Se dice que lo único que une a sectores radicalmente opuestos de una sociedad es una amenaza en común que plantee la destrucción de la vida como la conocemos y una imperativa necesidad de ser superior frente a ella (Restrepo y Ruiz, 2019; Lorie, 2017). se hace referencia al cambio climático y el llamado que ha hecho a los mejores intérpretes de la realidad ambiental para que coloquen a disposición sus conocimientos, y sean artífices de canales de intercambio de fortalezas a lo largo y ancho del planeta (Blanco, Echeverry y Ortega, 2020). En efecto, la interpretación y la adaptabilidad a un reto de tal magnitud no se construye desde la estabilidad, sino al enfrentar día a día ese reto, de allí proviene la autoridad del actor protagónico de la presente investigación.

La sociedad internacional en materia climática está regida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático - CMNUCC (ONU, 1994), el principal tratado ambiental que agrupa a 194 Estados miembro, adoptado en la ciudad de Rio de Janeiro en 1992 y ratificado en 1994 en Colombia. Al respecto, es necesario tener presente que, si bien son los Estados quienes establecen de manera formal los mayores compromisos en materia ambiental, son los gobiernos locales quienes tienen la responsabilidad de darles cumplimiento; debido a ello, surgieron plataformas como escenario de encuentro ideológico de los gobiernos locales, que tejen una línea de encuentro en torno a las necesidades propias de sin importar la ubicación geográfica de sus miembros activos, los articulan a manera de red y enfocan sus esfuerzos hacia la gestión del cumplimiento de metas de sus asociados, sin que ello implique un compromiso por parte de los gobiernos nacionales, pues son los jefes de los gobiernos locales quienes firman y ejecutan el cumplimiento los acuerdos contenidos en los respectivos acuerdos.

Las redes de ciudades que construyen agendas y proyectos conjuntos en torno a la adaptación al cambio climático, se amparan en el principio de desarrollo sostenible e implican a organizaciones multinacionales, gobiernos locales e incluso a otras redes de ciudades que mediante una alianza forman parte del desarrollo de un proyecto específico. En la actualidad se ubican en todos los continentes, algunas con un alcance regional, otras con uno global, sus cuerpos directivos, están integrados por ex alcaldes, ex presidentes y CEOs, facultados para articular la integración gracias a la cooperación multinivel que se da en su interior.

En razón al desarrollo y especialización de su “know how”, surgió la categoría de buenas prácticas ambientales impulsadas desde distintos escenarios en los que se dan cita las ciudades, dentro de los que se encuentran los construidos desde la cooperación en red. Esa es la razón por la que el aspecto ambiental no debe entenderse como un hecho aislado de las esferas tradicionales en las relaciones internacionales, pues al realizarse una correcta gestión ambiental se obtienen territorios más habitables, garantes de la vida y en consecuencia más atractivos para desarrollar negocios.

El presente artículo hace referencia a la actuación del gobierno de la ciudad de Bogotá durante el periodo 2013-2016, una ciudad tradicionalmente apetecida por aquellos que saben acerca de la concentración de oportunidades que se da en su territorio, al confluir en ella pluralidad de actores; sin embargo, la ciudad ha visto transcurrir su historia en medio de una dualidad: ser la capital del segundo país con mayor biodiversidad del mundo y a la vez la capital de un país que recientemente finalizó el conflicto armado interno más antiguo de nuestra historia contemporánea; este último factor ha sido priorizado sobre el ambiental, razón por la que su inserción como actor internacional es ejemplo de éxito en la construcción de la gobernanza global ambiental, reflejada en la contribución hecha al fortalecimiento de redes de ciudades como La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales [CGLU] y la Red de Ciudades Suramericanas [Redcisur].

En concordancia con lo anterior, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de las dinámicas de cooperación internacional en las redes como CGLU en la construcción de herramientas de adaptación y mitigación frente al Cambio Climático de Bogotá, que permiten que la ciudad se constituya como un punto de referencia ambiental global?

Debido al vacío teórico existente en relaciones internacionales para elaborar un análisis como el enunciado anteriormente, en el presente estudio de caso, serán presentados puentes conceptuales entre ambas posturas, para construir el rol desarrollado por el gobierno local que representa y extiende el rol de la ciudadanía, pues Bogotá como ciudadano internacional, no solo pertenece a las redes de ciudades más influyentes del planeta, sino que en razón a su concepción de unidad en la diversidad, interpretó los vacíos de la coyuntura regional y los presentó a manera de solución, para aportar una red-bisagra que articule la Región.

Resulta necesario presentar al enfoque verde, cuyo origen tuvo lugar en la década de los 70 del siglo XX, caracterizada por convulsiones políticas y el surgimiento de fuertes movimientos ambientalistas transnacionales; de ese enfoque teórico se extrajeron cuatro elementos académicos estratégicos para el presente estudio.

En primer lugar, se encuentra la contribución hecha por el documento “Los límites del Crecimiento”, elaborado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts-MIT- en 1972, por pedido del Club de Roma(Ayuntamiento de Toledo, 2008) , en él se advirtió que si se continuaba con los patrones de comportamiento relativos a industrialización, población mundial, producción de alimentos, contaminación ambiental y consumo desmedido de recursos, éstos se agotarían en un lapso de cien años (Meadows, Randers, y Meadows, 2004).

En segundo lugar, durante el mismo año el sistema de Naciones Unidas incluyó la temática ambiental para las ciencias sociales al realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano - Conferencia de Estocolmo, liderada por el gobierno sueco, con la asistencia de representantes de 113 países y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Allí se implementaron dos conceptos clave: el desarrollo sostenible, y la contaminación transfronteriza, que concientizó a los asistentes acerca del carácter global de los temas ambientales, sus implicaciones y la necesidad de ejecutar actuaciones conjuntas. Igualmente, se instó a los asistentes a priorizar temas como la investigación en el interior de sus países, para ello se recomendó impulsar las visitas a personas y entidades que estuvieran desarrollando procesos de este tipo, igualmente se solicitó prestar asistencia técnica, financiera y material para el logro de tal fin. Como resultado, se creó el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente[PNUMA] (2009) en el año 1972, en gran parte, debido a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil.

