La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una tecnología transformadora con implicaciones directas para la educación superior, tanto por su potencial para dinamizar el aprendizaje, la investigación y la gestión universitaria, como por los riesgos de desinformación, sesgos y afectaciones a la privacidad que demanda una gobernanza responsable (Sánchez Osorio, 2023). En Colombia, el debate se inscribe además en marcos internacionales que orientan principios y acciones, entre ellos el Consenso de Beijing sobre IA y educación (UNESCO, 2019) y la Recomendación sobre la Ética de la IA (reconocida como primer marco universal de referencia), lo que refuerza la necesidad de traducir esos postulados a obligaciones y capacidades concretas en las instituciones de educación superior (IES) del país. En este contexto, proyecciones oficiales estiman que la IA podría impulsar el PIB colombiano en 6,8% en la próxima década, cifra que tensiona el sistema de educación superior hacia la formación de talento y la innovación con garantías éticas y jurídicas (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2024).

El marco nacional presenta un enfoque dual que combina normativa de principios y lineamientos operativos. Por un lado, el Proyecto de Ley PL.005-2024C propone una "Ley de Inteligencia Artificial Ética y sostenible para el bienestar social" con énfasis en transparencia, comprensibilidad, no discriminación, consentimiento informado y bienestar mental, así como evaluaciones de impacto durante el diseño y desarrollo (Cámara de Representantes de Colombia, 2024). Por otro lado, el Decreto 1263 de 2022 establece estándares de transformación digital para entidades públicas, que incluyen programas obligatorios de capacitación en competencias de IA, gestión de riesgos, documentación del ciclo de vida y aprovechamiento de datos abiertos, con implicaciones directas para las universidades públicas como sujetos obligados (Colombia, Presidencia de la República, 2022). Complementariamente, la hoja de ruta nacional (CONPES 4144) y la agenda de Min Ciencias impulsan la adopción ética y sostenible de la IA con participación de la academia como actor clave (Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2024). El Ministerio de Educación Nacional ha informado avances significativos en materia de inteligencia artificial aplicada a la educación superior. Entre ellos se destacan la formulación de una estrategia nacional respaldada con una inversión superior a $3.200 millones, así como la ampliación de la oferta académica con 865 programas activos registrados en el SNIES. Sin embargo, aunque estas cifras constituyen un primer indicador del compromiso institucional, presentan vacíos que deben atenderse para consolidar un verdadero proceso de transformación digital en el sector educativo (Ministerio de Educación Nacional, 2025a, 2025b).

Pese a estos avances, persisten brechas de preparación y uso académico. La evidencia regional reciente indica que el 58% del estudiantado no se siente preparado para un mercado laboral impactado por la IA y solo el 22% del profesorado utiliza estas herramientas, en gran medida por preocupaciones relativas a integridad académica y plagio (UNESCO IESALC, 2025). A nivel país, la evaluación AILA (Artificial Intelligence Landscape Assessment), realizado por el PNUD ubica a Colombia en nivel "Diferenciador", señalando desafíos en capacidades del sector productivo y acceso a financiamiento que inciden en la madurez del ecosistema (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2025). Al mismo tiempo, instrumentos de experimentación como los "sandboxes" regulatorios del sector TIC abren oportunidades para pilotar soluciones y cocrear reglas bajo supervisión, espacios en los que las IES pueden desempeñar un papel estratégico de validación, auditoría y evaluación de impacto (Agencia Nacional del Espectro, 2023; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2025).

De este panorama se desprende una tensión normativa y operativa: mientras los principios éticos están claramente enunciados, se requiere mayor especificidad en ámbitos críticos para la educación superior (integridad académica, evaluación automatizada y proctoring, gobernanza de datos e implicaciones de propiedad intelectual), así como mecanismos institucionales de implementación, seguimiento y rendición de cuentas dentro de las IES (Cámara de Representantes de Colombia, 2024; Ministerio de Educación Nacional, 2025a). En respuesta, este artículo mapea y compara la gobernanza de la IA en la educación superior de Colombia (2019-2025), identifica patrones y divergencias entre instrumentos, y discute sus implicaciones para docencia, evaluación, investigación, gestión y contratación tecnológica, con el objetivo de aportar criterios operativos para la toma de decisiones institucional y la mejora regulatoria basada en evidencia (Departamento Nacional de Planeación, 2025; UNESCO, 2019; UNESCO IESALC, 2025).

