1.1. Planteamiento del problema

Los derechos humanos son entendidos como aquellos bienes jurídicos inherentes al ser humano que no pueden arrebatarse, cederse, permutarse, venderse pues hacen parte de su condición natural (Ale, 2010)

Su esencia está fundada en la dignidad humana que puede entenderse bien desde el punto de vista de la igualdad de todos los seres humanos desde su nacimiento sin distinción de raza, de sexo, de origen o creencias, como desde la libertad y autonomía que les permite a las personas decidir sobre su propia vida y sobre la vida en su comunidad (Tique & Barón, 2020; Feria, 2020). El gobierno del Estado debe ser, por lo tanto, garante de estos derechos, facilitando las condiciones para que la igualdad, libertad y autonomías individual y colectiva sean reales y efectivas(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). En este punto y de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, la satisfacción de los derechos humanos se hace especialmente relevante frente a grupos de población considerados como vulnerables (Guamán & Llorente, 2017).

Los derechos humanos parten de dos visiones. Para la teoría monista, que predominó durante los siglos XVII y XVIII, los derechos humanos fueron postulados como innatos al hombre. Esta teoría que alcanzó su mayor expresión, como lo plantea Orozco (Orozco, 1982) en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) logra identificar los derechos con los principios morales.

Posteriormente el predominio doctrinal fue dualista, que, parafraseando a De Asís (De Asís, 2007) que entendía que los derechos humanos debían estar incorporados a un ordenamiento jurídico y por ende que sus postulados éticos se configuraban por la justificación moral, sin la cual no había derecho fundamental, es decir, que los derechos humanos eran innatos al ser humano pero que además debían estar escritos y reconocidos legalmente para que tuvieran aplicación.

Colombia, como Estado Social de Derecho, se ha vinculado a la lucha por la defensa de los derechos humanos, a partir de la ratificación de diferentes convenios y declaraciones, tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas; y, en diferentes sentencias como la T 882, 2002 y la T 426 de 1992, tal y como lo relatan Maria Constanza Ballesteros Moreno, Andrés Julián Herrera Porras y Tabata Gisel Luna Quiñones, la Corte Constitucional hace un llamado para que la ciudadanía se involucre como actor e interventor por la lucha por el mantenimiento de estos derechos. (Ballesteros, Herrera y Luna, 2021, p. 26 y 27)

Desde estas posturas, en la agenda internacional de diferentes organismos multilaterales se ha propuesto como un eje de interés el tema de derechos humanos de las personas mayores.

En 1991 se aprobaron los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad (Organización de Naciones Unidas, s. f.) orientados a que los países incorporaran en sus programas nacionales por lo menos aquellos derechos relacionados con la independencia, la participación, el cuidado, la autorrealización y la dignidad de esta población.

Luego se inició un proceso de casi 20 años de elaboración de instrumentos declarativos y no vinculantes referentes a aspectos relacionados con el envejecimiento y los derechos de las personas mayores en el que el punto máximo de reconocimiento de las personas mayores es alcanzado a partir de la aprobación de la Carta o Protocolo de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe en 2012 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2019).

El único instrumento interamericano existente y el primero internacional para la promoción protección y reconocimiento del pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En ella se define como persona mayor aquella de 60 o más años salvo que en las legislaciones internas se establezca una edad base menor o mayor y siempre que esta no sea superior a los 65 años. Esta Convención consagra la prohibición de la discriminación por edad en la vejez (Oea, 2017).

La aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cada vez asume mayor relevancia entre los países miembros de la ONU teniendo en cuenta que el informe de Perspectivas de la Población Mundial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que en el año 2050, una de cada cinco personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%) y una de cada cuatro personas que viven en Europa y América del Norte podría tener 65 años o más. Adicionalmente el informe registra que para el 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050 (4).

Además de estos datos relevantes para el desarrollo de los países y las medidas que deben aplicar ante el eminente envejecimiento poblacional, también se ha reconocido que el concepto de personas mayores ha sido polisémico en consideración a las distintas disciplinas que lo han abordado, pero que desde la perspectiva de derechos humanos, ante cualquier postura que se asuma, es necesario tener en cuenta la clase social o ingreso, el género, el grupo étnico de pertenencia, el tipo de localidad (rural/urbana), la región, independientemente de otras características que condicionan la vejez como la salud física y psicológica, las redes y factores medioambientes-físicos o sociales- más o menos favorables, que por lo demás, también están relacionados con las diferencias de clase, género, tipo de localidad y raza/etnia (Díaz & Tendero, 2019)

Por otro lado, para el goce efectivo de los derechos humanos, los Estados deben asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y hagan efectivo sus derechos, sin sufrir discriminación (Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2021) y la posibilidad que se cumplan se ha denominado enfoque de derechos (Cecchini & Martínez C., 2011; Jiménez, 2007), respecto a las personas mayores especialmente relacionados con el ejercicio de los derechos a la vida y la dignidad en la vejez, la seguridad social, la vivienda y el derecho acceso a la justicia que propiamente no son identificados por las personas como derechos pero que hacen parte de las condiciones individuales, sociales y económicas en las que viven.