En tercer lugar, para complementar la configuración de una conciencia ambiental, se resaltan algunos factores que visibilizan a las ciudades y sus habitantes como actores estratégicos, que, en razón a su acción y participación activa, contribuyen a formar una ciudad para la gente, plasmada en la visión de Henry Lefebvre “El Derecho a la Ciudad” (1969), nacido en medio de las transformaciones producidas por los avances tecnológicos y las nuevas tendencias económicas del modelo capitalista; así, la obra de Henry Lefebvre publicada de manera previa a los sucesos de mayo del 68 consagra: “…el objeto imaginado no es otra cosa que una sociedad planetaria y una ciudad mundial” (1969, p. 28).

Su propuesta política contempla a las personas como dueñas de la ciudad, en tanto son estas quienes la han construido, razón por la que planteó un modelo enfocado a presenciar el resurgir del urbanismo y con ello una participación en la vida política por parte de los actores que se constituyen como víctimas del avance socioespacial, lo anterior mediante la valoración del derecho a la ciudad. En consecuencia, el derecho a la ciudad conforma una sombrilla, bajo la cual se deben cumplir todos los derechos existentes, articula a los Derechos Humanos, la ciudadanía y el espacio público en aras de recuperar la ciudad. Para tal fin, los movimientos sociales son el artífice que permite a los ciudadanos actuar en su deseo de ser soberanos en ese espacio que les ha sido arrebatado (Téllez, Blanco, Blanco y Pérez, 2021; Fortich y Moreno, 2012).

Los postulados de Lefebvre (1969) encontrarían una mayor audiencia veinte años más adelante, pues allí inició el proceso para concretar la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad en adelante denominada como la Carta. El objetivo de la Carta (HIC, 2006), es ser un instrumento universal de derechos humanos que pueda ser adoptado por las Naciones Unidas o un referente que permita adoptar al Derecho a la Ciudad como un derecho humano.

En razón a que la promoción del documento debe ser realizada por la sociedad civil latinoamericana, la Carta es un instrumento que pretende contribuir con la legitimidad de las luchas urbanas, accionadas por los grupos en condición de vulnerabilidad, quienes gracias a esta herramienta tendrían un mecanismo para actuar de manera legítima. Además de incorporar los principios del derecho a la ciudad de Lefebvre (1969), integra herramientas acerca de la administración democrática de las ciudades, por ello, será el sendero al reconocimiento en el sistema internacional de los derechos humanos del derecho a la ciudad.

Finalmente, en cuarto lugar, se encuentra, el reporte Más allá de los límites al crecimiento (1992); en el reporte, se incorpora el fenómeno del sobrepasamiento, entendido como aquel que se produce como resultado de la conducta humana y los efectos de la economía, que, al combinarse, extraen los recursos de la tierra y generan contaminantes hacia el medio ambiente, hasta un punto en que éste ya no las puede sostener.

El crecimiento de la población se presenta como un hecho determinante en 1991, pues se registraron 92 millones de nacimientos en el planeta, el 90% de ellos en países del tercer mundo. Al respecto, se especifica que en la medida que una sociedad se hace más rica, la tasa de natalidad decrece (Meadows, Randers, y Meadows, 2004). Por ello, el reporte incorporó al desarrollo sostenible, entendido como aquél que se lograría si cada país y región consiguieran disfrutar de la mayor calidad de vida, sin que se vieran afectadas la biosfera y supervivencia de las futuras generaciones.

De esta manera, se entiende la necesidad de priorizar la cooperación científica global, visible en un sistema global de información y un foro internacional que sirva como escenario para negociar acuerdos específicos relativos al medio ambiente, con intervenciones de los actores protagónicos. En el reporte, se plantea la transición hacia un sistema sostenible como una posibilidad tangible, que puede ser lograda si se reconoce que el modelo actual está mal planteado.

Así, se presenta al tema ambiental desde la óptica de las relaciones internacionales, que corresponde al aporte hecho por Robyn Eckersley y su obra El Estado Verde (2004): repensando la democracia y la soberanía. Su aporte corresponde al interés proveniente de la relación desencadenada por la democracia y el logro de las metas relativas al medio ambiente. Aquí se resalta su propuesta teórica, que contiene una relación posible, de tipo constructivo entre la democracia y el ecologismo.

En particular, lo que busca evidenciar la autora son los lineamientos constitucionales de un Estado democrático verde, producto del movimiento ambientalista y los movimientos verdes; un Estado que protege la naturaleza, mientras mantiene la legitimidad respecto de la diversidad cultural, y le imprime a su acción un carácter cada vez más transfronterizo, para demostrar la forma en que el Estado puede adquirir un nuevo rol en razón a lo novedoso de sus principios de democracia ecológica

Así, este estudio tiene por objetivo analizar las dinámicas de cooperación internacional al interior de la red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU, en la construcción de herramientas de mitigación frente al cambio climático de Bogotá, que le permitieron constituirse como un punto de referencia ambiental global, para ello se analizará el impacto del gobierno de Bogotá frente a actores no gubernamentales, seguidamente se establecerá el rol de la Red de Ciudades Suramericanas - Redcisur (red creada por el gobierno bogotano), en la obtención de la sede para Bogotá del Quinto Congreso de la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales [CGLU] en 2016 y el fortalecimiento de los gobiernos locales de cara al congreso de CGLU y Hábitat III.

La presente investigación implementa la metodología del análisis de caso, en la vertiente procedente de la obra de Audie Klotz y Deepa Prakash (2008), extraída de su publicación Métodos Cualitativos en Relaciones Internacionales¹. Así, como lo afirman los autores, en el caso de las relaciones internacionales los métodos cualitativos representan el estudio de uno o varios enfoques de política exterior, los cuales llevan implícito un proceso de toma de decisiones, representado en un nivel micro-histórico en el que los Estados no son necesariamente la unidad de análisis. En ese sentido, los autores enfatizan que, en las relaciones internacionales, las micro unidades pueden dar lugar a cambios significativos en la macro estructura (Klotz y Deepa Prakash (2008),Güechá, 2021).

