Revista Verba Iuris

Análisis jurídico y sociopolítico de las contribuciones de la Paz Total a la democracia en Colombia (2022-2024)^*

Cristian David Ocampo Macías^**

^* Este artículo de investigación científica es el producto del proyecto de investigación titulado «Análisis jurídico y sociopolítico de la política de paz total en Colombia: contribuciones a la seguridad humana y la democracia», aprobado por la Universidad Santo Tomás e identificado con el código de proyecto 2024-IP008, del Grupo de investigación sociohumanística del derecho.

^** Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario e Instituciones Jurídico-Procesales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor auxiliar de la Especialización en Defensa de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6197-1535 CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001640821 Google Scholar: https://scholar.google.com.co/citations?user=cbO6v_oAAAAJ&hl=e Correo electrónico: cristianocampo@usta.edu.co

Resumen

Este artículo realiza un análisis jurídico y sociopolítico de la Paz Total en Colombia, con el propósito de valorar sus aportes a la democracia en el periodo 2022-2024. En primer lugar, se reconstruye la concepción de democracia a partir de autores como Norberto Bobbio, Alain Touraine y Carlo Galli. En segundo lugar, se presenta un estado del arte de la literatura científica y gris sobre la Paz Total, a fin de identificar las diversas narrativas y miradas críticas construidas en torno a esta política. Por último, a partir de un monitoreo de medios de comunicación que da cuenta de los debates y coyunturas relacionados con la política de Paz Total, se ofrecen elementos argumentativos para responder a la pregunta central: ¿de qué manera la política de Paz Total implementada en Colombia por el gobierno del presidente Gustavo Petro contribuye a la democracia tomando como referencia el periodo 2022-2024?

Palabras clave: seguridad humana, participación cívica, paz, derechos humanos, ciudadanía.

Abstract

This article conducts a legal and sociopolitical analysis of Total Peace in Colombia, with the aim of assessing its contributions to democracy during the 2022-2024 period. First, it reconstructs the concept of democracy drawing on authors such as Norberto Bobbio, Alain Touraine and Carlo Galli. Second, it presents a state of the art of the scientific and gray literature on Total Peace, to identify the diverse narratives and critical perspectives that have formed around this policy. Finally, based on a media monitoring that captures the debates and developments related to the Total Peace policy, it offers arguments elements to answer the central question: In what ways does the Total Peace policy implemented in Colombia by the government of President Gustavo Petro contribute to democracy, taking the 2022–2024 period as the point of reference?

Key words: human security, civic participation, peace, human rights, citizenship.

1. Introducción

El propósito en este artículo es realizar un análisis jurídico y sociopolítico de la política de Paz Total en Colombia, con el fin de valorar sus contribuciones a la democracia en el periodo 2022-2024. Se entiende por democracia un sistema político en el que el Estado respeta y garantiza los derechos fundamentales, y suministra garantías para que la ciudadanía pueda ser ejercida adecuadamente —de modo que individuos y colectivos sean sujetos de derechos, libertades y capacidades—¹, además de asegurar garantías constitucionales y legales para la participación política. Por su parte, Paz Total es la denominación de la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, respaldada por la alianza electoral Pacto Histórico implementada a partir de la Ley 2272 de 2022 (Álvarez, 2023).

El objetivo de la paz total es construir una paz omniabarcante. Por un lado, mediante la negociación con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), como el Estado Mayor Central (EMC)², el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia; y, por otro, a través del diálogo sobre las condiciones del sometimiento o acogimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto, como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)³, la Oficina⁴, los mexicanos⁵, los Espartanos⁶ y, entre otros, los Shottas⁷.

Se denomina GAOML a “aquel grupo que bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (Ley 2272 de 2022, art. 2, lit c.). A su vez, las estructuras criminales de alto impacto se definen como:

Aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas (Decreto, 2655 de 2022, art. 2).

La pervivencia de estos GAOML y de las estructuras criminales de alto impacto agrava no sólo agrava las percepciones ciudadanas sobre la seguridad, sino que además limita el ejercicio de la democracia. En esta línea, María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que 2024 plantea un escenario lleno de retos para la Paz Total, asociado con la geografía del relacionamiento entre los grupos, que revela tres realidades: (i) zonas con pugna entre dos o más grupos armados; (ii) zonas donde conviven distintos grupos; y(iii) zonas con dominio exclusivo de ciertos grupos armados.

Frente a estas realidades, Llorente (2024) identifica los siguientes desafíos: en primer lugar, en los territorios donde los grupos armados ejercen control, el reto consiste en reivindicar “el monopolio de la fuerza, de la justicia y hasta de la tributación” (p. 1.14). Estos territorios incluyen: Meta⁸, Guaviare⁹, Caquetá¹⁰, Córdoba¹¹, Urabá¹², Chocó¹³ y Arauca¹⁴. En ellos se encuentran miembros del EMC, el EGC y el ELN. En segundo lugar, se requiere interceder para detener el recrudecimiento de las zonas de disputa, nueve según las cuentas de la FIP. En tercer lugar, la tarea consiste en contrarrestar las alianzas tácticas entre los actores armados que tienen, entre otras, la finalidad de consolidar su expansión territorial.

De ahí que el descenso de la violencia en los diversos territorios continúa siendo el principal reto de la Paz Total para el 2024. De hecho, Llorente explica la reducción de la violencia paradójicamente en razón a la consolidación de los grupos armados: “La reducción de estas afectaciones se ha dado principalmente en las zonas de dominio de los grupos armados y, en esta medida, pueden explicarse como parte del proceso de consolidación de su control social y territorial” (Llorente, 2024, p. 1.14).

Así, la disminución en los indicadores de impacto y en las afectaciones humanitarias sería explicado por las dinámicas de los grupos armados que luchan por acrecentar su poder en los territorios, y no por los esfuerzos, ni el desescalamiento de la violencia en el marco de la Paz Total.

