanitario, ya que la utilización de este tipo de armas impide hacer distinción entre combatientes y no combatientes, así como la prohibición de causar daños excesivos y sufrimientos innecesarios.

El problema de esta nueva estrategia de guerra es que los heridos no son solo las fuerzas militares (ejército, policía), sino que también la población civil está gravemente expuesta, dado que la mayoría de estos artefactos se encuentran cerca de las zonas más habitadas como viviendas, escuelas y plazas de mercado. Es entonces cuando toda la capacidad del Estado y su institucionalidad se pone a prueba para contener asertivamente esta amenaza que pone en peligro inminente a toda la sociedad civil, especialmente a la que habita en los territorios afectados y es allí donde el proceso de desminado humanitario cobra gran importancia, particularmente con la erradicación sistemática de los artefactos explosivos por medios legales y controlados.

Al respecto, la Corte Constitucional afirmó:

Las minas antipersona constituyen una arma de guerra nociva y con efectos indiscriminados, a las cuales se les ha dado un uso irresponsable. Están diseñadas para matar y, en su defecto, para mutilar partes del cuerpo humano, dejando repercusiones psicológicas profundas en sus víctimas. Tienen una particularidad especial pues el daño que infligen no sólo se produce durante la situación de conflicto armado -internacional o interno-, sino que al permanecer activas indefinidamente, su amenaza se torna latente. Sus efectos no se limitan a soldados y sus propósitos a resultados exclusivamente militares sino que cobijan a la población civil cuando desarrolla las más sencillas actividades cotidianas. Se las identifica como el “soldado perfecto”, pues nunca duerme y nunca falla, no dejan de actuar frente a un cese de actividades bélicas y aunque han sido creadas para fines de guerra, no distinguen entre combatientes, adultos ni niños, pues se observa que sólo el diez por ciento de sus víctimas son combatientes; es decir, sus efectos no se limitan a soldados y sus propósitos a resultados exclusivamente militares sino que cobijan a la población civil cuando desarrolla las más sencillas actividades cotidianas. (Sentencia C-991, 2000)

La Convención de Ottawa además impone el compromiso del desminado humanitario, para lo cual Colombia tenía un plazo inicial de 10 años a partir de la entrada en vigor, pero ha solicitado prórrogas, teniendo en cuenta, principalmente, las dificultades de identificación de los campos minados y la extensión de las áreas peligrosas confirmadas, así las cosas, el último plazo vence el 31 de diciembre de 2025.

Ahora bien, partiendo de la base de la suscripción del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera” el 24 de noviembre de 2016, acuerdo que pone fin al conflicto armado entre la guerrilla más grande de Colombia y el Gobierno Nacional, es importante tener claro que dicho acuerdo contiene unas claras disposiciones en relación con el proceso de desminado humanitario en el territorio colombiano. Y es que precisamente para la construcción de paz es necesario el desarme y la reintegración de los excombatientes, dos procesos que vinculan el fenómeno de desminado, pues precisamente con la colaboración de los excombatientes se avanza en el objetivo de la limpieza del territorio de artefactos MAP y MUSE.

Es así como las labores de desminado humanitario involucran a los actores que suscribieron el Acuerdo de paz y que a su vez deben estar involucrados en el pos-acuerdo, más aun teniendo en cuenta que los excombatientes de la antigua FARC-EP poseen información necesaria para la localización y el mapeo, en este sentido se afirma que se contribuye a la construcción de la paz positiva:

Entonces, no podemos considerar a Colombia como un escenario de posconflicto total, sino una aproximación a un posconflicto parcial entre un actor armado ilegal y un sujeto legal: las FARC-EP y el Estado colombiano, respectivamente, lo que está direccionando al país a la construcción de una paz negativa, es decir, al cese y la ausencia de violencia entre los firmantes. Sin embargo, el plan piloto del desminado humanitario trasciende la paz negativa, puesto que, más allá de la ausencia de conflicto, se prevé una construcción conjunta entre los combatientes, que ya antes de finalizar los acuerdos de paz se puso en marcha, incluso sin mediar un escenario pos conflictual. (Arias, 2020, p. 34)