En el año 2018 Bogotá ingresó al grupo de las megaciudades latinoamericanas, para fortalecer junto con la ciudad de Lima, la categoría ya ostentada por Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo y Río de Janeiro como lo reportó el Departamento de asuntos sociales y económicos de las Naciones Unidas (United Nations, 2018). Así, Bogotá se ubica en la región más desigual y, a la vez la más urbanizada del planeta (ONU - Habitat, 2012). Igualmente, Bogotá es un ejemplo de una micro unidad (ciudad), que interpretó los vacíos de la macro estructura (sociedad de los Estados) mediante su actuación en red y que en razón a su experiencia pudo postergar en el tiempo su visión de unidad.

El marco teórico se construye con dos enfoques, la teoría principal pertenece a Robyn Eckersley (2004), autora del enfoque verde en las relaciones internacionales, del cual se extraen algunos elementos como: Estado verde, ecología política verde, Estado transnacional verde, esfera pública verde, ciudadanía y ciudadanía transnacional verde, para dar cuenta de la actuación ambiental internacional del gobierno de Bogotá. Lo anterior se complementará con el aporte hecho por el proyecto AL-Las (2013b), relativo al papel de los gobiernos locales en el sistema internacional AL-Las (2013b).

Eckersley (2004) afirma que el Estado verde se consigue de manera progresiva, igualmente, desde el proyecto AL-Las se plantea que los gobiernos locales deben buscar legitimidad en su actuación internacional, por ello no deben ir en contravía del Estado. El puente entre ambos enfoques lo constituye la acción internacional desarrollada por el gobierno de la ciudad de Bogotá como actor global, con un enfoque dual encaminado a fortalecer su actuación al interior de las redes de ciudades y al mismo tiempo construir la ciudadanía internacional entendida como un pilar de su acción internacional desplegada por medio de la red de ciudades de su autoría: la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur, 2012). Lo anterior en el contexto de la Conferencia de las Partes - COP 21

Eckersley (2004) lo enmarca en un requisito de imaginación disciplinada, consistente en dibujar una visión normativa que tiene algunos puntos de enganche con entendimientos y prácticas emergentes. En síntesis, quiere identificar el rol positivo que han desempeñado los Estados en las aristas verdes y la forma en que este puede ser maximizado en la escala doméstica y global.

Referente al uso coercitivo del poder estatal, a veces rechazado y otras aclamado, en la obra este se trata acerca del propósito para el que es ejercido y el manejo que se le da en público, su transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. El brazo coercitivo del Estado puede ser usado para garantizar el cumplimiento de los derechos, por ejemplo, proteger el ambiente.

También, desde las peticiones verdes para el Estado, se traza la expectativa que este va a desempeñar un buen rol en materia ecológica respecto a sus habitantes y, como un buen ciudadano internacional de la sociedad de los Estados.

Dos conceptos se deben tener en cuenta para comprender los planteamientos propuestos, por un lado, la justicia ambiental, entendida como una amplia distribución de los beneficios y riesgos de la cooperación social junto con la minimización de ellos en relación con una comunidad moralmente expandida (Velasco, 2016). De otro lado, se encuentra la justicia comunicativa, posible cuando se efectúa una comunicación gratuita en un contexto en donde la salud, los riesgos de producción y las decisiones de distribución, tomen lugar en lo que es aceptable por los posibles afectados.

La solución ante esa coyuntura, se sitúa en profundizar la democracia al interior de los Estados, junto con la responsabilidad frente a otros Estados respecto a los asuntos ambientales. De la misma manera, debe realizarse una rendición de cuentas a la sociedad civil transnacional, las organizaciones intergubernamentales y la sociedad de los Estados en general.

De acuerdo con lo anterior, se enlistan tres factores que permiten visualizar una responsabilidad ecológica y formas de gobernanza estatal en pro del desarrollo económico, social, de seguridad y diplomacia. La autora, argumenta que la probabilidad de realización del Estado verde depende del grado en que los Estados se hagan más democráticos en términos de una concepción verde distintiva.

Respecto a la construcción del Estado verde, Eckersley (2004) aclara que no puede ser finalizada jamás, pues es un proceso dinámico, que quiere extender los derechos de la ciudadanía y asegurar formas más inclusivas de comunidad política, mientras se mueve a través de los ideales de los cosmopolitas gracias a la creación de derechos transfronterizos de la ciudadanía ecológica (Garzón, 2013).

La manera más propicia de extender la democracia desde la Ecología política verde, es mediante acuerdos multilaterales entre Estados que crean una capa de leyes suplementarias, las cuales se nutren de las estructuras de gobernanza territorial existentes y con ello conforman un marco más duradero de cooperación.

En este punto se desprende el debate más enriquecedor para el Estado transnacional democrático verde, el cual tiene como referente a Jürgen Habermas (1996); para el autor (citado por Eckersley, 2004) “la razón práctica que produce normas legales no puede trascender la cultura particular de comunidades particulares” (p. 2098).

La autora argumenta en favor del Estado verde transnacional, considerado más ambicioso que la formación democrática en la nación Estado de Jürgen Habermas (1996), pues dichos postulados son vistos desde la ecología política como cerrados, en razón a que el Estado constitucional es internamente cosmopolita pero externamente comunitario; por ello, Eckersley pretende demostrar que los derechos y responsabilidades pueden ser transnacionalizados de una forma legítima, mediante acuerdos cooperativos multilaterales entre Estados.

Ante las limitaciones otorgadas a la ciudadanía en el ejercicio de la democracia, por parte de la visión de Habermas, la ciudadanía, es definida por (citado por Eckersley, 2004) para éste propósito académico, como una actividad que se ejerce de una forma distinta a las aglutinaciones temporales en torno a debates transitorios, donde las proyecciones de aprendizaje colectivo no son profundas ni duraderas, razón por la cual, el aprendizaje colectivo puede ser desarrollado en el interior de las comunidades transnacionales, específicamente las que han estado trabajando por largos periodos de tiempo en torno a problemas colectivos como el calentamiento global, que arroja una democracia cosmopolita, más no una de tipo comunitario (Pardo, 2014) .

