Con ocasión al anuncio de pandemia por COVID- 19 hecho por la Organización Mundial para la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 y de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud el 12 de marzo del mismo año, el presidente de la República declaró, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional y, posteriormente, lo prorrogó mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 con el fin de conjurar los efectos de la pandemia del COVID-19. En consecuencia, el Gobierno y las demás autoridades públicas del orden nacional y territorial, dictaron medidas de carácter general dirigidas a superar la emergencia sanitaria y/o disuadir la ampliación de sus consecuencias.
El presente documento pretende, entonces, identificar las tensiones y desafíos que atravesó el Consejo de Estado —como máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo— al momento de abordar el control jurisdiccional de los actos administrativos proferidos en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el gobierno nacional con ocasión de la pandemia por COVID-19. Para tal propósito, se estudiarán las decisiones adoptadas por las diferentes salas especiales de decisión al momento de resolver el asunto de fondo y, además, se efectuará un análisis estructural de las sentencias dictadas por estas, con el fin de establecer un balance conceptual de la doctrina jurisprudencial vigente y, consecuentemente, su regla de conducta estándar.
On the occasion of the announcement of the COVID-19 pandemic announcement made by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, and the declaration of the state of sanitary emergency by the Ministry of Health on March 12 of the same year, the President of the Republic declared, through Decree 417 of March 17, 2020, the state of economic, social and ecological emergency throughout the national territory and, subsequently, extended it through Decree 637 of May 6, 2020 in order to avert the effects of the COVID-19 pandemic. Consequently, the Government and the other public authorities of the national and territorial order, dictated general measures aimed at overcoming the sanitary emergency and/or dissuading the extension of its consequences.
The purpose of this document is to identify the tensions and challenges faced by the Council of State, as the highest body of the administrative litigation jurisdiction, when dealing with the jurisdictional control of administrative acts issued in the framework of the state of economic, social and ecological emergency decreed by the national government due to the COVID-19 pandemic. For this purpose, the decisions adopted by the different special decisional chambers at the time of resolving the merits of the case will be studied and, in addition, a structural analysis of the sentences issued by them will be made, in order to establish a conceptual balance of the current jurisprudential doctrine and, consequently, its standard rule of conduct.
Uno de los grandes propósitos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue eliminar la práctica política de recurrir al Estado de sitio con el fin de reforzar los poderes del ejecutivo, para evitar que, en uso de tales medios se enfrentarán desafíos ordinarios que no justificaban orgánicamente ese tratamiento
El excesivo presidencialismo del poder ejecutivo en Colombia propició un régimen que, si bien era democrático, en la práctica se observaba autoritario. En este contexto, el Ejecutivo asumió el control de sectores vitales de las demás ramas del poder público y agredió el principio de separación de poderes inherente del Estado social de derecho
En sentencias como la
La Constitución Política de 1991 prescribió la configuración del estado de excepción
El lugar que ocupa el ejecutivo dentro de la institucionalidad obedece a los poderes que la Constitución le reconoce y a los que con ocasión a su partido logra constituir. Un sistema político es “hiperpresidencial” cuando la administración predomina sobre los demás órganos del Estado con una concentración de funciones ejecutivas y legislativas en cabeza suya. Así las cosas, estamos frente a un sistema político “hiperpresidencial” cuando la Constitución le permite participar del proceso de creación de la ley, bien por poderes excepcionales o regulares, o bien porque su partido ocupa la mayoría de las curules en el Congreso.
La Constitución de 1991 buscó atenuar el presidencialismo con la implementación de facultades legislativas moderadas y la disminución de los poderes partidistas; aun cuando el ejecutivo intentó seguir dirigiendo el país con los estados de excepción, la Corte Constitucional y su particular tarea de control le obligó a gobernar desde un estado de normalidad
Por su parte, el legislador dispuso con especial cuidado de regulaciones y controles a los poderes extraordinarios otorgados al Gobierno en vigencia de los Estados de excepción, con la intención de proteger los derechos y libertades de los administrados, de conformidad con la Constitución, la Ley y los tratados internacionales
Dentro de dichos controles se encuentran el político y los jurídicos, entendidos como el constitucional y el legal. El Congreso de la República ejerce el control político al revisar la conveniencia y oportunidad de los decretos legislativos dictados por el Ejecutivo con el fin de declarar y establecer el Estado de Emergencia, para descartar la posible responsabilidad del presidente de la República y sus ministros, sobre aquellos casos en que la excepcionalidad haya sido declarada sin ocasión a las premisas contempladas por la Constitución
En cuanto a los controles jurídicos, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ejercicio del control inmediato de legalidad, verifica, enjuicia y/o inspecciona de manera urgente las disposiciones de carácter general que se dicten en uso de la función administrativa y en desarrollo del estado de excepción; y que la Corte Constitucional como garante de la efectividad de la Constitución, revisará formal y materialmente, los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los estados de excepción.