Una de las dinámicas más comunes de vinculación de las minas antipersonal y municiones sin explosionar en el conflicto colombiano obedece a la utilización de dichos artefactos para “proteger” los cultivos de uso ilícito en el sentido de evitar su destrucción, es por ello que la estrategia de limpieza y descontaminación y en general el abordaje de la situación debe vincular de manera concreta y permanente los enfoques étnico, de género y territorial. Y es que el Acuerdo Final contempla precisamente para el caso de los territorios afectados por minas antipersonal y municiones sin explosionar, el suministro de información sobre su ubicación, por parte de los actores del conflicto a efectos de garantizar el derecho a la vida, la protección de las comunidades y en general, la seguridad y bienestar de la población rural.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) es un órgano jurisdiccional temporal propio de la justicia transicional que tiene como propósito investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos dentro del marco de conflicto armado. El Acuerdo Final señala las sanciones que puede imponer la JEP, indicando que a efectos de imponerlas se debe tener en cuenta: “1. El grado de verdad otorgado por la persona 2. La gravedad de la conducta sancionada 3. El nivel de participación y responsabilidad, las circunstancias de mayor y menor punibilidad, y 4. Los compromisos en materia de reparación a las víctimas y garantías de no repetición” (Acuerdo final, 2016, p. 171) .

Así las cosas, en el evento que una persona sometida a la competencia de la JEP realice actividades relacionadas con la limpieza y/o descontaminación de los territorios afectados por MUSE, MAP, etc, y solicite que dicha circunstancia sea tenida en cuenta, la JEP considerará tales acciones siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos dispuestos en el Acuerdo Final:

1. Que la actividad realizada haya reparado a las víctimas o haya tenido un impacto restaurador.

2. Que se haya acreditado su realización por los mecanismos de verificación acordados por las partes para cada actividad, trabajo u obra, o por los mecanismos de verificación acordados por las partes en el punto 6.1 del Acuerdo General de 26 de agosto de 2012, en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y No Repetición -SIVJRNR-. 3. Que sea compatible con el listado de sanciones. (Acuerdo final, 2016, p. 171).

A efectos de dar valor a la información suministrada para limpieza y descontaminación de los territorios y a las actividades desarrolladas con tal propósito, dentro del Acuerdo Final se consagra la posibilidad de que dicha información y actividad, en caso de ser proporcionada por una persona sometida a la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz, sea considerada por esta al momento de la imposición de sanciones. El Acuerdo Final dispone de un listado de sanciones para ser impuestas, para el asunto que interesa, se señala:

C.- Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y minas antipersonal de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por estos artefactos. 1.

Participación/Ejecución de programas de Limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra y municiones sin explotar.

2. Participación/Ejecución de programas de limpieza y erradicación de Minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados. (Acuerdo final, 2016, p. 174)

Es así como el Acuerdo Final contempla como posible sanción por la participación en el conflicto armado, claro está, dependiendo el grado de participación, efectos y consecuencias, el desarrollo de labores propias de limpieza y descontaminación de los territorios afectados. Desde el punto de vista de la convivencia, es valorado positivamente la participación de las personas en procesos de reintegración en el proceso de desminado humanitario, en efecto se considera esta actividad como una herramienta efectiva de construcción y avance hacia una paz estable y duradera.

Así lo afirma Fierro Valencia:

La estrategia se convierte en sí misma en un escenario ideal para promover aspectos esenciales de la Construcción de Paz, y específicamente los relacionados con la posibilidad de transformar la manera en la que se construyen los procesos relacionales con el entorno. Lo anterior, debido a que en un mismo proceso se conjugan aspectos como: el logro de una estabilidad económica, que le da a la persona cierto nivel de tranquilidad y la posibilidad de emprender procesos distintos a lograr la ubicaciónlaboral o la generación de ingresos; hacer parte de equipos conformados por personas no excombatientes y Personas en Proceso de Reintegración provenientes de diferentes grupos armados ilegales; trabajar en un proceso que se relaciona con las medidas de reparación integral, específicamente con las Garantías de No Repetición, proceso altamente significativo para las comunidades receptoras de las operaciones de Desminado Humanitario; estar en contacto con las comunidades de las zonas en las cuales se están llevando a cabo las operaciones, conocer su historia de victimización y aportar a su proceso de reparación transformadora, y hacer parte de procesos sociales en igualdad de condiciones a las personas no ex combatientes, entre otros. Todas estas características son un vehículo para generar en las Personas en Proceso de Reintegración las nuevas condiciones relacionales para integrarse a la vida civil y para aportar a la construcción de nuevas redes de relaciones, nuevos entornos de paz estable y duradera. (Fierro Valencia, 2016, p. 36)

