La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado está diseñada para establecer una proporción justa de las compensaciones derivadas de las providencias judiciales con cargo a las finanzas públicas y al presupuesto de la Nación (Parra Martínez y Jiménez Benítez, 2016). Emerge como una institución que analiza, desde una perspectiva técnica, jurídico-racional y económica, las disputas en contra del Estado colombiano, tanto en lo relativo a las pretensiones de los demandantes como en lo referente a los recursos que las cortes deciden aprobar para reparar el daño (Urrego Estrada, 2015).

Su origen normativo es preciso. El parágrafo del artículo 5.° de la Ley 1444 de 2011 creó la Agencia como unidad administrativa especial, en el marco de una ley que escindió el Ministerio del Interior y de Justicia y confirió al presidente facultades extraordinarias para modificar la estructura de la administración pública (art. 18). En ejercicio de esas facultades, el Decreto 4085 de 2011 fijó sus objetivos y estructura y la adscribió al Ministerio de Justicia y del Derecho, posteriormente, el Decreto 1244 de 2021 modificó su estructura orgánica. Conviene precisar un punto que la literatura suele desdibujar: aunque la reforma de 2011 coincidió con el acercamiento de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —manifestado en enero de 2011 y culminado con la adhesión del 28 de abril de 2020—, la Ley 1444 no fue expedida en cumplimiento de una exigencia de esa organización. La convergencia es de agenda, no de causalidad normativa.

La transición hacia una economía de mercado, en cuyo marco se ha planteado que el Estado responda ante diferentes circunstancias, no solo implica la renovación jurídica en la materia, sino también elevar el tema al más alto nivel del aparato estatal (Urrego Estrada, 2015). El Estado tiene compromisos y obligaciones que debe cumplir, so pena de afrontar conflictos que comprometen recursos económicos; no obstante, el análisis económico debe extenderse a estas circunstancias, en las que no se conoce plenamente el alcance del resarcimiento del daño (Rivera León, 2012). El margen de acción al que ha recurrido la estructura jurídica del Estado colombiano ha puesto de manifiesto el elevado número de agentes económicos y jurídicos dispuestos a convertir las controversias contra el Estado o sus entidades en una fuente importante de recursos (Alviar García, 2016).

La constitución de una agencia adscrita al sector justicia responde a la necesidad de defender jurídicamente al Estado (Peláez Gutiérrez, 2020). Esto implica un cambio en la perspectiva de la actuación estatal: pasar de ser observador y preservador de la rama judicial a prepararse, en calidad de demandado, para responder ante cualquier situación que lo lleve a los estrados (Decreto 1244 de 2021; Decreto 4085 de 2011). Las providencias judiciales contra el Estado son consecuencia no solo de una mala defensa, sino también de la propia debilidad institucional para atender dicho frente (Carvajal Martínez & Guzmán Rincón, 2015). De ahí que la Agencia represente la ponderación sustantiva de la ley, en tanto las controversias judiciales se acompañan de exigencias de resarcimiento reclamadas de manera desproporcionada por las partes demandantes.

El diseño no se agotó en la creación de la Agencia. El Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, dispuso que el comité de conciliación constituye una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, y le asignó la función de diseñar las políticas generales que orientarán esa defensa (arts. 2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.2.5). A ello se suman el deber de registrar la actividad litigiosa en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, que el artículo 2.2.3.4.1.1 del mismo decreto —modificado por el Decreto 104 de 2025— define como fuente oficial de esa información, y la obligación, impartida por la Agencia mediante Circular 03 de 2014, de que las entidades públicas del orden nacional formulen su política de prevención del daño antijurídico conforme a la metodología diseñada por aquella. El andamiaje existe; la cuestión es si opera.

El desarrollo del contrato social dio lugar a la creación de instituciones consagradas bajo el orden constitucional y legal, pero contempladas también desde las dimensiones política y social (Gómez Isa, 2022). La dirección tomada, sin embargo, muestra una extrapolación casi inobjetable de la responsabilidad del Estado frente a cualquier discrepancia con los ciudadanos: al no determinarse claramente el contrato social, aquel alcanza un marco de omnipotencia que conlleva una responsabilidad directa o indirecta por su quehacer (De Julios-Campuzano, 2021).

