Desde una perspectiva amplia, el cuidado involucra aquellas actividades necesarias para la conservación de la vida humana y de la naturaleza: “Actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos para conservar, continuar o reparar nuestro ‘mundo’ de modo que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades (selves) y nuestro entorno que procuramos entretejer conjuntamente en una red compleja que sostiene la vida” (J. Tronto y B. Ficher, 2009:37, citadas por L. Arango Gaviria et al, 2018:9).

Para K. Batthyány (2015) el cuidado comprende las acciones que se llevan a cabo para atender las necesidades de otras personas y lograr el bienestar en su vida cotidiana:

El concepto de K. Bathyány da cuenta de la naturaleza relacional de esta actividad, esencial para la vida de las personas. Incluye tanto las tareas materiales, así como el vínculo emocional que engloba los cuidados. Tiene en cuenta la variable del pago o la ausencia de este, así como el costo económico que implica.

En efecto, para K. Bathyány (2015) la especificidad del trabajo de cuidados, tanto en el contexto familiar como fuera de este, se asienta en el vínculo que instaura. El trabajo de cuidados se ejecuta “cara a cara entre dos personas”, entre quienes se establece una relación de interdependencia, en la que una se hace cargo del bienestar y sostenimiento de la otra. “El cuidado es entendido como trabajo y relación interpersonal, pero también como responsabilidad socialmente construida que se inscribe en contextos sociales y económicos particulares” (K. Bathyány, 2015: 10).

Todas las personas, a lo largo del ciclo de vida, requieren de cuidados. Aunque existan personas que demandan mayores cuidados, como los niños, niñas y adolescentes, las personas adultas mayores o quienes adolecen de enfermedades crónicas, la dependencia es una condición universal, y no excepcional, de todas las personas. Es por ello por lo que el cuidado no puede seguir siendo considerado como una tarea privada o individual (de las mujeres), sino una responsabilidad social y política. “Cada sociedad debería organizar los cuidados para dar respuesta a las dependencias y necesidades humanas, y a la vez, mantener el respeto por las personas que lo necesitan y no explotar a las que están actuando de cuidadoras” (C. Carrasco, C. Borderías y T. Torns, 2011: 54).

En esta misma línea, K. Bathyány (2015) incorpora al debate sobre el trabajo de cuidados la relación entre cuidado y derecho. De acuerdo con esta autora, es imprescindible poner en el centro del análisis el derecho al cuidado, considerado como un derecho universal de toda la ciudadanía, desde la doble circunstancia de personas que precisan cuidados y que cuidan, es decir, desde el derecho a dar y a recibir cuidados:

En el Capítulo II referente a los derechos fundamentales y garantías, la propuesta de Nueva Constitución Política de la República de Chile del año 2022 plantea que: “Toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad” (Art. 50, núm. 1).

Desde esta perspectiva, el cuidado es un derecho de todas las personas, a lo largo de todo su ciclo de vida, por lo tanto, le compete al Estado crear las condiciones necesarias para su pleno ejercicio, incluyendo el diseño y puesta en marcha de políticas y servicios a los que puedan acceder todas las personas. No se trata de un “beneficio para las mujeres” como erróneamente podría ser entendido, sino de “un derecho de quienes lo requieren”. En definitiva, el Estado tendría la obligación de garantizar el cuidado como derecho universal de todas las personas (Bathyány, 2015).

La propuesta de Nueva Constitución presenta el trabajo de cuidados como aspecto central de la reproducción social y de las condiciones de vida de la población. Reconoce “que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas” (Art. 49, núm. 1). Claramente el texto se aparta de aquellos planteamientos que establecen una estrecha relación entre identidad femenina, maternidad y cuidado. El cuidado deja de ser visto como responsabilidad fundamental de las mujeres o como un beneficio al que ellas puedan aspirar. El cuidado es entendido como un derecho y, por lo tanto, demanda del Estado un rol central.

Si es reconocido como un derecho, el cuidado no puede depender del funcionamiento del Mercado, de la disponibilidad de ingresos económicos de sus titulares o de la existencia de redes familiares o lazos afectivos que permitan llevarlo a cabo. Como derecho, atañe al Estado la construcción de alternativas de cuidado que no se apoyen exclusivamente en la actividad no remunerada de las mujeres. En esta línea el texto de la propuesta que estamos comentando plantea que corresponde al Estado garantizar “este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados, normas y políticas públicas que promuevan la autonomía personal y que incorporen los enfoques de derechos humanos, de género e interseccional. El Sistema tiene un carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente” (Art. 50, núm. 2).