Además, la ciudadanía ecológica es entendida desde el ecologismo político verde como aquella que se desarrolla alrededor de problemas colectivos, pues es durante las amenazas más fuertes a la seguridad, cuando los lazos nacionales son vulnerables a la manipulación desde las instancias de la política nacional, que encabezada por sus élites argumenta medidas desde la razón de Estado, en lugar de las razones de democracia. En ese sentido, las nuevas amenazas ambientales han puesto en tela de juicio en concepto de defensa territorial, a la vez que el avance de la globalización económica ha fraccionado las visiones sobre las formas de proceder, en lo relacionado con factores que trasciendan a las comunidades nacionales.

En ese sentido, se expone la relación entre el Estado verde y la esfera democrática verde como una que puede ser desarrollada desde distintos niveles creativos, razón suficiente para plantear que las normas comunes pueden construir Estados que sean responsables con el medio ambiente. Igualmente, sustenta la conexión de los Estados y las sociedades a través de la esfera pública verde, en ella las redes de comunicación y los espacios sociales en los que se producen las opiniones públicas se comprimen, de allí surge un espacio donde se desarrolla el patriotismo ambiental (Rodríguez, 2014)

Es así, como dentro de los propósitos trazados para su teoría, la autora demuestra que es posible que el Estado armonice el rol de desarrollador y protector del medio ambiente, ello conduciría a una ampliación en su identidad. En palabras de Eckersley (2004) : “la democracia ecológica no debe ser entendida como la democracia de los afectados, sino como la democracia para los afectados” (p. 1374).

Respecto al desarrollo del Estado transnacional verde, la propuesta gira entorno a la pregunta ¿De qué forma el sistema legal democrático se hace más democrático frente a otros sistemas de direccionamiento, especialmente la economía? El argumento es reforzado por la contracción de la autonomía estatal y el crecimiento de problemas globales y transfronterizos, que hace necesario el desarrollo de nuevas estructuras de gobernanza global de tipo supranacional democrático, en forma de una ley pública democrática global, la cual ha de estar disponible para todos los ciudadanos del mundo.

Los Estados verdes, no deben ser vistos como actores que retan la democracia, pues en el desarrollo de su cotidianidad, crean una masa crítica; de aquí, se desprende un nuevo proceso que consiste en la mutua democratización de los Estados y sus sociedades, que funciona en una relación virtuosa con la modernización ecológica reflexiva en el nivel doméstico y más activo en el multilateralismo ambiental por esos Estados y sus ciudadanos en el lado internacional. Con ello, la propagación de Estados verdes con orientación transnacional, ampliará y profundizará el multilateralismo ambiental, que, como resultado, contribuirá con una ruta más segura para un mundo más verde.

Para definir ese proceso, se abordará seguidamente la evolución del rol de la Unión Europea en la construcción del marco legal para la actuación de las ciudades, una alianza euro-latinoamericana tangible en el proyecto AL-Las (2013). Así, el Marco Legal para la Acción Internacional de las Ciudades contenido en el proyecto AL-Las “ciudades al mundo”, entregó en 2013a el documento diagnóstico Marco legal e institucional para la acción internacional de las ciudades, que presenta un comparativo entre los marcos jurídicos e institucionales de los gobiernos locales europeos y de América Latina, junto con sugerencias para el futuro desempeño de los gobiernos locales.

Dicha evolución en las relaciones internacionales, ha generado como resultado la construcción de marcos jurídicos híbridos, que permiten la continuidad del dominio del Estado en los asuntos exclusivos, con límites claros para la acción de las ciudades que se desarrollará en el marco de la legalidad, con ello se garantiza la integridad del gobierno central.

La realidad de los marcos jurídicos, consiste en que éstos no reflejan correctamente la acción exterior de los gobiernos locales y, en muchas ocasiones estos, se desempeñan a nivel internacional contrario a lo que establecen sus leyes estatales, por ello, se hace necesario efectuar mejoras en su regulación legal y actualizarla. El caso del marco legal colombiano es analizado en el documento, respecto a este se menciona su carácter permisivo, pues AL-Las (2013a) “la Constitución y el marco legislativo permiten la actuación de los gobiernos locales de manera indirecta” (p. 63).

El estudio deja de lado la competencia del Estado-nación y privilegia las ideas de horizontalidad, interés mutuo, reciprocidad, proximidad y la defensa de la democracia local. Finalmente, es importante resaltar el reconocimiento que la publicación de AL-Las (2013a), hace a Colombia, como el país que en la región reporta las mayores iniciativas de cooperación sur-sur y triangular.

Pero, ¿cómo llevar a la realidad una gestión que requiere unos resultados tan precisos?; Eckersley (2004) lo resume en elaborar acuerdos multilaterales correctos. Según Verónica Merlo (2016), es un recurso que permite la participación internacional de los gobiernos locales “y se caracteriza por el establecimiento de relaciones horizontales flexibles, ágiles y dinámicas entre entidades, instituciones o individuos, con un alcance geográfico global o regional, buscando alcanzar objetivos comunes, intercambiando información y experiencias” (parr. 1).

Con ello, se da una construcción en dos sentidos: para la ciudad que solicita cooperación técnica, surge la posibilidad de obtener conocimiento de primera mano por un par que ya la haya implementado y, la ciudad que transfiere la buena práctica, se posiciona frente a las otras y genera valor para su territorio.

La actuación del gobierno de Bogotá en materia ambiental debe entenderse desde elcarácter de biodiversidad de Colombia, que leubica en el segundo lugar a nivel mundial (Portafolio, 2010). En 2012, durante la cumbre Ciudades y Cambio Climático, la viceministra de ambiente Adriana Soto, aclaró que, para ese momento, Colombia era el tercer país más vulnerable en el mundo, en razón a los efectos generados por el fenómeno de la niña del año anterior, por lo que el riesgo frente al impacto del cambio climático era muy alto (El Tiempo, 2012); en ese sentido, la escasez de agua es uno de los factores que refuerzan la vulnerabilidad del territorio (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2012).