La enseñanza de la defensa de las instituciones forma parte de las razones fundamentan las profesiones desde sus componentes político y social (Peláez Gutiérrez, 2020). De ahí que deba inculcarse que al Estado y a sus instituciones, aun cuando incurran en error, ha de dárseles el espacio para responder; y que, a la vez, las intenciones que motivan dichas querellas sean objeto de revisión fiscal y judicial en los escenarios de los que comúnmente emergen (Dirección de Defensa Jurídica del Estado, 2010).

El reconocimiento de las circunstancias que generan los fallos en materia fiscal no debe limitarse a una reflexión de quienes responden de manera directa o repetitiva (Grafe, 2014). Aun cuando las consideraciones económicas no sean advertidas, el sistema jurídico no puede estar exento de responsabilidad (Gutiérrez Ossa, 2014). Si el presupuesto nacional se aprueba mediante una ley, la posición de la justicia no puede limitarse a un ajuste para el periodo presupuestal siguiente, por cuanto las finanzas públicas se orientan, no se ejecutan (Villate Barrera, 2014).

En las escuelas de derecho debe promoverse la defensa del Estado antes que que adoptar las demandas como sustento para hacer valer derechos (Cordero Gutiérrez, 2013), matizando el quehacer jurídico en relación con los ámbitos de mejoramiento que deben identificar las entidades para articular criterios de eficiencia (Carrillo Flórez & Varela, 2013). En las escuelas de economía, incorporar los criterios jurídicos desde la perspectiva de los mercados sirve para entender lo que implica defender al Estado frente a las acciones contractuales a las que está expuesto (Molina-Betancur, 2010). Es imperativo que la economía alerte sobre las fallas jurídicas que aparecen cuando se analizan las circunstancias desde un único foco de interés y se descuidan riesgos que terminan en demandas (Comité de Deuda Pública de INTOSAI, 2003).

El estudio jurídico-económico de la acción estatal debe dar lugar a instrumentos con los que permitan evaluar, mediante razonamientos equitativos, las problemáticas en las que se encuentre involucrado el Estado y determinar los fundamentos a los que pueda recurrir para que, aun cuan exista culpa, asuma la menor carga económica posible.

El análisis de la defensa patrimonial frente a las decisiones judiciales implica una revisión de las condiciones macroeconómicas del país y de las fuentes de recursos para atender dichas exigencias (Urrego Estrada, 2015). El sistema jurídico debe tener claridad en materia de racionalidad jurídica, pero también económica, por cuanto, en aras de restablecer derechos o resolver querellas sin medida, podría perjudicar al Estado y reproducir los efectos lesivos del caso en otros ámbitos (Quadra-Salcedo Janini, 2022).

El fundamento constitucional de esa tensión es conocido: el artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, y que si el daño obedeció a la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, deberá repetir contra este. La cláusula es amplia y deliberadamente abierta: la Corte Constitucional ha precisado que no establece un régimen de imputación específico, como tampoco lo hacen el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 ni la Sentencia C-037 de 1996, de modo que corresponde al juez administrativo determinarlo según las particularidades del caso (Corte Constitucional, Sentencia SU-072 de 2018).

El patrimonio económico de la Nación debe ser el primer elemento que considere el sistema jurídico, el cual, debe velar por que el Estado responda, también debe señalar las implicaciones de desembolsar recursos que escapan a la sensatez (Zapata-Cortés, 2023) y de reconocer cargas que desbordan el terreno de la racionalidad económica en el ámbito judicial (Gaviria & Londoño, 2022). La defensa patrimonial debe considerar las cauciones económicas que el Estado debe atender (Sánchez Cubides et al., 2021). Establecer pisos y techos en función de la condición económica no es solo tarea del aparato de justicia, sino también del Estado, que debe disponer de herramientas que permitan incorporar el juicio económico a los juicios legales.