Por otra parte, es evidente que uno de los principales objetivos del Derecho Internacional Humanitario es proteger la dignidad humana y en este sentido pretende humanizar el conflicto limitando los medios y los métodos de la guerra, es por tanto que la utilización de MAP y MUSE dentro del conflicto armado, constituye una clara violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente en lo referente a las conductas descritas en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” y adicionalmente, de manera concreta en Colombia se verifica la violación al principio de distinción, ya que existe un alto número afectaciones a la población civil como víctima de los artefactos mencionados.

El Acuerdo de Paz firmado, está integrado por 6 puntos importantes, en el punto 3 referente al “fin del conflicto”, tanto las FARC-EP, como el Gobierno Nacional se comprometieron a iniciar el proceso de desminado humanitario en todo el territorio colombiano.

Para el año 2006, Colombia inicia el primer proceso de desminado humanitario con “las operaciones realizadas en 35 bases militares protegidas por minas antipersonal de Bogotá D.C. y 19 departamentos, en las cuales se despejaron 158.830,86 mts2 y se ubicaron y destruyeron 3562 artefactos” (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2017).

En el Plan Estratégico 2016-2021, el cual concibe a Colombia en el año 2021, como una zona libre de minas antipersonales, existen cuatro tipologías de afectación y se determinó una intervención prioritaria en los siguientes cinco años para los que tuviesen categoría tipo I. En esta categoría, se encuentra el 17.74% del territorio del país, respectivamente dentro de este porcentaje, se encuentran 12 municipios del departamento de Antioquia, el cual tiene un alto número de víctimas por MAP, aproximadamente son 2.553 personas afectadas por estos artefactos, solamente en este territorio, registrados desde el año 2002, siendo el 2006, el año con mayor número de víctimas reportadas. (Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2017). La lista de municipios en Antioquia que se encuentran en la primera categoría es: Abejorral, Argelia, Briceño, Carmen de Viboral (cuenta con dos zonas), Granada, Ituango (cuenta con 3 zonas), Sabanalarga, San Andrés, San Luis, San Rafael y Sonsón.

Antioquia es uno de los departamentos con mayor número de víctimas de MAP:

(…) desde los años sesenta en el territorio antioqueño se han asentado las guerrillas, entre 1966 y 1969 se crea el frente 4 de las FARC, a lo largo de los años y hasta 1991 la aparición de nuevos frentes de este grupo guerrillero fue creciendo, aparecen entonces los frentes 34,35,36 y 37(…).(ACNUR, 2007)

La creación de nuevos frentes hizo que la violencia en el departamento se incrementara, si bien en el año 2003 los ataques a la población civil disminuyeron, no fue una total satisfacción para los pobladores de la región, ya que se veía venir un duro recrudecimiento de la violencia en estos territorios.

En los municipios de Antioquia más afectados por las MAP, Ituango presenta un porcentaje de 141 a 230 víctimas por estos artefactos explosivos, es quizás uno de los municipios con mayor flujo de violencia en el departamento, distintos enfrentamientos con la fuerza pública y la guerrilla hizo que los civiles fueran utilizados como “escudos humanos”.

