Revista Verba Iuris

Rasgos identitarios y reconocimiento de los Derechos Colectivos: revisión a la Jurisprudencia Constitucional en Colombia

Identity traits and recognition of collective rights: A review of Constitutional Jurisprudence in Colombia

Andrés Felipe Roncancio Bedoya^*

John Fernando Restrepo Tamayo^**

Kelly Joselin Espitia Ortega^***

^*Docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Seccional Santa Marta. ORCID: https://orcid.org/0000-00021257-3813 Correo electrónico: andres.roncancio@campusucc.edu.co

^** Docente de la Universidad del Valle. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4561-3041 Correo electrónico: restrepo.john@correounivalle.edu.co

^*** Politécnico Grancolombiano. ORCID: https://orcid.org/0009-0007-5179-7303 Correo electrónico: kjespitia@poligran.edu.co

Resumen

Este artículo aborda la relación entre rasgos identitarios y la protección de derechos colectivos en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, identificando de qué manera las características culturales, étnicas, de género y socioeconómicas influyen en la formulación de políticas y la jurisprudencia constitucional. Para ello, se examina el marco normativo con el fin de evaluar cómo dichos rasgos identitarios inciden en el reconocimiento y la protección de los derechos colectivos. Los resultados evidencian que, aunque se ha logrado un avance significativo en la incorporación de estas identidades en la jurisprudencia colombiana, persisten desafíos en la implementación efectiva de los derechos reconocidos, especialmente en contextos de desarrollo nacional y a los proyectos extractivos. Las conclusiones sugieren que la adopción de un enfoque integral, que articule perspectivas legales, sociológicas y antropológicas, permite fortalecer la comprensión y la protección de estos derechos.

Palabras clave

rasgos identitarios; derechos colectivos; jurisprudencia constitucional; diversidad cultural; garantías judiciales.

Abstract

This article addresses the relationship between identity traits and the protection of collective rights within the development of constitutional jurisprudence, identifying how cultural, ethnic, gender, and socioeco nomic characteristics influence policy-making and constitutional jurisprudence. To this end, the norma tive framework is analyzed in order to assess how identity traits affect the recognition and protection of collective rights. The results highlight that, although significant progress has been in incorporating these identities into Colombian jurisprudence, challenges persist in the effective implementation of recognized rights, particularly in contexts related to national development and extractive projects. The conclusions suggest that adopting an integrated approach —one that articulates legal, sociological, and anthropological perspectives— can strengthen both the understanding and the protection of these rights.

Keywords

identity traits; collective rights; constitutional jurisprudence; cultural diversity; judicial guarantees.

1. Introducción

El concepto de los rasgos identitarios y su impacto en el reconocimiento y la protección de los derechos colectivos constituye un campo de estudio fundamental para comprender las interacciones entre la ley, la sociedad y la diversidad cultural. En contextos como el nuestro, caracterizados por sociedades notablemente plurales y multiétnicas, este estudio adquiere una relevancia particular (Vaca, 2025).

Los rasgos identitarios, que abarcan dimensiones como la etnicidad, la cultura, el género y la orientación sexual, no solo configuran las identidades individuales y colectivas, sino que también influyen de manera decisiva en la formulación de políticas públicas y en las prácticas jurídicas. En este sentido, reconocer y analizar cómo estos rasgos inciden en la aplicación y el desarrollo del derecho resulta esencial para promover una sociedad más justa y equitativa.

Este artículo tiene como propósito explorar la manera en que los rasgos identitarios son considerados en la jurisprudencia constitucional, con un enfoque particular en su relación con la protección de los derechos colectivos. A través del análisis de casos judiciales y de la legislación nacional, se busca comprender mejor la dinámica entre identidad, ley y política en sociedades marcadas por profundas diversidades y desigualdades.

El presente trabajo se erige sobre una investigación socio-jurídica; de carácter teórico y descriptivo, con un enfoque cualitativohermenéutico, desarrollada mediante una técnica documental basada en el análisis jurisprudencial. Se llevó a cabo una revisión sistemática que permitió seleccionar un conjunto significativo de sentencias en las cuales es posible identificar la intervención de la Corte Constitucional en la configuración y consolidación de los rasgos identitarios de las comunidades que reclaman la protección de sus derechos a la integridad, conservación y defensa frente a intervenciones institucionales, particularmente aquellas relacionadas con actividades extractivas o regulaciones normativas.

Los resultados del análisis jurisprudencial permiten identificar patrones, tendencias, así como excepciones, en la integración y consideración de los rasgos identitarios en la protección de los derechos colectivos. Se presta especial atención a la forma en que las providencias judiciales han abordado los derechos de las comunidades indígenas y otros grupos minoritarios, evaluando la profundidad y efectividad de tales enfoques (Zambrano, 2004).

2. Conceptualización de los rasgos identitarios

En primer lugar, es necesario definir el concepto de rasgos identitarios. Para efectos de este trabajo, esta noción se entiende como una amalgama de características que conforman la identidad de individuos y colectividades, influyendo en la manera en que interactúan con su entorno y en cómo son percibidos por otros (Morales, 2024). Esta noción abarca múltiples dimensiones, entre las que se destacan la etnicidad, la cultura, el género y la orientación sexual (Bourdieu, 2012). Dichos rasgos no solo reflejan atributos inherentes o adquiridos de las personas, sino también las dinámicas sociales, económicas y políticas que los modelan y redefinen continuamente.

