Revista Verba Iuris

Crisis socioeconómica en Villa del Rosario (Colombia) por el cierre fronterizo unilateral de Venezuela^*

Nora Marcela Jaimes Méndez^**

Marisol Maestre Delgado^***

Elizabeth Ramírez Llerena^****

^*Este artículo es resultado de la investigación Examen de la productividad en comunidades afrodescendientes e indígenas de América Latina frente a la violencia de género, al cambio climático y al derecho alimentario, que se desarrolla en la Universidad del Sinú Seccional Cartagena con acompañamiento de la Universidad de Pamplona en Pamplona, Norte de Santander.

^** Magister en Ciencias Económicas de la Universidad de Pamplona. Actualmente es directora de la Maestría en Ciencias Económicas y docente del Programa de Economía de la Facultad de Ciencias económicas y Empresariales de la Universidad de Pamplona. Programa de Economía, Sede Nuestra Señora del Rosario. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9066-1560 Correo electrónico: nora.jaimes@unipamplona.edu.co

^***Magister en Economía Universidad de Norte. Magíster en Educación Universidad de Pamplona. Actualmente docente tiempo completo Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Programa de Economía. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0548-271 Correo electrónico: marisol.maestre@unipamplona.edu.co

^****Abogada. Especialista en Docencia Universitaria. Especialista en Teoría Métodos y Técnicas de Investigación Social. Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Postdoctorado sobre América Latina en el Orden Global. Docente del Programa de Derecho de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-4462-8989 Correo electrónico: elizabethramirezllerena@gmail.com

Resumen

El presente artículo, resultado de investigación, tiene como objetivo examinar la crisis socioeconómica que afecta al municipio de Villa del Rosario (Colombia), tras el cierre unilateral de la frontera por parte del gobierno venezolano. Para ello, se llevó a cabo un estudio cuantitativo de carácter exploratorio, descriptivo e inferencial, utilizando un muestreo estratificado y la aplicación de encuestas sociales en los barrios más poblados del municipio: La Esperanza, San Gregorio, Santander, La Parada, Antonio Nariño y 20 de Julio. Los hallazgos evidencian que la población enfrenta condiciones socioeconómicas precarias, especialmente en lo que respecta a vivienda y acceso a servicios públicos esenciales. En el ámbito económico y laboral, se identifican altos niveles de informalidad, desempleo y vulnerabilidad, por lo que el análisis se enmarca en la teoría del realismo, la cual resalta la primacía de la seguridad y estabilidad de los Estados en el manejo de las relaciones internacionales. Asimismo, se destacan los profundos vínculos históricos y culturales que unen a las comunidades fronterizas. A partir de los resultados obtenidos, se concluye que es urgente que tanto el gobierno nacional como los entes territoriales colombianos reconozcan las particularidades y dinámicas propias de las zonas fronterizas, asumiendo un compromiso real con su desarrollo integral y sostenible.

Palabras clave

Frontera colombo-venezolana; crisis socioeconómica; cierre fronterizo; vulnerabilidad social; incertidumbre económica.

Abstract

This research article examines the socioeconomic crisis affecting the municipality of Villa del Rosario (Colombia) following the unilateral closure of the border by the Venezuelan government. To this end, a quantitative, exploratory, descriptive, and inferential study was conducted using stratified sampling and social surveys in the municipality's most populated neighborhoods: La Esperanza, San Gregorio, Santander, La Parada, Antonio Nariño, and 20 de Julio. The findings show that the population faces precarious socioeconomic conditions, especially with regard to housing and access to essential public services. In the economic and labor spheres, high levels of informality, unemployment, and vulnerability are identified. Therefore, the analysis is framed within the theory of realism, which emphasizes the primacy of the security and stability of states in the management of international relations. The deep historical and cultural ties that unite border communities are also highlighted. Based on the results obtained, it is concluded that it is urgent for both the national government and Colombian territorial entities to recognize the specific characteristics and dynamics of border areas, assuming a genuine commitment to their comprehensive and sustainable development.

Keywords

Colombian-Venezuelan border; socioeconomic crisis; border closure; social vulnerability; economic uncertainty.

1. Introducción

Se entiende por crisis fronteriza un período caracterizado por altos niveles de incertidumbre, inestabilidad, desconfianza e inseguridad, donde se confrontan diversas posturas en torno a la gestión de las fronteras. Por un lado, se promueve la preeminencia de la seguridad nacional mediante el fortalecimiento de controles, restricciones e incluso el cierre de pasos fronterizos; por otro, se defienden enfoques que priorizan la seguridad humana, los derechos fundamentales y el libre tránsito de personas (Martínez, 2020; Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2021). En este contexto, las fronteras nacionales han dejado de ser simplemente líneas divisorias entre Estados para convertirse en espacios dinámicos de interacción social, económica y cultural. Las zonas fronterizas operan como mecanismos de integración territorial, conformando regiones binacionales con vínculos demográficos y socioeconómicos compartidos, que inciden directamente en la vida cotidiana de sus habitantes (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019). En el caso del municipio de Villa del Rosario, esta dinámica adquiere especial relevancia para la población local —los rosarienses— que históricamente ha establecido lazos estrechos con comunidades del lado venezolano de la frontera.

El propósito de este artículo es describir la crisis socioeconómica que ha afectado al municipio de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander (Colombia), desde el año 2015, como consecuencia del cierre unilateral del puente internacional Simón Bolívar —que conecta a Cúcuta con San Antonio del Táchira— por decisión del gobierno venezolano. Las crisis fronterizas, como la que se analiza en este caso, se configuran como escenarios en los que confluyen múltiples formas de sufrimiento humano, estrechamente asociadas con factores económicos, sociales, demográficos, políticos y militares. Estos fenómenos tienden a surgir en contextos de pobreza estructural, debilidad institucional y limitado control estatal. Debido a su carácter multicausal y su capacidad de afectar simultáneamente diversas dimensiones de la vida social, estas situaciones son clasificadas como emergencias complejas. Se trata de crisis sistémicas que combinan conflictos armados, colapsos económicos, crisis sanitarias, desplazamientos forzados, deterioro de las estructuras estatales y violaciones masivas de derechos humanos (Correa da Silva, 2020; Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2021; OCHA, 2019).

La comprensión de la crisis socioeconómica en Villa del Rosario se enriquece mediante una perspectiva comparativa con otras regiones fronterizas que enfrentan dinámicas similares. Por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, los procesos de cierre y militarización han generado condiciones de exclusión, precarización laboral y vulnerabilidad para las poblaciones migrantes y residentes, lo que ha sido ampliamente documentado desde un enfoque interdisciplinar que articula elementos sociológicos, jurídicos y geopolíticos (Andreas, 2009; Menjívar, 2014). De manera similar, la frontera entre Perú y Ecuador ha sido objeto de análisis por su carácter histórico de conflicto y reconciliación, donde las políticas de integración regional se han visto tensionadas por las asimetrías económicas y los flujos migratorios (González, 2021). Estos estudios coinciden en señalar que las zonas de frontera no deben ser entendidas únicamente como espacios periféricos o de seguridad nacional, sino como territorios socialmente activos, atravesados por relaciones de dependencia mutua, intercambio económico informal y vínculos culturales transfronterizos (García, 2018). Esta visión comparativa permite ubicar el caso colombo-venezolano en un marco más amplio de análisis sobre las crisis fronterizas, reconociendo su complejidad estructural y la necesidad de abordajes interdisciplinarios que integren lo social, lo económico, lo político y lo jurídico.

La crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela se inscribe en el campo de las Relaciones Internacionales, al tratarse de un fenómeno político de carácter binacional derivado de las decisiones de política interna de ambos Estados y de las formas en que sus gobiernos abordan problemas relacionados con la seguridad y la estabilidad regional. Esta situación pone de manifiesto una tensión persistente entre la protección de los derechos humanos y la priorización de la seguridad estatal bajo lógicas tradicionales (Aya-Smitmans, 2022). En este contexto, se configura una crisis humanitaria sin precedentes en la zona fronteriza, caracterizada por una economía altamente informal, prácticas generalizadas de contrabando, elevados niveles de desempleo y pobreza, así como condiciones de vulnerabilidad individual y comunitaria. Esta exposición constante a riesgos, conflictos sociales, tensiones comunitarias, deficiencias en el acceso a la salud, discriminación y desprotección institucional exige la construcción de un nuevo pacto social en la frontera. Dicho pacto debe materializarse mediante normas legales, acuerdos morales y mecanismos sociales que, desde una perspectiva de gobernanza participativa, sirvan como estrategia de desarrollo local a través del trabajo colectivo y la negociación interinstitucional (Albornoz & Mazuera, 2019). Adicionalmente, la débil presencia del Estado central convierte esta región en una zona centrífuga, históricamente marginada, en la que predominan relaciones de poder local marcadas por la ilegalidad, la corrupción y las economías ilícitas, lo cual profundiza la desconexión con el centro político y administrativo del país (Cubides, 2006; Rodríguez, 2021).

Actualmente, el municipio fronterizo de Villa del Rosario, ubicado en el departamento de Norte de Santander (Colombia), presenta una serie de características socioeconómicas y territoriales relevantes para el análisis de las dinámicas transfronterizas. Según el Sistema de Estadísticas Territoriales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), identificado con el código 54874, este municipio pertenece a la región Centro Oriente, cuenta con una superficie de 93 km² (9.300 ha) y una población total de 113.903 habitantes. Se clasifica dentro de un entorno de desarrollo intermedio, con un marcado predominio urbano: el 97,12% (110.618 habitantes) residen en zonas urbanas, mientras que el 2,88% (3.285 habitantes) lo hace en zonas rurales. La distribución por sexo indica una ligera mayoría de mujeres (51,5%) frente a los hombres (48,5%). Además, según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), 106.940 personas están afiliadas al sistema y se registran 42.790 hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica (DNP, 2023).

Desde el punto de vista económico, Villa del Rosario se caracteriza por una fuerte presencia del sector terciario, que representa el 81,99% de la actividad económica, seguido por el sector secundario con un 13,18%. En términos de infraestructura y servicios públicos, la cobertura de acueducto y alcantarillado alcanza un 64 %, cifra inferior al promedio departamental (68,3%). En cuanto a conectividad, la penetración de banda ancha en el municipio es del15,4 %, superior al promedio departamental de 12%. La cobertura de energía eléctrica en zonas rurales es del 98,9%, destacándose por encima del nivel departamental que alcanza un 79%. En educación, la cobertura es del 48,33%, también superior al promedio departamental (45,70%), aunque con una tasa de deserción escolar de 4,43%, la cual supera la media nacional de 2,52%. Finalmente, se registra un déficit cuantitativo de vivienda del 11,1%, por encima del promedio nacional (9,8%), y un déficit cualitativo del 34,5%, igualmente superior al promedio departamental del 32,9% (DNP, 2023).

Villa del Rosario, no solo es un municipio fronterizo con características estructurales particulares, sino también un territorio de fuerte simbolismo histórico y dinamismo transfronterizo. Como afirman Pabón, Arenas y Sepúlveda (2014), este municipio constituye un nodo estratégico en las relaciones binacionales colombo-venezolanas, debido a los profundos vínculos históricos, familiares, educativos y comerciales que entrelazan sus comunidades. Allí se gestaron acontecimientos fundacionales de la República de Colombia, como la promulgación de la Constitución de 1821 bajo el liderazgo de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Esta zonalidad compartida ha favorecido históricamente el tránsito ágil entre Colombia y Venezuela, estructurando relaciones socioeconómicas, políticas y culturales complejas. Anderson y Kerber (2016) destacan que las diferencias institucionales y de desarrollo entre ambos países impactan directamente la calidad de vida y el bienestar de los residentes fronterizos, especialmente debido a la centralización de decisiones políticas que ignoran las dinámicas locales. Sánchez (2014) advierte que el ciclo económico de las comunidades de esta región depende en gran medida de la situación económica de la nación vecina, de tal forma que los desequilibrios cambiarios y las crisis políticas han generado efectos adversos sobre el aparato productivo del área metropolitana de Cúcuta y, por extensión, de Villa del Rosario.

Ante este panorama, resulta urgente definir e implementar políticas de desarrollo territorial que reconozcan e incorporen las particularidades de las regiones fronterizas. Estas zonas, al encontrarse integradas por dinámicas económicas compartidas debido a su vecindad, son especialmente vulnerables a choques externos como las decisiones unilaterales de cierre fronterizo emitidas por los gobiernos nacionales. Tales medidas afectan directamente el desempeño económico, la estructura social y la estabilidad de comunidades circunvecinas como Villa del Rosario, que históricamente ha sostenido relaciones de interdependencia con el estado venezolano del Táchira (Pabón et al., 2014; Rodríguez, 2021).

Desde una perspectiva histórica, Barrera (1989) ya advertía sobre la existencia de una integración espontánea entre las regiones fronterizas colombo-venezolanas, planteando que las diferencias en las políticas económicas adoptadas por los gobiernos centrales han generado impactos significativos en la vida de las poblaciones de frontera. El autor sostiene que cualquier estrategia diseñada para enfrentar situaciones de cierre o tensión fronteriza debe partir del reconocimiento de que se trata de una región binacional. En consecuencia, señala que las políticas nacionalistas de corto plazo impuestas desde el centro dificultan el desarrollo de zonas naturalmente integradas, proponiendo en cambio una visión de largo plazo orientada al desarrollo fronterizo compartido como meta común, capaz de potenciar el bienestar local y superar la histórica marginalidad de estas zonas.

Avendaño (2013) advierte que alcanzar condiciones sostenibles de desarrollo económico y social en territorios fronterizos como Villa del Rosario requiere superar la dependencia estructural de la economía informal. Esta modalidad, si bien funciona como estrategia de subsistencia, reproduce condiciones de pobreza, desigualdad e inequidad, ampliando la brecha entre las poblaciones periféricas y los centros urbanos consolidados del país. Por ello, resulta imperativo realizar una caracterización socioeconómica precisa de estas comunidades, que permita identificar sus especificidades y condiciones reales de vida. Este diagnóstico no solo es clave para la formulación de políticas públicas efectivas, sino también para la reivindicación social de territorios históricamente excluidos (Avendaño, 2013; CEPAL, 2020).

La caracterización socioeconómica de los territorios fronterizos se vincula estrechamente con el análisis descriptivo, cuya función principal es comprender las dinámicas de colectivos humanos que comparten elementos simbólicos, históricos y contemporáneos, en un entorno marcado por continuas transformaciones. Esta caracterización permite observar cómo las identidades colectivas se construyen a partir de vínculos culturales, territoriales y afectivos, y cómo estas identidades se reconfiguran en respuesta a influencias externas, como las decisiones de política internacional y los cambios en la economía regional. En este sentido, no solo se analiza el entramado interno de las identidades locales, sino también los escenarios donde estas interactúan se expresan y definen su pertenencia frente a otros actores sociales. Las identidades colectivas, por su diversidad de contenidos y múltiples formas de constitución, tienden a ser complejas, especialmente en contextos de frontera donde confluyen culturas, intereses y tensiones estatales (Castells, 2009).