El ciclo económico corrige las perspectivas sobre los presupuestos que los actores tienen dispuestos para sus actividades (Castellano Montiel & Gómez Alemán, 2022); en el Estado, la revisión fiscal y presupuestal debe pasar por el tamiz de indicadores que no llegan a contrastarse con las condiciones jurídicas. La alerta causada por las sentencias contra la Nación implica un desajuste en el cumplimiento de las funciones estatales: la distribución equitativa de los recursos queda relegada ante los abultados pagos, y el reconocimiento de dichas acreencias obliga a examinar el impacto macroeconómico del desembolso de recursos destinados a todos y entregados en pocas manos (González, 2009).

La disposición del Estado para responder económicamente ante las demandas perdidas no concuerda con las cuentas macroeconómicas que también debe atender. No se conoce el planteamiento de ejercicios rigurosos orientados a que dichas compensaciones redunden en el mejoramiento de las condiciones de los perjudicados, por lo que cabe repensar el destino final de los recursos reconocidos mediante fallos en derecho (Molina-Betancur, 2010). El carácter económico de los juicios debe llevar a las entidades no solo a prever recursos para contingencias, sino también a realizar un análisis económico de las decisiones judiciales que permita evaluar sus condiciones futuras de respuesta (Guzmán Jiménez & Botina Gómez, 2023).

El argumento que ha conducido al Estado a replantear la carga contraída por los fallos trasciende el ámbito de las contingencias (González Bonilla, 2015). La postura radical del Estado sobre la imposibilidad de pago y la posición igualitaria del sistema judicial, según la cual las condenas deben cumplirse en cualquier término, muestran que ambas posturas no han confluido en un punto intermedio de equilibrio. Los exagerados desembolsos ordenados indican la escasa relevancia que tienen para el sistema legal y, en consecuencia, para los jueces las circunstancias económicas del presupuesto estatal (Cobreros Mendazona, 2018).

Las cargas económicas derivadas de los juicios, que inciden en la capacidad financiera y las condiciones presupuestales, deben considerarse con seriedad: si bien corresponden a obligaciones de orden legal, la capacidad de los sujetos obligados tienen un límite de condiciones para soportarlos (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2003; Pellerano, 2018). Debe establecerse, entonces, una senda de evaluación y valoración económica de los pagos que, a la luz de las prescripciones legales, permiten dar cumplimiento a las decisiones o finalizar los juicios en los que el restablecimiento del derecho, la reparación o la sanción incluyen una exigencia pecuniaria, aunque siempre se haya recurrido a la argumento de que los juicios no pueden ser cuestionados (Pérez López, 2010).

Es importante que los fallos establezcan condiciones de equilibrio en las decisiones que afectan recursos destinados a otros fines. No se trata de evadir responsabilidades, sino de definir en qué proporción deben responder las empresas y el Estado por las exigencias económicas derivadas de dichos juicios, de modo que estas sean acordes con el desempeño institucional y macroeconómico del país (Navarrete-Frías, 2009).

La responsabilidad estatal por actos que no corresponden a su naturaleza ha adquirido carácter extracontractual. En este ámbito, el Estado debe asumir el papel de un agente económico en igualdad de condiciones, obligado a soportar legal y económicamente la totalidad de las consecuencias de sus fallas (Navia Arroyo, 2000). Concurren, no obstante, dos circunstancias: su incapacidad para sostener de manera irrestricta las sanciones que afectan las arcas públicas, y el riesgo de ser instrumentalizado por quienes ven en las demandas en su contra una fuente de renta (Gutiérrez Ossa, 2014).

La estructura jurídica internacional contempla que los Estados respondan ante delitos cometidos contra la población civil, violaciones de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad (Gómez Muñoz & Mamian Mosquera, 2021), así como por los daños provocados por omisiones, provocaciones o el uso excesivo de la fuerza (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2019). El Estado debe considerar que la responsabilidad extracontractual no puede evaluarse únicamente desde los estrados judiciales, sino que también requiere una valoración amplia de orden gubernamental al examinar actuaciones en las que el vacío jurídico ha puesto en aprietos la gobernabilidad y la sostenibilidad de las finanzas destinadas al cumplimiento de sus funciones.