Por otro lado, puede afirmarse que no se garantiza el libre ejercicio de la democracia debido a: (i) las restricciones de acceso a determinados partidos políticos a zonas donde se realizan procesos electorales; (ii) el recrudecimiento de amenazas, homicidios y extorsiones contra civiles, líderes y lideresas sociales y políticos¹⁵; y (iii) el aumento de confinamientos y amenazas por parte de los GAOML y de estructuras criminales. Tal es el caso del EMC que, tras la ruptura de uno de los ceses al fuego decretados con el Gobierno el 27 de mayo de 2023, anunció “medidas” relacionadas con el proceso electoral. Estas medidas consistieron en limitar la movilidad de algunos partidos políticos para restringir la ejecución de actividades propias de su campaña electoral.

Así, la imbricación entre la política de Paz Total y la democracia se sustenta en el énfasis en el “diálogo y la negociación como medios para resolver los conflictos, y en el mejoramiento de la participación ciudadana y la rendición de cuentas” (Forero y Fuentes, 2024, p. 14).

2. Problema de investigación

De acuerdo con González (2020), Valencia (2022), Ávila (2022) y Gutiérrez (2022), la violencia en Colombia no sólo no ha disminuido con la signatura del Acuerdo Final entre las FARC-EP y el Gobierno nacional, sino que, además ha aumentado. Algunos datos respaldan esta afirmación: en primer lugar, el Registro Único de Víctimas (RUV) indica que entre el 2016 y 2020, 831.989 personas reportaron 1.008.739 hechos victimizantes; mientras que, entre 2021 y el presente, 1.026.602 personas han reportado 1.296.589¹⁶. En segundo lugar, Indepaz ha hecho seguimiento a los asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos desde el 2016 hasta el 2024, período en el que contabiliza 1668 asesinatos en 398 Municipios de los 32 Departamentos del país¹⁷. En tercer lugar, Ávila (2022) examina el repunte de la violencia en el escenario de posconflicto en Colombia a partir de lo que denomina “el análisis de la estabilización en Colombia” (p. 23), es decir, el estudio del periodo posterior a la Firma del Acuerdo Final, en el cual se suponía que la violencia se estabilizaría.

El análisis de Ávila (2022) permite fijar tres factores para comprender la complejidad del posconflicto: (i) la magnitud de la economía de la guerra; (ii) el número de grupos que hicieron parte de acuerdos y la coexistencia de otras estructuras criminales; y (iii) la arquitectura de la fuerza pública en la dinámica de la guerra. Estos factores lo llevan a plantear que el mapa criminal de Colombia está en auge.

Asimismo, Ávila (2022) formula seis afirmaciones relevantes para contextualizar el análisis de la Paz Total. La primera sostiene que existe una nueva ola de violencia en Colombia incubada tras la firma del Acuerdo Final de Paz, ligada al surgimiento de diversos actores criminales: las disidencias de las FARC-EP —subdivididas en las de Iván Mordisco y Gentil Duarte, la Segunda Marquetalia y otras disidencias dispersas—; el ELN, que opera aproximadamente en 167 municipios; grupos posdemovilización paramilitar, entre ellos el EGC, Los Caparros, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Puntilleros y Los Rastrojos; grupos regionales no necesariamente ligados a la desmovilización paramilitar, como Los Pelusos; y, por último, estructuras a medio camino entre organizaciones con y sin motivaciones políticas, que emergen en contextos de ausencia de poder (Ávila, 2022). Esta nueva ola de violencia se caracteriza por tres rasgos principales:

Por un lado, un proceso de degradación política o descomposición. Es decir, si bien algunos de ellos mantienen un discurso político, a medida que pasa el tiempo se observa una descomposición. En segundo lugar, la forma como funcionan estas estructuras ya no es de forma piramidal o jerárquica. Colombia, a excepción del ELN y algunas disidencias, ha entrado en la lógica de organizaciones criminales de tercera y cuarta generación. Este, tal vez, ha sido el cambio más importante que ha traído el posconflicto. Por último, se ha producido, como lo veremos, una transformación o el regreso de viejos repertorios de violencia (Ávila, 2022, p. 25).

La primera afirmación refuerza la tesis de que existe una nueva ola de violencia en Colombia que debe ser contenida y, al mismo tiempo ofrece elementos para comprender el contexto nacional: la degradación política de las estructuras armadas, la dinámica de organizaciones de tercera y cuarta generación —entendidas como guerrillas que emprenden guerras de baja intensidad y asimétricas— y el retorno de antiguos repertorios de violencia: despojo, homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas. La segunda afirmación confirma un deterioro de la seguridad que a partir del 2018, pese a la reducción en los indicadores de violencia entre el 2016 y 2018. Este deterioro se vincula con la clasificación de las zonas donde antes operaba las FARC-EP en tres categorías:

En primer lugar, aquellas donde hay una disputa criminal y los indicadores de violencia están en números rojos. En segundo lugar, sectores de los cuales las FARC-EP salieron en los que hay brotes de inseguridad, pero no de organizaciones criminales; (…) Por último, zonas de donde las FARC-EP salieron, en las que los indicadores de seguridad han disminuido; por ende, a pesar del déficit de presencia institucional, son las que lograron consolidar el proceso de paz. (Ávila, 2022, p. 26).

En consecuencia, la dinámica de la violencia e inseguridad en los antiguos territorios de presencia de las FARC-EP puede segmentarse en tres tipos de zonas: disputa criminal, brotes de inseguridad, y mejoría de los indicadores de seguridad¹⁸. La tercera afirmación se relaciona con un empate técnico criminal: en algunas zonas en el país ningún grupo ha sido lo suficientemente fuerte para cooptar o expulsar a los otros en el marco de las disputas criminales.