Desde este marco, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Sufre el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander, Colombia) una crisis socioeconómica como consecuencia del cierre unilateral de la frontera por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro? Para abordar esta problemática, el objetivo general del estudio fue examinar los impactos socioeconómicos del cierre fronterizo en dicho municipio, considerando sus implicaciones sobre el empleo, la movilidad, el comercio y el bienestar de la población local. En este contexto, se formula la siguiente hipótesis: es necesario superar la visión Estado-céntrica que tradicionalmente ha orientado las políticas públicas en zonas de frontera, para avanzar hacia un enfoque socio-céntrico, que permita el desarrollo equilibrado de los municipios fronterizos. Este enfoque reconoce el papel de los diversos actores de la sociedad civil y fomenta un entorno propicio para el aumento sostenido de los flujos de personas, bienes, servicios y capital entre territorios históricamente interconectados (CEPAL, 2020).

2. Metodología

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un diseño exploratorio, descriptivo e inferencial, cuyo propósito fue caracterizar la crisis socioeconómica en sectores estratégicos del municipio fronterizo de Villa del Rosario. La información primaria se recopiló mediante la aplicación de una encuesta social estructurada a una muestra representativa de 835 hogares, distribuidos en los barrios de mayor concentración poblacional: La Esperanza, San Gregorio, Santander, La Parada, Antonio Nariño y 20 de Julio. La población objetivo del estudio estuvo conformada por 34.013 habitantes residentes en dichos sectores. Para garantizar la representatividad de los resultados, se utilizó un muestreo aleatorio simple estratificado, con afijación proporcional al tamaño de la población por barrio (Hernández-Sampieri et al., 2014).

El tratamiento estadístico de los datos incluyó un análisis exploratorio y descriptivo bivariado, lo que permitió identificar patrones generales en las condiciones socioeconómicas de los hogares encuestados. Dada la naturaleza categórica de las variables, se empleó el Análisis Multivariado de Correspondencias Múltiples (ACM), como técnica estadística que facilita la reducción de la dimensionalidad de grandes matrices de datos categóricos y permite establecer relaciones de interdependencia entre variables. El procedimiento se ejecutó mediante escalamiento óptimo, una técnica que asigna cuantificaciones numéricas a las categorías de las variables a través del método iterativo de mínimos cuadrados alternantes (Greenacre, 2007; Meulman, Van der Kooij & Heiser, 2004).

La fiabilidad del escalamiento óptimo fue evaluada mediante el coeficiente alfa de Cronbach, con el fin de validar la consistencia interna de las dimensiones obtenidas. A partir de este análisis, se construyó un plano bidimensional o mapa perceptual que permite visualizar la estructura de relaciones entre las categorías de las variables analizadas. Asimismo, para identificar perfiles sociales diferenciados dentro de la muestra, se aplicó el algoritmo de minería de datos K-means, una técnica de clasificación no supervisada que permite agrupar observaciones en clústeres internamente homogéneos y mutuamente heterogéneos (Hair et al., 2019). Los procedimientos estadísticos se realizaron utilizando los módulos Multiple Correspondence Analysis y K-means Clustering disponibles en el software IBM SPSS Statistics, versión 26, desarrollado por la Universidad de Leiden.

Esta investigación se desarrolló conforme a los principios éticos establecidos para estudios con participación de seres humanos. Previo al inicio de la recolección de datos, se obtuvo la aprobación ética por parte de los comités correspondientes en las instituciones de filiación de las investigadoras. Asimismo, todos los participantes fueron informados sobre los objetivos, alcances y fines del estudio, garantizando la voluntariedad de su participación mediante la firma del consentimiento informado. Se aseguró la confidencialidad de la información recolectada, el anonimato de los encuestados y el uso exclusivo de los datos para fines académicos y científicos, conforme a las directrices de la Declaración de Helsinki y las normas éticas nacionales aplicables (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas [CIOMS], 2016).

3. Resultados

En esta sección se presentan los hallazgos del estudio, organizados en torno a dos unidades de análisis fundamentales para comprender los efectos del cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana sobre el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander, Colombia).

La primera unidad de análisis aborda el impacto del cierre fronterizo sobre la economía local, con énfasis en tres dimensiones interrelacionadas: el comercio informal, la movilidad transfronteriza y las dinámicas laborales. Estas variables son clave para caracterizar la disrupción en las estrategias de sustento de la población, la pérdida de ingresos, el aumento del desempleo y la expansión de la informalidad como principal fuente de subsistencia en los sectores más vulnerables del municipio.

La segunda unidad de análisis corresponde a la caracterización socioeconómica actual de los habitantes de Villa del Rosario, considerando los principales indicadores de calidad de vida tras el cierre fronterizo de 2015. Se analizan aspectos como el acceso al empleo y la estabilidad laboral, el nivel de ingresos, la cobertura de servicios públicos básicos (agua potable, energía, telecomunicaciones, gas domiciliario), las condiciones de habitabilidad de la vivienda y el nivel educativo alcanzado. Esta caracterización, sustentada en un enfoque cuantitativo, permitió clasificar a la población en perfiles o grupos socioeconómicos, evidenciando desigualdades estructurales y niveles diferenciados de afectación por la crisis fronteriza.

En conjunto, los resultados permiten identificar patrones de vulnerabilidad multidimensional que se han profundizado a raíz del cierre de la frontera, así como las limitaciones de las políticas públicas para mitigar sus efectos en un territorio históricamente dependiente del intercambio binacional. De esta manera, se evidencia que los efectos del cierre no solo fueron inmediatos, sino que han tenido un carácter prolongado y estructural, afectando negativamente el bienestar de miles de hogares y desestabilizando el tejido socioeconómico local.

3.1. Análisis de los impactos del cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana sobre la economía local, especialmente en relación con el comercio informal, la movilidad transfronteriza y las dinámicas laborales del municipio

Este apartado examina los impactos socioeconómicos derivados el cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana, decretado por el gobierno venezolano desde 2015 y reforzado en 2018, sobre el municipio de Villa del Rosario, ubicado en el departamento de Norte de Santander.

3.1.1. ¿Qué son las fronteras?

La conceptualización teórica de las fronteras ha evolucionado desde enfoques estrictamente jurídicos hacia perspectivas más integrales, que las entienden como espacios complejos de interacción social, económica y política. Desde la teoría sociológica, la frontera se concibe como una espacialidad relacional, donde se configuran situaciones de intercambio y cooperación material entre actores y comunidades. Esta visión rompe con la idea de frontera como una simple línea divisoria entre territorios soberanos y la redefine como un espacio simbólicamente cargado, en el que se traducen y simetrizan las diferencias entre actores sociales, permitiendo una localización heterogénea y mutable (Vergara & Avendaño, 2020).

Desde el enfoque de la geografía política, la frontera se asocia a la interrelación entre el territorio y la soberanía estatal. Jiménez (2008) distingue dos concepciones: las boundaries (límites), que se refieren a líneas físicas y legales en las que se ejerce jurisdicción estatal, y las frontiers (fronteras), concebidas como zonas de contacto y ambigüedad, tradicionalmente ignoradas por las estructuras del Estado-nación. En la misma línea, Briceño Monzillo (1982) define la frontera como una franja geoespacial que se extiende a ambos lados del límite internacional y que articula a los Estados vecinos, no solo como elemento de separación, sino también como espacio de contacto e interdependencia funcional.