Es posible concebir, entonces, que el control inmediato de legalidad sobreviene del compromiso estatal de lograr en forma real, que a través del ejercicio judicial se restituya el orden jurídico, se garantice el equilibrio de poderes alterado mediante la asunción de facultades extraordinarias al Ejecutivo, y se protejan las garantías que se crean vulneradas.
De manera que con la expedición del
Así las cosas, el presente documento pretende identificar las tensiones y desafíos que atravesaron las diferentes Salas Especiales de Decisión al momento de abordar el control jurisdiccional de los actos administrativos proferidos en el marco del estado de emergencia, como respuesta de las realidades sociales y jurídicas atípicas, que alteraron las bases del ordenamiento jurídico y desbordaron la capacidad de respuesta del juez de lo contencioso administrativo, sin que esto signifique, —vale aclarar— que el Consejo de Estado ignoró el valor superior de la justicia, el principio de seguridad jurídica y la prevalencia del orden constitucional y legal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
Con fundamento en lo anterior, resulta pertinente formular la siguiente pregunta de investigación: ¿qué tensiones y desafíos le asisten al Consejo de Estado al conocer el control judicial de los actos administrativos proferidos en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, declarado con ocasión a la pandemia por COVID-19?
Surge así la hipótesis que motiva la presente reflexión: existen diversas cuestiones frente a las cuales los pronunciamientos del Consejo de Estado entraron en contraposición al momento de decidir sobre la legalidad de los actos administrativos proferidos en el marco del estado de emergencia; sin embargo, se insiste sobre cuatro puntos procesales que se consideran como los más reiterados: i) la tesis con la que se aborda la procedibilidad del control inmediato de legalidad, ii) la naturaleza jurídico del
La metodología del presente documento se desarrolla a partir de una investigación cualitativa, orientada a la recolección, examen, interpretación y estudio de la información descubierta
Para solucionar la problemática propuesta, se sugiere abordar su desarrollo a partir de las siguientes bases temáticas: i) un breve acercamiento al principio de división de poderes y su justificación constitucional; ii) la declaratoria del estado de excepción como función extraordinaria del Presidente de la República y sus exigencias; iii) la limitación constitucional de los estados de excepción y la identificación de los derechos intangibles y los no intangibles; iv) la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica con ocasión de la pandemia por COVID-19; v) el control judicial de los actos de contenido general proferidos por la administración con ocasión del estado de emergencia en cabeza del Consejo de Estado; vi) las tensiones interpretativas de las Salas Especiales de Decisión al decidir sobre la legalidad de los actos de contenido general proferidos por la administración con ocasión de los Decretos
Dentro de las finalidades esenciales del Estado social de derecho se encuentra el establecimiento de límites al ejercicio del poder y la garantía de la soberanía popular.
En este contexto es posible sostener, como lo hace
La Corte Constitucional, mediante la
El presidente de la República es la máxima autoridad de la rama ejecutiva
El Estado debe tomar las medidas necesarias para evitar que se presenten fallas en el orden público o, por lo menos, para impedir que las fallas se prolonguen cuando ya se han presentado. Esta facultad se conoce jurídicamente con el nombre de poder de la policía”.