En el marco normativo de los derechos humanos, los rasgos identitarios influyen en la formulación de políticas para garantizar la equidad y protección contra toda expresión de discriminación (Porras, 2023). El reconocimiento de los derechos colectivos permite identificar y validar las características propias de grupos como los pueblos indígenas, asegurando su derecho a preservar y desarrollar su identidad cultural frente a influencias homogeneizadoras (Ávila, 2022).

La interpretación de estos rasgos suele incurrir en el terreno del esencialismo, donde se asume que ciertos atributos de un grupo son inmutables y definitorios (Fortich, Meléndez & Silva, 2025). Esta perspectiva puede llevar a la exclusión o discriminación si los individuos no se ajustan a estos estereotipos preconcebidos. Esto es particularmente visible en contextos donde la cultura y la etnicidad se politizan o se convierten en criterios para la distribución de recursos y derechos (Bello, 2018).

En la esfera social y política, los rasgos identitarios pueden ser puntos de movilización para el activismo y la reivindicación de derechos (Meertens, 2008). Los movimientos sociales recurren con frecuencia a la identidad como un eje para agrupar a individuos en torno a causas comunes, como la lucha contra el racismo, la discriminación de género o la defensa de los derechos LGBTQ+ (Valdivia, 2020). Reconocer y abordar estas complejidades allana el camino de una sociedad más justa y equitativa (Cabrera, 2018).

3. Caracterización del concepto de los rasgos identitarios

En términos de categorización, los rasgos identitarios pueden clasificarse en diversas categorías principales: culturales, étnicas, nacionales, de género y sexuales, y socioeconómicos. Cada una de estas categorías comprende un conjunto de elementos específicos que contribuyen a la diversidad de identidades dentro de una sociedad (Sánchez, 2008). La identidad cultural incluye prácticas, lenguajes y tradiciones características de un grupo particular, mientras que la identidad de género y sexual abarca aspectos relacionados con la identificación y la expresión de género de una persona, así como su orientación sexual (Castelar, 2015).

Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, los rasgos identitarios son fundamentales, en la medida que orientan la formulación de leyes y políticas destinadas a proteger los derechos de grupos vulnerables y minoritarios (Bartolomé, 2006). El reconocimiento legal de los rasgos identitarios de colectivos como los pueblos indígenas o las comunidades LGBTQ+ permite la implementación de medidas específicas que respetan y preservan su cultura y sus derechos, evitando la homogenización cultural y promoviendo una sociedad más inclusiva (Gifre, Monreal & Esteban, 2011).

No obstante, la conceptualización y el reconocimiento de los rasgos identitarios también plantean desafíos, especialmente en contextos donde la identidad puede convertirse en un factor de conflicto o discriminación. La categorización puede reforzar estereotipos o conducir a la esencialización de los grupos, lo que podría derivar en políticas que no reflejen la diversidad y la dinámica interna de cada comunidad (Caicedo & García, 2021). Es crucial abordar los rasgos identitarios con una perspectiva inclusiva y crítica, garantizando que las políticas desarrolladas no solo reconozcan la diversidad, sino que también promuevan la igualdad sustantiva y el respeto por todos los individuos (Mantecón, 2020).

La siguiente tabla presenta una categorización de los rasgos identitarios comúnmente reconocidos en la actualidad. En ella se organizan estos rasgos en cinco categorías principales, junto con sus respectivas subcategorías, facilitando la comprensión de cómo influyen en la identidad de una persona o de un grupo.

Fuente: Elaboración propia basada en (Bartolomé, 2006; Valdivia, 2020; Sánchez, 2008)

Esta tabla permite visualizar cómo los diferentes rasgos identitarios influyen en la experiencia y en la percepción social de los individuos y los grupos. Dichos rasgos interactúan de manera compleja, incidiendo en aspectos como las oportunidades, el acceso a recursos, así como en la forma en que las personas son percibidas y tratadas en la sociedad. Estas dinámicas pueden tener implicaciones significativas en áreas como la política, la educación y el empleo (Morales, 2024).

La categorización de los rasgos identitarios es, fundamentalmente una construcción conceptual que funciona como herramienta analítica para comprender cómo diversos aspectos de la identidad interactúan y se manifiestan en la sociedad. Esta clasificación facilita tanto la comprensión como el análisis de las dinámicas sociales, económicas y políticas que afectan a individuos y grupos (Gifre, Monreal & Esteban, 2011). Es necesario reconocer que esta categorización es una simplificación y no captura completamente la fluidez y la interseccionalidad de la identidad humana. Los rasgos identitarios no existen en compartimentos estancos; por el contrario, se superponen y entrelazan de maneras que afectan profundamente las experiencias de vida de las personas, a menudo de formas que no son completamente predecibles a partir de cualquier categoría individual (Valdivia, 2020).

El uso de categorías para describir rasgos identitarios implica, además, el riesgo de reforzar estereotipos o de perpetuar una visión esencialista de identidades que, por naturaleza, son dinámicas y contextuales (Ferreira, 2008). Cada categoría, aunque útil para fines analíticos, debe manejarse con cuidado para evitar la homogeneización de experiencias e identidades que, son inherentemente diversas. Es importante que estas categorizaciones se utilicen de manera que promuevan la inclusión y la equidad, reconociendo la complejidad de las identidades en lugar de limitar la comprensión (Navarro & Saldívar, 2020).

