Históricamente, se ha logrado denotar cómo a través de las diferentes revoluciones industriales que han surgido a raíz de la necesidades y requerimientos que la sociedad a medida que se moderniza exige, cada vez más aún, en la época digital o lo que a nivel mundial se reconoce como la “era digital o Tecnologías de Información y Comunicaciones” que han sido un factor clave para todo el desarrollo tecnológico que se tiene en pleno siglo XXI. Además, las TIC también han tenido un papel protagónico cuando se habla de desarrollo sostenible.

En primer lugar, se empezó por establecer la manera en que las TIC se convirtieron en un instrumento indispensable para el desarrollo de la sociedad, por lo que se establecieron las condiciones en que el acceso al internet facilita la realización de otros derechos fundamentales que, en este caso se analizaron tres máximas constitucionales de categoría social como lo son el derecho a la salud, al trabajo y a la educación debido a que, se ha demostrado como las TIC fortalecen las garantizar para la materialización de estos derechos fundamentales en cada uno de los pueblos y colectividades.

Posteriormente, al anterior estudio de las TIC como mediadora de principios y derechos constitucionales, se teorizó sobre el esquema que ha llevado a distintos autores a teorizar sobre el acceso a internet como un derecho humano y colectivo, esto atendiendo a los principios internacionales de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresismo los cuales son esenciales para hablar de los derechos humanos y sobre todo, de aquellos que se consideran novedosos y están en constante debates políticos y jurídicos para otorgarle dicho reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional. Por esta razón, se hizo relevante analizar los estudios, investigaciones, teorías, informes internacionales y nacionales que permitieron determinar qué tan necesaria es la conectividad a internet en el desarrollo de los pueblos.

Por consiguiente, se revisaron los avances y las gestiones de la administración pública colombiana desde el gobierno central para implementar políticas públicas que garanticen la accesibilidad a internet y cómo por medio de estas herramientas la comunidad puede tener fácil y mayor acercamiento a la agenda pública. Lo cual, permitió hablar del principio del buen gobierno, en donde las TIC se considera la herramienta que suplirá y colaborará en la superación de las limitaciones más comunes de la administración pública, de esta manera los administrados comenzaran a tomar un rol activo en la construcción de la democratización y la toma de las decisiones de alto impacto, es decir, aquellas que velan por las garantía, protección y promoción de los derechos fundamentales.

Desde este punto de vista es que se analizó que, a nivel nacional, se evidencian diversas complicaciones y retos para el gobierno central puesto que, en la actualidad y casi que de manera espontánea, las TIC se convirtieron en un medio o instrumento de primera necesidad para los colombianos, por lo que dicha situación demostró la precariedad que existe en el territorio en materia de internet, el accesos a este y así mismo, la conexión; en especial en los pueblos o territorios más apartados en donde las brechas de desigualdad se hicieron más notorias.

De cara a la situación, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTIC) dio a conocer la inestable situación del territorio en dicha materia, es decir, la falta de normatividad y medios para hacer valer este recurso a toda la población del país. En consecuencia, el gobierno de Colombia logró aumentar el acceso a internet en el país, si bien mientras que a finales de 2019 habían cerca de 7 millones de puntos de acceso fijo a internet, para septiembre la cifra ya se ubicaba en 7,6 millones, es decir que hay 15 accesos por cada 100 habitantes (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, 2021). Igualmente, la ministra Karen Abudinen se pronunció esclareciendo que:

Sintetizando, este artículo se enfoca en resaltar los esfuerzos que ha realizado y está procesando actualmente el Estado colombiano en materia tecnológica, entendiéndola como un medio para garantizar el derecho humano al buen gobierno y homólogamente, como a través de esta se pueden garantizar toda una serie de derechos fundamentales.

Este apartado se enfocará en hacer un análisis acerca de las TICS y su relación con los derechos fundamentales, es decir, como las TICS permiten que el gobierno cumpla y satisfaga algunos postulados constitucionales como la salud, el trabajo y la educación, lo que nos permitirá ver el alto impacto y necesidad que actualmente tienen las TIC para la sociedad y su desarrollo social y sostenible.