El fundamento más evidente del derecho policivo tiene relación con el compendio de competencias habilitado para su ejercicio. El poder de policía en su sentido más ordinario, hace alusión al conjunto de funciones y facultades asignadas a la administración para conservar el orden público y la cohabitación pacífica en la sociedad. De forma general es ejercido por el Congreso de la República y de forma excepcional por el presidente de la República
El poder de policía presidencial se compone de funciones ordinarias y extraordinarias; las ordinarias aluden a las asociadas al numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política, y las extraordinarias a los artículos 212 a 215 ejusdem, que regulan los denominados estados de excepción, referidos a los casos de guerra exterior (art. 212), conmoción interior (art. 213) y estado de emergencia (art. 215), además de la
La Corte Constitucional define los estados de excepción como aquellas situaciones permitidas por la Constitución, con las que se invierte el ideal democrático, tras ser aceptada una condición de anormalidad que habilita al poder ejecutivo para adoptar normas con fuerza de ley, y así evitar la ruptura total del orden constitucional
El reconocimiento de las causales que admiten la declaratoria del estado de excepción, le compete de forma restrictiva al presidente de la República, quien deberá motivar las razones por las cuales lo declara y tanto él como sus ministros serán responsables, en caso de que su decreto se hiciera sin atender a las circunstancias previstas en la Constitución y por los excesos que hubieran podido cometer en el ejercicio de las funciones otorgadas con la excepcionalidad
En ese sentido, por tratarse de una situación excepcional donde la ley no es consentida por el Congreso, la Constitución, la ley y el bloque de constitucionalidad imponen una serie de restricciones dentro de las que se tiene el desarrollo limitado de las atribuciones del Ejecutivo como única alternativa conciliable con las garantías fundamentales, y como sustento de que su ejercicio es exclusivo de los casos con evidente excepcionalidad.
De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y los demás tratados sobre la causa en Colombia, el artículo 4 de la
Además de la proscripción de interrumpir los derechos humanos y las libertades fundamentales, con los Estados de excepción no se podrá suspender la actividad ordinaria de las ramas del poder público, pues de lo contrario se le otorgaría al Ejecutivo la posibilidad de declararlo cada vez que se presentarán problemas funcionales. Situación que rechaza la Corte Constitucional, al entender la escisión de facultades como uno de los principios cardinales del Estado social de derecho
En términos de
“Primero, que la libertad es inherente al individuo y, por tanto, el Estado debe protegerla frente a las limitaciones que le puedan ser impuestas. Segundo, que, a pesar de ello, el Estado tiene la competencia de limitar la libertad para satisfacer exigencias que derivan de los derechos de los demás y del bien común”. Lo anterior, sólo en aquellos casos donde la limitación se presente como imprescindible para salvaguardar los derechos de la mayoría o para la preservación del bien común.
La Constitución institucionaliza la libertad a través de los derechos fundamentales, a la vez que faculta a las autoridades políticas para limitarlos, y a los jueces para controlar dichas limitaciones. Los jueces, para el ejercicio de dicho control, se valen del análisis de la proporcionalidad, entendida como la evaluación sobre limitaciones que el legislador, las demás autoridades políticas o los poderes privados imponen a las libertades constitucionales; para que, en caso de no encontrarse ajustadas a derecho, el operador judicial pueda declarar su falta de idoneidad y necesidad.
La validación de las premisas fácticas es indispensable para la declaratoria de los estados de emergencia. Se trata de identificar sucesos sobrevinientes y excepcionales, diferentes a los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política. La Corte Constitucional, en su
La Corte Constitucional en su
En consecuencia, los decretos proferidos con ocasión del estado de emergencia deben remitir a cuestiones que tengan conexión directa con el estado de excepción, y para acceder a una segunda declaratoria será necesario expedir un nuevo decreto con todos los presupuestos requeridos constitucionalmente. Alegar la no superación del estado de crisis, no es una justificación válida, ni suficiente
Una de las preocupaciones del Constituyente de 1991 era evitar que la declaratoria de los Estados de excepción se tratará como una instrumentalización gubernamental para el arreglo de cuestiones políticas, y que, por el contrario, se normalizará la gestión de las cuestiones de orden público por los cauces regulares, manteniendo como regla general la legalidad permanente del régimen democrático y todas sus garantías esenciales.