En este sentido, el enfoque en rasgos identitarios debe ser sensible al contexto y adaptarse a la evolución de los debates y comprensiones sobre la identidad en un mundo en constante cambio (Vargas, 2012).

4. Derechos colectivos a partir de los rasgos identitarios

Los derechos colectivos representan una categoría esencial dentro del ámbito de los derechos humanos, caracterizada por su aplicación a grupos o colectivos, en lugar de a individuos de manera aislada. Estos derechos están diseñados para proteger valores compartidos por un grupo —como pueblos indígenas, comunidades étnicas o religiosas, y otros colectivos organizados—, facilitando la preservación de su cultura, identidad y prácticas tradicionales (Peces-Barba, 2001).

Estos derechos garantizan la reivindicación del acceso a la tierra y los recursos naturales, la autonomía, el autogobierno, así como el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones culturales y religiosas. Asimismo, comprenden el derecho a participar plenamente, si así lo deciden, en la vida económica, social y política del Estado, sin discriminación ni represión (Tuaza, 2020). La efectividad de los derechos colectivos resulta fundamental para el mantenimiento de la diversidad cultural y para la promoción de la justicia y la equidad en los Estados plurinacionales y multiétnicos (Ramos, 2009).

Desde el punto de vista jurídico, los derechos colectivos se reconocen tanto en el derecho internacional —a través de tratados y convenciones— como en las legislaciones nacionales, mediante constituciones y leyes específicas. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituye un instrumento clave que reconoce y promueve los derechos colectivos de los pueblos indígenas globalmente (Fonseca, 2022). A nivel nacional, países como Bolivia y Ecuador reconocen derechos colectivos en sus constituciones, ofreciendo un marco legal para la protección y promoción de los intereses de sus pueblos indígenas y afrodescendientes (Aparicio, 2020; Moreno, 2025).

La implementación de derechos colectivos enfrenta desafíos significativos. La falta de claridad en las legislaciones, la resistencia por parte de ciertos sectores políticos y económicos, y la insuficiente comprensión de la naturaleza colectiva de estos derechos pueden obstaculizar su efectiva realización (Tuaza, 2020). El conflicto entre los derechos colectivos y los intereses de desarrollo nacional, como en los casos de proyectos extractivos y de infraestructura, plantea dilemas complejos que requieren un equilibrio cuidadoso entre diferentes intereses y derechos (López, 2017).

Los derechos colectivos no solo reflejan el reconocimiento de la importancia de los grupos y sus identidades dentro de la sociedad, sino que también constituyen un componente fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la paz social (Barié, 2022). Esto permite a los grupos vulnerables y marginalizados tener voz y reafirmar su lugar dentro de la sociedad, promoviendo su participación y contribución en términos más igualitarios (Galindo, 2020).

En Colombia, los derechos colectivos han sido ampliamente reconocidos y están profundamente arraigados en la Constitución de 1991, la cual los establece como fundamentales para proteger intereses comunes que trascienden los individuales, como el medio ambiente, la diversidad étnica y cultural, y los recursos naturales (Arango, 2005). Esta protección constitucional es especialmente relevante para los pueblos indígenas y afrocolombianos, ya que garantizan su derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, identidad, lenguas, creencias, hábitats, así como el uso y la conservación de sus tierras (Duarte & Castaño, 2020).

Los derechos colectivos en Colombia incluyen la protección de los territorios ancestrales, asegurando que estas comunidades puedan perseguir su desarrollo económico y social en consonancia con sus tradiciones y aspiraciones (Larios & Cabrera, 2021). La ley colombiana reconoce y protege estos territorios mediante titulación colectiva, proporcionando un marco legal que facilita la autonomía y el autogobierno. Este enfoque ha sido fundamental para empoderar a las comunidades indígenas y afrocolombianas, permitiéndoles gestionar sus recursos de manera sostenible y participar activamente en decisiones que afectan sus tierras y culturas.

La implementación efectiva de estos derechos colectivos enfrenta desafíos significativos. Numerosos informes de conflictos entre los intereses de desarrollo económico, como la minería y la extracción de recursos, así como los derechos de las comunidades a sus tierras ancestrales (Duarte & Castaño, 2020). Estos conflictos suelen agravarse por la falta de procesos adecuados de consulta y por la ausencia del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, requisito establecido tanto en estándares internacionales como nacionales (Arroyave & Devia, 2017).

La defensa de los derechos colectivos en Colombia ha requerido una vigilancia constante y litigios significativos. Organizaciones indígenas y de derechos humanos, junto con algunos sectores del gobierno, trabajan para asegurar que los derechos colectivos no solo sean reconocidos en papel, sino también efectivamente respetados y promovidos. La Corte Constitucional ha desempeñado un papel fundamental, interpretando la Constitución de manera que fortalezca estos derechos y establezca jurisprudencia que apoye la protección de las comunidades junto a sus territorios contra usurpaciones y daños ambientales (Guzmán & Botina, 2023).

5. Derechos Colectivos a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional

Para realizar el análisis de los derechos colectivos y sus garantías en la alta corporación de lo constitucional, se examinan trece casos en los cuales la Corte reconoce, protege y garantiza los derechos colectivos en Colombia.