La cuarta afirmación denominada “la tormenta perfecta”, describe un escenario caracterizado por la expansión de estructura criminales, la ausencia de estrategia estatal eficaz para el dominio territorial, el auge de las economías ilegales y años preelectorales. La combinación de estos factores, sumada al vacío de poder dejado por la salida negociada con las FARC-EP, generó un terreno fértil para dichas economías ilegales. La quinta afirmación señala las ventanas de oportunidad que tuvo el Gobierno nacional para llegar a los territorios dejados por FARC-EP, pero que no se aprovecharon. Finalmente, la sexta aserción sostiene que la fuerza pública ha adoptado una estrategia de “manos caídas”. Esta estrategia, sumada a la reacción de ciertos sectores políticos frente a la Paz Total, han fortalecido la percepción de que la política de paz del gobierno de Petro está en crisis.

Todo lo anterior evidencia un escenario de violencia aún vigente, que es necesario enfrentar desde una mirada crítica capaz de identificar las posibilidades de una paz omniabarcante fundamentada en el diálogo y la negociación para contribuir a la democracia. En esa medida, la pregunta orientadora es: ¿de qué manera la política de Paz Total implementada en Colombia por el gobierno del presidente Gustavo Petro puede contribuir a la democracia tomando como referencia el periodo 2022-2024?

3. Hipótesis de trabajo

La política de Paz Total puede contribuir a la democracia al promover el respeto y la garantía de derechos fundamentales —como la integridad personal, la libertad de locomoción, la vida, la libertad de pensamiento y expresión y los derechos políticos—, y al asegurar que la ciudadanía, la sociedad civil y las mujeres puedan participar activamente no sólo en los escenarios de toma de decisiones y elección popular sin coacciones, sino también en los procesos de paz. También permite contribuir a la democracia puesto que brinda mayores garantías para el ejercicio de la representatividad política garantizando que las votaciones se realicen de manera libre en los territorios y que partidos políticos de todas las corrientes ideológicas puedan postular sus candidatos y hacer campaña, principalmente en aquellos territorios que históricamente han sido golpeados por la violencia.

4. Metodología

Este artículo desarrolla un análisis cualitativo de naturaleza jurídica y sociopolítica sobre la política de Paz Total implementada por el Gobierno de Gustavo Petro mediante la Ley 2272 de 2022 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, (Ley 2294 de 2023). El propósito de este análisis es identificar sus posibles contribuciones a la democracia.

Para ello, en primer lugar, se reconstruye la concepción de la democracia a partir de autores como Norberto Bobbio (2021, 2022), Alain Touraine (2022) y Carlo Galli (2013). A partir de estas consideraciones, el texto adopta una concepción de la democracia que comprende tres dimensiones: (i) respeto a los derechos fundamentales, (ii) ciudadanía y (iii) representatividad. En segundo lugar, se describe la política de paz total a partir de su marco normativo y del estado del arte de la literatura científica y gris. Finalmente, se ofrecen elementos argumentativos —derivados de un monitoreo de medios de comunicación—que dan cuenta de las oportunidades de la paz total para contribuir a la democracia, así como de sus debilidades.

5. ¿Qué es la democracia?

La democracia es un concepto polisémico (Galli, 2013); su sentido se reconstruye aquí desde la etimología, la semántica y la teoría política. A partir de la etimología, la palabra democracia se remonta al griego antiguo, donde la conjunción entre “demos” (pueblo) y “Kratos” (poder o gobierno) permitía definirla como el gobierno del pueblo (Tirant lo Blanch, 2023). La democracia es considerada por Aristóteles como un sistema político en el que los libres y pobres, en su calidad de mayorías, son amos del gobierno. Aristóteles opone la democracia a la oligarquía, en la que los más ricos son los que dominan el gobierno (Trabajo original publicado ca. 350 a. C.). Galli (2013) agrega que para Aristóteles la democracia es “una forma estable porque se funda (…) en una clase media numerosa (…) es decir, en aquellos que no son codiciosos porque no poseen demasiado ni demasiado poco y, por lo tanto, pueden al mismo tiempo trabajar serenamente y serenamente autogobernarse” (p. 16).

La Real Academia Española (2024) define democracia como un “sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de sus representantes” (def. 1) y como una “forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley” (def. 3). De ahí sus dos pilares: soberanía popular y respeto de los valores liberales de libertad e igualdad.

Sin embargo, es la teoría política la que brinda una comprensión más amplia de la democracia. En primer lugar, Bobbio (2022) hace una observación en los años 80’s sobre los regímenes democráticos con miras a “extraer una tendencia en el desarrollo (o la involución) de estos regímenes” (p. 26), que le lleva a construir una reflexión sobre la democracia contemporánea. Así, Bobbio establece una “definición mínima” (Yturbe, 2016).

La democracia, por oposición a la autocracia, es aquel sistema político caracterizado porque contiene un tipo de reglas (a menudo constitucionalizadas) que establecen quién hace qué y bajo qué procedimientos en los escenarios de toma de decisiones. En otras palabras, “la democracia es entendida como un conjunto de reglas del juego que permiten a los gobernados decidir periódicamente acerca de las personas que tendrán derecho a adoptar las decisiones colectivas, así como de los programas que supuestamente orientarán el contenido de esas mismas decisiones” (Yturbe, 2016, p. 157).

La democracia está precedida por una modalidad de decisión fundada en la regla de las mayorías, esto es, la aprobación de las decisiones colectivas debe ser respaldada por las mayorías de las personas o grupos que tienen a su cargo tomar una decisión (Bobbio, 2022). La democracia también implica no sólo una visión liberal en el sentido de la garantía de los principios liberales de libertad e igualdad, sino que además asume un compromiso con el Estado de derecho y social de derecho en el sentido de incluir en la definición de democracia el respeto de los derechos liberales y sociales, aquellos que hoy denominamos derechos colectivos. De ahí la importancia de la participación directa o indirecta de la ciudadanía en la toma de decisiones, el respeto a los derechos fundamentales y la eliminación de las desigualdades sociales y económicas en el marco de la democracia.