En este sentido, las condiciones socioeconómicas permiten un goce efectivo para vivir en iguales condiciones frente a otros sectores de la población y están relacionadas con el derecho a la vida y la dignidad en la vejez de las personas mayores. Por lo tanto, las categorías iniciales de análisis que combinan estas condiciones socioeconómicas son: el sexo, la edad, el nivel educativo, los ingresos económicos propios, la identificación como población migrante o desplazada y el apoyo percibido. Sobre la vivienda en el entendido que sea digna y adecuada, dos elementos son claves para su revisión. De un lado, el estrato de la vivienda y de otro, la posibilidad de que esta vivienda sea propia. En cuanto a la seguridad social, puede decirse que este derecho se encuentra relacionado a la capacidad de la persona mayor de aportar, al régimen al que pertenece, al sufrimiento o padecimiento de enfermedades y a su discapacidad.

También el acceso de justicia se constituye en un elemento indispensable para el cumplimiento de otros derechos consagrados en el instrumento internacional. En este sentido la misma Convención Interamericana en su artículo 31 señala que la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, incluso plantea un trato preferencial para los trámites, resolución y ejecución de decisiones administrativas y judiciales (Oea, 2017). Si bien cada derecho humano es autónomo e independiente hay dos razones importantes para que su ejercicio sea efectivo, el primero es el conocimiento real de los sujetos a quienes van dirigidos y el segundo al conocimiento de los mecanismos o acciones judiciales para su cumplimiento.

En esta medida se debe identificar si las personas mayores conocen los derechos humanos, sus mecanismos de protección, si piensan o sienten que se les ha afectado algún derecho y/o si han acudido ante una autoridad judicial para defenderlo.

Cuando las personas mayores reconocen que se les ha afectado algún derecho es pertinente la identificación ya en términos específicos de aquellos que consideran vulnerados o amenazados.

Para este estudio fueron utilizados derechos humanos de diferente naturaleza de acuerdo con su origen histórico, así las cosas, se seleccionaron derechos de libertad como la integridad física, el buen nombre, la libertad personal y derechos económicos sociales y culturales como la vivienda, la recreación, la educación básica y primaria, la salud y la vivienda.

Lo anterior, permite ofrecer un panorama más o menos amplio de la forma en la que son satisfechos o no los derechos humanos a las personas mayores, pero también coincide con los derechos humanos comúnmente relacionados con las condiciones de acceso a la administración de justicia, esto es, derechos que normalmente se demandan ante tribunales judiciales o mediante acciones constitucionales.

Al respecto Miguel Emilio Larota, Rodrigo Uprimny, Sandra Santa Mora y Sebastián Lalinde, en el libro titulado “Ante la Justicia: Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia sobre las violaciones de derechos humanos a las personas mayores” coinciden con afirmar que los derechos humanos insatisfechos la educación básica y primaria, la salud, la vivienda y algunos derechos laborales(La Rota Uprimny et al., 2014), son derechos que presentan mayores barreras de acceso a la justicia. En este sentido, los derechos humanos referidos, son derechos que se conectan con necesidades insatisfechas de acceso a la justicia.

La relevancia de la protección de los derechos humanos de las personas mayores no es ajena a la legislación interna y Colombia como Estado parte de las Naciones Unidas aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a través de la Ley 2055 de 2020 (Ley 2055, 2020), cinco años después de su promulgación, lo cual implica no solamente la consagración normativa sino también el cumplimiento de sus prepuestos.

Para dar cuenta de si efectivamente estos derechos se han puesto en marcha en la sociedad colombiana, se realizó el estudio en cinco importantes ciudades del país en el que se incluyó el conocimiento, reconocimiento y puesta en práctica de los derechos humanos de las personas mayores. A continuación, se presenta los materiales y métodos utilizados, cómo se realizó el análisis, los resultados, la discusión de estos y unas consideraciones finales.

1.2. Justificación del problema.

Con todo dicho anteriormente, aproximarse al conocimiento de los derechos humanos, sus mecanismos de protección y la efectividad en el uso de mecanismos de protección de los mismos a partir de un estudio en cinco (5) ciudades de Colombia, permite determinar cuáles son los factores asociados al conocimiento o desconocimiento de los derechos y establecer relaciones entre situaciones de vulnerabilidad y conocimiento de derechos humanos y mecanismos, como también relaciones entre la efectividad en el goce de los derechos a partir de su activación judicial y las condiciones socioeconómicas de sus actores. Un diagnóstico de este tipo permite intervenir a los diferentes órganos del poder público con mayor precisión en la forma en la que se realiza pedagogía sobre los derechos y en la forma también en la que son operados y decididos los casos relativos a violaciones de derechos humanos en la población de personas mayores.