La estructura ecológica principal de Bogotá está compuesta por cuatro páramos, a saber: Sumapaz, catalogado como el más grande del mundo, Chingaza, Guacheneque y Guerrero, existen 130 quebradas al interior de la ciudad, las áreas protegidas, los corredores ecológicos, la zona correspondiente al rio Bogotá y los cerros orientales que se extienden a lo largo de 53 kilómetros (Andrade, 2008).

Por esa razón, el gobierno de la ciudad ante la vulnerabilidad del territorio y su población, contrastado con la riqueza de sus recursos naturales y la importancia de su contribución a la economía nacional, desplegó medidas enfocadas a la actuación de manera sustentable, como se argumenta a continuación.

En entrevista concedida a Caracol Radio (2011), el profesor Andrea Lampis que en ese momento coordinaba el Marco Conceptual del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, resaltó el avance hecho por la ciudad durante última década en subtemas enfocados a la adaptación al cambio climático, fenómeno compuesto por múltiples dimensiones, igualmente, calificó como un éxito la incorporación del término ciudad-región.

Respecto de la construcción de una normatividad pro-verde, el artículo 45 del Plan Distrital de Desarrollo 2012-2016, fue el primero que en la ciudad incluyó el concepto de cambio climático, en él se instauró el programa Bogotá Humana Internacional, que trazó por meta posicionar a la ciudad-región en dicha materia, mediante la implementación de una política de internacionalización enfocada en las relaciones sur-sur (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012), mediante el proyecto prioritario denominado “Liderazgo estratégico, cooperación integral e inversión con sentido social” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013), cuyo objetivo principal era estrechar las relaciones con las otras autoridades de Latinoamérica. La estrategia fue planteada para desarrollarse en torno a dos ejes principales: primero, cambio climático y desarrollo urbano sostenible y, en segundo lugar, paz, posconflicto y derechos humanos, bajo la coordinación de la oficina de Relaciones Internacionales.

Entonces, en este punto es notoria la implementación de las estrategias planteadas desde el proyecto AL-Las (2013a), en la cual se enfatiza la necesidad de fortalecer las oficinas de relaciones internacionales de las ciudades, lo cual contribuirá (luego de un correcto ejercicio) al posicionamiento de las prácticas en las redes a las cuales pertenece la ciudad, igualmente, a ejercer la actuación de los gobiernos locales desde el marco dado por las políticas públicas, que otorga la posibilidad de generar conocimiento para el país y contribuir a la configuración paulatina de un Estado transnacional verde.

Aquí, se hace referencia a la estrategia internacional diseñada desde el 2012 dirigida al cambio climático, articulada con el Plan Distrital de Desarrollo en el eje dos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012) “Una ciudad que enfrenta el cambio climático y se organiza alrededor del agua” (p. 62) , para ello se creó una articulación entre las políticas de gestión ambiental, gestión del riesgo y el ordenamiento territorial, enfocada a posicionar a la ciudad como líder en mitigación y adaptación, igualmente a adoptar y posicionar estrategias de ecourbanismo.

Para que el gobierno de Bogotá pudiera concretar el objetivo de posicionarse como líder tras sus interacciones como ciudadano verde en la sociedad internacional, debe retomarse a Eckersley (2004) , que plantea a un Estado buen administrador de los recursos ambientales de su territorio y un buen ciudadano internacional en la sociedad de los Estados, aquí radica la coherencia con el método que la autora denomina: ecología política crítica.

La competencia por el reconocimiento, es la forma en que las grandes redes de ciudades han esculpido la interacción de los gobiernos locales, y es que ¿quién no quiere ser admirado por liderar un territorio que además de querer ser replicado, moviliza la inversión internacional?

Ahora bien, las relaciones internacionales son tradicionalmente vistas desde la fortaleza material que acompañe a un gobierno, también equiparable a la política de prestigio, pero, el prestigio proveniente de la actuación de ciudadanos como agentes que influencien en la toma de decisiones, no es un factor que se resalte habitualmente. Así, el objetivo trazado para el presente apartado consiste en analizar el impacto objetivo del gobierno de Bogotá, teniendo en cuenta la postura de actores no gubernamentales.

En ese sentido, se ampliarán los postulados de la teoría verde, en lo relativo al rol que debe desempeñar la sociedad civil dentro del Estado transnacional verde, que junto con la postura del proyecto AL-Las (2013a, 2016a) en esa materia, permitirá establecer un marco de análisis para comprender la experiencia aportada desde el gobierno local bogotano, a la luz del desarrollo y alcance del Encuentro.

Eckersley (2004) plantea el derecho ambiental y la sociedad civil, acompañada de los nuevos discursos democráticos, dentro de los cuales la autora resalta el derecho a saber, la clasificación de impacto ambiental, el desarrollo de mecanismos de democracia directa, entre otros. La meta trazada, se enfoca a conseguir una interacción entre los tres enfoques.

Así, el Encuentro de las Américas frente al Cambio Climático tuvo por objetivo “promover, catalizar y potenciar la acción climática de los actores no estatales, y contribuir al empoderamiento de la sociedad frente al cambio climático, para apoyar la adopción en París de un acuerdo climático global ambicioso e incluyente” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015a).