La democracia, además, indica que para probar que un Estado es más o menos democrático no es suficiente tomar como referencia la amplitud de los derechos políticos que disfrutan los ciudadanos, tales como el sufragio universal o los mecanismos de participación en política. Además, es necesario velar porque los escenarios en los que se puede votar se amplíen y los escenarios de participación democrática sean reales y efectivos, lo cual implica que no sean obstaculizados por elementos como la violencia o el conflicto armado (entendido como un enfrentamiento violento entre dos bandos, que puede tener carácter internacional o interno). La democracia es para Bobbio, finalmente, una condición para la solución pacífica de los conflictos (Yturbe, 2016).

En segundo lugar, Touraine se pregunta por el contenido de la democracia (a partir de una mirada social y cultural) en el mundo contemporáneo. Para ello ofrece una idea nueva de la democracia, es decir, una idea que parte de reconocer la importancia de la definición mínima de Bobbio para construir una nueva sobre la base de tres dimensiones. La definición que sugiere Bobbio (2021) se erige sobre tres principios institucionales: (i) un conjunto de reglas que indican quién o quiénes están autorizados a tomar las decisiones políticas y mediante qué procedimientos, (ii) el principio según el cual un régimen es más democrático en la medida en que un mayor número de personas participa en la toma de decisiones de manera directa o indirecta y (iii) enfatizando que las elecciones no deben ser fictas, sino que deben ser reales (Touraine, 2022).

Por su parte, las tres dimensiones de la democracia que propone Touraine son: “respeto a los derechos fundamentales, ciudadanía y representatividad de los dirigentes” (Touraine, 2022, p. 43).

Para Touraine estas son las tres dimensiones de la democracia que deben entenderse de manera complementaria e interdependiente. Por consiguiente, la democracia es un sistema político en el que el Estado tiene a su cargo el deber de respetar y garantizar los derechos fundamentales, suministrar garantías para que la ciudadanía pueda ser ejercida adecuadamente y en donde deben brindarse garantías constitucionales y legales para la participación política.

6. La Paz Total en Colombia como una política de Estado

La Paz Total es la estrategia de política pública del Gobierno del presidente Gustavo Petro (2022-2026) para transformar a Colombia en lo que se denominó una potencia mundial de la vida, a través de la reducción a su mínima expresión de los conflictos armados y focos de violencia aún presentes en el país. Se trata de un esfuerzo del Gobierno colombiano por alcanzar acuerdos de paz y mecanismos de sometimiento a la justicia de todas las partes que están en conflicto.

El 15 de mayo de 2024, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Colombia constató la existencia de ocho conflictos armados no internacionales activos: (1) Estado colombiano vs. ELN; (2) Estado colombiano vs. AGC; (3) Estado colombiano vs. Antiguas FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz; (4) ELN vs. AGC; (5) Antiguas FARC-EP que no fueron acogidas por el Acuerdo de Paz vs. Segunda Marquetalia; (6) Antiguas FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz vs. Comandos de la Frontera -EB; (7) Antiguas FARC-EP que no se acogieron al Acuerdo de Paz vs. ELN; y, por último, (8) Antiguas FARC-EP que no fueron acogidas por el Acuerdo de Paz vs. AGC (CICR Colombia, 2024).

Frente a este escenario, la política de Paz Total ofrece dos tipos de procedimientos: por un lado, negociaciones con GAOML con el fin de pactar acuerdos de paz y, por otro lado, una especie de conversaciones con estructuras armadas criminales de alto impacto con miras a lograr que se sometan a la justicia y que se desmantelen estas estructuras criminales. Para distinguir cuándo se está ante uno u otro actor político o criminal la ley de Paz Total ordena que se cree una instancia técnica para estudiar, caracterizar y calificar a las estructuras armadas, la cual se concreta a través de la expedición del Decreto 2655 de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Pero ¿cuáles son sus antecedentes? y ¿en qué contexto se inscribe? La Paz Total tiene como antecedentes un escenario en el que la paz ha ocupado un lugar preponderante en las agendas políticas desde los años 80 hasta el presente. Esta agenda ha estado ligada a los sucesivos episodios de violencia que ha atravesado Colombia en el siglo XIX y XX, que se tradujo algunas veces en las negociaciones y acuerdos de paz que se produjeron en las últimas décadas del siglo XX. Estos acuerdos involucraron al M-19, al Ejército Popular de Liberación (EPL), Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), entre otros. También involucra el trágico episodio con la Unión Patriótica (UP) y la hazaña de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno del presidente Santos y las FARC-EP (Angarita, 2023).

En efecto, la paz ha estado presente en la agenda política de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Juan Manuel Santos (2010-2018) (Ríos, 2024). Este último desarrolló una concepción de paz territorial concebida como “una suerte de proyecto descentralizador que supone una deuda histórica del Estado con una periferia territorial, mayormente olvidada por la institucionalidad” (Ríos, 2024, p. 234). Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010) hubo una concepción de paz negativa¹⁹ fundamentada en el exterminio del enemigo y el Gobierno del expresidente Iván Duque implementó una visión limitada de la paz denominada Paz con Legalidad que consistía en “concebir la paz como ausencia de violencia” (Ríos, 2024, p. 237). De hecho, la paz con legalidad fue responsable de algunos ataques a la paz:

(i) el desfinanciamiento de la JEP; (ii) la restricción en el acceso a información reservada a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; y (iii) sendas iniciativas legislativas que han tenido por objeto crear salas especiales para el juzgamiento de los militares involucrados en hechos atroces que se acogen a la justicia transicional (Sabogal y Ocampo, 2022, p. 7).

En respuesta a este escenario perjudicial para la paz, destaca un informe de finales de julio de 2022 de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que dirigió al gobierno entrante un llamado a “virar hacia una estrategia de seguridad que priorizara la protección de las comunidades más afectadas por la violencia a partir de tres ejes de acción” (Pantoja y Zepeda, 2023, p. 87). Sobre la base de esos ejes, se proponían, entre otras, las siguientes medidas:

Implementar una política estatal eficaz de desmantelamiento de los grupos armados concertada con las comunidades afectadas; adoptar un marco legal y una estrategia de sometimiento colectivo de esos grupos; implementar una estrategia de protección a civiles; y “…considerar genuinamente el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de acuerdos humanitarios o de paz con los grupos [que operan en sus territorios] (Pantoja y Zepeda, 2023, p. 87).