En consecuencia, se optó por crear un derecho constitucional de excepción que establece las condiciones para su uso, fija los límites de la autoridad del ejecutivo y crea un sistema de frenos y contrapesos sometidos a ellos. Este sistema se rige por leyes de especial jerarquía y naturaleza reglamentaria, como lo es la
Aclarados estos conceptos, se tiene que el presidente de la República declaró mediante el
Tales decretos fueron proferidos con ocasión al anuncio de pandemia por COVID-19 hecho por la Organización Mundial para la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, y a la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, el 12 de marzo de 2020, tras el "descubrimiento de un aumento considerable de los casos de contagio y del altísimo riesgo de propagación", que ponía en peligro a toda la población colombiana, con el fin de permitir el aislamiento social y la adopción de medidas que garantizaran la contención del virus
La Corte Constitucional declaro exequible el
Asimismo, la
El Gobierno, los ministros de despacho, los directores de departamentos administrativos y en general, cualquier autoridad pública del orden nacional y territorial podrán dictar actos administrativos de carácter general tendientes a regular y/o ampliar lo establecido con los decretos legislativos proferidos en el marco de la declaratoria de los estados de excepción, con la intención de adelantar o minorar el móvil originario de la excepcionalidad
Lo anterior, como respuesta a la descentralización administrativa y a su radicación de funciones en personas jurídicas diferentes al Estado, con el objetivo de cumplir de mejor manera el ejercicio del poder estatal bajo principios de autonomía, autoridad y decisión
El artículo 20 de la
Por su parte, el artículo 136 de la
Así pues, los poderes del ejecutivo no se extienden por fuera del derecho, por más excepcionales que resulten las condiciones. Las ordenes son tomadas bajo la verificación del juez de lo contencioso administrativo, encargado de controlar el cumplimiento de los límites propuestos por el ordenamiento jurídico. El control inmediato de legalidad de los actos administrativos dictados con ocasión al estado de emergencia, es un mecanismo eficaz para restablecer el equilibrio del poder público, inexorablemente alterado con el ejercicio de las facultades excepcionales del ejecutivo
La epidemia de COVID-19 provocó una modificación importante en la manera cómo se hacen las leyes, cómo se aplican y cómo se protegen los intereses de la sociedad.; a pesar de ello, y como se ha insistido, el Estado colombiano está diseñado para sostener el equilibrio entre los poderes públicos, aun cuando las realidades sociales y jurídicas alteren las bases del orden constitucional. De ahí, que el control de legalidad actúa como un instrumento limitante a las facultades de las autoridades administrativas y como prevención infalible sobre la ejecución de normas ilegales en el ámbito del estado de emergencia.
De la jurisprudencia del Consejo de Estado se advierte que, entre marzo de 2020 y mayo de 2021, la Corporación profirió alrededor de 390 sentencias de control inmediato de legalidad, en diferentes sentidos y bajo diversos criterios, pero implementando como generalidad el mismo proceso para abordar el problema subyacente, haciendo énfasis en los siguientes tres puntos: i) la identificación del estado de emergencia; ii) las particularidades del control inmediato de legalidad: que se trata de un procedimiento judicial, que la revisión es integral, independiente, inmediata y automática, que hace tránsito a cosa juzgada relativa y que es conciliable con los medios de control de nulidad simple y nulidad por inconstitucionalidad; iii) la observancia de las exigencias procedimentales y de forma del acto administrativo, para su posterior examen material.
En términos generales, los actos administrativos expedidos en el marco del estado de emergencia han sido definidos por las diferentes sala especiales de decisión como: i) ajustados a derecho, ii) ajustados con legalidad condicionada, iii) ajustados parcialmente, iv) ajustados parcialmente e improcedentes, v) ajustados parcialmente con legalidad condicionada, vi) improcedentes y ajustados a derecho, vii) improcedentes, viii) anulados, ix) anulados y ajustados a derecho, x) anulados e improcedentes, y con xi) legalidad condicionada
De los cuales el 44, 76% fueron ajustados a derecho; 18,67% ajustados con legalidad condicionada; 8,18% ajustados parcialmente; 1,02% ajustados parcialmente e improcedentes; 8,44% ajustados parcialmente con legalidad condicionada; 4,09% ajustados e improcedentes; 10,74% improcedentes; 2,56% anulados; 0,26% anulados y ajustados; 0,51% anulados e improcedentes; y 0,77% con legalidad condicionada; así las cosas, es posible concluir, que en su mayoría, los actos administrativos proferidos por la administración con ocasión al estado de emergencia fueron congruentes con lo previsto por el ejecutivo para conjurar la crisis y frenar la propagación de sus efectos.
Ahora bien, del estudio de sus decisiones, podemos observar las tensiones y desafíos que atravesaron las diferentes salas especiales de decisión a la hora de fallar sobre la legalidad de las medidas de carácter general, dictadas por la administración, en el marco del estado de emergencia.
En el ejercicio del control de legalidad existen, entre las salas especiales de decisión, dos tesis para la revisión de sus requisitos de procedencia. La primera denominada como tesis formal o estricta, y la segunda como tesis material o sustancial.