Durante el Encuentro de las Américas el gobierno distrital realizó especial énfasis en el crítico futuro que le esperaría a la ciudad si las prácticas se mantuvieran, visible en un incremento de 4° centígrados de temperatura para los siguientes 30 años, con ello, el 60% de los páramos se deterioraría, es decir, el 60 por ciento menos de agua para una megaciudad como Bogotá. De allí provino la decisión de convocar, además de los gobernantes, a los movimientos sociales y políticos de toda América para el 22 de septiembre de 2015 (Petro, 2015)

Así las cosas, la ciudadanía transnacional (Eckersley, 2004) se desarrolló en razón al evento en mención, y se refleja en la construcción de la Carta de Bogotá, documento base del Encuentro de las Américas, producto del concurso y compromiso de los líderes sociales de las Américas, quienes fueron consultados en lo respectivo a las afectaciones de sus territorios en materia ambiental, en su calidad de comunidades afectadas ante las extremas variaciones climáticas de sus locaciones. Los argumentos fueron transmitidos y recopilados en forma de peticiones a los gobiernos que tendrían la responsabilidad de establecer el acuerdo climático mundial en la COP 21 - Paris y, La Carta de Bogotá fue anunciada desde los portales web de las redes de ciudades a las cuales Bogotá pertenece, una de las mayores coberturas fue hecha por la red CGLU, quien la catalogó como un documento que recoge la posición e impacto de los temas del encuentro en los niveles “local, regional e internacional, así como el impacto del cambio climático para la ciudad, sus ciudadanos y los gobiernos locales” (CGLU, 2015a).

La esfera transnacional verde, se fortaleciócon el compromiso de 1.500 ciudades, que el 22 septiembre de 2015 se trazaron por meta disminuir el tránsito de vehículos particulares, adaptando el día sin carro de Bogotá que se realiza desde el 24 de febrero del año 2000 por mandato ciudadano. Con ello se produjo una disminución real de CO2 en el Planeta (Petro, 2015) y para el caso de Bogotá significó entregar el primer reporte de calidad de aire en la historia del país (Secretaría Distrital de Ambiente, 2015) .

La Carta de Bogotá fue incorporada al desarrollo de la COP 21 en la agenda desarrollada con las redes de ciudades a las que pertenece la ciudad; allí, fue presentada como una herramienta de empoderamiento a la sociedad civil y un camino para obtener la legitimidad desde el gobierno local, en razón a que la actuación es motivada por la vulnerabilidad de los ciudadanos que residen en el territorio por ellos gobernado, quienes cuentan con una posibilidad de democracia directa, para contribuir en la construcción de un escenario incluyente, que haga frente a los nuevos desafíos que traza el cambio climático, ciertamente, es un documento que va en consonancia con el modelo del Estado verde de Eckersley

Comprender el éxito de la ciudad de Bogotá al interior de la red de Ciudades y Gobiernos Locales Urbanos- CGLU, permite, como es propio de la disciplina de las relaciones internacionales, llevar la dinámica trazada a la caricaturización de las relaciones interpersonales. Entonces, se pregunta al lector sobre: ¿Qué le motiva a establecer alianzas? ¿Cuál es su razón para construir sus metas? ¿Qué lo ha llevado a ocupar su posición actual? ¿Aprendió a sortear los retos y los convirtió en carta de presentación? ¿Comprendió un enfoque que le hizo único en su campo? ¿Desarrolló la capacidad de transmitir su conocimiento y a lo largo del tiempo darle valor? Seguramente todas las anteriores y ello es lo que le permite atesorar una experticia que el campo necesita para evolucionar, usted es seguramente, la respuesta a una necesidad.

Es así como el ejercicio desarrollado por la ciudad de Bogotá da muestra de una construcción que enriquece a nuestra región, ante la amenaza que traza el cambio climático a la vida como se conoce y que mientras lo hace, construye a una ciudad que, en razón a su percepción e interpretación de la amenaza, puede realimentar los procesos de construcción de la esfera ambiental desde su experiencia, hasta dar muestra de llevar consigo los aspectos desarrollados por Eckersley (2004) en su obra.

La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales - CGLU, creada en 2004, se yergue como la voz de estos ante la Organización de las Naciones Unidas, y su motivación para establecer alianzas está trazada por su objetivo, consistente en “Ser la voz unida y representación mundial de los gobiernos locales autónomos y democráticos, promoviendo sus valores, objetivos e intereses, a través de la cooperación entre los gobiernos locales y regionales, y ante la vasta comunidad internacional”(CGLU, 2016a) que, a la vez, se constituye como artífice de sus metas.

Redcisur nació en 2012 como respuesta a la necesidad de los gobiernos de las capitales suramericanas de constituirse como actores propositivos en torno a tres ejes: medio ambiente, seguridad y convivencia, urbanismo y planeación. Así, desarrolló su agenda de trabajo de la mano con redes como Mercociudades, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas -UCCI y con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales - FLACMA. Así, en su estructura agrupó a las ciudades de Asunción, Bogotá, Buenos Aires, La Paz, Montevideo, Quito, Santiago de Chile, Sucre y como miembro honorífico Ciudad de México D.F (Redcisur, 2016) .

La reunión trianual de los miembros de CGLU se realiza en una ciudad distinta cada tres años y es el espacio en que los dirigentes de las autoridades regionales, junto con las asociaciones que las representan se dan cita para debatir y definir la agenda a desarrollar en el mediano y largo plazo, que, en efecto, integra aspectos como la democracia local y la descentralización. De allí se deriva el interés de los gobiernos locales para convertirse en su anfitrión.

En 2013, la convocatoria lanzada por la red para recibir las postulaciones de las ciudades que quisieran acoger la cumbre mundial en 2016, guardó un factor diferencial con las convocatorias anteriores en razón a que se trataba de los aportes que una semana después serían presentados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos - Hábitat III, la cual se realiza cada veinte años y tendría lugar en Quito - Ecuador.

De esa manera, Bogotá fue elegida como ganadora para ser sede del congreso mundial de la red en 2016 (CGLU, 2013); entonces, aspectos como ser la capital de un país con medio siglo de conflicto armado y los efectos que de allí se desprenden, fueron desplazados por la propuesta del evento, que secundaron organizaciones como la Cámara de Comercio de Bogotá, Invest in Bogotá, Greather Convention Boreau y Procolombia (La República, 2015).

Debido a lo que implicó para Bogotá convertirse en la ciudad sede del Congreso, puede entenderse la gestión desarrollada por parte de Redcisur, enfocada a establecer la unidad en un escenario caracterizado por el contraste entre las distintas actuaciones de las redes que agrupan ciudades, pues la dispersión propia de la región es una causal de pérdida de interés por parte de algunos actores de alcance regional o global.