La Paz Total se inscribe, en consecuencia, en un escenario de antecedentes de repunte de la violencia que confluyeron con otras problemáticas sociopolíticas como fue la pandemia originada por el Covid-19 y el estallido social. La Paz Total también se inscribe en el marco de un escenario definido por el clamor de la sociedad civil para que se efectúe un “acuerdo humanitario global” (Justicia y Paz Colombia, 2020), es decir, una solución definitiva al problema de la inseguridad en el país. Ante este clamor, los autores identifican como parte de los antecedentes que deben tenerse en cuenta la respuesta a la violencia del expresidente Iván Duque centrada en “una política de seguridad que priorizaba la militarización” (p. 85). Esta respuesta tuvo un impacto negativo en la garantía de derechos porque si bien los indicadores de violencia habían disminuido en el país a finales del 2016, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se dispararon las masacres, repuntaron los asesinatos de líderes y lideresas y aumentaron los confinamientos (Pantoja y Zepeda, 2023). A juicio de los autores:

La llegada de Iván Duque a la presidencia, candidato del Centro Democrático y representante de los sectores políticos que se oponían a la negociación con las FARC, supuso un gran reto al acuerdo de paz, pues dentro de su partido había quienes hablaban de hacerlo trizas. Si bien ello no sucedió, en parte debido al andamiaje institucional creado y a la presión ejercida por diversos sectores sociales y políticos del país, lo cierto es que el presidente Duque dio un viraje a la estrategia de implementación del Acuerdo Final con el propósito de articularlo a su política de seguridad, denominada “Paz con legalidad”, lo cual terminó por limitar sus alcances, propósitos y avances” (Pantoja y Zepeda, 2023, p. 87).

La Paz Total surge en un contexto de quebranto de la política de seguridad del gobierno de Iván Duque, centrada en la “mano dura”. Por lo tanto, esta política de paz puede interpretarse como una respuesta del Gobierno de Gustavo Petro no sólo al clamor y a la incidencia de la sociedad civil, sino que es una respuesta directa a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia derivados de su informe Violencia territorial en Colombia: recomendaciones para el nuevo gobierno (2022). Esta perspectiva se debe en parte a la lectura que hizo Carlos Ruiz Massieu, quien ve con optimismo la política de Paz Total en cuanto que: (i) reabre el escenario de negociaciones con el ELN, y (ii) estimula el acercamiento con otros grupos armados, pero priorizando el diálogo como principal herramienta para terminar la guerra y el conflicto social. En esa línea, se atribuye a la Paz Total la siguiente virtud:

(…) retomar los diálogos con el ELN e iniciar acercamientos, por un lado, con las disidencias de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz o que se retiraron de este y, por el otro lado, con las organizaciones criminales que muestren su disposición a negociar acuerdos de sometimiento a la justicia. (Pantoja y Zepeda, 2023, p. 92).

Pantoja y Zepeda (2023) destacan que a pesar de que se trata de una “apuesta ambiciosa y polémica” (p. 105), la Paz Total surge como una iniciativa indispensable para la construcción de la paz en Colombia. La Paz Total está respaldada por la primera ley firmada por el presidente Gustavo Petro: la Ley 2272 de 2022. Esta ley modifica y prorroga la Ley 418 de 1994. A juicio de Ríos “en la paz total se aprecia una clara continuidad con la paz territorial, entre muchos aspectos, por el reclamo de un enfoque diferencial sobre el territorio” (2024, p. 242).

Valencia (2022) considera que se trata de una política pública en la medida que retoma tres niveles de directrices: supranacional, constitucional y legal. En el nivel supranacional se encuentra en armonía con los Convenios de Ginebra y los Protocolos Adicionales de 1977 en la medida que atiende la directriz de proteger a los civiles en los conflictos armados internos; además, se legitima a partir de la mirada de la política exterior, tal como señalan Pastrana y Valdivieso (2023), quienes hacen un estudio de la Paz Total a partir de la política exterior, donde enfocan dos aspectos, por un lado, los retos primordiales de la internacionalización de esta política en la que se pondera positivamente el rol de los Estados garantes y acompañantes y, por el otro lado, los retos que desafían a la Paz Total en comparación con otros procesos de paz del pasado. Para ellos la política exterior es una de las fortalezas de la Paz Total porque puede ser una herramienta para asegurar la asimetría con los actores que lo desafían internacionalmente, puede permitirle vincular ayuda militar y económica para conservar el poder y hallar actores externos que funjan como acompañantes o garantes de estos procesos con el fin de revestir de legitimidad las negociaciones e implementación de acuerdos.

En el ámbito constitucional, la política de Paz Total se ajusta a los estándares establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de 1991, que le otorga a la paz la categoría de derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Por último, en el ámbito legal la política de Paz Total se inscribe como una modificación de la Ley 418 de 1997. Esta ley, tal como lo refiere Valencia (2022): “fue usada por diversos gobiernos, desde Ernesto Samper (1994-1998) hasta Gustavo Petro (2022-2026), para hablar de paz y proponer las políticas de Gobierno, y con ello mantener la seguridad y la defensa” (s. p.).