Y añade la propuesta que: “Este Sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados” (Art. 50, núm. 3). El texto recoge la expectativa de quienes requieren cuidados, es decir, de los titulares del derecho, así como la expectativa de quienes deben o quieren cuidar, es decir, de los garantes del derecho.

La propuesta reconoce la autonomía y la capacidad de las personas para ejercer el derecho al cuidado por sí mismas y satisfacer sus necesidades, siendo el Estado y la sociedad responsables de garantizar las condiciones que posibiliten su materialización. Por ejemplo, se manifiesta que: “Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género, y que prevenga la violencia de género y sexual” (Art. 40).

Al tiempo que la propuesta reconoce el cuidado como derecho universal, también busca que se haga efectivo frente a determinadas situaciones o condiciones particulares, como la edad, la discapacidad, la condición de salud, entre otras (L. C. Pautasi, 2007). Bajo ese marco, la propuesta contempla derechos de las personas con discapacidad, entre ellos, el derecho al cuidado. Concretamente, dice que: “La ley establecerá un sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender sus necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado...” (Art. 28).

Asimismo, el texto de Nueva Constitución incluye la aspiración a una buena calidad de muerte como componente de la calidad de vida (M. Á. Durán, 2004). El Art. 68 de la propuesta contempla el derecho de toda persona “a una muerte digna”. Asegura “el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida”. Garantiza “el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social”. Y encarga a la ley la regulación de “las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado”. Se destaca el respeto por la autonomía personal de los sujetos durante toda su vida, la autonomía de los pacientes con enfermedades terminales para decidir sobre su propia muerte, así como la actuación de los poderes públicos y del personal sanitario, en particular. Sin duda, se trata de una propuesta que busca elevar a rango constitucional el interés científico y social por la calidad de vida de las personas de edad muy avanzada, de las personas con enfermedades graves y limitantes, de que aquellas que tienen escasas oportunidades de luchar para organizarse por sí mismas y mejorar sus condiciones de vida y muerte (M. Á. Durán, 2004).

El reconocimiento del cuidado como derecho implica que este deba ser desligado del trabajo formal. Si bien el cuidado debe ser parte de las respuestas estatales en el campo de la seguridad social, no debe serlo para mejorar las prestaciones para las y los trabajadores formales, sino para diseñar prestaciones universales para todas las personas (Pautasi, 2018). El Art. 45 de la propuesta de Nueva Constitución contempla el derecho de toda persona a la seguridad social, “fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”. Y agrega que la ley “establecerá un sistema de seguridad social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”. En este sentido, las prestaciones de la seguridad social no solo protegen a quienes ya tienen asegurado un empleo asalariado formal.

Al mismo, tiempo, la propuesta concibe las prestaciones relacionadas con el cuidado como un beneficio universal que cubre a todos los trabajadores, enfatizando la importancia de promover la conciliación de la vida laboral, familiar y comunitaria. El Art. 46, núm. 1 expresa que: “Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo”. Y añade que: “El Estado generará políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar y comunitaria y el trabajo de cuidados” (Art. 46, núm. 4)

Una de las estrategias para promover la conciliación de la vida laboral y familiar es la redistribución del tiempo que destinan hombres y mujeres al interior de las familias para tareas domésticas y de cuidado. La propuesta de Nueva Constitución confiere al Estado la responsabilidad de promover “la corresponsabilidad social y de género” e implementar “mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, procurando que no representen una desventaja para quienes la ejercen”, fundamentalmente, las mujeres (Art. 49, núm. 2). En este contexto, cobran centralidad las medidas de política pública orientadas a modificar la división sexual del trabajo al interior de los hogares, de modo que los hombres asuman una activa corresponsabilidad en las tareas de cuidado.

Considero que el carácter del Estado que se propugna tiene la potencialidad de cambiar las ideas sobre el lugar del cuidado en nuestras sociedades. En efecto, dice la propuesta de Nueva Constitución que:

Bajo este marco, J. C. Tronto (2013) nos propone considerar la interrelación entre las esferas pública y privada, que se han mantenido por largo tiempo en la teoría política, en el derecho constitucional y en el imaginario social como si fuesen dos ámbitos separados; la estrecha relación entre cuidado y ciudadanía, al mostrar cómo los imaginarios en torno al cuidado históricamente han configurado diferentes categorías de ciudadanos; y, el vínculo existente entre “déficit de cuidados” y “déficit democrático”.