1.3. Pregunta de investigación.

Evaluar el conocimiento y efectividad de los derechos humanos y sus mecanismos de protección en una muestra aleatoria de 2506 personas mayores pertenecientes a cinco (5) ciudades de Colombia, a saber: Bucaramanga, Medellín, Pereira, Popayán y Santa Marta.

Se desarrolló una investigación cuantitativa observacional, con diseño analítico, en la exploración de factores asociados al conocimiento de los derechos humanos, sus mecanismos de protección y la puesta en práctica de acciones judiciales para su ejercicio, a partir de la aplicación de encuestas a 2506 personas mayores de 60 años, residentes en la zona urbana de las ciudades de: Bucaramanga, Medellín, Pereira, Popayán y Santa Marta. Este artículo se deriva de la investigación “Salud y bienestar mental de la persona mayor, en cinco ciudades de Colombia. Año 2020”, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad CES, clasificado como de riesgo mínimo a través de Acta 134 del 23 de mayo de 2019 y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia.

La selección fue por muestreo probabilístico (probabilidad de selección conocida mayor a cero) (Otzen T, 2017). Además, se empleó un muestreo por conglomerados (barrios y las manzanas al interior de cada barrio), bietápico (barrios al interior de cada ciudad o unidad secundaria de muestreo y manzanas como unidad primaria de muestreo). La unidad final de análisis son las personas mayores que habitan en las viviendas de todas las manzanas seleccionadas y que cumplan con los criterios de inclusión. Se usó la fórmula de Fleis, con una confianza del 95%, precisión del 5%, una prevalencia esperada de 50% y un porcentaje de no respuesta del 25%.

La verificación de los criterios de inclusión y exclusión fueron: no tener riesgo de deterioro cognitivo, detectado con el Mini Examen Cognoscitivo (MMSE) (Lobo A, Marcos G, Día J, De la Cámara C, Ventura T, 1999) que se encuentren bajo efectos de sustancias psicoactivas al momento de la aplicación del instrumento de medición; quienes presenten desorientación temporo-espacial y no sigan órdenes simples y aquellos que presenten limitaciones sensoriales que les impidan participar. Así mismo se excluyen personas que residan en centros de larga estancia. También se controlaron sesgos de información, de selección y errores de confusión.

Se utilizó un cuestionario en el cual se indagó por diversas variables de los derechos humanos. Se realizaron análisis univariados con cada una de las variables de interés y finalmente, se estimó un modelo de correspondencias múltiples, con el fin de mirar las condiciones de los adultos mayores con la vulnerabilidad a los DDHH, el análisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics para Windows, versión 25 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.).

Se hizo control de sesgos de información, donde se verificaron registros y variables, con el fin de detectar casillas vacías o incompletas, pero los datos perdidos no superaron el 5%.

De esta forma, al tratarse de un estudio transversal, se establecieron variables asociadas de los derechos humanos, sin determinar causalidad o temporalidad del evento. Los resultados fueron procesados en el paquete estadístico JAMOVI1.6.2 (licencia libre) y su análisis se hizo con el cálculo de las medidas de frecuencia y las medidas estadísticas; luego se exploró la asociación de los derechos humanos con las variables estudiadas y se calcularon medidas como Ji2, valor p, razón de prevalencias (RP) crudas y ajustadas, acompañados del intervalo de confianza del 95% y para realizar el ajuste del modelo se tuvo en cuenta el criterio Hosmer-Lemeshow.

La hipótesis de trabajo que orientó este estudio es la siguiente: “Los derechos humanos y su aplicación, dependen tanto en su conocimiento como en su efectividad de las condiciones socioeconómicas presentes en Colombia y con ello, mientras más condiciones de vulnerabilidad social, menor conocimiento de los derechos humanos y menor la eficacia de los mecanismos de protección de los mismos en las personas mayores”.

5.1. Análisis general

En el presente estudio participaron 2506 personas mayores, residentes en cinco ciudades de Colombia: Bucaramanga, Medellín, Pereira, Popayán y Santa Marta. Respecto a aspectos relacionados con el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, las mujeres representaron 54% y los hombres 46% de las personas caracterizadas. El 56,2% tenían entre 60 y 69 años. El 52% de las personas encuestadas acredita solamente estudios de primaria; la mayoría de los adultos mayores participantes (57,8%) no tenían ingresos propios y sobre ingresos mensuales el 57,2% no tiene ingresos no obstante el 82,8% indicaron tener buen apoyo.

En relación con una condición de vulnerabilidad por desplazamiento o migración, solamente el 5,2% era desplazada.