Siguiendo con este razonamiento, se hace importante reconocer a las Tecnologías de la Información y Comunicación como un mecanismo que se ha encargado de hacer un cambio total en las dinámicas sociales del siglo XXI, ya que está a permitido crear una nueva forma de Inter relacionamiento de las mismas personas o de estas con entidades como el área de la salud. A partir de esto entonces, nos planteamos una cuestión y es ¿Por qué las TIC se hacen importantes en el campo de la salud? Asunto que se puede solucionar desde la valoración de derecho fundamental que tiene la salud colectivamente, que se encarga de determinar un arquetipo jurídicopolítico como lo es el Estado Social y Democrático de Derecho (Esteban, 2011) es muy importante realizar esta relación de las TIC junto con los derechos fundamentales y como argumento, algunos autores como Bonilla (2016), Carbonell (2014) y Castellanos (2018) tienen puntos en común en cuanto al internet, planteando que este ha mejorado amplia y progresivamente el ejercicio del derecho fundamental a la salud. Esto, gracias a los avances científicos y tecnológicos que se han dado en el área de la salud como lo plantea el autor Cárcar cuando expone que:

Es decir, todo el mejoramiento, desarrollo e implementación de las TIC ha beneficiado a la salud, en cuanto a los diferentes servicios que pueden brindarles a los usuarios a partir de sus necesidades particulares, como diferentes formas de adaptarse, desarrollarse y evolucionar tanto física como psíquicamente en plena era digital. Empero, los avances en esta materia son constantemente limitados por situaciones sociales; un ejemplo de ello ha sido la desigualdad socioeconómica que se ha visto atenuada por la crisis sanitaria, que de una u otra forma ha obligado a la sociedad a transformar sus vidas trasladándolas al plano virtual o digital.

Aun así, a pesar de los avances que han sido limitados, el Estado si ha tratado en cierta medida de generar toda una clase de avances tecnológicos que también inmiscuyen al área de la salud, al menos, así lo explica el autor Cárcar al decir que:

Este, nos permite evidenciar que el sistema de salud que se encuentra bajo los principios constitucionales como el Estado de bienestar, la igualdad y el pluralismo jurídico que permiten que los sujetos mas vulnerables y necesitados de la sociedad tengan un trato preferencial por parte del sistema, por ejemplo, los adultos mayores, los que sufren enfermedades respiratorias, cardiovasculares, de motricidad tales como la artritis e inválidos, diabetes, contagiados por el virus COVID-19, etcétera. Debido a esto, es que estos sujetos son calificados como de especial protección, precisamente por su compleja situación para desplazarse hacia los centros prestadores de servicios de salud, lo que ha llevado a que surja una cantidad de opciones a partir de las TIC que permitan que accedan a los servicios, tales como las citas mediadas por las plataformas oficiales, la pronta autorización y entrega de resultados vía correo, citas por videollamadas o llamadas corrientes, solicitud electrónica de medicamentos, entre otros.

Este escenario nos lleva a concluir que a partir de las proposiciones que hace la Corte Constitucional de Colombia en el sector de la salud, es claro que lo reconoce como un derecho autónomo sin importar de que sea de segunda categoría, lo que hace que el Estado se vea en la necesidad de comenzar a realizar políticas relacionadas con las TIC, de forma que estas continúen siendo un instrumento que garantice el acceso a la salud y aún más importante, que trabaje en su mejor aplicabilidad y ejercicio.

En conjunto con el tema de la salud, la educación en el Estado colombiano también es un derecho fundamental de la sociedad que merece una mejoría y una construcción optima de su materialización con el fin de ir eliminando las brechas de desigualdad que históricamente han existido en la materia, de esta habla el autor Lloyd (2020):

Visto lo anterior, es posible evidenciar como esta crisis sanitaria también ha generado un impacto negativo en todos los niveles de la educación, en especial a los municipios de categoría 4, 5 y 6° que han sido los más afectados, a falta de los medios necesarios para acceder a las clases virtuales que de cierta manera, no ha sido posible que llegue a las zonas más vulnerables y necesitadas de Colombia como lo son territorios como: el departamento del Chocó, Caquetá, Guaviare, Bolívar, parte de Antioquia, Córdoba, entre otros.

A consecuencia de lo anterior, nace un cuestionamiento y es acerca de la necesidad e importancia de las TIC en la educación. El desarrollo de las TIC en el sector educativo, se ha desarrollado gracias al internet, que en otras palabras, se tiende por “Internet es un nuevo paradigma y su acceso ha pasado a ser una necesidad esencial humana que debe estar garantizada como derecho humano y con protección constitucional iusfundamental” (Hueso, 2020, p. 12), en palabras de Cotino que hace referencia a las declaraciones de la comunidad internacional, en donde se dice que el internet se ha tratado como un derecho humano colectivo y mediador, que se encarga de proteger otra clase de derechos como en este caso, la educación por medio de los medios tecnológicos existentes, pues si bien estos ayudan a garantizar por parte del Estado “la obligación de alfabetización digital, esto es, el deber de «promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet (…)»” (Hueso, 2020, p. 12).