5.1 Sentencia T-453 de 1998

La Corte Constitucional revisa una acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Ricaurte (Cundinamarca). El accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida y a un ambiente sano, debido a la operación de un botadero de basura a cielo abierto cercano a su residencia, lo que ha generado contaminación ambiental, malos olores y proliferación de vectores de enfermedades, afectando la calidad de vida de los residentes del área.

El problema jurídico consiste en determinar si la acción de tutela es procedente para la protección de derechos de naturaleza colectiva —como el derecho a un ambiente sano — cuando estos inciden directamente en derechos fundamentales individuales. La Corte concluye que, aunque tales derechos tienen un carácter colectivo, en el caso concreto existe una conexión directa con sus derechos fundamentales, lo que justifica la procedencia de la tutela, como mecanismo de protección, dada la inminencia del riesgo y la insuficiencia de otros medios legales más generales, como las acciones populares, para proporcionar protección efectiva. La Corte subraya la importancia de proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, fundamentado en el artículo 79 Superior y destaca que este derecho es esencial para la calidad de vida de las personas. Enfatiza la responsabilidad de las autoridades locales en la gestión efectiva de los residuos y en la protección de la salud pública, resaltando el papel de la tutela como un recurso jurídico rápido y efectivo cuando otros métodos legales no ofrecen una solución adecuada o suficientemente ágil (Sentencia T-453/98).

5.2 Sentencia T-955 de 2003

El Alto Tribunal aborda una acción de tutela presentada por el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Cacarica, que argumenta la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades negras debido a la explotación maderera no sostenible en su territorio. Los demandantes, pertenecientes a estas comunidades, sostienen que la explotación maderera está impactando negativamente su derecho a la subsistencia y la integridad cultural. Critican la falta de consultas y consentimientos apropiados, requisitos obligatorios bajo normativas nacionales e internacionales.

El problema jurídico radica en establecer si la tutela es el mecanismo adecuado para proteger los derechos colectivos de las comunidades negras y decidir si las actividades de explotación deben ser suspendidas por no cumplir con el proceso de consulta previa. La Corte decide a favor de las comunidades, ordenando la suspensión de la explotación maderera hasta garantizar procesos adecuados de consulta previa. Esto enfatiza la necesidad de garantizar que todas las actividades económicas en territorios de comunidades tradicionales se lleven a cabo con el debido proceso, asegurando consultas previas realizadas de buena fe y orientadas a alcanzar un consenso entre lo que significa el desarrollo de actividades económicas y el cuidado de los recursos naturales especialmente protegidos por una comunidad que demanda una esfera de especial protección.

Estos derechos están respaldados por la Constitución de Colombia y convenios la importancia de respetar la autonomía de las comunidades y su participación efectiva en la gestión de sus propios recursos naturales. Esta sentencia reafirma el compromiso del Estado con la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, asegurando su inclusión en las decisiones que afectan directamente sus territorios y modos de vida (Sentencia T-955/03).

5.3 Sentencia T-880 de 2006

La Corte Constitucional resuelve una acción de tutela interpuesta por el Pueblo Indígena Motilón Barí contra el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ECOPETROL, por la realización de actividades de exploración y explotación petrolera en su territorio sin consulta previa. El pueblo Motilón Barí argumentó que estas actividades vulneraban sus derechos a la diversidad étnica y cultural, a la vida y a la integridad, destacando que las autoridades permitieron las operaciones basándose en certificaciones erróneas que negaban la presencia de comunidades indígenas en las áreas afectadas.

El problema jurídico se centra en determinar la procedencia de la tutela para proteger el derecho a la consulta previa. La Corte concluye que se vulneraron derechos fundamentales y ordena la suspensión de las actividades hasta la realización del proceso de consulta.

Esta Sentencia subrayó la obligación del Estado de garantizar la realización de actividades en territorios indígenas con el debido proceso; y reafirmó la importancia de los derechos colectivos, como la consulta previa, la integridad cultural, social y económica, y el derecho a un ambiente sano, destacando su esencialidad para la protección y autonomía de las comunidades indígenas frente a grandes proyectos extraccionistas (Sentencia T-880/06).

La Sentencia T-880 de 2006 es esencial para entender de qué manera la Corte Constitucional asegura la procedencia de la acción de tutela como un medio a través del cual se visibiliza el reclamo y protección de comunidades ancestrales que denuncian la concesión de licencias de explotación de recursos en zonas de especial protección sin que tenga lugar de manera libre e informada la consulta previa. Con base en esta premisa la Corte Constitucional resolvió en favor de comunidades indígenas el derecho a un entorno protegido: (i) Sentencia T-235/11; (ii) Sentencia T-749/14 y, (iii) Sentencia T-253/16.

5.4 Sentencia T-299 de 2008

La Corte Constitucional examina la acción de tutela interpuesta por el Comité de Derechos Humanos de los Habitantes del Barrio La Paz contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). El Comité alega que la EAAB ha fallado en proporcionar un suministro adecuado y de calidad de agua potable, lo cual constituye una violación de los derechos colectivos al medio ambiente sano, al acceso al agua potable y a la salubridad pública. La comunidad ha experimentado interrupciones frecuentes y baja calidad del agua, lo que ha afectado gravemente la salud y el bienestar de sus residentes, a pesar de las múltiples quejas presentadas.