Los planteamientos de J. C. Tronto (2013) son útiles para abandonar aquella idea de que la política es algo que sucede en la esfera pública mientras que el cuidado ocurre únicamente en el ámbito privado. El cuidado es un asunto que concierne a la política, se extiende más allá de los contornos del hogar y permea los discursos y prácticas de la política pública.

En el ámbito latinoamericano, y en el contexto de la lucha social, el territorio es visto como el espacio en el que se expresa el deseo de proteger la vida frente a las amenazas que se dirigen a la existencia misma de diversos grupos y pueblos originarios. Luchar por el territorio es luchar por existir o re-existir (en la terminología de C. W. Porto-Gonçalves, 2013, citado por Haesbaert, 2021a).

Las demandas se centran en una o más dimensiones "naturales" del territorio, dependiendo de la constitución específica de cada grupo y de las luchas que se despliegan dentro de su "entorno natural": el acceso al agua, la tierra para cultivar, la preservación de los bosques, entre otras. La lucha social ha develado diversas formas de desterritorialización. En este contexto, el término "terricidio" se utiliza para denunciar las formas de desterritorialización más extremas, enfatizando las dinámicas que interfieren en el mantenimiento de la vida en el planeta (Haesbaert, 2021a).

En este contexto, ¿es posible superar la visión dominante y jerárquica de una acción humana que actúa sobre la naturaleza y la subordina?, ¿es posible cuestionar la idea de cuerpo social y político por fuera del cuerpo de la naturaleza?, ¿qué alternativas teóricas y prácticas podemos desarrollar para deconstruir este discurso colonizador? (Haesbaert, 2021a). De acuerdo con el contenido del Art. 8 de la propuesta de Nueva Constitución Política de Chile, 2022: “Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad.” De la misma manera, el Art. 79 de la propuesta asume una visión de la cuestión territorial que no disocia el poder humano y el "poder" de la naturaleza:

Art. 79

Haesbaert (2021a) recalca la importancia de la articulación de un nuevo orden territorial, múltiple e integrador, fundado en un poder no jerárquicamente centralizado y omnipresente, que reconozca que todo poder "humano" participa en una sociedad híbrida con la naturaleza y que cada cultura, por tanto, en su amalgama con la naturaleza, produce el territorio a partir de la singularidad de su inserción en el entorno en el que se ubica, con el que se identifica y así mantiene y defiende las "territorialidades" de todos los demás seres vivos

Para Haesbaert (2021a), el entorno indispensable para nuestra existencia va mucho más allá del cuerpo-territorio humano individual. Se extiende al "cuerpo" habitable del planeta mismo. Como sabemos, esta concepción del cuerpo como territorio ha sido difundida principalmente por feministas y/o indígenas latinoamericanos.

Bajo este marco, el Art. 103 de la propuesta de Nueva Constitución plantea expresamente que: “1. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. 2. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza.”¹ Y, en el Art. 131, núm. 1 agrega que: “Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato”.²

En la protección del territorio, los derechos de la naturaleza y la protección especial de los animales se asigna una importancia central a la educación, que es considerada como “un deber primordial e ineludible del Estado”. Se reconoce que la educación es un proceso “indispensable para el ejercicio de los demás derechos”. Sus fines son, entre otros, “la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos”. La educación debe desarrollarse “de forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística” (Art. 35). En el mismo sentido, el Art. 39 se refiere a la educación ambiental que debe garantizar el Estado, de modo que “fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medioambiente y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica”. Adicionalmente, el Art. 131, núm. 2 encarga al Estado la promoción de “una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales”.

La lucha social ha puesto al descubierto los grandes problemas del sistema capitalista colonial moderno: la explotación económica privatista, la mercantilización cada vez más generalizada y la expropiación de la vida y la naturaleza. Frente a la acción hegemónica depredadora, dirigida a la extracción de nuestros recursos naturales-espaciales, son los grupos más afectados quienes se organizan en torno a la defensa del territorio. Luchan por un futuro radicalmente diferente, a pesar de no contar con condiciones dignas para garantizar la supervivencia cotidiana. Se trata de un movimiento de descolonización, por la autonomía y por los derechos de la naturaleza (Haesbaert, 2021b).