Referente al derecho a la vivienda, el 61,2% vivían en estrato socioeconómico bajo (estrato 1 o 2 y el 52,4% afirmó que la vivienda era propia. Sobre el derecho a la seguridad social el 61,8% se encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud y más de 48% presentan alguna enfermedad y el 32.3% se reconocen como personas con discapacidad.

Concretamente sobre derechos humanos se encuentra que 58,1% tiene conocimiento de estos, pero 64,4% no conoce los mecanismos de protección de los Derechos Humanos, 92,1% estiman que no se han afectado sus derechos y 96,2% no han ejercido la defensa de estos ante autoridades judiciales. (Tabla 1).

Tabla 1

Condiciones sociales	Ciudad										Total
	Bucaramanga		Medellín		Pereira		Popayán		Santa Marta
	n=500		n=500		n=505		n=501		n=500		n=2506
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Sexo
Hombre	187	37,4	199	39,8	266	52,7	230	45,9	271	54,2	1153	46,0
Mujer	313	62,6	301	60,2	239	47,3	271	54,1	229	45,8	1353	54,0
Edad
60 a 69	278	55,6	328	65,6	285	56,4	223	44,5	295	59,0	1409	56,2
70 a 79	173	34,6	137	27,4	156	30,9	191	38,1	166	33,2	823	32,8
80 o más	49	9,8	35	7,0	64	12,7	87	17,4	39	7,8	274	10,9
Nivel educativo
Primaria	258	51,6	261	52,2	284	56,2	323	64,5	183	36,6	1309	52,2
Secundaria	138	27,6	116	23,2	127	25,1	100	20,0	209	41,8	690	27,5
Técnico o superior	37	7,4	39	7,8	40	7,9	39	7,8	47	9,4	202	8,1
Posgrado	7	1,4	41	8,2	7	1,4	5	1,0	35	7,0	95	3,8
Ninguno	60	12,0	43	8,6	47	9,3	34	6,8	26	5,2	210	8,4
Ingresos económicos
Si	276	55,2	217	43,4	135	26,7	255	50,9	183	36,6	1066	42,5
No	224	44,8	283	56,6	370	73,3	246	49,1	317	63,4	1440	57,5
ESE vivienda
Bajo (1-2)	274	54,8	332	66,4	399	79,0	356	71,1	172	34,4	1533	61,2
Medio- Alto	226	45,2	168	33,6	106	21,0	145	28,9	328	65,6	973	38,8
Población
Desplazada	19	3,8	41	8,2	10	2,0	51	10,2	10	2,0	131	5,2
Migrante	9	1,8	5	1,0	1	0,2	1	0,2	5	1,0	21	0,8
Vivienda
Propia	254	50,8	218	43,6	221	43,8	255	50,9	365	73,0	1313	52,4
En arriendo	128	25,6	190	38,0	182	36,0	108	21,6	70	14,0	678	27,1
Hipotecario	4	0,8	2	0,4	5	1,0	5	1,0	1	0,2	17	0,7
Familiar	114	22,8	90	18,0	97	19,2	133	26,5	64	12,8	498	19,9
Ingresos mensuales
Menos de 1 SMMLV	207	41,4	199	39,8	118	23,4	238	47,5	92	18,4	854	34,1
Entre 1 y 2 SMMLV	57	11,4	16	3,2	15	3,0	15	3,0	59	11,8	162	6,5
Más de 2 SMMLV	12	2,4	2	0,4	2	0,4	2	0,4	32	6,4	50	2,0
Sin ingresos	224	44,8	283	56,6	370	73,3	246	49,1	317	63,4	1440	57,5
Régimen
Contributivo	243	48,6	190	38,0	148	29,3	135	26,9	177	35,4	893	35,6
Subsidiado	246	49,2	301	60,2	338	66,9	360	71,9	303	60,6	1548	61,8
No asegurado	11	2,2	9	1,8	19	3,8	6	1,2	20	4,0	65	2,6
Apoyo percibido
Bajo apoyo	25	5,0	136	27,2	56	11,1	65	13,0	149	29,8	431	17,2
Buen apoyo									351	70,2	2075	82,8
Número de enfermedades
Ninguna	340	68,0	395	79,0	155	30,7	257	51,3	155	31,0	1302	52,0
Una	94	18,8	62	12,4	157	31,1	102	20,4	160	32,0	575	22,9
Dos	47	9,4	28	5,6	161	31,9	133	26,5	137	27,4	506	20,2
Tres o mas	19	3,8	15	3,0	32	6,3	9	1,8	48	9,6	123	4,9
Con discapacidad
No	304	60,8	317	63,4	366	72,5	395	78,8	315	63,0	1697	67,7
Si	196	39,2	183	36,6	139	27,5	106	21,2	185	37,0	809	32,3
Conocimientos en DDHH
Si	224	44,8	365	73,0	264	52,3	263	52,5	341	68,2	1457	58,1
No	276	55,2	135	27,0	241	47,7	238	47,5	159	31,8	1049	41,9
Mecanismos de protección DDHH
Si	157	31,4	204	40,8	123	24,4	225	44,9	183	36,6	892	35,6
No	343	68,6	296	59,2	382	75,6	276	55,1	317	63,4	1614	64,4
Afectación de sus DDHH
Si	23	4,6	35	7,0	45	8,9	26	5,2	68	13,6	197	7,9
No	477	95,4	465	93,0	460	91,1	475	94,8	432	86,4	2309	92,1
Defensa DDHH autoridad judicial
Si	10	2,0	20	4,0	7	1,4	16	3,2	43	8,6	96	3,8
No	490	98,0	480	96,0	498	98,6	485	96,8	457	91,4	2410	96,2