El aumento de las demandas y su valoración en cuantías elevadas por parte de los estrados judiciales comprometen la estabilidad jurídica del Estado y de los entes territoriales, debido a las consecuencias económicas que recaen sobre la oprimida restricción presupuestal (Fajardo Arturo & Guzmán Gómez, 2010). Es necesario garantizar que los sujetos involucrados no terminen por generar otras condiciones como reducto de los fallos proferidos en cuantías que escapan a la magnitud de lo contemplado y que pueden traer dificultades financieras para las entidades estatales y de equilibrio social para el Estado. Tabla 1.

Tabla 1. Directivas presidenciales y documentos de política sobre defensa jurídica del Estado

Es relevante analizar si, al discutir las circunstancias en la estructura jurídica o dirimidas a través de sentencias, se considera la sostenibilidad de una condena que obliga a la Nación a efectuar elevados desembolsos, en un Estado con inmensas necesidades y condiciones de precariedad como el colombiano, en el que cada acción se convierte en un hecho de naturaleza jurídica debido a la vulnerabilidad de sus instituciones (Mejía Azuero, 2007). Las empresas y los Estados han sido igualmente sujetos de responsabilidad y sanción ante estas aprehensiones hechas por los estrados; sin embargo, por la composición de sus estructuras y el impacto interno de las decisiones judiciales, son estos quienes al unísono solicitan una revisión amplia sobre la dimensión del caso y sus consecuencias económicas, para no generar hechos no previstos a raíz de los fallos en mención.

El análisis económico del derecho estipula el papel que, en función de las capacidades, condiciones, posibilidades y restricciones de los sujetos, debe evaluar el derecho en cualquier tipo de circunstancia legal (Molina-Betancur, 2010). Lo que se contempla para revisión es la encrucijada económica a la que puede ser sometido el sujeto económico cuando no se entiende el impacto transversal del fallo pecuniario, que puede traer consecuencias no advertidas capaces de vulnerar la actividad empresarial o la función del Estado. Este debe afianzar, más que la capacidad de dilación o contravención de los litigios, la posibilidad de ordenar el marco jurídico que rodea las instancias a las cuales han sido conducidas las instituciones estatales, y de allí consolidar una estrategia macroeconómica en bloque (Hutchinson, 2004).

En Colombia, la acción de repetición es la figura que hasta ahora ajusta las cargas pecuniarias del Estado, trasladándolas a los sujetos cuyas acciones provocaron el llamado a los estrados; con todo, no se ha cuantificado en términos reales lo que representa para la Nación desembolsar esos recursos (Jiménez Benítez & Solar Pedroza, 2012). Esta acción no ha alcanzado su potencial por la complejidad de revertir sanciones que recaen sobre individuos o instituciones que, bajo supervisión o inacción estatal, propiciaron las circunstancias que las originaron, y porque el pago puede exceder la capacidad de quien debe asumirlo (Calderón, 2016).

Ahora bien, parte de la doctrina interpreta el esquema de las demandas contra el Estado colombiano como el resultado de procesos deliberadamente orquestados, en los que diversos actores explotan las vulnerabilidades estatales. En esa brecha —de forma o de fondo— donde la Nación pierde las demandas, con un costo directo para el presupuesto público (Letelier Wartenberg, 2013). Existen señalamientos sobre “carruseles” o redes que han convertido las acciones legales contra el Estado en fuente de ingresos, cuyo beneficio no se dirige a quienes fueron agraviados sino a quienes se convierten en partes “afectadas” para reclamar compensación (Henao Correa, 2004). Es preciso advertir, con honestidad metodológica, que esta afirmación mantiene el carácter de hipótesis: la evidencia disponible es indiciaria y no existe una medición sistemática de la magnitud del fenómeno. El ordenamiento, en todo caso, ha reaccionado con la Ley 1474 de 2011 y con la Ley 2195 de 2022, en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

La eventual cartelización de las demandas ratificaría el patrón de vulnerabilidad manifiesta en que se encuentra la Nación para defender sus propios intereses (Ramírez Pineda & Bedoya Martínez, 2016). Para contrarrestar el ascenso de este reprochable comportamiento es necesario revitalizar el marco de acción de quienes al frente del Estado deben defender los intereses de la Nación, y refundar los criterios incluso académicos desde los cuales se promueve la idea de que el Estado merece ser demandado por la vulneración de los derechos.