Asimismo, el Relator Especial de Educación de las Naciones Unidas expuso en un informe enfocado al derecho a la educación en la era digital, el tema como:

Con base a esto, el autor se atreve a hablar acerca de las acciones y proyectos que deben aplicar los diferentes gobiernos del mundo:

Sucintamente, el Relator por medio de su informe se dio a la tarea de resaltar temas tan importantes como la brecha digital, tema que se deriva de lo analizado hasta el momento y que abarcaba el tema en palabras de “las brechas de desigualdad social”, en donde se resaltó entonces, los vacíos infraestructurales en el territorio en materia de tecnología, panorama que ha jugado un papel delimitante en la expansión y acceso a este servicio -en el caso colombiano- se da especialmente en zonas urbanas o rurales. A partir de esto podemos concluir que, las TIC son indispensable en el proceso de educación puesto que, hacen la veces de intermediario, permitiendo así que estas herramientas materialicen el ideal constitucional de llegar a una educación inclusiva, la cual no solamente se plasma a los niños, adolescentes, y adultos discapacitados, sino aquellos que viven en situación de pobreza y marginalidad (Julio Cabero Almenara, 2014) por lo tanto, las TIC aportan una mejoría al sector en aras de la innovación pedagógica, cambios organizacionales y así mismo, proporciona una efectiva comunicación entre el docente y el alumnado por medio de las teleclases y las plataformas virtuales transformando así el modelo tradicional de enseñanza.

Para explicar la extensión e importancia de las TIC también se hace necesario hablar de estas en el campo laboral, relacionándolo con el derecho fundamental al trabajo-al igual que las anterioressiendo un instrumento que permite a los sujetos tanto generar como desarrollarse en sus empleos a través de las TIC. Sin embargo, en lo laboral estas ya existían de manera parcial en todas las empresas o entidades públicas como lo han sido los medios informáticos, por ejemplo: los correos electrónicos, navegación en internet y teletrabajo.

Cuando se hace referencia a las TIC en las relaciones laborales, por lo general, el medio más idóneo para hablar de ello es el correo electrónico, dando cuenta que, su uso es considerado según la autora María (Rubert, 2003):

Acto seguido, el correo electrónico es una herramienta que han incluido todos los sectores de la sociedad para realizar una comunicación formal entre empresas o entre los mismos empleados de la compañía, es tan importante que por medio de este se realizan procesos laborales y disciplinarios. Puesto que es un medio que permite no solo la comunicación formal y estricta que requieren las grandes empresas, sino que brinda una celeridad y eficacia en los procesos de comunicación, por esto, actualmente el correo es una herramienta indispensable en toda actividad académica y laboral; cabe resaltar que el correo teniendo un fin responsable no puede ser utilizado para actos fuera de los esquemas dictados por la compañía.

Adicionalmente, las empresas se han visto en la obligación y en la necesidad de controlar y regulas la navegación en internet por parte de sus empleados, volviendo así cada vez más restrictiva, y lo hacen bajo argumentos como la dotación a sus empleados de estos medios tecnológicos pro parte de la empresa que deberían tener solo funciones empresariales y laborales, además, le facilitan a su empleado la herramienta para desarrollar su trabajo de manera gratuita, pese a todo esto, las entidades pretende evitar que los usuarios introduzcan en sus equipos información privada de la compañía o lo utilicen para para fines personales que puedan llegar a relacionarse con la vida íntima y privada del trabajador (Rubert, 2003).