La tesis formal o estricta es aquella que hace una interpretación literal, exegética y taxativa del numeral 3º de los artículos 20 de la
Sobre este punto, la Sala Especial de Decisión No. 8 señalóque el concepto de decreto legislativo no se aplica a las demás normas dictadas por el Gobierno mientras esté vigente el estado de excepción, ya que la función administrativa del presidente de la República continúa vigente y coexiste con las facultades extraordinarias que se le otorgan temporalmente
En consecuencia, para la tesis formal o estricta, el control inmediato de legalidad sólo se admite sobre las medidas de carácter general dictadas en desarrollo del
En contraste, la tesis material o sustancial, definida por la Sala Especial de Decisión No. 12, considera admisible el control de legalidad sobre los actos administrativos que no invoquen expresamente el
El estudio material del acto objeto de control, deberá tener en cuenta si las disposiciones adoptadas por la autoridad administrativa están vinculadas razonablamente con las causas de su génesis; es decir, que no desborden el propósito de la emergencia y que no limiten de forma grave, injustificada y arbitraria los derechos y libertades de las personas.
Del mismo modo, sobre los derechos que no son apreciados como intangibles, y que pueden ser restringidos durante los estados de excepción, deberá atenderse por el ponente un análisis de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad con respecto a los estándares que sustentan directamente su limitación.
Este análisis se entiende consagrado en los sistemas interamericano y europeo de derechos humanos, como la verificación de la proporcionalidad entre la gravedad de la crisis y las actuaciones emprendidas por el Ejecutivo para afrontar y resolver la circunstancia excepcional
Dicho esto, el numeral 3º de los artículos 20 de la
Frente a esta discusión, resulta posible sostener que la tesis material o sustantiva es la que más se ajusta a los postulados del Constituyente de 1991, en el entendido de que el control inmediato de legalidad es un mecanismo de apoyo para el restablecimiento del equilibrio de poderes, alterado con la declaratoria del estado de emergencia e intimamente atado a la protección del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva en el ámbito del estado de emergencia declarado con la pandemia del COVID-19.
La tutela judicial efectiva es un componente esencial del debido proceso, entendida por la Constitución como un derecho fundamental de aplicación inmediata y como principio del Estado social de derecho
Bajo estas consideraciones, las autoridades públicas actúan como verdaderos garantes de los derechos de los ciudadanos, en su compromiso gubernamental de lograr mediante acciones judiciales el restablecimiento genuino y no sólo conceptual del ordenamiento jurídico, con la protección de las garantías personales que eventualmente sean percibidas como vulneradas.
El estudio formal y material que procede con el control inmediato de legalidad exige que el acto administrativo sea de carácter general, que se emita como respuesta de la función administrativa y que desarrolle algún decreto legislativo. Sobre este último requisito surge una diferencia interpretativa entre las distintas Salas Especiales de Decisión, pues mientras algunas sostienen que el
La mayoría de las Salas Especiales de Decisión que consideran al
Por su parte, las Salas Especiales de Decisión que consideran al
Al respecto, señalan que uno de los rasgos más significativos del estado de emergencia es que además del “decreto declarativo”, que es el que declara la situación de emergencia, el presidente de la República puede expedir decretos con fuerza de ley, nominados “decretos legislativos”, encaminados únicamente a alejar la crisis y a impedir la ampliación de sus consecuencias. Lo que nos deja al
En esta oportunidad, y en consonancia con la tensión interpretativa previamente expuesta, se comparte la postura de quienes sostienen que el
No obstante, resulta necesario enfatizar en el deber que le impone el artículo 10 de la
Ésto, no solo por la situación que aquí se presenta, sino por el ambiente de inseguridad jurídica que produce la “federalización de la jurisprudencia”, donde las Corporaciones, incluida el Consejo de Estado generan sus propias líneas jurisprudenciales, contradictorias entre si y con las de los tribunales de departamento, provocando que en un periodo muy corto existan pronunciamientos opuestos sobre un mismo tema, siendo incluso, provenientes de una misma sala de decisión
En estas condiciones, se invoca el artículo 271 de la
Las normas de derecho blando son instrumentos de regulación que ayudan al desarrollo de la función administrativa de manera ágil y efectiva. Son parte de la actividad informal de la administración y su deber primorial es comunicar la norma de derecho positivo universal con el acto específico que la exige
En este contexto, resulta pertinente exponer la tensión existente entre las diferentes Salas Especiales de Decisión, a la hora de decidir si los actos de instrucción, memorandos, circulares y directivas son objeto de conocimiento del control inmediato de legalidad.