Algunos autores han considerado que la paz total, tal como se ha descrito, tiene múltiples y variadas potencialidades. Angarita (2023), por ejemplo, identifica dos potencialidades de la Paz Total. Primero, considera que la adopción de un enfoque de Seguridad Humana, entendido como “un concepto con una larga historia que adquirió realce internacional a partir de la aprobación en 1994 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, es una de las potencialidades que debe resaltarse de la política de Paz Total. A partir de este concepto en lugar de indicadores de seguridad como bajas en combate, capturas o hectáreas erradicadas de coca, se opta por la protección de las personas, naturaleza y seres sintientes en los territorios. Segundo, valora positivamente la obligación de adoptar medidas en los planes de desarrollo contemplada en el artículo 6 de la Ley 2272 de 2022, puesto que esta obligación es percibida como una forma de no quedarse en las buenas intenciones y propender por la transformación de los territorios. Hay quienes consideran que el servicio social para la paz, el programa de caminos comunitarios de paz, así como las múltiples treguas armadas que se han concedido son también triunfos atribuibles a la política de paz del gobierno de Gustavo Petro.

Una vez establecido este panorama general, Angarita (2023) profundiza en uno de los aspectos más cuestionados por ciertos sectores de la oposición: los acercamientos y conversaciones con estructuras criminales de alto impacto, tal como está establecido en el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022:

“Realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de Derecho” (Ley 2272 de 2022, art. 8).

Se ha rechazado, en particular, que el presidente Gustavo Petro ordenara “a la Fuerza Pública suspender la persecución a grupos criminales que hayan declarado cesar hostilidades que efectivamente estén aplicando la orden de cese al fuego” (Angarita, 2023, p. 23). Estas medidas han sido interpretadas por los sectores de oposición al gobierno como una clara intención de negociar con el crimen organizado, lo que ha llevado incluso a que se presenten algunas demandas de inconstitucionalidad contra la ley de Paz Total.²⁰

No obstante, el gobierno colombiano ha sostenido que, mientras con los grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) se contemplan negociaciones de paz, con las estructuras criminales de alto impacto se propende por garantizar su acogimiento a la justicia (Angarita, 2023). Una de las críticas más relevantes del autor al despliegue del gobierno de Gustavo Petro en torno a la Paz Total es la falta de claridad frente al “espectro policromático de actores ilegales con los cuales se harían esos acuerdos” (Angarita, 2023, p. 26).

Este punto es objetado por buena parte de la literatura especializada y por la prensa, pues no existe un criterio unificado, interno ni externo al gobierno, que delimite con precisión qué GAOML y qué estructuras criminales de alto impacto serían objeto de la política de Paz Total. Con todo, es precisamente el que busca atender la instancia de Alto Nivel creada mediante el Decreto 2655 de 2022, encargada del estudio, la caracterización y la calificación de las estructuras armadas de crimen de alto impacto susceptibles de acogerse a esta ley.

Otras miradas críticas como la de Losada (2023) considera que la Paz Total es un imposible, mientras “no se extirpen las causas de la guerra, y de manera primordial el narcotráfico” (p. 29). Dentro de las causas de la guerra el autor enumera varias, sin dejar de enfatizar el narcotráfico:

La injusticia y la injusticia de la propia justicia, la extensión territorial y el aislamiento, la diversidad cultural, la cultura violenta, la confrontación Liberal-Conservadora, el problema de la tierra, la concentración del poder económico y político y, por ene, el cambio del modelo neoliberal por uno de equidad y justicia social, sin dejar de tener presente el diálogo sin oferta real y llamativa, el desempleo, la exclusión y la falta de oportunidades, poco Estado y debilidad del Estado de Derecho y la existencia de una democracia para todos (Losada, 2023, p. 31).

La perspectiva de Losada (2023) critica la Paz Total por la postura que asume el gobierno frente al cultivo de hoja de coca, que concibe su sustitución como un proceso lento de transición hacia cultivos alternativos: “promoviéndose así la ilegalidad, cuando lo que hay es que cambiar la política antidrogas, como bien él lo ha promovido, la cual hace rato fracasó, pero sin dar lugar a que se agrave el agudo problema”, (p. 29).

La postura de Losada (2023) contribuye a delimitar conceptualmente la Paz Total. En síntesis: (i) la define como política de Estado que, además, crea el servicio para la paz e incorpora el enfoque de la seguridad humana; (ii) señala que esta política articula paz, desarrollo, derechos humanos y seguridad humana, a fin de propiciar una mirada más amplia orientada a la reconciliación nacional en un marco de protección a la diversidad, la cultura y la democracia; (iii) precisa el lugar que ocupa la cultura de paz dentro de la política de Paz Total y el rol de la sociedad civil en su construcción; y iv) Subraya dos tipos de procesos que puede iniciar el Gobierno nacional:

Negociaciones con grupos armados al margen de la Ley con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz y acercamiento y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento (Losada, 2023, p. 44).

Losada (2023) también destaca el papel que tendrán los representantes del Estado para promover la reconciliación entre los colombianos, quienes para esto deberán seguir las instrucciones y lineamientos construidos por el presidente. Bajo esta comprensión de la Paz Total el autor aventura una tesis: la política de Paz Total es un excelente eslogan que debe apoyarse para restarle protagonismo al conflicto armado. Asimismo, identifica algunos retos que debe enfrentar esta política: (i) la presunta agenda política que dice tener el EGC es muy secundaria frente a sus propósitos delincuenciales, lo que puede ser un obstáculo; (ii) la seguridad no puede sacrificarse por la paz, por lo que deben mantenerse las actividades operacionales y evitarse los ceses al fuego prolongados e indeterminados; (iii) es necesario que se concrete lo que el autor denomina ley de sometimiento, pero que hace referencia en realidad al proyecto de Ley número 288 de 2023 Senado que buscaba establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria. Este proyecto de ley fue archivado de conformidad con el artículo 190 de la Ley 5 de 1992 (tránsito de legislatura), sin embargo, fue presentado nuevamente el 20 de julio de 2025.