Por otro lado, si se toma el ejemplo de la crisis sanitaria por el COVID-19 ha obligado a la población mundial a desarrollar sus empleos desde sus hogares, es decir, por medio del tan sonado “teletrabajo”, esta modalidad según la RAE es la “utilización de las redes de telecomunicación para trabajar desde un lugar fuera de la empresa usando sus sistemas informáticos” (Española, s.f.) ; que se complementa con las premisas realizadas por el autor Pérego:

En otros términos, el teletrabajo se refiere a la prestación del servicio y cumplimiento de las funciones laborales a través de las tecnologías y los medios virtuales, lo que descarta la presencialidad para la realización de las mismas funciones en este momento. A razón de esto, y de la alta cantidad de sujetos que actualmente se encuentran en línea desarrollando sus diferentes actividades, es que el ministro de Trabajo de Colombia se vio en la necesidad de exponer las cifras de personas que se encuentran en línea, para ello, se permite esclarecer que:

De ahí que, el gobierno se ha dado a la tarea de demostrar lo indispensable que se han vuelto las TIC en lo transcurrido de la pandemia como medio por el cual se han salvaguardado toda una gama de principios y derechos constitucionales, como lo es el derecho al trabajo o a una economía estable y, que se desempeñe en las lógicas de sostenibilidad estatal, dado que, estas han permitido que alrededor de 6 millones de empleos se hayan sostenido y se hayan podido realizar en el campo digital y así lo ha expresado Min Trabajo (País, 2020), además, Min Trabajo se encontró respaldado por diferentes autores y organizaciones como la firma PageGroup, quienes realizaron un informe en donde se “evidenció que el 96 % de las organizaciones en Latinoamérica utilizó el trabajo en casa ante la pandemia. En Colombia, 57 % de las compañías tiene el 80% de su estructura trabajando de forma remota”. (País, 2020) en pocas palabras, gracias a las TIC implementadas y utilizadas internacionalmente, es que las empresas, entidades públicas y trabajadores se han podido interconectar, y no solo esto, pues a nivel nacional han permitido que muchas poblaciones puedan continuar velando por sus derechos fundamentales, entre estos, el derecho al trabajo asegurando de esta forma millones de empleos que en muchas familias representan la entrada y sustento principal de la economía familiar.

Las tecnologías de la información y la comunicación han atravesado por todo un proceso de evolución en el sector público, gracias a esto la comunidad internacional ha reconocido como las diferentes comunidades y regiones del mundo necesitan de este tipo de servicios de manera que, esto las pone en un plano de consideración como derecho humano colectivo, pero para explicar esto de manera más concreta, se hace necesario revisar una serie de elementos para que este lograra constituirse como derecho humano colectivo.

En el 2011, Frank la Rue quien hacía las veces de Relator Especial expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe enfocado en la promoción y amparo del derecho a la libertad de expresión, este a manera de cierre en su discurso se dispuso a proponer a la comunidad internacional el acceso al internet como un derecho fundamental, sus premisas más importantes fueron (Organización de las Naciones Unidas, 2011) :

Así pues, preocupa al Relator Especial que, al no tener acceso a Internet, que facilita el desarrollo económico y el disfrute de diversos derechos humanos, los grupos marginados y los Estados en desarrollo sigan lastrados por su situación de desventaja, que perpetúa la desigualdad entre Estados y dentro de un mismo Estado. (p. 62)

En este sentido, tal escrito se utilizó como referente histórico para reconocer al internet -componente de las TIC- como un derecho fundamental colectivo. Adicionalmente, se encargó de introducir de manera taxativa los criterios del buen gobierno para alcanzar la materialización de los derechos fundamentales, en el sentido de que, es gracias a las TIC que se hace posible promocionar la participación de los ciudadanos en las decisiones más importantes de la nación, en especial, en temas políticos y de derechos humanos, por último, también se pretende promover la posibilidad de mejorar el poder que tienen las veedurías sobre la administración pública.

Complementando el concepto anterior acerca de los principios o criterios sobre el internet, la autora (Bonilla, 2016, p. 21) expone que son: 1. Acceso; 2. Pluralismo; 3. No discriminación. 4. Privacidad (Bonilla, 2016, p. 21), estos a su vez se complementan con los principios de los derechos humanos, es decir: (i) la universalidad de los derechos humanos se conecta con los principios de la igualdad y la no discriminación, en el entendido de que estas deben ser interpretadas desde las diferencias. (ii) la interdependencia hace referencia al vinculo o conexión que se da entre los derechos humanos. (iii) la indivisibilidad “niega cualquier separación, categorización o jerarquía entre los derechos humanos” y; (iv) el progreso se comprende en 2 escenarios, en un primer momento por la gradualidad y en un segundo momento, a partir de los planes que conllevaban al progreso (Vázquez, 2012). Aún así, se hace importante hablar desde el punto de vista doctrinario, donde los autores aluden al principio de progresividad, en un plano donde este se relaciona “tradicionalmente (…) con el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales” (Vázquez, 2012, p. 159).