DDHH: Derechos humanos, ESE vivienda: estrato de la vivienda, SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente, SGSS: Sistema General de Seguridad en Salud

5.2. Afectación de los derechos fundamentales por ciudad.

En relación con la afectación de los Derechos Humanos se evaluó en cada una de las ciudades como era el comportamiento de todos los que contestaron que si en este apartado y concretamente se indagó por los siguientes derechos: vida, alimentación, salud, libertad personal, educación, buen nombre, recreación, vivienda e integridad personal.

Algunos aspectos a destacar son: en Pereira con relación al derecho a la vida el 28,9% manifestaron que se les vulneró, para el caso de alimentación se presentó con mayor intensidad para el municipio de Bucaramanga casi 3 de cada 10 personas mayores, caso similar ocurrió en la vulneración de la integridad personal, vivienda y recreación siendo Bucaramanga la de mayor puntuación porcentual, en relación a la salud el comportamiento de las ciudades fue muy similar y se presentó con mayor intensidad en Popayán con cerca de 7 de cada 10 y para el caso de Santa Marta se presentó mayor vulneración a los DDHH de educación. A continuación, se presenta la figura de distribución porcentual de las afectaciones de los DDHH de las personas mayores en las ciudades indicadas. (Figura 1)

Figura 1

5.3. Perfil de las personas mayores, según percepción subjetiva de la vulnerabilidad a los DDHH

Por otro lado, se identificaron dos perfiles en relación a la vulnerabilidad de los DDHH: perfil 1: Mujeres mayores que no tienen conocimientos de DDHH, que tienen un bajo apoyo social, estudiaron solo hasta primaria, tienen más de 80 años, son de estrato económico bajo, tienen más de 1 enfermedad, se identifican con discapacidad y no tienen mecanismos de protección de los DDHH y el perfil 2: personas mayores que se identificaron como hombres, cuyos estudios son superiores a secundaria, estrato económico medio alto, tienen buen apoyo social, no tiene ninguna enfermedad, tienen conocimientos en DDHH. A continuación, se presentar el perfil de DDHH de las personas mayores en las citadas ciudades (Figura 2).

Figura 2

Para el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, se ha planteado la importancia de aplicar el enfoque de derechos orientado a la incorporación de los principios de interdependencia e integralidad (Jiménez, 2007), es decir, reconocer que el cumplimiento de unos derechos depende de otros, aunque las personas objeto de protección no identifiquen necesariamente la vulneración de sus derechos humanos lo cual puede estar dado por las condiciones de vida en las que se han acostumbrado a vivir y en cierta medida han naturalizado dentro de su entorno situaciones que conducen a restricciones de estos derechos.

En términos generales el enfoque de derechos tiene sus bases en los valores, principios y normas universales, propios de la dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, y que se sustenta en los derechos humanos” (Organización Mundial de la Salud, 2009).

Todas las Convenciones sobre derechos humanos que expiden los organismos multilaterales tiene como propósito que no solamente se plasmen en una norma interna, sino que los Estados miembros tracen estrategia para su cumplimiento.

Al respecto Sen en su obra “La idea de la Justicia”(Sen, Amartya, 2011), expresamente indica que la idea de derechos humanos es usada para cosas distintas de la producción legislativa. Deben entenderse como reivindicaciones éticas constitutivamente vinculadas a la importancia de la libertad humana y por esto los derechos son libertades, no son solamente individuales sino colectivas, que van más allá de los placeres y la satisfacción de los deseos.