En conclusión, la Paz Total es una iniciativa necesaria para el fortalecimiento de la democracia, aunque presenta grandes desafíos: por un lado, contempla acercamientos y conversaciones con grupos criminales de alto impacto que son vistos por ciertos sectores políticos como un tratamiento benévolo en materia penal inmerecido²¹ y, por otro lado, la Paz Total se enfrenta a la realidad de que no todos los grupos criminales quieren entablar acercamientos y conversaciones con el gobierno. En todo caso, las conversaciones con los grupos criminales, pese al costo político que implican nacional e internacionalmente, siguen siendo preferibles a la continuación de la guerra dado el impacto que tienen estos actores en la inseguridad y la violencia y, por el otro lado, la Paz Total acentúa la relevancia que tienen las economías ilegales en este menosprecio de ciertos grupos criminales por sentarse a conversar sobre su sometimiento a la justicia (Pantoja y Zepeda, 2023).

7. Las contribuciones de la paz total a la democracia

¿De qué manera la política de Paz Total implementada en Colombia por el gobierno del presidente Gustavo Petro puede contribuir a la democracia tomando como referencia el periodo 2022-2024? La Paz Total, como está contemplada en las normas que la desarrollan y en las acciones que ha adelantado el Estado colombiano para garantizar su implementación, conduce a: (i) fomentar la democracia al promover el respeto y garantía de derechos fundamentales como la integridad personal, la vida y libertades, así como a promover la participación política de la ciudadanía en la construcción de la Paz Total con un énfasis especial en la participación de las mujeres y la sociedad civil; y (ii) aporta a la democracia al brindar mayores garantías para el ejercicio de la participación política.

La literatura académica sobre los aportes democráticos de la Paz Total es escasa. En una investigación publicada por Vélez (2023) propone un marco deliberativo, social y contestatario: deliberativo, por centrarse en la “deliberación pública racional”; es social, en cuanto que asume que se necesitan condiciones económicas elementales para garantizar la democracia; y es contestataria, en la medida que demanda la necesidad de poder ejercer contraposición al poder que tiende a tornarse arbitrario. El autor vincula este marco teórico con una mirada de la tenencia de la tierra como factor de exacerbación del conflicto armado en Colombia. Su gran aporte al debate en torno a la Paz Total es la afirmación según la cual “hasta tanto no sean resueltas de fondo las disputas por la tierra en el campo colombiano, no se tendrá una verdadera paz total (Vélez, 2023, p. 7).

Ahora bien, no solo la cuestión de la tierra obstaculiza la Paz Total: también lo hacen las afectaciones que causan los GAOML y grupos criminales de alto impacto a la democracia. La política de Paz Total es, entonces, una apuesta necesaria en Colombia para enfrentar el nuevo ciclo de violencia que se comienza a dibujar a partir del 2018. En este nuevo ciclo de violencia renacen dos tipos de estructuras armadas y delincuenciales que ponen en jaque a la democracia en Colombia, por tres razones fundamentales: (i) la afectación a derechos fundamentales, (ii) afectaciones a la ciudadanía y (iii) a la participación política o representatividad.

La Paz Total es necesaria, además, porque por primera vez la paz se concibe como política de Estado, prioritaria y transversal para todos los niveles y sectores de la administración. En palabras de Valencia (2022), pretende dejar establecida la idea de que la paz es un bien público prioritario para cualquier gobierno, “independientemente del presidente que llegue o su gabinete, esta política pública sea prioritaria y transversal en los asuntos de Estado” (s.p.).

Además, esta política deja claro que para hacer la paz se deben priorizar procesos de diálogo y negociación con los GAOML y grupos criminales de alto impacto, en lugar de la aniquilación del contrario: “tratar de acabar la violencia con “otra violencia”, es como pretender curar una enfermedad con otra enfermedad”(Abad, 2023). En la historia reciente, se han identificado hitos importantes como el logrado el 3 y 4 de junio entre el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia-Ejército Bolivariano cuando firmaron el Acuerdo para el inicio formal de la Mesa de Diálogos de Paz. En este documento se pactaron los siguientes puntos básicos de la agenda de negociación:

Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de paz, 2) Construcción de Territorios de paz; 3) Víctimas como sujeto social transformador; 4) Condiciones para la convivencia pacífica; 5) Implementación y verificación” El avance más importante: el 3 y 4 de junio el Gobierno nacional y la Segunda Marquetalia-Ejército Bolivariano firmaron el Acuerdo para el inicio formal de la Mesa de Diálogos de Paz. En este documento se pactaron los siguientes puntos básicos de la agenda de negociación: “1) Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de paz, 2) Construcción de Territorios de paz; 3) Víctimas como sujeto social transformador; 4) Condiciones para la convivencia pacífica; 5) Implementación y verificación (Alto Comisionado para la Paz, 2024).

También es posible identificar algunas consecuencias negativas relacionados con los ceses al fuego y el avance en los diálogos, principalmente se alega que los grupos armados ilegales han aumentado su capacidad militar mientras que están en proceso de diálogo en el marco de la Paz Total.

La guerrilla del ELN es la que más violó los acuerdos de la “paz total”, con un total de 234 acciones armadas contra la fuerza pública y la población civil, principalmente en Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Santander. Aunque el grupo armado es el que tiene un proceso de paz más avanzado con el Gobierno nacional, es el que más homicidios ha perpetrado, con un total de 42 y ha generado confinamientos y desplazamientos masivos en doce oportunidades con los paros armados y enfrentamientos con el Clan del Golfo y algunas facciones de las disidencias de las Farc en Chocó, Arauca, Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca (Ortíz, 2024, s.p).

La Paz Total es, entonces, una iniciativa necesaria para el logro de la democracia porque implementa un modelo de seguridad humana enfocado en las personas, la naturaleza y los seres sintientes; implementa un modelo de seguridad centrado en las libertades humanas de tal manera que se busca la realización de los seres humanos. Esto implica que la ciudadanía pueda participar activamente de las elecciones democráticas, hacer campaña por cualquier partido político sin importar la ideología y ejercer el control social de la administración pública a partir de la incidencia. Además, demanda que la Paz Total sea con enfoque interseccional. Este se entiende como aquella mirada que permite comprender las experiencias de vulnerabilidad a partir del entrecruce de dos o más estándares normativos (Crenshaw, 2012).