El estudio académico de las fronteras se inscribe en una disciplina emergente denominada fronterología, relacionada con la geopolítica pero con un campo específico de análisis centrado en las dinámicas propias del contacto constante entre actores, sus duplicidades e interrelaciones. Esta disciplina reconoce que las fronteras no solo delimitan soberanías, sino que también configuran territorios funcionales en los que se manifiestan fenómenos como la migración, el comercio informal, la construcción de identidades híbridas y, en ocasiones, la emergencia de crisis humanitarias. En este sentido, Briscoe (2008) advierte que las fronteras actúan como filtros porosos, que permiten, impiden o median el tránsito de personas y mercancías, en contextos marcados por divergencias políticas, asimetrías económicas y conflictos de seguridad.

En síntesis, las fronteras son áreas de encuentro y, simultáneamente, espacios de diferenciación. Cumplen funciones de integración, pero también de control y segmentación del espacio geopolítico. Su estabilidad es relativa, ya que depende de factores coyunturales como las relaciones diplomáticas, los conflictos armados, las economías ilícitas y la institucionalidad débil (Bello, 2014; Bustamante, 2006). De esta manera, la frontera puede entenderse como una construcción dual: por un lado, el límite, que representa la línea jurídica de separación entre Estados; y por otro, la franja fronteriza, un territorio potencialmente habitable por poblaciones de nacionalidades distintas, que comparten prácticas, simbolismos e intereses comunes, dando lugar a un subsistema social propio (Gelfestein, 2008).

No obstante, es importante señalar que no todas las fronteras presentan estas características, ya que existen regiones limítrofes inhabitadas o sin presencia de dinámicas sociales relevantes, donde no se observa la construcción de comunidades transfronterizas o sistemas de interdependencia funcional.

3.1.2. Impactos del cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana sobre la economía local, especialmente en relación con el comercio informal, la movilidad transfronteriza y las dinámicas laborales del municipio

El cierre unilateral de la frontera entre Colombia y Venezuela, ordenado por el gobierno venezolano en agosto de 2015, generó efectos profundos sobre la economía local de los municipios fronterizos colombianos, especialmente en Villa del Rosario (Norte de Santander). Este municipio, históricamente articulado al estado venezolano del Táchira, ha sustentado buena parte de su dinámica económica en la interacción diaria de bienes, personas y servicios a través del puente internacional Simón Bolívar. La clausura de este paso no solo interrumpió una rutina económica consolidada, sino que también provocó una desarticulación abrupta de los canales comerciales, afectando especialmente al comercio informal, que constituye un pilar de subsistencia para miles de hogares (Rodríguez, 2021; Pabón et al., 2014).

El comercio informal transfronterizo —incluyendo la venta ambulante, el transporte de mercancías menores y los intercambios no regulados— se vio particularmente afectado, al depender directamente del libre tránsito entre ambos países. La población dedicada al denominado "rebusque fronterizo", es decir, actividades económicas no formalizadas pero socialmente toleradas, quedó sin opciones inmediatas de sustento. Esta situación generó un incremento del desempleo, el subempleo y la dependencia de ayudas estatales, al tiempo que incentivo el auge de dinámicas ilegales como el contrabando de gasolina, alimentos o medicamentos (Avendaño, 2013; Bello, 2014). El cierre exacerbó así una economía sumergida ya existente, ampliando la brecha entre el centro político y la periferia fronteriza.

La movilidad transfronteriza también se vio gravemente restringida. Antes del cierre, era común que ciudadanos colombianos trabajaran en Venezuela o viceversa, que estudiantes cruzaran diariamente para asistir a clases y que los servicios de salud se compartieran informalmente en ambos lados de la línea divisoria. La suspensión del tránsito peatonal y vehicular formal llevó a una migración de estos movimientos hacia trochas o pasos ilegales, con graves consecuencias en términos de seguridad, trata de personas y violaciones a los derechos humanos (OIM, 2021a; Briscoe, 2008). Esta nueva configuración de movilidad clandestina desbordó la capacidad de respuesta institucional y dejó a los actores locales con escasos recursos para garantizar la protección de la población.

En cuanto a las dinámicas laborales, el cierre contribuyó a una mayor precarización de empleo en Villa del Rosario. Las actividades comerciales, de transporte, hotelería y servicios que dependían del flujo fronterizo experimentaron una reducción drástica en su demanda. Como consecuencia, numerosos trabajadores fueron despedidos, y muchas microempresas cerraron o se vieron obligadas a operar en condiciones de informalidad (Bustamante, 2006). Además, la presión migratoria proveniente de Venezuela acentuó la competencia en el mercado laboral local, generando tensiones sociales y sobrecarga en los servicios públicos básicos como salud, educación y asistencia social (CEPAL, 2020; ACNUR & OIM, 2019).

En suma, el cierre unilateral de la frontera no debe entenderse solo como una medida de política exterior, sino como un detonante de profundas transformaciones en la estructura económica y social de los territorios fronterizos. El caso de Villa del Rosario evidencia cómo la interrupción de los flujos cotidianos transfronterizos afecta las estrategias de vida de la población, revela la fragilidad de las economías locales dependientes del intercambio informal y pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas diferenciales que reconozcan la especificidad de la frontera como zona funcional y no como simple límite geográfico (Donnan & Wilson, 2010; Gelfestein, 2008).

Esta situación encuentra paralelos en otras regiones del continente, como la frontera entre México y Estados Unidos, donde el endurecimiento de las políticas migratorias y la militarización han impactado severamente las economías locales basadas en el comercio informal y el tránsito laboral transfronterizo, incrementando la vulnerabilidad de comunidades como Ciudad Juárez y El Paso (Andreas, 2009; Menjívar, 2014). Del mismo modo, en la frontera entre Perú y Ecuador, la asimetría institucional y económica entre ambos países ha generado tensiones que afectan el acceso a servicios básicos, la integración regional y la seguridad humana, particularmente en zonas como Huaquillas y Aguas Verdes, donde la movilidad es clave para la subsistencia local (González, 2021). Estas comparaciones permiten afirmar que las fronteras no son márgenes periféricos, sino espacios dinámicos que requieren atención estratégica, enfoques binacionales y políticas públicas adaptadas a sus realidades complejas y cambiantes.

3.2. Caracterización de las condiciones socioeconómicas actuales de la población del municipio de Villa del Rosario, con énfasis en aspectos como empleo, ingresos, acceso a servicios básicos y educación, tras el cierre fronterizo de 2015

La investigación sobre la crisis fronteriza colombo-venezolana, especialmente agudizada a partir del año 2018, evidencia la necesidad de recurrir a marcos teóricos provenientes del campo de las Relaciones Internacionales (RI) para comprender en profundidad las dinámicas de esta problemática. El cierre unilateral de la frontera por parte del gobierno venezolano ha tenido efectos directos sobre las comunidades del municipio de Villa del Rosario, en Colombia, generando una crisis socioeconómica prolongada. Este fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local, ya que forma parte de un conflicto interno venezolano con implicaciones transnacionales, el cual ha impactado de manera estructural las relaciones bilaterales entre dos Estados vecinos: Colombia y Venezuela.

En este sentido, el conflicto se configura como un caso paradigmático que trasciende la gobernanza local y se inscribe dentro de los intereses estratégicos, políticos y de seguridad nacional de ambos Estados. A partir de este contexto, el realismo emerge como un enfoque teórico útil para interpretar las decisiones tomadas por los gobiernos involucrados. Esta corriente —también denominada el paradigma tradicional— ha dominado el estudio de las Relaciones Internacionales durante más de tres siglos. Derivado de la teoría política clásica y de la experiencia histórica del sistema de Estados surgido en Europa tras la Paz de Westfalia en el siglo XVII, el realismo se basa en una visión del Estado como el actor racional por excelencia, que actúa en función de la maximización de su poder y la protección de su seguridad frente a amenazas externas (Arenal, 1993; Morgenthau, 1948).