En el caso objeto de estudio, es decir, las personas encuestadas en las cinco ciudades de Colombia, tanto las preguntas generales realizadas sobre los aspectos socioeconómicos como las específicas sobre los derechos humanos permite importantes reflexiones desde el enfoque de derechos que a continuación se exponen de acuerdo con los resultados presentados con antelación:

Anudado a lo anterior y en un porcentaje similar, el 57% de los participaron indicaron que no tenían ingresos propios ni ingresos mensuales y ese efecto negativo también puede estar relacionado con su nivel educativo. Por lo tanto, la ausencia de estudios de primaria dificulta el acceso a oportunidades laborales formales y contribuye a obtención de ingresos salariales reducidos y reproducción de carencias sociales y marginación (Rodríguez Nava et al., 2020). En este sentido también pasa desapercibido para los encuestados que las razones por las cuales no tienen ingresos propios puede estar relacionados a la ausencia de protección de sus derechos humanos y que en cualquier Estado debe garantizarse, que en esta etapa de vida, los habitantes del territorio nacional tengan la posibilidad de acceder a prestaciones económicas contributivas y no contributivas que les garanticen otros derechos plasmados en la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores (6), como son los de independencia y autonomía que sin duda se restringen cuando no es viable proveer recursos propios para las actividades de la vida diaria y en este sentido no hay coherencia en la percepción positiva que expresaron los participantes respecto al conocimiento de los derechos humanos de las personas mayores ni en la manifestación de no afectación de los mismos.

En cuanto a la percepción de tener buen apoyo por parte del 82,8% de los participantes, se ha documentado la importancia que el adulto mayor dentro de la familia tenga seguridad afectiva y económica, pleno ejercicio de sus derechos humanos y calidad de vida, de manera que tenga el derecho de tener derechos dentro de la familia donde habite(Araque & Rodríguez, 2008; Suárez & Araque, 2020). Por otra parte, también se ha planteado que el factor familiar y social, principalmente, se convierten en factores protectores, resultando beneficioso en la vida de estas personas, más aún en un contexto adverso.(Quiroga-Sanzana et al., 2022). Estos argumentos pueden ser relevantes para quienes dieron respuesta a la encuesta porque a pesar de su nivel de escolaridad y ausencia de ingresos, consideran que tienen un buen apoyo el cual puede provenir de la familia y de su contexto social. En este sentido se estaría garantizando el ejercicio de los derechos a la participación e integración comunitaria consagrados en la citada Convención.

En relación con una condición de vulnerabilidad por desplazamiento o migración, al encontrarse que solamente el 5,2% era desplazada y el 0,8 migrante, debe tenerse en cuenta que las encuestas fueron aplicadas en la zona urbana y que este dato en Colombia son contradictorios respecto a los informes presentados a nivel mundial por organismos como la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONU, los cuales afirman que las personas en situación de desplazamiento y migrantes se ubican habitualmente en las zonas urbanas(Banco Mundial, 2021; ONU MIGRACIÓN, 2020; Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2018).

Referente a otro aspecto socioeconómico, la indicación que el 61,2% vivían en estrato 1 o 2 y que el 52,4% la vivienda era propia, evidencia dos realidades respecto al derecho a la vivienda, la primera es que podría afirmarse que la condición de poseer un inmueble es un ejercicio legítimo de ese derecho pero que el estrato en el que se ubican la mayoría de los encuestados implica revisar si la vivienda es digna y adecuada y si los entornos donde viven son seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades como lo precisa la Convención, especialmente cuando han manifestado previamente que no tienen ingresos propios ni mensuales que les permita hacer en términos de las capacidades, como lo anuncian Sen y Nussbaum, posibilidad de elegir funcionamientos valiosos para su vida(Nussbaum, 2003; Sen, 2004).

Por otra parte, los aspectos referidos al derecho a la seguridad social fueron abordados desde tres puntos centrales: la afiliación, las enfermedades y la discapacidad. El primero, la afiliación al sistema de seguridad social en salud que arrojó como resultado que el 61,8% está en el régimen subsidiado, lo cual significa que no contribuyen porque no tienen ingresos propios ni tampoco tiene una pensión de vejez, como ha sido denominada en la Ley 100 de 1993(Ley 100, 1993), que les garantice recursos propios.

Si bien en Colombia de forma progresiva se ha venido garantizando el derecho a la salud como fundamental independiente si se encuentra la persona afiliada a través del régimen contributivo o subsidiado, siguen existiendo barreras para cumplir integralmente los presupuestos de la Constitución Política de Colombia(Constitución Política de Colombia, 1991), La Ley 100 de 1993(Ley 100, 1993) y la Ley 1751 de 2015 (27) sobre la cobertura integral para quienes el Estado debe ser garante de su aporte para recibir todas las prestaciones asistenciales por las barreras de acceso a los servicios de salud como son el cobro de copagos, los gastos de transporte para asistir a las citas médicas y la demora en autorizaciones para diferentes procedimientos médicos, entre otras. Esto hace que aumente el gasto de bolsillo de las personas mayores o que simplemente ante la ausencia de recursos no utilicen dichos servicios. Adicionalmente, si están afiliados al subsidiado es porque tampoco se le esta garantizando al adulto mayor su derecho al trabajo, por lo menos de un empleo formal donde el empleador está obligado a la cobertura integral de aportes para la seguridad social, es decir salud, pensión y riesgos laborales.