La Agencia está enfocada en que cada caso sea evaluado en toda su expresión, pero para lograrlo se requiere un proceso de concertación pública que proponga ajustes y límites a los mecanismos y sentencias que atentan contra la disponibilidad de los recursos públicos dispuestos para otros fines y, por ende, contra la capacidad de gestión institucional (Ossa Bocanegra, 2014). Lograr avances por encima de la disquisición legal ubica a la defensa patrimonial como un asunto de las finanzas públicas, que debe contemplarse al amparo de las condiciones económicas y presupuestales del Estado para poder responder (Hernández & Durán Moreno, 2021). De ahí la urgencia de contar con profesionales del campo administrativo y económico con quienes establecer, a partir de estimaciones coherentes con la realidad estatal, el orden reglamentario que debe desplegarse en cada institución.

La Ley 1444 de 2011 es el origen de las agencias creadas para el Estado en Colombia, entre ellas la encargada de la defensa jurídica y patrimonial, cuyo propósito radica no solo en ejercer la defensa frente a demandas, controversias o procesos arbitrales que comprometen recursos de la Nación, sino también en promover que los entes públicos pasen de tener un área jurídica a contar con una verdadera organización orientada a la defensa de los recursos públicos. Al tratarse de un tema estratégico por cuenta de las cuantías demandadas, cada caso compromete las obligaciones presupuestales del Estado. De ahí el interés de pasar de una cuenta de reserva a una variable de flujo, dado que su naturaleza ha obligado a crear base presupuestal para responder, lo que reduce los recursos disponibles para otros fines estatales.

Además de prestar asesoría y configurar la defensa jurídica y patrimonial, la Agencia administra el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado —e-KOGUI—, en el cual todas las entidades deben registrar la actividad litigiosa en que se encuentran inmersas (Decreto 1069 de 2015, art. 2.2.3.4.1.1, modificado por el Decreto 104 de 2025). Ese mismo decreto reglamentó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y estableció como finalidad expresa reducir la litigiosidad y el impacto fiscal de las condenas en contra del Estado (art. 2.2.3.2.4.1.3), lo que constituye el reconocimiento normativo más explícito, hasta ahora, del problema que aborda este artículo. Cabe plantear la hipótesis de que parte del incremento registrado sea resultado de la organización de la defensa jurídica en los territorios y de que, más que un aumento real, refleje la realidad litigiosa preexistente del país. Figura 1.

Figura 1. Acumulación de pretensiones por litigiosidad en contra del Estado colombiano, 2019-2025 (billones de pesos).

La evidencia estadística disponible obliga, sin embargo, a matizar el diagnóstico con el que suele presentarse el problema. Según el Informe de Litigiosidad Nacional e Internacional de la Agencia, al cierre de 2025 existían 291.919 procesos judiciales activos contra entidades públicas, con pretensiones superiores a 699 billones de pesos, y 66.548 nuevas admisiones y notificaciones durante el año, cifra que consolida el descenso iniciado tras el pico de 2022; la tasa de éxito se situó en 82,2 % (Presidencia de la República, 2026). Este indicador exige una lectura cuidadosa: corresponde a los procesos en que la Agencia interviene directamente —casos de alta complejidad e impacto fiscal— y no al conjunto de la defensa estatal, cuya tasa nacional el propio director de la entidad situó, a mitad de 2026, en torno al 45 % (Palomino Cortés, 2026). Con corte al 31 de marzo de 2026, el Estado enfrentaba 285.334 procesos en su contra, con pretensiones acumuladas por 832,39 billones de pesos, y actuaba como demandante en 44.948 procesos por 33,33 billones; en ese trimestre se registraron 11.272 nuevos procesos admitidos y notificados, lo que confirma la tendencia a la baja en el ingreso de demandas (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2026).

El dato decisivo no es, entonces, el volumen sino la concentración. El propio informe advierte que, aunque más de la mitad de los procesos tiene pretensiones inferiores a 50 millones de pesos, el 0,3 % del total concentra el 79,1 % del valor reclamado, lo que evidencia una alta concentración del riesgo fiscal en litigios estratégicos de gran cuantía (Presidencia de la República, 2026). Esta constatación desplaza el eje del problema: no es la litigiosidad difusa la que amenaza el presupuesto, sino un puñado de procesos de cuantía extraordinaria, muchos de ellos de naturaleza arbitral o internacional. Ello no desvirtúa la tesis de este artículo; la refina, porque muestra que la medición económica que hace falta no es la del promedio, sino la del riesgo concentrado. Figura 2.