Desde esta mirada, se propende por un modelo de seguridad humana que garantice en los territorios el respeto y garantía de los mecanismos de participación ciudadana. Por ello, la Paz Total es vista como “un intento necesario, teniendo en cuenta que las políticas de seguridad tradicionales han fracasado para reducir o eliminar la violencia, y por ello es indispensable buscar alternativas para lograr ese objetivo” (Pantoja y Zepeda, 2023, p. 84).

La Paz Total también aporta a la democracia en lo que a participación se refiere. Forero y Fuentes (2024) sostienen como tesis central de su artículo titulado La paz total: una nueva oportunidad para las iniciativas de paz de excombatientes de las FARC, que la Paz Total “puede significar un nuevo impulso, soporte y empuje” para las iniciativas de los excombatientes de las FARC. Sobre la base de la categoría de “iniciativas de paz”, entendida como aquellas propuestas que contribuyen a la paz de los integrantes de la extinta FARC, los autores dan cuenta de algunos retos y oportunidades con los que se enfrentan los excombatientes para llevar a feliz término sus iniciativas.

Además de lo anterior, suministran algunos elementos para problematizar la paz total, como al permitir identificar la necesidad de hacer un breve recorrido o recuento de lo que ha sido la historia de quienes depusieron las armas en el país. En este escenario, la reflexión sobre el caso de la desmovilización del M-19 así como el exterminio de la UP (Corte IDH, 2022), puede ofrecer luces para comprender la situación de Estado de Cosas Inconstitucional de los firmantes de paz declarada por la Corte Constitucional en al sentencia SU-020 DE 2022. Ello permite identificar los argumentos que han prevalecido en las distintas esferas en relación con las afectaciones a derechos que han tenido quienes hacen la paz incluso la vulneración del derecho a la vida.

Forero y Fuentes (2024) desarrollan su reflexión a partir de cuatro aspectos fundamentales: (i) hacen una definición conceptual de las iniciativas de paz; (ii) argumentan sobre las iniciativas de paz de los excombatientes y los retos a los que se enfrentan; (iii) describen la política de Paz Total del gobierno del presidente Gustavo Petro como un trampolín para las iniciativas de la paz y (iv) finalizan presentando algunos aportes para escritos futuros o para apuestas de incidencia práctica.

Bajo esta mirada, la Paz Total incentiva las iniciativas de paz de los excombatientes de las FARC lo que termina reduciendo las posibilidades de que sufran afectaciones a derechos y promueve la incorporación de estos excombatientes a la sociedad garantizando su participación democrática. Uno de los aspectos más relevantes de la relación entre democracia y conflicto armado (o violencia) está relacionado con lo que Galli (2013) presenta como el equilibro entre la obligación que tiene el Estado de brindar seguridad y garantizar las demandas de emancipación de derechos que producen un estrés a la democracia moderna. Es por esto por lo que al contemplar la Paz Total una concepción de seguridad humana más integral y holística, no se pone en riesgo el disfrute de las libertades individuales a cambio de seguridad.

Puesto que deben evitarse, de nuevo con Galli (2013): “En resumidas cuentas, al sumarse a la inseguridad social y a las carencias culturales el miedo específico a la violencia externa e interna —terrorismo, degradación, micro criminalidad —, se crea un detonador capaz de hacer estallar a la democracia.” (Galli, 2013, p. 64). Es por eso por lo que al Estado no le queda más que hacer frente al conflicto armado y a la violencia a partir de una política de Paz Total que enfatizar el diálogo y el sometimiento a la justicia, en lugar de propender por la aniquilación del adversario político o de las estructuras criminales de alto impacto.

8. Conclusiones

Este artículo ofreció herramientas teóricas, conceptuales, normativas y fácticas para poder argumentar que la Paz Total puede contribuir a la democracia al promover el respeto y la garantía de los derechos fundamentales, y al permitir el desarrollo de la ciudadanía y la participación política —tanto el derecho a elegir como ser elegidos —. Se inició con una aproximación conceptual a la democracia para delimitar un concepto operativo: un sistema político en el que el Estado debe respetar y garantizar los derechos fundamentales, suministrar garantías para que la ciudadanía pueda ser ejercida y brindar garantías para la participación política.

Luego, se describió la Paz Total como política de Estado orientada a alcanzar acuerdos de paz y a definir los términos de sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto. Asimismo, se delineó como la estrategia del Gobierno del Presidente Gustavo Petro para enfrentar el conflicto armado y la violencia, tal como lo han hecho los anteriores presidentes a partir de sus distintas miradas y concepciones sobre la Paz Total: paz con legalidad en el caso de Duque y paz territorial en el caso de Santos. Esto es muy importante, pues el punto de partida de la discusión sobre las implicaciones de la Paz Total a la democracia es, precisamente, la pregunta por lo que es la Paz Total.

En este sentido, tal como se evidenció, la política de paz del gobierno de Gustavo Petro va mucho más allá de plantear diálogos y acercamientos con los grupos armados con carácter político y con las estructuras armadas de alto impacto; implica, además, los caminos comunitarios de paz, el servicio social para la paz, la inclusión de la Paz Total en planes de desarrollo departamentales y municipales y, en general, una apuesta por el diálogo con los alzados en armas y no por la aniquilación del contrario.

Finalmente, se aportaron elementos para considerar que la Paz Total sí contribuye efectivamente a la democracia, pese a que se enfrenta a grandes retos como (i) la aparición de un nuevo ciclo de violencia, (ii) el fortalecimiento de la capacidad militar de los GAOML y estructuras criminales de alto impacto, (iii) el narcotráfico y (iv) la proliferación de grupos en los territorios (Arauca, Cauca, Buenaventura, Magdalena, etc.); (v) la ausencia de un marco de acogimiento o sometimiento de las estructuras armadas organizadas de alto impacto. En suma, la Paz Total constituye una vía plausible para robustecer la democracia, siempre que sus instrumentos se orienten a garantizar derechos, ampliar la participación y reducir de manera efectiva las violencias.

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