Sobre el derecho al trabajo, autores como Nuñez et al, a han concluido que la edad no puede ni debe ser una barrera o impedimento para el desarrollo del ser humano en la etapa de la vejez y que es necesario y urgente repensar el papel del trabajo desde una dimensión humana, como esa actividad que dignifica a la persona y le complementa en el camino de su realización personal(Arreola et al., 2022). Si durante otras etapas de la vida presentaron restricciones para lograr reunir el número de semanas o el capital suficiente para una pensión de vejez por lo menos en Estado debería de ser garante de fuentes de empleo digno y acorde a las habilidades y experiencias de quienes aún consideren que pueden trabajar, siempre y cuando sus condiciones de salud no se vean afectadas para estar activos laboralmente.

Respecto al segundo y tercer punto, es significativo que el 48% contestaran que tenían alguna enfermedad y el 32.3% se reconocieran como personas con discapacidad. Sobre estos aspectos se debe enfatizar que Organización Mundial de Salud (OMS) en el Informe Mundial de Envejecimiento y Salud, ha recordado que la mala salud no tiene que ser la característica predominante y limitante de las poblaciones de edad avanzada pero si precisa que la mayoría de los problemas de salud de las personas mayores son el resultado de enfermedades crónicas y es posible prevenir o retrasar muchas de ellas con hábitos saludables y una atención oportuna y retoma el concepto de envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen a través de políticas para prevenir y reducir la carga del exceso de discapacidades, enfermedades crónicas y mortalidad prematura; reducir los factores de riesgo relacionados con las causas de enfermedades importantes y aumentar los factores que protegen la salud durante el curso de la vida y desarrollar una continuidad de servicios sociales y de salud que sean asequibles, accesibles, de gran calidad y respetuosos con la edad(Organización Mundial de la Salud, 2021).

Desde este punto de vista, algunas de las personas encuestadas que percibe la carga de la enfermedad y la discapacidad pero que manifiestan que no se le han afectado sus derechos humanos, no relacionan estas condiciones a posibles limitaciones del derecho a la salud, especialmente cuando se refieren a la discapacidad, la cual de acuerdo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se refiere no solo a las deficiencias físicas, síquicas o sensoriales sino también a las barreras para la participación y la igualdad(Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2006) específicamente respecto a la atención oportuna de sus enfermedades y en general al acceso a diferentes servicios.

Sobre las preguntas concretas, aunque un porcentaje importante de personas mayores señaló que si conocen los derechos humanos (58.1%) es particular que el 67,4% realicen esta afirmación cuando desconocen los mecanismos de protección y este mismo sentido desconociéndolos señalen el 92.1% que no consideran que se les ha afectado sus derechos a pesar del análisis de las condiciones socioeconómicas ya descritas que vinculan diferentes derechos consagrados en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. El resultado de un desconocimiento de los mecanismos de protección de derechos humanos se deriva de la escasa promoción realizada para el conocimiento de acciones constitucionales de protección de derechos humanos.

Así las cosas, tal y como lo refieren Emilio La Rota, Rodrigo Uprimny, Sebastián Lalinde y Sandra Santa Mora en el libro referido en líneas precedentes, el acceso a la justicia debe comprender no sólo campañas para la educación en los derechos, sino también en el conocimiento de las instituciones jurídicas básicas para garantizar su cumplimiento. Si bien la mayoría de las personas pueden tener nociones vagas alrededor del significado de los derechos humanos, no reconocen cuáles son las formas para garantizar su cumplimiento(La Rota Uprimny et al., 2014).

Respecto a los encuestados que, si reconocen que se les ha afectado algún derecho humano fundamental, también es pertinente reflexionar que de 23 personas solamente 10 han acudido a las instancias judiciales para la defensa de esos derechos. Esta premisa se encuentra vinculada con el desconocimiento de los mecanismos y la ausencia del del Estado, la familia y la sociedad para empoderar a los adultos mayores en el ejercicio de sus derechos a través de las diferentes acciones que se encuentran establecidas en la Constitución y las Leyes y que es deber de todos conocerlas y darle aplicación y cumplimiento.

También los resultados por ciudades deben contribuir para que en cada región se revisen las políticas públicas en aras de garantizar no solo en conocimiento de los derechos humanos específicos a la vida, alimentación, salud, libertad personal, educación, buen nombre, recreación, vivienda e integridad personal sino su real protección y reconocimiento por parte de todos los actores involucrados. Asimismo, teniendo en cuenta los resultados específicos las acciones concretas que primero se deben examinar son: en Pereira respecto al derecho a la vida, en Bucaramanga sobre el derecho a la alimentación, integridad persona, vivienda y recreación, Santa Marta con relación al derecho a la Educación y en todos los planes y programas para las garantías del derecho a la salud.