Figura 2.Total de demandas admitidas por año y tipo de proceso, 2015-2025 (número de procesos judiciales activos, en miles).

En esa medida, más allá de los temas habituales de educación, fuerzas militares o fallas del servicio, la mayoría de los recursos jurídicos interpuestos se concentra hoy en los ámbitos laboral, pensional y administrativo no laboral, lo que implica que la Agencia está sujeta a la defensa de problemas ordinarios. El daño, en la mayoría de los casos, no deriva de la intención de causarlo directamente, sino de actos del servicio. Si bien estos pueden dar lugar a procesos judiciales, no deberían generar pretensiones tan abultadas, pues ello afecta la adecuada destinación de los recursos públicos y ha conducido a que estos se destinen a la defensa jurídica del Estado colombiano en lugar de a la inversión.

La pregunta por el impacto económico de las condenas solo adquiere precisión en el lenguaje de la contabilidad fiscal. En este ámbito, el litigio contra el Estado no constituye un gasto, sino un pasivo contingente, esto es, una obligación pecuniaria sometida a condición (Ley 448 de 1998, art. 1.°, par.). Esta ley es la primera pieza del andamiaje que permite anticipar el costo del litigio: ordenó a la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas incluir en sus presupuestos de servicio de deuda las apropiaciones necesarias para cubrir las posibles pérdidas de las obligaciones contingentes a su cargo, y creó el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales como cuenta especial sin personería jurídica (arts. 1.° a 3.°). El artículo 90 de la Ley 1955 de 2019 extendió a las entidades territoriales la obligación de crear su propio fondo y definir metodologías de valoración.

La segunda pieza es la Ley 819 de 2003, que incorporó los pasivos contingentes al Marco Fiscal de Mediano Plazo. La tercera es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: su artículo 194 impone a las entidades del Presupuesto General de la Nación valorar las pérdidas probables anuales por sentencias y conciliaciones y realizar los aportes al Fondo conforme a las metodologías de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. El Decreto 1266 de 2020 desarrolló ese mandato adicionando un título al Decreto 1068 de 2015 y creando la subcuenta “Procesos Judiciales”, con control de aportes separado por entidad. Por su parte, la Resolución 4859 de 2019 del Ministerio de Hacienda fijó las metodologías de valoración.

La cuarta pieza está constituida por las reglas de pago. Los artículos 192 a 195 del Código regulan el cumplimiento de sentencias y conciliaciones, los plazos y el reconocimiento de intereses. A su vez, el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 habilitó el pago de sentencias y acuerdos conciliatorios a cargo de la Nación mediante títulos de tesorería, reconociendo esos rubros como deuda pública. Este último desarrollo es, quizá, el reconocimiento normativo más elocuente de la tesis que anima este artículo: cuando el ordenamiento decide pagar sentencias con deuda, admite que la contingencia judicial dejó de ser un evento excepcional para convertirse en un componente estructural del endeudamiento estatal.

La consecuencia analítica es que el problema no es de ausencia de reglas sino de articulación. Existe la obligación de valorar, existe el fondo, existe la metodología y existe el instrumento de pago; lo que no existe es una conexión entre la estimación del pasivo contingente y el momento de la decisión judicial que lo convierte en pasivo cierto. El juez que condena no valora el aporte al fondo, y la entidad que aporta al fondo no incide en la cuantía de la condena. Entre ambos momentos media un vacío que explica por qué el aparato de medición fiscal funciona como registro y no como restricción. Su magnitud se aprecia al contrastar las pretensiones agregadas —más de 750 billones de pesos a mediados de 2025— con el pasivo por litigiosidad estimado en cerca de 29 billones al cierre de ese año, diferencia que expresa tanto la sobreestimación sistemática de las pretensiones como la dificultad de traducir riesgo en provisión (Anif, como se citó en Delgado Gómez, 2025).