Desde esta perspectiva, las relaciones internacionales se entienden como una arena anárquica donde los Estados actúan en función de su interés nacional, priorizando la estabilidad interna y la soberanía territorial sobre consideraciones humanitarias o de integración regional. En esta misma línea, Oyarzún (2020) señala que el realismo representa un enfoque Estado-céntrico, profundamente influenciado por la tradición hobbesiana, que considera que la política internacional se rige por el conflicto constante entre actores que compiten por recursos y poder. Este paradigma predominó en la teoría de las RI hasta finales del siglo XX, moldeando la forma en que se conciben fenómenos como las crisis fronterizas. Aplicado al caso de Colombia y Venezuela, el enfoque realista permite interpretar la decisión unilateral del gobierno venezolano de cerrar la frontera en 2015 como una acción defensiva orientada a proteger la soberanía nacional ante lo que se percibía como una amenaza a la seguridad interna, tal como fue expresado en los decretos de cierre y de estado de excepción (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2015). En consecuencia, la medida debilitó los lazos históricos, familiares y económicos entre ambas naciones, y visibilizó la fragilidad de la agenda binacional ante escenarios de alta tensión política.

El predominio del paradigma realista ha desplazado la posibilidad de enfoques cooperativos y de integración regional, dejando en segundo plano a los actores locales y a las poblaciones directamente afectadas. Esta visión limita el abordaje de soluciones sostenibles, al privilegiar los intereses del Estado por encima de los derechos humanos y el bienestar transfronterizo. Por ello, resulta urgente repensar la relación bilateral desde perspectivas alternativas que reconozcan la interdependencia funcional de las zonas de frontera y promuevan la cooperación más allá de las coyunturas ideológicas o de seguridad (Tickner & Blaney, 2012).

3.2.1 Análisis multivariado de correspondencias múltiple, mediante escalamiento óptimo y discusión

En la tabla 1 se presentan las variables de estudio que se aplicaron en esta indagación y las respectivas codificaciones que se utilizarán en el análisis

Tabla 1

Variables de Estudio

Nota. Elaboración propia de las autoras a partir de los resultados de la encuesta social aplicada en los barrios La Esperanza, San Gregorio, Santander, La Parada, Antonio Nariño y 20 de Julio (2021).

Con el objetivo de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y explorar las relaciones de interdependencia entre variables categóricas, se aplicó la técnica de análisis de correspondencias múltiples (ACM) mediante escalamiento óptimo (optimal scaling). Esta metodología es adecuada para analizar tablas de contingencia complejas, ya que permite representar gráficamente las asociaciones entre categorías de variables nominales u ordinales en un espacio de menor dimensión (Greenacre, 2007; Meulman, Van der Kooij & Heiser, 2004). En el presente estudio, se cuantificaron numéricamente 55 categorías correspondientes a 21 variables, empleando el procedimiento iterativo de mínimos cuadrados alternantes, el cual optimiza la varianza explicada en cada dimensión.

Con el objetivo de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y explorar las relaciones de interdependencia entre variables categóricas, se aplicó la técnica de análisis de correspondencias múltiples (ACM) mediante escalamiento óptimo (optimal scaling). Esta metodología es adecuada para analizar tablas de contingencia complejas, ya que permite representar gráficamente las asociaciones entre categorías de variables nominales u ordinales en un espacio de menor dimensión (Greenacre, 2007; Meulman, Van der Kooij & Heiser, 2004). En el presente estudio, se cuantificaron numéricamente 55 categorías correspondientes a 21 variables, empleando el procedimiento iterativo de mínimos cuadrados alternantes, el cual optimiza la varianza explicada en cada dimensión.

En la Tabla 2 se presenta el resumen de los resultados del modelo. El porcentaje total de varianza explicada por el escalamiento fue del 35,0%, lo que indica una representación moderadamente satisfactoria de los datos en el espacio bidimensional. En particular, la dimensión 1 explicó el 20,5% de la varianza total, mientras que la dimensión 2 retuvo el 14,5%. Estos resultados son aceptables para este tipo de análisis, en el cual no se espera una varianza explicada muy alta debido a la dispersión inherente de las variables categóricas (Hair et al., 2019).

Asimismo, la fiabilidad del modelo fue evaluada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando un promedio del 73,9%, valor que se encuentra dentro del rango recomendado (entre 70% y 80%) para considerar una adecuada consistencia interna del modelo (George & Mallery, 2016). Este nivel de fiabilidad respalda la aplicabilidad del escalamiento óptimo en este estudio y garantiza que las dimensiones extraídas representan de forma coherente las relaciones latentes entre las variables analizadas.

Tabla 2

Resumen del Modelo

Posteriormente, en la Tabla 3 se presenta la matriz de medidas discriminantes derivadas del análisis de correspondencias múltiples, la cual permite identificar las contribuciones relativas de cada categoría a la configuración de las dimensiones extraídas. Esta matriz es esencial para interpretar el significado de cada dimensión latente, ya que refleja qué variables y categorías tienen mayor peso en la diferenciación de los grupos en el espacio factorial (Greenacre, 2007; Hair et al., 2019).

En el presente análisis, las categorías que más contribuyen a la formación de la primera dimensión están estrechamente relacionadas con factores económicos, tales como el estrato socioeconómico de la vivienda, la tenencia del inmueble, los materiales de construcción, la ocupación laboral y los efectos percibidos del cierre de frontera. Estos elementos configuran un eje interpretativo centrado en la vulnerabilidad económica de los hogares.

Por su parte, las categorías con mayor carga factorial en la segunda dimensión se vinculan principalmente con factores sociodemográficos, entre los que destacan la edad del jefe de hogar, el tamaño del hogar, el nivel educativo alcanzado y el género. Esta dimensión refleja, por tanto, un eje explicativo asociado a las características estructurales de los hogares y su composición demográfica. La identificación de estas dimensiones resulta clave para comprender los patrones de diferenciación interna en la población estudiada y para establecer perfiles sociales con base en múltiples variables interrelacionadas (Meulman, Van der Kooij & Heiser, 2004). En este sentido, la matriz de medidas discriminantes actúa como una herramienta poderosa para la interpretación sustantiva del mapa perceptual resultante.

Tabla 3

Medidas Discriminantes

Con el propósito de describir la población en perfiles socioeconómicos diferenciados a partir de las variables analizadas, se aplicó el algoritmo de clasificación no supervisada K-means, utilizando como base las dos dimensiones obtenidas mediante el análisis de correspondencias múltiples. Esta técnica de minería de datos permite agrupar n observaciones en k clústeres o grupos con base en la similitud de sus características, optimizando la cohesión interna (homogeneidad dentro del grupo) y el aislamiento externo (heterogeneidad entre los grupos) (Hair et al., 2019; Jain, 2010). El algoritmo minimiza la suma de las distancias cuadradas entre cada observación y el centroide de su clúster, con el objetivo de identificar estructuras latentes en los datos sin intervención previa del investigador.

En este estudio, la aplicación del algoritmo K-means permitió clasificar a la población en tres clústeres distintos, facilitando la caracterización de patrones socioeconómicos predominantes en el municipio de Villa del Rosario.