La corriente que rechaza tal estudio, soporta su decisión bajo los siguientes parámetros: i) en sentido estricto, los actos de instrucción no son un acto de contenido general, por cuanto van dirigidos a dar instrucciones a los empleados o contratistas de la entidad administrativa que los profirió, ii) no adoptan ningún tipo de medida que afecte, modifique, cree o extinga situaciones jurídicas; por el contrario, se limitan, en su mayoría a fijar recomendaciones, iii) si bien guardan relación con los móviles de la expedición de los decretos legislativos, lo cierto es que no desarrollan su contenido normativo y, iv) la jurisprudencia de la Corporación se ha referido a ellos como actos de servicio, que tienen por objeto comunicar una idea o noción de un superior jerárquico a sus subordinados
En suma, se tiene que los actos de instrucción, por desconocer un ámbito externo y estar vinculados directamente a una orientación de tipo operativo sobre los funcionarios de la entidad administrativa que los profiere, carecen de los presupuestos formales requeridos por la Ley para ser objeto del control de legalidad
En contraposición, quienes avocan el conocimiento del control de legalidad sobre los actos de instrucción, memorandos, circulares y directivas, las entienden como legítimos actos de carácter general, en manifestación del poder jerárquico de la administración, otorgándoles el calificativo de actos internos o de derecho blando; los cuales deberán ser atendidos en su legalidad, como respuesta a la preservación del orden público
Sobre este punto, debemos traer a colación la línea de la Sección Primera del Consejo de Estado, que estuvo vigente en aplicación del
En este sentido, se comparte la tesis anterior, sugiriendo a las diferentes Salas Especiales de Decisión, que hagan un estudio de cada caso en concreto, para identificar si el acto objeto de control es una verdadera medida emanada por la administración, dirigida a producir efectos jurídicos, creando, modificando o extinguiendo obligaciones; puesto que tal ejercicio supone el cumplimiento del artículo 103 de la
La última tensión está referida a la integralidad del control inmediato de legalidad y el marco jurídico a considerar por el juez a la hora de revisar la validez del acto objeto de control. Por un lado, están quienes opinan que en virtud del bloque de constitucionalidad, toda actuación que se realice en desarrollo de la declaratoria del estado de excepción está condicionada al margen de los derechos reconocidos en la Constitución, la Ley y los tratados internacionales que componen el ordenamiento jurídico
En tal sentido, señala el Consejo de Estado, que si bien la
Así las cosas, no es análogo el analizar una regla jurídica de excepción frente a un conjunto limitado de disposiciones (como lo es la Constitución), que analizarla frente al resto del ordenamiento jurídico. El alcance del control inmediato de legalidad no puede medirse bajo los mismos parámetros exigidos a la Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos dictados con ocasión al estado de emergencia.
Entonces, en el entendido de que el control es integral, no le atañe al Consejo de Estado evaluar la legalidad del acto frente a todos los presupuestos del ordenamiento jurídico que tengan conexión directa con el asunto, pero si deberá confrontarla con la regulación característica de la situación extraordinaria, y en todo caso, si el juez advierte que existe vulneración de cualquier otra norma que no haya sido interrumpida o revocada, procederá a declarar la ilegalidad del acto
En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corporación destaca la atribución que le asignó el Constituyente de 1991 de precisar cuáles serán las consecuencias de sus decisiones a través de la cosa juzgada relativa en aquellos casos en los que medien razones que justifiquen que los supuestos fácticos que avivaron la controversia de un determinado litigio, podrán volver a ser objeto de exámenes de constitucionalidad y/o legalidad, sin que con ello se desconozca que las cuestiones resueltas en el primer pronunciamiento están fijadas de manera definitiva, cuando estas sean fundadas en problemas jurídicos distintos a los ya abordados
Bajo estos postulados, se comparte la postura de quienes consideran que el carácter integral del control inmediato de legalidad, no obliga al juez a hacer un análisis de idoneidad del decreto enfrentándolo con todo el universo jurídico, puesto que como se explicó anteriormente, su sentencia hace tránsito a cosa juzgada relativa, lo que significa, que las futuras críticas judiciales sobre los preceptos no analizados podrán adoptar la forma de los controles de nulidad por inconstitucionalidad y de nulidad simple
En un esfuerzo por evitar la disolución total del orden constitucional, la Constitución Política de 1991 define los estados de excepción como una circunstancia anormal en la que se subvierte el principio democrático, confiriendo al presidente de la República la facultad de imponer normas con fuerza de ley. La identificación de las causas de tal excepcionalidad corresponde de forma restrictiva al presidente de la República, quien deberá motivar las razones por las cuales lo declara, con especial sujeción a los parámetros fijados por la Constitución para su declaratoria.