Otros de los municipios que más resalta en el mapa son Tarazá, Anorí y San Carlos que al igual que Ituango presentan el mismo número de víctimas por ataques con minas antipersonal. Luego de estos municipios, están San Luis, San Francisco y Sonsón que tienen en su territorio de 81 a 140 víctimas, lo que representa de 125 municipios que 7 presentan de 80 a 230 víctimas, mientras que en el resto de la zona son 21 a 80 víctimas, mientras que los municipios del sur-occidente no presentan víctimas, aunque estos municipios son fronterizos con el departamento del Chocó -uno de los más afectados por la violencia- es en esta región del departamento donde menos victimas hay, llama la atención que de 125 departamentos 28 de ellos no presentan ninguna cifra de víctimas por MAP o MUSE. Los 97 municipios restantes son el ejemplo de que Antioquia es una región afectada históricamente por la violencia particularmente aquella derivada del conflicto armado.

Para el proceso de desminado humanitario en la región antioqueña, se están utilizando tres tipos de técnicas de desminado: La primera consiste en el proceso manual, que realiza un desminador con un detector de metales y una sonda o equipo de excavación que deja al descubierto una MUSE para que sea destruida o neutralizada por un experto; la segunda forma es a través de la utilización de equipos barreminas que pueden ser tripulados o a control remoto, que a su vez destruyen las MAP o las MUSE; y por último, se encuentra el apoyo canino, que sirven como herramienta adicional para cumplir con requisitos como reducción de áreas peligrosas y delimitación del perímetro, despeje de áreas peligrosas confirmadas o en sospecha y para ejercer un control de calidad en cuanto al proceso manual y/o mecánico (Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, 2017).

En Antioquia hay otras 12 zonas que están en la fase de estudios no técnicos para el proceso de desminado, esta fase consiste en recolectar y analizar la información con las fuentes disponibles que posean datos acerca de MAP o MUSE en las zonas afectadas, con el fin de confirmar las sospechas que la comunidad presenta acerca de los artefactos. Los municipios que se encuentran dentro de estos estudios son los que tienen categoría tipo II y III en el PE³, es decir, los que tienen riesgo medio y bajo de posesión de MAP y/o MUSE, los cuales son: Alejandría, Caicedo, Caracolí, Caramanta, Concepción, El Jardín, Puerto Triunfo, Rionegro, San Roque, San Vicente, Santo Domingo y Támesis. Esta fase, está determinada para proceso de desminado de 3 a 6 años.

Sin embargo, dentro del departamento, ya existen 55 municipios que están declarados como zona libre de sospecha de MAP y/o MUSE, entre ellos, se encuentran Medellín, Guatapé, El Peñol, Nariño, Cocorná, La Unión, San Carlos y San Francisco. Hubo un gran trabajo mancomunado de exploración y destrucción de estos artefactos explosivos, especialmente en el municipio de Nariño, donde se detonaron cerca de 177 artefactos, dejándolo libre de sospecha de MAP.

En la actualidad, se puede constatar que ya son 13 municipios, los que están siendo intervenidos para el proceso de desminado humanitario, los mismos que están en la categoría tipo I. Los municipios más importantes que han sido intervenidos son Ituango junto con Briceño, encontrados al norte del departamento y al sur de este, y los municipios de Abejorral, Argelia, San Luis, Granada y Concepción (Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, 2017)

Las organizaciones que están a cargo de realizar el proceso de desminado humanitario en Antioquia son cuatro:

• The HALO trust: Es una organización no gubernamental, de carácter humanitario y beneficencia, que se especializa en la eliminación de MAP y MUSE mediante desminado humanitario. Fundada en Afganistán en 1988, opera actualmente en 19 países como Camboya, Angola, Kosovo y Somalia. Declaró a La Unión, Antioquia como zona libre de sospechas por MAP y/o MUSE.

• APN: Ayuda Popular Noruega, ha estado involucrada en la acción humanitaria contra minas antipersonal desde 1992, siendo una organización líder de desminado humanitario en el mundo. Ha operado en África, Asia y Latinoamérica. En Colombia, la APN, está llevando a cabo un proyecto piloto llamado “Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio de la presencia de Minas Antipersonal (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MUSE) o Restos Explosivos de Guerra (REG) en general”, en la vereda Orejón del municipio de Briceño, Antioquia.

• BRDEH: Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario. En el año 2004, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional crearon el primer pelotón de desminado humanitario, con el fin de efectuar la destrucción de 35 campos minados instalados en bases militares. Pero no fue sino hasta el año 2016, que el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santo, activó esta organización, compuesta por toda la fuerza pública, en conmemoración de los 197 años del Ejército Nacional.