El problema jurídico central reside en determinar si la ineficacia de la EAAB en manejar adecuadamente el suministro de agua representa una infracción de los derechos colectivos mencionados. La Corte debe evaluar si esta falta de servicio adecuado compromete directamente la vida y salud de los habitantes del Barrio La Paz y si es necesario intervenir judicialmente para corregir esta situación y prevenir daños mayores. La decisión de la Corte es favorable para los demandantes, concluyendo que la EAAB ha vulnerado los derechos fundamentales de los habitantes del Barrio La Paz. Como resultado, la Corte ordena a la empresa implementar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar un suministro continuo y de calidad de agua potable. Esta Sentencia reitera la obligación del Estado, al igual que sus entidades de proporcionar servicios públicos esenciales de forma eficiente; y destaca la importancia de proteger los derechos colectivos fundamentales relacionados con el acceso a servicios básicos como el agua potable, asegurando así el bienestar y la salud pública (Sentencia T - 299/08).

5.5 Sentencia T-652 de 2013

La Corte Constitucional aborda el caso de tutela presentada por una comunidad indígena que reclama la falta de acceso adecuado al agua potable y al saneamiento básico, elementos esenciales para su salud, la preservación de su cultura y el cuidado de la vida. La comunidad argumentó que la carencia de servicios básicos constituía una falla del Estado en cumplir con sus obligaciones constitucionales, lo que los motivó a demandar para exigir una solución que garantizará su derecho a una vida digna.

El dilema jurídico exigió determinar si los derechos al agua potable, como también al saneamiento básico eran fundamentales y si el Estado había incumplido su responsabilidad constitucional de asegurar estos derechos, especialmente en el contexto de comunidades indígenas. La Corte evaluó cómo la falta de estos servicios básicos afectaba otros derechos fundamentales, como la salud y la vida digna, considerando la situación particular de vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a la omisión estatal.

La Corte Constitucional determinó que el agua potable y el saneamiento son derechos fundamentales, vinculados intrínsecamente con el derecho a la salud y a una vida en condiciones dignas. Por lo tanto, ordenó al Estado implementar de manera inmediata las medidas necesarias para asegurar que la comunidad indígena tuviera acceso efectivo a estos servicios básicos (Sentencia T-652/13).

5.6 Sentencia T-361 de 2017

La Corte Constitucional respondió a la acción de tutela presentada por miembros de la comunidad y organizaciones dedicadas a la protección del Páramo de Santurbán. Los demandantes argumentaron que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) no condujo adecuadamente el proceso de participación ciudadana durante la delimitación del páramo, omitiendo la realización de audiencias públicas y el acceso suficiente a la información relevante. Esta omisión afectó significativamente sus derechos a la participación, al debido proceso y al acceso a la información, lo que derivó en una delimitación que no consideró completamente los impactos ambientales y sociales.

De este modo, la principal controversia jurídica consiste en determinar la procedencia de la tutela para impugnar un acto administrativo de carácter general y abstracto, normalmente inmune a este tipo de acciones, salvo que no existieran otros medios judiciales adecuados o se demostrara un perjuicio irremediable. La Corte determinó que, dada la importancia de los derechos involucrados y la falta de otros mecanismos efectivos para abordar la urgencia de la situación, la tutela era el recurso apropiado para intervenir. Por consiguiente, ordenó al MADS asegurar una participación efectiva de la comunidad en futuras decisiones relacionadas con la delimitación del área protegida.

La Corte Constitucional enfatizó la protección de derechos colectivos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano, la participación ciudadana en la gestión ambiental y el acceso a información pública. Declara la relevancia de estos derechos en la administración de áreas ecológicamente sensibles como los páramos, resaltando su papel esencial en la conservación del agua y la biodiversidad. Refuerza el mandato que las entidades estatales deben operar con transparencia e inclusión activa de las comunidades afectadas en procesos ambientales críticos (Sentencia T-361/17).

5.7 Sentencia T-420 de 2018

La Corte Constitucional aborda una acción de tutela interpuesta en contra del municipio de Ibagué, en la que se cuestiona la falta de implementación de medidas adecuadas para proteger la vivienda, ubicada en una zona de alto riesgo de deslizamientos. A pesar de que se había aprobado el diseño y el presupuesto para la construcción de un muro de contención que protegiera a la comunidad, la vivienda fue excluida de las obras, lo que la dejaba vulnerable a desastres naturales y comprometía gravemente la integridad personal y familiar.

A la luz de estos hechos, se originó como problema jurídico la determinación de la procedencia de la tutela para garantizar el derecho a la vivienda digna, específicamente en contextos donde la omisión de las autoridades municipales pone en peligro la vida de los ciudadanos al no ejecutar las obras de infraestructura necesarias para avalar su seguridad. La Corte debía evaluar si el municipio había incumplido sus deberes al no construir el muro de contención requerido, poniendo en riesgo la vida y la integridad de los residentes en áreas susceptibles a deslizamientos.

La Corte Constitucional decidió a favor de la accionante, reconociendo la violación del derecho a la vivienda digna y ordenando al municipio la implementación inmediata de las medidas necesarias para asegurar la estabilidad y seguridad de la vivienda. Este fallo reafirmó la importancia del derecho individual a una vivienda segura y digna, y destacó la responsabilidad colectiva del Estado de proteger a los asociados en zonas de riesgo y de garantizar la implementación efectiva de proyectos que prevengan posibles desastres naturales (Sentencia T-420/18).