El Gráfico 1 muestra la representación conjunta de las categorías de las variables, mediante la proyección de sus coordenadas en un plano bidimensional definido por las dos dimensiones extraídas en el análisis previo. Esta visualización permite identificar la posición relativa de los centroides asociados a cada categoría, lo cual facilita el análisis de patrones de asociación entre variables.

La interpretación gráfica revela tres conglomerados claramente diferenciados, en los que la Dimensión 1 actúa como un eje que contrapone dos perfiles socioeconómicos:

• Por un lado, se agrupan las categorías asociadas a déficit de servicios públicos, baja calidad de materiales de vivienda, bajos niveles educativos y desempleo.
• • Por otro, se concentran las categorías que indican mejores condiciones de habitabilidad, mayor nivel educativo y acceso a servicios básicos.

Esta diferenciación confirma la capacidad del modelo para identificar tipologías sociales a partir de múltiples indicadores interrelacionados (George & Mallery, 2016; Kaufman & Rousseeuw, 2005). El análisis de estos clústeres constituye un insumo valioso para la formulación de políticas públicas diferenciadas, orientadas a mejorar las condiciones de vida en contextos de alta vulnerabilidad territorial.

Gráfico 1. Conjunto de puntos de categorías

Fuente: Elaboración propia de los investigadores.

En la Tabla 4 se presenta la distribución de la población según la tipología de perfiles socioeconómicos, construida a partir de los resultados del análisis de clúster. Esta clasificación permite identificar las características distintivas de cada grupo en relación con las variables analizadas, facilitando la comprensión de los patrones estructurales que configuran las condiciones sociales y económicas de los hogares del municipio.

Tabla 4

Distribución de variables por tipología de perfiles

Con base en los resultados presentados en la Tabla 4, a continuación, se expone la descripción socioeconómica detallada de los perfiles o grupos poblacionales identificados en el estudio. Esta caracterización permite comprender las diferencias estructurales entre los clústeres formados, así como las principales condiciones económicas, laborales y de acceso a servicios que distinguen a cada uno de ellos dentro del contexto del municipio de Villa del Rosario.

a. Perfil: Grupo 1 – Alta Vulnerabilidad Socioeconómica

El Grupo 1 concentra el 50,9% de la población encuestada y representa a los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad socioeconómica dentro del municipio de Villa del Rosario. Este perfil está conformado mayoritariamente por personas de nacionalidad colombiana, residentes permanentes, mayores de 30 años, en situación conyugal de casados o en unión libre (70,9%). En términos educativos, predomina un nivel de escolaridad bajo, siendo la educación primaria el grado más común (52,6%), y solo el 36,2% reporta estar vinculado a algún régimen de seguridad social, lo cual evidencia limitaciones en el acceso a derechos básicos como salud y protección social (CEPAL, 2020).

En cuanto a la estructura del hogar, el 65,3% de los hogares tiene como jefe de familia al padre, mientras que el 12,2% está compuesto por más de seis miembros, una condición asociada con mayores cargas económicas y riesgos de pobreza multidimensional (DANE, 2022). En términos de condiciones habitacionales, el perfil muestra marcadas deficiencias: el 96,9% pertenece al estrato 1, considerado el más bajo según la clasificación socioeconómica colombiana. Además, los materiales de construcción reflejan precariedad: paredes de madera o bareque (20,5%), pisos de cemento (66,3%) y techos de zinc (61,7%), lo que evidencia carencias en la calidad de la vivienda (Ministerio de Vivienda, 2021).

Respecto al acceso a servicios básicos, el déficit es notorio: el 95,9% carece de servicio de telefonía, el 98,0% no dispone de conexión a internet y el 57,7% de las viviendas no cuenta con gas domiciliario para cocinar, lo que refuerza su condición de exclusión tecnológica y energética (ONU-Hábitat, 2018). En el ámbito laboral y económico, el grupo presenta altos índices de informalidad (59,2%) y desempleo (36,7%), condiciones que vulneran el derecho al trabajo digno y establecen un escenario de precarización laboral (OIT, 2019).

Este grupo fue el más afectado por el cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana. El 99,5% de sus integrantes reportó haber sido impactado por esta medida, con reducción de ingresos en el 94,4% de los casos, dificultades laborales en el 83,2 % y aumento de las necesidades básicas insatisfechas en el 92,9 %. Estas cifras corroboran los efectos profundos que la crisis fronteriza ha tenido sobre las estrategias de vida de las poblaciones más pobres, tal como lo ha planteado la literatura sobre impactos socioeconómicos en regiones de frontera (Avendaño, 2013; Briscoe, 2008).

En cuanto a la distribución territorial, este grupo se concentra mayoritariamente en los barrios más vulnerables del municipio: La Parada (33,7%), 20 de Julio (20,4%) y Antonio Nariño (14,3%), zonas históricamente afectadas por el comercio informal y la presión migratoria (Pabón, Arenas & Sepúlveda, 2014).

b. Perfil: Grupo 2 – Condición Socioeconómica Media-Baja

El Grupo 2 representa el 25,5% de la población encuestada y se caracteriza por una condición socioeconómica media-baja, con ciertos niveles de estabilidad en comparación con el grupo más vulnerable, aunque aún dentro del rango de precariedad estructural. Está conformado principalmente por personas de nacionalidad colombiana (96,9%), con residencia permanente (85,7%), y una proporción significativa de migrantes (9,2%), lo que sugiere una heterogeneidad en el origen y trayectoria de vida de los integrantes de este perfil. La población agrupada aquí es, en promedio, más joven: el 31,6% tiene menos de 30 años, lo que permite identificar una transición demográfica hacia núcleos familiares más jóvenes (CEPAL, 2020; DANE, 2022).

En términos educativos, este grupo presenta un nivel intermedio de formación académica, con una concentración importante de personas con estudios técnicos (23,5%), aunque el 77,6% no se encuentra vinculado a ningún régimen de seguridad social, lo cual constituye una barrera para la protección en salud, pensiones o riesgos laborales (OIT, 2019). La estructura de los hogares refleja una composición moderadamente nuclear, con menos de seis miembros en el 32,7% de los casos, y con jefatura masculina en el 61,2% de los hogares, siguiendo una tendencia común en zonas urbanas de frontera (ONU-Hábitat, 2018).

En cuanto a las condiciones de vivienda y acceso a servicios, este grupo puede ser clasificado como de nivel medio, dentro del contexto general de precariedad de la región. Aunque el 71,4% sigue perteneciendo al estrato 1, se observa una mejora significativa en la calidad de los materiales de construcción, con predominancia de paredes en ladrillo (86,7%), pisos de baldosa (51,0%) y techos mixtos de zinc (42,9%) y Eternit (29,6%), indicadores de una infraestructura habitacional más consolidada. El acceso a telefonía (29,6%) e Internet (24,5%) también refleja una ligera inclusión digital, mientras que el 33,7% aún carece de gas domiciliario, lo cual denota un acceso limitado a servicios básicos energéticos (Ministerio de Vivienda, 2021).

Desde el punto de vista laboral y económico, este grupo se ubica en una situación intermedia: el 51,0% trabaja en el sector informal, el 33,7% se encuentra desempleado, y apenas un 15,3% cuenta con empleo formal, lo que refleja una inserción inestable en el mercado de trabajo (Avendaño, 2013; OIT, 2019). A diferencia del Grupo 1, la mayoría de las personas en esta categoría no reportan haber sido directamente afectadas por el cierre fronterizo (83,7%), lo que sugiere una menor dependencia de las dinámicas transfronterizas en su estrategia económica.