• CCCM: Campaña Colombiana Contra Minas. Nació en el año 1999, como una iniciativa ciudadana voluntaria e independiente. Desde ese mismo año, es miembro de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal. Actualmente está operando en municipios antioqueños como Ituango y Urrao.

De esta manera, se evidencia que a pesar que de existir importantes obstáculos económicos y políticos para la implementación real del Acuerdode Paz, en materia de desminado humanitario se vislumbran importantes avances, sobretodo de cara a la obligación en cabeza del Estado de brindar protección a la población civil, lo cualcontribuye de manera concreta a la construcción de paz estable y duradera.

Es evidente que existen serios obstáculos para conseguir a corto plazo una descontaminación segura y absoluta de MAP y MUSE en el territorio colombiano, es por ello que es necesario continuar con estrategias de información a la población civil sobre la identificación de riesgos, avanzar en la limpieza de los territorios y además, brindar una atención integral a las víctimas para asistencia en salud, acompañamiento psicosocial, rehabilitación, estabilidad económica, etc.

La utilización de minas antipersonal en el conflicto armado no sólo constituye una clara violación a las normas del Derecho Internacional Humanitario, sino que además por sus especiales efectos y consecuencias, como el no discriminar a las víctimas, causar terribles sufrimientos físicos y psicológicos, la dificultad de detectar y destruir, producir daños medioambientales, etc, vulnera de manera grave el principio de distinción, constituyendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La firma del Acuerdo Final, no sólo debe representar el cese el conflicto, sino que además implica un compromiso con el avance del País hacia la paz positiva, es decir, es necesario realizar acciones y diseñar estrategias encaminadas a la transformación social y la convivencia. Uno de los factores primordiales para la construcción de esa paz positiva es precisamente la seguridad territorial a través de la limpieza y descontaminación del País de las MAP y MUSE, por medio del Desminado Humanitario.

Las obligaciones del Estado, concretamente a raíz de la Convención de Ottawa radican en la no elaboración, producción y utilización de MAP, pero además se compromete al desminado humanitario, limpieza y descontaminación de los territorios afectados, es por esto que de manera coherente, el Acuerdo Final vincula a todos los actores del conflicto, incluyendo la posibilidad de imponer sanciones producto de su participación en el conflicto armado interno, relacionadas con el proceso de desminado humanitario.

Con respecto a las MAP y las MUSE que se encuentran en Colombia, se puede evidenciar que más de la mitad del territorio colombiano estuvo y aún se siente afectado por este problema que causa miles de muertes, heridos y mutilados, no solamente son víctimas los miembros de las fuerzas militares, sino que, en su mayoría, estas son civiles (hombres, niños, mujeres), de todas las edades y etnias.

El número de víctimas anuales debido a las explosiones de MAP y MUSE, sobrepasan las 200 personas por municipio. A nivel departamental, Antioquia es el que más víctimas tiene por municipio, teniendo un total de 2.532 personas, siendo Tarazá el que encabeza la lista de ese departamento con 241 víctimas⁴.

En Antioquia, el promedio de distancia entre las MAP y/o MUSE, es de 407 m2, una cifra bastante desalentadora, pues el promedio nacional se encuentra en 2600 m2, lo que conlleva a que haya muchas más víctimas o potenciales víctimas.

Es primordial resaltar la importancia que tiene el Estado, sus instituciones, y las fuerzas militares para trabajar mancomunadamente en las tareas del desminado humanitario, así como en la inversión y construcción de infraestructura vial, sistemas apropiados de acueducto, alcantarillado y escuelas, para garantizar tanto la seguridad como el bienestar de la población de las zonas afectadas por las MAP y/o MUSE.

El proceso de desminado humanitario que están haciendo las organizaciones que operan en Colombia, tienen un plazo máximo de 6 años de declarar el país como zona libre de sospecha de Minas Antipersonal, lo cual supone un importante reto para el país no solo en materia de cumplimiento de obligaciones internacionales sino también con aquellas derivadas del Acuerdo de Paz.