Es igualmente importante enlazar el respaldode CGLU al Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático, un evento organizado y liderado por la Alcaldía de Bogotá, pues debe entenderse en consonancia con la declaración política de la Reunión de Alcaldes y Autoridades Locales de América Latina que tuvo lugar durante el 4° Congreso Mundial de la red en Rabat - Marruecos en 2013, en la cual se concluyó que América Latina no tenía el espacio que se merecía dentro de la Red.

A la par, el llamado se dirigió a “que se incorporen con fuerza a CGLU redes ya consolidadas como Mercociudades, así como las nuevas tendencias que nacen con ímpetu en tiempos recientes como es el caso de la Redcisur” (AL-Las,2016a, pág. 96). Redcisur fue artífice del legado para las futuras generaciones, pues en su gestión puede identificarse el enlace entre las redes de ciudades en el campo de la comunicación tal como lo contempla la red AL-Las (2016b) y la esfera transnacional verde Eckersley (2014).

Así, el proyecto AL-Las (2016b) enfatiza que es necesario para los gobiernos locales visibilizar sus intereses en las agendas globales, razón por la que las redes de ciudades deben tener la capacidad de implementar estrategias de comunicación asertiva dirigidas a los actores más influyentes, donde se especifique las agendas en que se pretende tener influencia. En ese tránsito hacia el posicionamiento, las interacciones entre la ciudad y los ciudadanos deben ser pieza clave tanto en las estrategias de comunicación de las ciudades, como al interior de sus redes, todas ellas enfocadas a las agendas globales.

En este punto se retoma la transnacionalización de la democracia planteada como factible porEckersley (2004) ; igualmente, la referencia hecha referente a la normatividad que puede ser apoyada por acuerdos multilaterales, entonces el propósito consiste en enlazarlo con la gestión para las futuras generaciones y las autoridades que deben ser creadas para visibilizar y asegurar la inclusión en la toma de decisiones relacionadas con las consecuencias ambientales, y con ello materializar el poder del ejemplo (Eckersley, 2004).

Se amplía lo referente a la autonomía estatal y el crecimiento de los problemas globales transfronterizos, para responder a la pregunta hecha por la autora, enfocada a encontrar la manera en que el sistema legal democrático se democratiza en un mayor nivel, frente a otros sistemas de direccionamiento como la economía. Al respecto, un Congreso Mundial de CGLU refleja para la ciudad anfitriona aspectos que le otorgan legitimidad económica, en razón a la oportunidad de negocios que se pueden generar, pues se calcula que el evento implica una inversión diaria de US$ 587 por asistente extranjero y la ciudad recibió a más de 3.000 (La República, 2015).

En la presente sección se presenta a la luz de los postulados de Eckersley (2004) y del proyecto AL-Las, la gestión implementada por Redcisur, en la que confluyen los elementos anteriormente sustentados, en razón a los inconvenientes que en materia de gestión tienen lugar en la región más urbanizada del planeta, frente a la oportunidad y visibilidad que generan para la misma el Congreso de CGLU y la Cumbe de Habitat III.

La Declaración del Congreso de CGLU en 2016 reafirma el compromiso por parte de los líderes locales con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la cual están contenidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, en ella se hace referencia específicamente al Objetivo 11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (ONU, 2015), a la vez hace un llamado a renovar la “Arquitectura de Gobernanza Global bajo un Sistema de Naciones Unidas renovado con mayor participación de los grupos de interés, en general, y con el reconocimiento de los gobiernos locales y regionales como grupos de interés gubernamentales, en particular” (CGLU, 2015b), lo cual planteó para la COP-21 una coyuntura tangencialmente distinta, ya que los ODS se desarrollan en ambas agendas:las locales y las nacionales.

En este sentido, se presenta el ejemplo de la transformación desde abajo propuesta porEckersley (2004), pues son las ciudades a las que se van a hacer mención las que hicieron manifiesto su deseo de agruparse y constituirse como una unidad que direcciona el cambio, que se aleja de lo tradicionalmente impuesto desde la cima de la jerarquía y obliga a las unidades a adaptarse a los acuerdos. Se da cuenta de la consolidación de una zona de afinidad mayor a las existentes en la región, que, sin importar su ubicación geográfica, lleva a la realidad la democracia transnacional genuina, una masa crítica.

Dicha masa, se encuentra representada en el Compromiso de Alcaldesas y Alcaldes de América Latina por la Unidad en la Diversidad, documento redactado por FLACMA (2015), Mercociudades(CGLU, 2015b), UCCI (2015), Redcisur(2015), AL-Las (2015), las cuales convocaron a los líderes locales de sus ciudades miembro para acudir a la lectura y firma del mismo, realizada en París durante un evento de ciudades paralelo a la agenda de la COP 21. En él, se enmarca a las ciudades y actores locales como actores del desarrollo, a la vez que se resalta la constante interacción que se ha generado entre las redes de alcance regional, global y nacional. Allí, se resalta la contribución de redes como FLACMA, Mercociudades, UCCI, Redcisur, AL-Las, las asociaciones que tienen lugar en centro América y el Caribe - CAMCAYA, y el Grupo Abierto de Trabajo Permanente de ciudades y gobiernos de América Latina - GATP.

En el Compromiso, se resalta el problema que representa el riesgo al que están expuestas las poblaciones en relación con los efectos del cambio climático, que se suma a los déficits en materia de vivienda, precariedad relativa al acceso a servicios públicos, además de otros factores allí consignados, que contrastan con el carácter de laboratorios de innovación que han adquirido algunas de las ciudades. Con miras de constituir una nueva organización para presentar durante el Congreso Mundial de CGLU en Bogotá, se creó un grupo político de 22 Alcaldesas y Alcaldes que mediante el funcionamiento como red sirve como plataforma de toma de decisiones colectivas.