Esta declaratoria del derecho a una vivienda digna expresado como derecho fundamental, susceptible de protección mediante acción de tutela, fue la base jurídica de las Sentencias T-233 de 2022 y T-337 de 2023, en la que por demostrada omisión institucional se puso en riesgo la integridad física de una vivienda y la consecuente integridad física y moral de sus habitantes.

La Corte Constitucional ordenó que se llevaran a cabo las obras necesarias para estabilizar el terreno y asegurar la seguridad de la vivienda de la demandante y su familia. Este fallo reitera la protección de los derechos individuales a la seguridad junto a la vivienda digna; la procedencia de la acción de tutela para su defensa; reafirma los derechos colectivos a la protección frente a riesgos naturales, destacando la obligación del Estado de actuar proactivamente ante situaciones de riesgo inminente (Sentencia T-233/22; Sentencia T-337/23).

5.8 Sentencia T-102-24

La Corte Constitucional examina una acción de tutela presentada por un vendedor ambulante con doce años de experiencia, quien argumenta que el Municipio de Armenia violó sus derechos fundamentales durante los operativos de desalojo efectuados en el año 2023. Sostiene que los desalojos se realizaron sin ofrecer alternativas de reubicación o apoyo laboral y con un uso desproporcionado de la fuerza, lo que afectó su sustento económico y la confianza legítima de concebir un espacio físico como lugar facilitador de su actividad económica. La controversia jurídica se centra en determinar la procedencia de la tutela para proteger los derechos fundamentales afectados por los operativos de desalojo. Éste, según se alega, fue llevado a cabo sin una consideración adecuada por la situación de los vendedores ambulantes, ni ofrecerles alternativas viables o medidas compensatorias, en contravención de sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la igualdad.

En respuesta, la Corte Constitucional falló a favor del vendedor ambulante y le ordena al Municipio de Armenia implementar medidas que rectifiquen las acciones tomadas que aseguren la protección adecuada de los derechos lesionados. La decisión enfatiza la responsabilidad del municipio de ofrecer alternativas humanitarias y sostenibles antes de ejecutar desalojos, además de destacar la importancia de proteger los derechos colectivos al trabajo digno y al acceso equitativo al uso del espacio público. Promueve una gestión inclusiva de los recursos y servicios públicos que respete y proteja a los ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad (Sentencia T - 102/24, 2024).

6. Conclusiones

La revisión jurisprudencial permite evidenciar la incorporación de una hermenéutica jurídica material para abordar diversas problemáticas sociales y legales. Este enfoque se centra en la lucha contra la discriminación, la protección de los derechos colectivos —especialmente en sede de tutela— y la inclusión de grupos vulnerables. Se observa la utilización de los rasgos identitarios como herramienta para profundizar en la comprensión de contextos específicos y aplicar la normativa de manera acorde con las realidades particulares de los afectados.

La aplicación de los rasgos identitarios ayuda a la Corte a comprender mejor como las deficiencias en los servicios básicos, así como la falta de suministro de agua potable, afectan de manera desproporcionada a comunidades específicas. Se evidencia cómo la ausencia o inadecuada realización de la consulta previa frente a la explotación del del subsuelo en territorios ancestrales exige, mediante la acción de tutela, reafirmar el carácter pluriétnico del Estado y la protección especial de los derechos de colectivos culturales en condición de vulnerabilidad. Las decisiones judiciales no solo buscan resolver el problema inmediato, sino garantizar que las futuras acciones del Estado o de entidades privadas consideren la especificidad de estas comunidades y sus reclamos. Este enfoque aboga por una igualdad formal ante la ley e impulsa una igualdad real, que toma en cuenta las diferencias y necesidades particulares de cada grupo identitario.

La intersección entre rasgos identitarios y derechos colectivos que sobresale en las providencias estudiadas refleja un compromiso con la justicia contextual que trasciende la aplicación estrictamente formal de la ley. De esta manera, se fomenta un ambiente de respeto por la diversidad y se promueve una interpretación normativa que busca la equidad y el bienestar integral. La inclusión de estos elementos en la jurisprudencia es fundamental para abordar las disparidades existentes dentro de la sociedad colombiana y sirve de modelo de aplicación de la norma como un vehículo para el cambio social. Asegurando que todos los asociados, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, tengan garantizados sus derechos y una protección efectiva frente a los desafíos que enfrentan en su cotidianidad.

La protección de los derechos colectivos frente a intereses económicos representa un reto importante. Proyectos de gran escala como la minería, la extracción de petróleo y la agroindustria pueden entrar en conflicto directo con los derechos colectivos a la tierra y los recursos naturales, haciendo que la defensa de los rasgos identitarios sea una lucha desigual contra poderosos intereses económicos.

La globalización y la interacción entre culturas plantean desafíos adicionales para la preservación de los rasgos identitarios. La influencia de los medios globales, la economía y la migración pueden erosionar las tradiciones culturales y cambiar rápidamente la composición demográfica, lo que desafía los marcos jurídicos y políticos existentes diseñados para proteger los rasgos identitarios.