En ese sentido, por tratarse de una situación anómala donde la ley no es adoptada por el Congreso, el Constituyente de 1991 impone una serie de limitaciones y controles a las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo con el objetivo de salvaguardar los derechos y libertades de los administrados, de conformidad con la Constitución, la Ley y los tratados internacionales, preservando el equilibrio entre los órganos del poder público, aun cuando las circunstancias sociales y jurídicas cambien y se compremeta la capacidad de reacción de la administración.
El Gobierno queda facultado para dictar actos administrativos de carácter general, tendientes a reglamentar y/o desarrollar las disposiciones de los decretos legislativos dictados en el marco de la declaratoria de los estados de excepción, con el objeto de subsanar o atenuar los motivos que dieron lugar a la excepcionalidad; y como consecuencia, la Jurisdicción Contencioso Administrativa ejercerá la verificación, enjuiciamiento y control de tales actos a través del control inmediato de legalidad.
De manera que con la expedición del
Con el estudio efectuado sobre el ejercicio jurisdiccional del Consejo de Estado fue posible responder al cuestionamiento inicial, tras advertir la existencia de una serie de tensiones y desafíos de carácter procesal y sustancial entre las diferentes Salas Especiales de Decisión, de los que observamos como los más reiterados, la discrepancia sobre la tesis con la que se aborda la procedibilidad del control inmediato de legalidad, entendida como la más ajustada a los postulados del Constituyente de 1991 la material o sustancial, puesto que el control de legalidad es un instrumento de apoyo para la tutela judicial efectiva, pilar esencial del Estado Social de Derecho y garante del derecho fundamental al debido proceso.
En la misma línea, se evidenció la diferencia que existe entre quienes sostienen que el
Igualmente, está la divergencia entre si debe o no aceptarse el estudio de legalidad sobre las medidas de derecho blando. Frente a esta tensión, se considera necesario que cada caso sea analizado de manera particular, con el fin de determinar con claridad si se trata o no de una medida dirigida a producir efectos jurídicos, y con ello evitar un menoscabo adicional del ya existente, ocasionado con el estado de irregularidad.
Finalmente, se abordó marco jurídico a considerar por el juez a la hora de decidir sobre la legalidad del acto objeto de control, donde se comparte la postura de quienes consideran que el ejercicio del control inmediato de legalidad no puede basarse en iguales criterios de aquel que le corresponde a la Corte Constitucional sobre los decretos legislativos. El carácter integral del medio de control no constituye el estudio de la validez del acto con la totalidad del universo jurídico, no es lo mismo analizar una norma jurídica de excepción frente a un conjunto limitado de disposiciones, que analizarla frente al resto del ordenamiento jurídico. El asumir que el Consejo de Estado está en la obligación de realizar un estudio de tal magnitud desborda los límites de su competencia otorgada por la Constitución y la ley.
En consecuencia, la hipótesis planteada se confirma, en la medida en que, aunque fueron múltiples las cuestiones frente a las cuales los pronunciamientos del Consejo de Estado presentaron divergencias al momento de decidir sobre la legalidad de los actos administrativos proferidos en el marco del estado de emergencia; los cuatro puntos procesales desarrollados con el presente trabajo de investigación fueron los de mayor reincidencia.
Como conclusión transversal a toda la discusión, se invita al Consejo de Estado a adoptar reglas jurídicas de unificación, atienda los vacíos normativos con prontitud, como respuesta a la necesidad de contar con mayores elementos de juicio a la hora de resolver presupuestos imprevisibles y urgentes como lo fue la pandemia por COVID-19.
La emergencia sanitaria puso de manifiesto una realidad que desde tiempo atrás venía consolidándose: la globalización del derecho no da espera, y el postergar la implementación de prácticas actuales, que atiendan realmente las realidades sociales, es un deber del derecho y de sus operadores. El ordenamiento jurídico no es un simple instrumento de coerción, ni debe estar librado al voluntarismo de intereses preponderantes. La base del fenómeno jurídico es servir a la justicia y atender por igual las necesidades de los administrados