Territorialmente, los integrantes de este grupo se concentran principalmente en los barrios Santander (27,6%), San Gregorio (19,4%) y La Esperanza (15,0%), sectores con mayor consolidación urbana dentro del municipio de Villa del Rosario (Pabón, Arenas & Sepúlveda, 2014).

c. Perfil: Grupo 3 – Condición Socioeconómica Mixta con Mejores Condiciones Habitacionales

El Grupo 3, que representa el 23,6% de la población encuestada, se caracteriza por presentar mejores condiciones sociodemográficas y habitacionales, aunque mantiene altos niveles de exclusión laboral y de acceso a protección social. Este perfil está conformado mayoritariamente por residentes permanentes (93,4%), con una composición binacional: el 71,4% son de nacionalidad colombiana y el 28,6% de nacionalidad venezolana, lo que evidencia procesos de integración y coexistencia poblacional típicos de zonas fronterizas (OIM, 2021).

En cuanto al nivel educativo, el grupo destaca por tener el porcentaje más alto de personas con formación universitaria (22,0%), lo cual refleja un capital humano relativamente más calificado. Sin embargo, persiste una grave limitación en términos de cobertura en seguridad social, ya que el 89,0% de la población no está afiliada a ningún sistema de protección, lo que pone en evidencia una desconexión entre el nivel educativo y el acceso a derechos sociales básicos (CEPAL, 2020).

En términos de estructura familiar, el 94,5% de los hogares está compuesto por menos de seis miembros, y las jefaturas de hogar están distribuidas entre padres (56%) y madres (44%), reflejando una tendencia hacia hogares con mayor participación femenina en el rol de proveedor principal, lo cual ha sido identificado como una característica emergente en contextos migratorios y de crisis económica (ONU-Mujeres, 2019). Este grupo presenta además las mejores condiciones habitacionales entre los tres perfiles: el 52,7% de los hogares pertenece al estrato 2, con paredes de ladrillo en el 96,7% de las viviendas, pisos de baldosa en el 80,2% y techos de teja en el 31,9%. Estas condiciones materiales evidencian una mayor consolidación urbana y acceso a infraestructura digna (Ministerio de Vivienda, 2021).

Asimismo, el acceso a servicios públicos y tecnología es significativamente más alto que en los otros grupos: el 74,7% dispone de telefonía, el 62,6% tiene acceso a internet y el 97,8% cuenta con gas domiciliario para cocinar. Estos indicadores ubican al Grupo 3 en una situación de ventaja relativa en términos de calidad de vida y habitabilidad, aunque no necesariamente en estabilidad económica.

En el plano laboral, solo el 8,8% tiene empleo formal, mientras que la informalidad alcanza al 51,6% y el desempleo afecta al 39,6%, lo que refleja una clara desconexión entre formación y oportunidades laborales formales (OIT, 2019).

A pesar de sus mejores condiciones materiales, este grupo ha sido fuertemente impactado por el cierre fronterizo colombo-venezolano. El 98,5% reporta haber sido afectado, con reducción de ingresos en el 87,9%, dificultades laborales en el 83,2% y aumento de necesidades básicas en el 79,1%. Esta situación sugiere que incluso quienes presentan mejores indicadores habitacionales y educativos no han logrado evadir los efectos estructurales de la crisis fronteriza, tal como confirman estudios comparables en otros contextos de alta dependencia transfronteriza (Briscoe, 2008; Avendaño, 2013). Territorialmente, este grupo se concentra en los barrios Santander (42,9%) y San Gregorio (18,7%), sectores que muestran una mayor consolidación urbana en Villa del Rosario.

Los resultados obtenidos permiten identificar una relativa homogeneidad estructural en las condiciones socioeconómicas de la población estudiada en Villa del Rosario. No obstante, mediante el uso del análisis multivariado de correspondencias múltiples, se logró discriminar tres perfiles diferenciados según niveles de acceso a educación, calidad de vivienda y servicios básicos. Estos perfiles reflejan condiciones bajas, medias y favorables, respectivamente, mientras que en el ámbito laboral y económico, prevalece la informalidad como patrón dominante en los tres grupos, revelando una economía sumergida y precaria (Avendaño, 2013; OIT, 2019).

A partir de estos hallazgos, se corrobora que el cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana ha tenido efectos negativos significativos sobre los habitantes de Villa del Rosario, siendo el barrio La Parada el más impactado, seguido por San Gregorio, Antonio Nariño y 20 de Julio. Esta afectación se explica por las fuertes interacciones históricas entre Colombia y Venezuela, sustentadas en vínculos económicos, familiares, culturales y sociales.

Tal como lo señalan Anderson y Kerber (2016), las poblaciones fronterizas desarrollan una integración espontánea, cimentada en prácticas cotidianas compartidas, que se ven abruptamente interrumpidas por decisiones políticas de cierre, generando fragmentación social y económica. En este sentido, el concepto de “fronteras vivas” adquiere relevancia, pues designa territorios donde los flujos transfronterizos constituyen una estrategia de vida, de identidad y de integración (Sánchez, 2014).

Uno de los vínculos más significativos en esta frontera es el vínculo laboral. Sectores como La Parada, San Gregorio y Antonio Nariño registran una alta dependencia del trabajo informal y transfronterizo, con una incidencia estimada en un 40% para los seis barrios principales. Esta situación se inscribe en un contexto macroeconómico adverso, ya que la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana —donde se ubica Villa del Rosario— lideran a nivel nacional los índices de desempleo e informalidad (DANE, 2022a). En ausencia de oportunidades formales, los habitantes fronterizos recurren al comercio binacional informal como estrategia de supervivencia. Sin embargo, con el cierre de frontera, esa “válvula de escape” desaparece, agudizando la crisis económica y deteriorando aún más el poder adquisitivo de los hogares, en especial aquellos con baja escolaridad y ubicados en estratos 1 y 2 (CEPAL, 2020; ONU-Hábitat, 2018).

De acuerdo con Barrera (1989), en contextos fronterizos, las crisis económicas suelen traducirse en el encarecimiento del costo de vida, pérdida de empleo, reducción de ingresos y aumento de necesidades básicas insatisfechas, lo que genera un efecto dominó que deriva en recesión local. Estos efectos se acentúan en poblaciones donde predominan empleos informales ligados al contrabando de bienes, comercio callejero o transporte informal. La depreciación del bolívar venezolano y la hiperinflación han impactado a quienes aún mantienen vínculos laborales con el vecino país, reduciendo significativamente su capacidad de compra (Briscoe, 2008). Las medidas de alivio fiscal implementadas por el gobierno colombiano, como la exención del IVA y el impuesto de renta, han sido insuficientes, actuando como paliativos temporales ante problemas estructurales no resueltos (Sánchez, 2014).

Adicionalmente, el cierre de frontera ha afectado el tejido sociocultural de los rosarienses. Según la percepción ciudadana recogida, el 86% considera que sus costumbres y vida cotidiana han sido alteradas, lo que indica un fuerte impacto identitario. El análisis revela una coexistencia de múltiples identidades: fronteriza, nacional y personal, entretejidas a través de vínculos de consanguinidad, interculturalidad, relaciones familiares y prácticas compartidas. Esta identidad híbrida genera una percepción de lejanía respecto al centro político y administrativo del país, que tiende a invisibilizar las necesidades específicas de estos territorios limítrofes (Pabón, Arenas & Sepúlveda, 2014; Donnan & Wilson, 2010).

Finalmente, los datos cualitativos indican que el 70% de los habitantes responsabiliza al ámbito político del cierre fronterizo, identificándolo como una decisión de Estado alejada de los intereses de la población local. Esta percepción revela el déficit de representación y participación de los habitantes fronterizos en las decisiones que los afectan, reforzando la necesidad de construir una agenda pública fronteriza centrada en los derechos humanos, el desarrollo territorial sostenible y la cooperación binacional a largo plazo (CEPAL, 2020; Tickner & Blaney, 2012).