El compromiso tuvo continuidad en Panamá, ciudad en la que además de presentarse el Plan Estratégico de la red vigente desde 2016 hasta 2020, se realizó la mesa de trabajo llamada “Gobiernos Locales: Desafíos y retos de 2016”(UCCI, 2016). De aquí se desprende un nuevo proceso (Eckersley, 2004), la mutua democratización de los Estados y sus sociedades, que funciona en una relación virtuosa con la modernización ecológica reflexiva en el nivel doméstico y más activo en el multilateralismo ambiental por esos Estados y sus ciudadanos en el lado internacional, con ello, la propagación de Estados verdes.

Se hace referencia a la Coordinación Latinoamericana - CORDIAL, dada a conocer durante la XVII Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, producto de las interacciones entre FLACMA, Mercociudades y AL-Las, cuyo texto final enuncia que estará regida por lineamientos de “cooperación, consenso, liderazgo compartido y construcción de valor agregado con el respeto a la institucionalidad de cada una de las organizaciones” (UCCI, 2016).

Esta es la nueva representación de América Latina, que desempeñó su primera gran acción durante el V Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU en Bogotá, y se alinea con lo enunciado por el proyecto AL-Las(2016b), respecto a la necesidad de establecer alianzas que conduzcan a conformar una masa crítica que sea escuchada e incida en la toma de decisiones acerca de los aspectos que tienen relevancia en su desarrollo cotidiano, por lo que se plantea al trabajo en red como indispensable, una respuesta al carácter hasta ahora limitado de los gobiernos locales respecto a su actuación en la agenda global.

Así es como se da cuenta de una “herencia genética” en donde los esfuerzos del gobierno de Bogotá correspondiente al periodo de estudio y de Redcisur (disuelta por el gobierno local posterior) son tangibles, pues la Red CORDIAL es considerada como un actor esencial para el ejercicio del municipalismo en Iberoamérica, al agrupar en su estructura a las cuatro redes que desarrollan el municipalismo en la región latinoamericana:la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas - UCCI, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas - FLACMA, Mercociudades y la Alianza Euro-latinoamericana de Cooperación entre Ciudades - AL-LAs(UCCI, 2018).

Su aporte a la construcción del Estado verde pudo observarse durante la Cumbre de CGLU en 2019, que produjo la Declaración Política de Durban, denominada “Visualizando el futuro de nuestro renovado movimiento municipal internacional”, para su construcción se realizaron reuniones por primera vez en un Congreso de CGLU. Así, el denominado, “Documento Final de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales”, establece prioridades continentales y se dirige de manera específica con recomendaciones adaptadas a las regiones (ISSD, 2019).

De él es necesario resaltar la alineación dada entre las prioridades locales con la Agenda 2030 y el Derecho a la Ciudad en un esfuerzo coordinado por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), así como alcaldes y representantes de la Comisión Europea y CGLU África.

La gestión de Bogotá en materia ambiental da cuenta de un ejercicio exitoso de cooperación descentralizada, pues implementa estructuras que se construyen a partir de las estructuras existentes de los gobiernos locales, y así mismo reinventa la manera de ejercer la disciplina, pues no implementan mecanismos que requieren la adaptación de los gobiernos locales, sino adaptados a ellos. Igualmente, es una referencia del proceso que se adelanta en el denominado siglo de las ciudades, y de la evolución del rol de las urbes, de territorios sin voz, a ciudadanos globales que piensan sus acciones en términos de legado para las futuras generaciones.

Bogotá, es un caso que da cuenta del aporte que puede hacer una ciudad al interior de las redes de ciudades, pero que, al mismo tiempo, comprende las falencias de estas y las interpreta como una oportunidad para construir región. En razón a la interpretación de esas necesidades, como oportunidades, el gobierno distrital creó la Red de Ciudades Suramericanas [Redcisur] con el beneplácito de los mandatarios de las ciudades que se sumaron a su estructura en el 2012 (Redcisur.2012).

Entonces, es posible observar la manera en la que ganar la sede del Congreso de la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales Unidos - CGLU, se constituyó en causa y motivación para potencializar acciones que permitieran entregar un evento con resultados diferenciadores para la región, con una construcción simultánea para la misma, en aras de centralizarse en una sola voz, que más allá de dar cuenta de la situación de vulnerabilidad que se cierne sobre ella, se convierte en una vitrina para mostrar una gestión con legado.

Así, la actuación en red puede ser vista más allá de lo local, pues el éxito de una ciudad otorga legitimidad al nombre de un país, de allí la reinvención de la disciplina de las relaciones internacionales, que puede leerse desde ambos sentidos, ya que para un gobierno nacional obtener el éxito en su gestión podría darse mediante la articulación de las ciudades en red.

La red CORDIAL, no desconoce la experiencia desarrollada por las otras redes de ciudades que se dan cita en la región, lo que pretende es darle un impulso a su actuación, para acortar el horizonte temporal hacia el cumplimiento de metas. Al captar la atención de actores que han dirigido sus inversiones hacia otras regiones y ante la incomprensión respecto a diversidad manifiesta en América Latina.

El protagonismo de Bogotá como actor estratégico en la construcción de la gobernanza global ambiental, se nutre de las dinámicas dadas al interior de las redes de ciudades de alcance global a las que pertenece, a la vez que construye su rol mediante la actuación desempeñada en Redcisur y el alcance adicional que otorga a los eventos desarrollados en su territorio, mediante la integración del componente ciudadano como actor regional.

La Carta de Bogotá, es un ejemplo de los ejercicios que plantean la construcción de los actores locales desde abajo, a partir del conocimiento atesorado por sectores de la población civil, tradicionalmente excluidos del proceso de formulación de políticas, que fue dado a conocer en un escenario global como la COP 21 y proyectada hacia el futuro durante los Congresos Mundiales de CGLU en 2016 y 2019.

Con todo y lo anterior, se evidencia el papel de una ciudad de recursos aparentemente limitados, que gerenció dicha coyuntura hasta posicionarse como un actor relevante en la construcción de la gobernanza global ambiental y dejar un legado a manera de herencia genética, que avance y se proyecte en la actuación multinivel.