Un hallazgo significativo de este estudio radica en la relación entre los rasgos identitarios y la eficacia de la jurisprudencia constitucional en la protección de los derechos colectivos. A través del análisis sistemático de casos judiciales, se evidencia cómo la Corte Constitucional incorpora una hermenéutica que considera los rasgos identitarios para profundizar en la comprensión de las controversias jurídicas, asegurando una aplicación del derecho sensible y adaptativa frente a las realidades sociales y culturales de las comunidades afectadas.

En los casos relacionados con la protección de los derechos de minorías étnicas, la Corte Constitucional ha otorgado especial relevancia a la defensa de sus territorios y culturas, considerando estos elementos como rasgos identitarios que merecen protección especial bajo la ley. Esto se refleja en las decisiones que ordenan la suspensión de actividades que amenazan estos territorios hasta que se realicen consultas previas, demostrando cómo el reconocimiento de la identidad cultural y étnica desempeña un papel fundamental en la jurisprudencia relacionada con el derecho al medio ambiente sano y a la autodeterminación de estos grupos.

El presente trabajo resalta importantes desafíos en la implementación efectiva de los derechos colectivos reconocidos por la jurisprudencia. Entre ellos se encuentran la resistencia de determinados sectores políticos y económicos, las dificultades de aplicación práctica de las sentencias judiciales, y la necesidad de equilibrar los derechos colectivos con los intereses de desarrollo nacional, especialmente en contextos de proyectos extractivos o de infraestructura.

A pesar de los avances identificados, el estudio permite reconocer áreas críticas que requieren atención continua, como el fortalecimiento los mecanismos de consulta previa y consentimiento informado, así como la necesidad de desarrollar políticas que no solo reconozcan la diversidad, sino que también promuevan la igualdad sustantiva y el respeto por todas las personas, independientemente de sus rasgos identitarios.

La integración efectiva de los rasgos identitarios en la jurisprudencia no solo resulta fundamental para la protección de los derechos colectivos, sino que también constituye un elemento esencial para la construcción de sociedades más justas y equitativas. Este enfoque favorece una mayor inclusión y participación de grupos vulnerables y marginados, fortaleciendo así la democracia y la cohesión social tanto en contextos nacionales como internacionales.

Referencias Bibliográficas

Aparicio, M. (2020). Covid-19 y derechos colectivos de los pueblos indígenas: Resistencias situadas frente a la pandemia. Revista Catalana de Dret Ambiental, 11 (2), 1-7. https://revistes.urv.cat/index.php/rcda/article/download/2998/3033

Arango, R. (2005). Los derechos sociales fundamentales . Legis.

Arroyave, J., & Devia, C. (2017). Consulta previa, libre e informada en Colombia: avances, tensiones y desafíos en la protección de los derechos colectivos. Revista de Derecho Público , (38), 1-25.

Ávila Santamaría, R. (2022). Los derechos colectivos y la protección de la diversidad cultural en el constitucionalismo latinoamericano . Universidad Andina Simón Bolívar.

Barié, C. (2022). Doce años de soledad de los derechos de la Madre Tierra en Bolivia. Naturaleza y Sociedad. Desafíos Medioambientales, (4), 142 - 182. https://doi.org/10.53010/nys4.05

Bartolomé, M. (2006). Los laberintos de la identidad: procesos identitarios en las poblaciones indígenas. Avá, (9), 28 - 48. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16942006000100003&lng=es&tlng=es

Bello, Á. (2018). ¿Pertenencia o identidad? Implicancias de dos categorías socioculturales para los derechos indígenas y la lucha contra el racismo. Dossier Antropología Jurídica, 3 (6), 13 - 27. https://doi.org/10.25074/rantros.v3i6.798

Bourdieu, P. (2020) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto . Taurus

Cabrera, V. (2018). Diversidad cultural, derechos colectivos y justicia social en América Latina. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Caicedo, S., & García, E. (2021). Del pluralismo jurídico y otros demonios. El caso de Colombia y Bolivia. Revista Científica Codex, 7 (13), 39 - 83. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/codex/article/view/7904

Castelar, A. (2015). Identidad de género y diversidad sexual: perspectivas contemporáneas desde las ciencias sociales . Editorial Universidad del Valle.

Corte Constitucional de Colombia. (1998). Sentencia T-453/98 (M. P. Alejandro Martínez Caballero). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-453-98.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2003). Sentencia T-955/03 (M. P. Álvaro Tafur Galvis). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-955-03.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2006). Sentencia T-880/06 (M. P. Álvaro Tafur Galvis). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-880-06.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2008). Sentencia T-299/08. (M. P. Jaime Córdoba Triviño). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-299-08.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2011). Sentencia T-235/11 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-235-11.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2013). Sentencia T-652/13 (M. P. Alberto Rojas Ríos). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-652-13.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2014). Sentencia T-749/14 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-749-14.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-253/16 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-253-16.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2017). Sentencia T-361/17 (M. P. Alberto Rojas Ríos). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-361-17.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2018). Sentencia T-420/18 (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-420-18.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2019). Sentencia T-444/19 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/t-444-19.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia T-233/22 (M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/T-233-22.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2023). Sentencia T-337/23 (M. P. Cristina Pardo Schlesinger). https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2023/T-337-23.htm

Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-102/24 (M. P. Natalia Ángel Cabo). https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2024/T-102-24.htm