De modo definitivo, se concluye que los derechos colectivos son entendidos como aquellos donde se hace indispensable examinar de forma concreta las diferentes situaciones, territorios, culturas, lenguas, comunidades, pueblos, etc. para poder construir un plan de desarrollo que tenga como fin el reconocimiento, promoción y amparo de la evolución de tales colectividades. En consecuencia, el modelo de las TIC logra encajar en los criterios y principios necesarios para ser reconocido como derecho colectivo, en donde, a medida que avanza y evoluciona la sociedad se hace esencial desarrollar sistemas como la red de internet, que se materializa por medio de las TIC, la cuales dan el entendido de ser un servicio prestacional indispensable para el progreso del mismo colectivo.

Finalmente, de manera general se hará un análisis de lo expuesto hasta el momento en relación con las TIC y se hará una conexión con el tema del buen gobierno, para ello entonces, se tomarán como referencia la Carta Iberoamérica de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública (C. Directivo del CLAD, 2013), al Defensor de los Habitantes de Costa Rica (Gutiérrez, 2008), al autor (Arana, 2013) y el autor(Villegas), ya que estos se han tomado el espacio para definirlo como aquella semilla de transformación de la administración pública, por medio de la cual, se busca que el ciudadano deje de figurar en el sistema y en la sociedad como un sujeto inerte y comience a tomar la vocería en las decisiones de mayor impacto en la nación, es decir, que se vuelvan sujetos activos y participativos para el Estado. Homólogamente, el buen gobierno se trata de quebrantar aquellas barreras preexistentes entre la administración y el administrado, haciendo especial énfasis en sus capacidades para responder de la manera mas óptima y eficaz ante las necesidades que se presenten en múltiples regiones o zonas como lo son los pueblos. Por esta razón, es que el buen gobierno se declara derecho fundamental.

Por este motivo, es que el buen gobierno cumple un rol fundamental en la gestión de las TIC, debido a que, los gobiernos se ven en la necesidad de estar interconectados de forma que puedan mantenerse actualizados frente a las necesidades de la comunidad nacional, en especial en un país rico y lleno de diversidad como Colombia, que requiere que el gobierno de solución a las necesidades que aquejan a las diferentes comunidades que conforman la nación y bajo este mismo entendido, se vele por sus derechos constitucionales.

Ahora bien, analizando la accesibilidad a internet y la crisis sanitaria que actualmente aqueja al mundo y que ha dejado graves repercusiones en todas las áreas sociales como la economía, la política, la salud, la educación, etc. Se demuestra que el Estado se ve en la obligación de conocer sobre temas como las necesidades y vacíos que poseen todas las regiones y comunidades del territorio nacional en pro de generar una serie de ayudas que sean oportunas y eficaces, en especial para los más vulnerables como por ejemplo, el desarrollo de las TIC en medio de la pandemia se ha hecho indispensable para que muchos sujetos puedan usar este tipo de herramientas para hacer valer sus derechos fundamentales, es decir, estas herramientas han permitido que se salvaguarden toda una serie de derechos que no hubiesen podido ser garantizados sin el apoyo de este tipo de herramientas, menos aun cuando se esta en la era digital.

Gracias a todo el desarrollo que se ha hecho a lo largo de este trabajo, es que se pudo notar la relación existente entre el derecho humano al buen gobierno y las TIC en el entendido que estas le han dado la oportunidad a la sociedad de ejercer un control directo sobre la administración pública, de igual manera, estas también han permitido al gobierno incentivar a los ciudadanos a participar de las altas decisiones de la nación, aparte, estas han permitido una efectiva y concreta comunicación entre el ciudadano y la administración pública.

Para concluir, las TIC se convirtieron en un instrumento de gran soporte y apoyo para el Estado, creando en conjunto una serie de planes de gobierno y proyectos de desarrollo que a largo plazo puedan ser sostenibles para la población. De esta forma es que se logra materializar el derecho al buen gobierno, ya no bajo los postulados de los derechos humanos, sino como un principio constitucional que da vida a los fines esenciales del Estado Social de Derecho, que hoy llegan al sujeto en gran medida por las TIC, estas en conjunto con los demás principios que componen el gobierno tales como lo han sido el pluralismo jurídico, la universalidad, interdependencia, interrelacionalidad, indivisibilidad y, en especial el progresismo es que se le permitirá al Estado y a los demás gobierno del mundo construir e innovar, de manera que logren atender las necesidades y realidades de la comunidad nacional e internacional.