4. Discusión

La crisis socioeconómica en Villa del Rosario (Colombia) a raíz del cierre unilateral de la frontera por parte del gobierno venezolano desde 2015 debe ser comprendida desde una perspectiva transdisciplinar que articule las relaciones internacionales, la economía política y la sociología del territorio. Desde el enfoque del realismo político, tales decisiones responden a preocupaciones estatales sobre soberanía, control territorial y seguridad nacional, legitimando el uso de medidas unilaterales incluso cuando afectan negativamente a comunidades binacionales (Mearsheimer, 2001). Sin embargo, en contextos de alta interdependencia regional como el colombo-venezolano, este tipo de decisiones genera consecuencias sistémicas que trascienden la lógica estatal y afectan directamente a las poblaciones fronterizas, revelando los límites del enfoque Estado-céntrico para abordar crisis humanitarias y económicas.

Desde una perspectiva crítica y socio-céntrica, las fronteras no deben concebirse únicamente como líneas divisorias geopolíticas, sino como espacios sociales complejos donde convergen identidades culturales, dinámicas económicas informales y relaciones familiares transnacionales (Grimson, 2003). En este sentido, autores como Vila (2000) y Donnan & Wilson (2010) sostienen que las zonas de frontera operan como regiones de interdependencia mutua que requieren enfoques diferenciales en la formulación de políticas públicas. Así, la frontera entre Colombia y Venezuela ha funcionado históricamente como una región de integración espontánea, donde los flujos de personas, bienes y servicios han estructurado formas de vida que trascienden los marcos normativos nacionales. El cierre de frontera representa, en este contexto, una interrupción violenta de un entramado social consolidado, generando desarraigo económico, informalidad laboral y ruptura de redes de sobrevivencia familiar por el entrejido de los matrimonios binacionales (colombianos casados con venezolanos) que generan hijos de doble nacionalidad.

La caracterización de Villa del Rosario como territorio afectado por una crisis de múltiples dimensiones permite situar el análisis en la categoría de emergencias complejas, definida por la Organización de las Naciones Unidas como situaciones humanitarias prolongadas en las que concurren factores económicos, políticos y sociales que desbordan las capacidades institucionales del Estado (OCHA, 2019). Estos escenarios tienden a agudizarse en regiones periféricas con alta debilidad estatal, como sucede en las zonas de frontera. En particular, la economía de Villa del Rosario presenta un alto grado de informalidad y dependencia de los flujos comerciales transfronterizos, lo cual agrava su vulnerabilidad ante decisiones externas como el cierre de pasos fronterizos (Barrera, 1989; Avendaño, 2013). De esta manera, se evidencia que las crisis fronterizas no son simplemente el resultado de decisiones políticas coyunturales, sino la expresión de una fragilidad estructural del modelo de desarrollo territorial aplicado a las periferias nacionales.

Finalmente, desde el enfoque del desarrollo territorial con equidad, la crisis en Villa del Rosario plantea la necesidad urgente de repensar las políticas públicas fronterizas desde una visión participativa, diferencial y descentralizada. Tal como plantea CEPAL (2020), avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo implica reconocer las especificidades sociales y económicas de los territorios de frontera y diseñar estrategias de intervención con base en diagnósticos territoriales integrales. Esto supone superar la lógica centralista de la planificación nacional e incorporar a los actores locales y organizaciones de la sociedad civil como protagonistas de los procesos de reconstrucción socioeconómica.

En este marco, el fortalecimiento de capacidades locales, la promoción de economías sociales y la formalización progresiva del empleo se constituyen en pilares fundamentales para revertir las condiciones de vulnerabilidad que hoy enfrenta Villa del Rosario.

5. Conclusiones

La presente investigación ha permitido evidenciar que las crisis fronterizas, como la que afecta al municipio de Villa del Rosario, son el resultado de múltiples factores estructurales, políticos y económicos que requieren respuestas diferenciadas por parte de los entes estatales, ya que la falta de coordinación institucional entre los Estados, especialmente en el ámbito de las políticas centralizadas, ha contribuido a una desconexión profunda entre las decisiones del nivel nacional y las realidades cotidianas de las poblaciones que habitan en las fronteras. Esta desconexión reproduce la exclusión territorial y dificulta el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos que residen en estos espacios liminales.

Mitigar las disparidades institucionales entre Colombia y Venezuela resulta determinante para promover procesos sostenibles de desarrollo territorial, bajo la superación de una lógica Estado-céntrica, que privilegia la seguridad y el control sobre la integración y el bienestar, que debe dar paso a un enfoque socio-céntrico, que reconozca a los actores locales como protagonistas de su propio desarrollo y abre la posibilidad de construir políticas públicas que respondan de manera efectiva a las complejidades de la frontera. El caso de Villa del Rosario demuestra que la centralización de decisiones desatiende las dinámicas sociales y económicas que se generan en los márgenes del Estado, reforzando condiciones estructurales de informalidad, desempleo y pobreza.

Frente a este panorama, se plantea la necesidad de establecer planes binacionales de desarrollo fronterizo, formulados desde una visión integral que articule a los gobiernos centrales y subnacionales. Estos planes deben reconocer la diversidad de fenómenos sociales, culturales y económicos que confluyen en la frontera, promoviendo la integración transfronteriza como un eje estratégico de cooperación regional. Para ello, se recomienda la creación de espacios diplomáticos permanentes, independientemente de las divergencias ideológicas entre los gobiernos nacionales, que garanticen la continuidad de la cooperación en temas de educación, salud, empleo y movilidad.

Es fundamental que el Estado colombiano, tanto a nivel nacional como territorial, asuma su responsabilidad directa frente a las problemáticas estructurales de las zonas fronterizas del país, ya que la ausencia de políticas públicas focalizadas para estos territorios ha contribuido a su marginación y ha dejado a comunidades como la de Villa del Rosario a merced de sus propias dinámicas de subsistencia cuando el gobierno de Venezuela decide cerrar sus fronteras. Superar esta situación requiere fortalecer los mecanismos de gobernanza local, generar inversiones públicas sostenidas y consolidar alianzas con actores de la sociedad civil para garantizar procesos participativos e inclusivos de desarrollo.

Además, resulta imperativo avanzar en la aplicación efectiva de la Ley de Fronteras (Ley 191 de 1995), ajustándola a las particularidades de cada territorio y promoviendo su implementación real en todos los municipios fronterizos del país. Asimismo, es necesario que el sistema educativo incorpore contenidos curriculares sobre economía de la frontera, historia binacional y cultura fronteriza, con el fin de formar una ciudadanía crítica, conocedora de su entorno y comprometida con su transformación. La inclusión de estas temáticas en las instituciones educativas puede contribuir a reconstruir el tejido social y a consolidar una identidad colectiva fronteriza que supere la estigmatización de la informalidad y el rebusque.

Finalmente, el desarrollo fronterizo de Villa del Rosario no podrá consolidarse sin la mejora de sus condiciones macroeconómicas regionales. Abordar estructuralmente los altos niveles de desempleo e informalidad es prioritario para promover una economía formal, digna y sostenible. Esto requiere políticas públicas que incentiven el emprendimiento, la generación de empleo formal, la inversión en infraestructura y el fortalecimiento del capital humano, con el propósito de lograr una frontera más equitativa, resiliente e integrada en los procesos de desarrollo nacional y regional.

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