Duarte, C., & y Castaño, A. (2020). Territorio y derechos de propiedad colectivos para comunidades rurales en Colombia. Maguaré, 34 (1), 111 - 147. https://doi.org/10.15446/mag.v34n1.90390

Ferreira, M. A. (2008). La construcción social de la discapacidad: habitus, estereotipos y exclusión social. Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences, 17 (1), 1 - 13. https://www.redalyc.org/pdf/181/18101716.pdf

Fonseca-Ortiz, et. al. (2022). La percepción de los pueblos indígenas amazónicos sobre los derechos humanos y la ley. Vniversitas, 71 , 1 - 23. https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj71.ppia

Fortich, M., Meléndez, B., & Silva, J., (2025) Del enfoque de género a la perspectiva de género. Un análisis de la renucia de implementación en los planes de desarrollo en la zona costera de Colombia netre los años 2020 y 2023. Verba Iuris, (53), 73-89. https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.53.12437

Galindo, A. (2020). Limitaciones al reconocimiento del territorio ancestral en Ecuador. Foro: Revista de Derecho (43), 25 - 44. https://doi.org/10.32719/26312484.2020.34.2

Gifre,M., Monreal, O., & Esteban, M. (2011). El desarrollo de la identidad a lo largo del ciclo vital. Un estudio cualitativo y transversal. Estudios de Psicología , Studies in Psychology, 32 (2),227 - 242. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3673893

Guzmán, L., & Botina, Á. (2023). Análisis de la responsabilidad del Estado y las empresas en la protección de los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de Colombia y Ecuador. FORO: Revista de Derecho, (39), 43 - 62. https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/foro

Larios-Giraldo, P., & y Cabrera-Sánchez, I. (2021). El patrimonio cultural inmueble como derecho colectivo. Consideraciones sobre su protección y conservación en Colombia. URBE. Arquitectura, Ciudad y Territorio, (12), 20 - 34. https://doi.org/10.29393/UR12-2PCPI20002

López, P. (2017). Defensa de territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia: derechos colectivos, neoextractivismo y autonomía. e-cadernos CES, (28), 117 - 140. http://journals.openedition.org/eces/2473

Mantecón, T. (2020). Cultura plebeya, una categoría para pensar históricamente. Universidad de Cantabria: Pasados y presente: estudios para el profesor Ricardo García Cárcel. Universidad de Cantabria. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7522005

Meertens, D. (2008). Discriminación racial, desplazamiento y género en las sentencias de la Corte Constitucional. El racismo cotidiano en el banquillo. Universitas Humanística, (66), 83 - 106. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48072008000200007&lng=en&tlng=es

Morales Carrero, J. (2024). Educación en ciudadanía global y derechos humanos. Alternativa para un mundo posible. Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 26 (1), 248 - 258. https://doi.org/10.36390/telos261.16

Moreno, V. Carrillo, C. Agudelo, S (2025) ¿Por qué cuidar los recursos naturales? Revista CS, (45), a07. https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/6781

Navarro, S., & y Saldívar, A. (2020). El papel de la interculturalidad en la construcción de sujetos identitarios. La experiencia de la Universidad Intercultural de Chiapas en el municipio de Oxchuc (UNICH-Oxchuc). DiDac (76), 24 - 31. http://ri.ibero.mx/handle/ibero/5891

Peces-Barba, G. (2001). Los derechos colectivos. Una discusión sobre derechos colectivos. Dykinson.

Porras, J. (2023). Las minorías en la Unión Europea: La tensión entre la demanda de reconocimiento y la preservación de la identidad nacional. Revista Integración Regional & Derechos Humanos, 11 (2), 67 112. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9294255

Ramos, W. (2009). El pueblo originario aymara peruano como sujeto de derechos colectivos [Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/El%20pueblo%20originario%20aymara%20peruano%20como%20sujeto%20de%20derechos%20 colectivos.pdf

Sánchez, J. (2008). La categoría de 'afroecuatoriano' y los rasgos de autoidentificación étnica en censos y encuestas de. Revista Latinoamericana de Población, 2 (3), 89 - 104. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323827367006

Tuaza, L. A. (2020). Alcance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en América Latina. Revista de Ciencias Sociales, XXVI (4), 276 - 292. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7687040

Tuaza-Castro, L. (2020). Efectividad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas: El caso de Perú y el Ecuador. Kairós, Revista de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas, 3 (5), 31 - 40. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8487786

Vaca, J. (2025). Entre la marginalidad y el estado de necesidad. Verba Iuris, (53), 57-72. https://doi.org/10.18041/0121-3474/verbaiuris.53.12529

Valdivia, T. (2020). ¿Sospechar para igualar? Un análisis «estricto» de la doctrina de las categorías sospechosas a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derecho PUCP, (84), 9 - 45. https://doi.org/10.18800/derechopucp.202001.001

Vargas, A. (2012). El derecho al medio ambiente en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Anuario de derecho constitucional latinoamericano , 251 - 267. https://www.academia.edu/download/36273005/ARTA-CULO_-_ANUARIO_DER_CONSTITUCIONAL_2012_-_Alan_Vargas.pdf

Zambrano, C. (2004). Diversidad, democracia y riesgo. Una perspectiva sociocultural de la sociedad colombiana. Revista de Antropología y Sociología: Virajes, 6 , 26 - 36. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/virajes/article/view/6265

Este artículo se publica bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).