Por último, es importante hacer el balance frente al perfil de las personas mayores, según percepción subjetiva de la vulnerabilidad a los DDHH

De acuerdo con las conclusiones arrojadas en el estudio, las mujeres mayores que no tienen conocimiento de los derechos humanos, con escasos niveles de educación y bajo apoyo social son aquellas que resultan más afectadas frente a la satisfacción de sus derechos humanos y al acceso a la justicia. En la tabla No. 2 es notorio que los hombres encuestados presentan mayor acceso a la educación superior, son de estrato socioeconómico alto y tienen un buen apoyo social.

Este resultado indica lo que varios estudios feministas como los realizados por Nancy Fraser, y Alda Facio han corroborado, la condición de mujer representa un factor mayor de vulnerabilidad social que dificulta el acceso a los derechos humanos. Ésta, más que ser una condición natural, resulta del escaso acceso a mecanismos de representación, reconocimiento o redistribución de derechos a las mujeres en general en el mundo, tales como la participación en organizaciones políticas, el acceso a la salud, a las pensiones, a la educación y a la vivienda y el maltrato social.

Esta realidad no es ajena a Colombia y si a ella se añaden las cifras de violencia sexual que incrementaron en el año 2022. El factor de la violencia sexual contra la mujer dificulta aún más el acceso a los derechos humanos y adicionalmente refleja que no son sólo las condiciones económicas las que impiden el acceso a los derechos, sino también los sesgos de género culturales y políticos en los que el estigma social agrava la satisfacción de derechos humanos en sociedades que como la colombiana donde aún continúa existiendo un sesgo de género en la satisfacción de derechos humanos.

Los derechos humanos, tanto a nivel global como en este estudio específico están asociados de manera evidente con condiciones socioeconómicas, culturales y políticas que permiten o dificultan el acceso a los mismos.

La Corte Constitucional y algunos doctrinantes de derechos humanos como Carlos Urquilla Bonilla, han señalado en numerosas sentencias, el carácter de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y con ello, han recalcado la necesidad de considerar todos los derechos humanos, tanto los derechos de libertad y participación, como los derechos económicos sociales y culturales y finalmente los derechos colectivos como derechos fundamentales, donde la violación de uno va a producir la violación de los demás(Sentencia de tutela T-1025, 2007; Urquilla, 2001).

Al analizar las cifras arrojadas en el estudio frente al conocimiento de los derechos humanos, se concluye que más de la mitad más uno de los encuestados refleja tener un conocimiento frente a los mismos y que, no obstante, dicho conocimiento alrededor del 64,4% desconocen los mecanismos de protección.

Este supuesto conocimiento de derechos humanos suele estar asociado a percepciones equivocadas del órgano encargado de la satisfacción de estos derechos. Los derechos humanos deben ser entendidos como derechos cuya responsabilidad de satisfacción recae en el gobierno del Estado, no obstante, son las condiciones físicas o de salud o afectivas familiares, donde en algunas de las respuestas se asocian a su insatisfacción. Ello es así como si, el padecer alguna enfermedad física o no tener acceso a la educación, o a servicios públicos constituyera una barrera de acceso a los derechos que la persona debiera resolver desde su contexto personal o individual, pero, que aún no dependa de la responsabilidad del Estado.

Por ello, el derecho se conoce, pero se desconoce la forma de satisfacerlo en la medida en la que no es posible acceder a instituciones estatales que presten apoyo a la satisfacción de los mismos. El derecho en este sentido no puede existir con independencia de sus canales o mecanismos de satisfacción.

El hecho de que no exista una presencia del estado en varias zonas del territorio frente a la promoción de mecanismos de acceso a derechos impide una verdadera apropiación de los instrumentos para la satisfacción de los derechos humanos que, tal y como lo señalábamos anteriormente, implican una necesaria conexión entre condiciones de vulnerabilidad social entendidas como situaciones de indefensión que presentan individuos o grupos frente a riesgos sociales que no pueden ser enfrentados por ellos mismos(Arreola et al., 2022).

Las condiciones de vulnerabilidad social, que en el caso de los estudios feministas pueden ser asociados a variables interseccionales, por ejemplo el acceso a derechos en mujeres negras y empleadas domésticas con escasos recursos económicos, falta de representación política y discriminación cultural, asocian los factores de marginación como la falta de educación, la raza, el género, la discapacidad que hacen que los sujetos de derechos se vean más expuestos a perder los derechos por la escasa presencia de condiciones económicas que faciliten una defensa de derechos humanos en condiciones efectivas y adecuadas o incluso sientan o crean que no gozan de derechos humanos por estigmas sociales de discriminación que los marginan socialmente. Desde este punto de vista, pueden existir los canales de acceso para proteger los derechos humanos, pero si en la sociedad no existe una adecuada distribución de riquezas o una fuerte representación en espacios políticos y culturales los derechos humanos terminan convirtiéndose en instrumentos de papel.