En este artículo se aborda la gobernanza de la IA como el entramado de principios, normas, políticas, procesos y estructuras que orientan el diseño, desarrollo, despliegue, evaluación y rendición de cuentas de sistemas algorítmicos en las funciones sustantivas universitarias (docencia, investigación y extensión). Esta noción integra marcos de "hard law" (leyes y decretos) y de "soft law" (hojas de ruta, lineamientos, guías), y se articula con agendas nacionales de ciencia, tecnología e innovación que ubican a la academia como actor clave para la adopción ética y sostenible de la IA (Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2024a). Operativamente, la IA abarca sistemas que generan contenidos, predicciones o decisiones para objetivos definidos por personas, lo que exige medidas de transparencia, no discriminación y protección de derechos en contextos educativos (De León, G., Pérez, U. & Oñate, M (2024).

A nivel internacional, la referencia central en educación es el Consenso de Beijing sobre IA y educación de la UNESCO, que promueve una integración pedagógica responsable, el fortalecimiento de capacidades y la equidad en el acceso a tecnologías inteligentes (UNESCO, 2019). De manera complementaria, la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO (reconocida como el primer marco normativo universal) establece valores y principios interdependientes (dignidad humana, privacidad, transparencia, responsabilidad, equidad, proporcionalidad e inocuidad) con acciones para su implementación. En la última fase, la UNESCO ha subrayado para el ámbito educativo la preservación de la autonomía humana y la agencia estudiantil en escenarios crecientemente automatizados, reforzando la necesidad de salvaguardas institucionales en evaluación y toma de decisiones (UNESCO, 2025b).

A nivel nacional, la arquitectura normativa emerge de la convergencia entre: a) un proyecto de ley con principios de IA ética centrados en transparencia, comprensibilidad, no discriminación, consentimiento informado y bienestar mental, que además exige evaluaciones de impacto durante el ciclo de diseño (Cámara de Representantes de Colombia, 2024); b) lineamientos operativos para entidades públicas que demandan capacitación, gestión de riesgos, documentación del ciclo de vida y aprovechamiento de datos abiertos, con efecto directo en universidades públicas como sujetos obligados (Colombia, Presidencia de la República, 2022); y c) instrumentos de política y planificación (CONPES/Hoja de Ruta) que identifican a las IES como nodos para investigación, formación de talento y co-creación regulatoria (Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2024a). Este trípode permite distinguir deberes exigibles y orientaciones programáticas, así como sus puntos de acoplamiento en el ecosistema universitario.

Para el presente estudio se realizó una revisión jurídico-documental de alcance nacional con enfoque comparativo, orientada a mapear y contrastar instrumentos normativos (hard law) y de política pública (soft law) relevantes para la gobernanza de la IA en la educación superior de Colombia entre 2019 y 2025. La unidad de análisis fue cada instrumento (ley, decreto, proyecto de ley, CONPES/hoja de ruta,

lineamiento ministerial o informe técnico oficial) y su relación explícita o implícita con las funciones sustantivas universitarias (docencia, evaluación, investigación, extensión, gestión y contratación tecnológica).

El análisis identificó un conjunto coherente de instrumentos con impacto directo o conexo en la educación superior: a) el Proyecto de Ley PL.005-2024C sobre IA ética (en trámite ante el Congreso de la República); b) el Decreto 1263 de 2022 que fija lineamientos y estándares de transformación digital para entidades públicas; c) la Hoja de Ruta nacional de IA (CONPES 4144/Min Ciencias-DNP); d) Plan Estratégico Institucional 2025 (Ministerio de Educación Nacional, 2025); y e) mecanismos de experimentación como los sandboxes regulatorios del sector TIC

(CRC/ANE/Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-MinTIC). Cada instrumento aporta capas de gobernanza (principios, obligaciones operativas, orientación estratégica y espacios de prueba), con distintos grados de exigibilidad para las IES, especialmente las públicas sujetas al régimen de administración pública (Cámara de Representantes de Colombia, 2024; Colombia, Presidencia de la República, 2022; Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2024a, n.d.; Ministerio de Educación Nacional, 2025a, 2025b; Agencia Nacional del Espectro, 2023; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2025).

La Tabla 1 muestra qué es exigible hoy, qué orienta y dónde persisten vacíos (integridad académica, evaluación automatizada/proctoring, propiedad intelectual). Esto facilita la trazabilidad de responsabilidades institucionales. El contraste evidencia un gradiente de exigibilidad: el Decreto 1263/2022 impone mandatos operativos (capacitación, gestión de riesgos, documentación del ciclo de vida, datos abiertos) especialmente exigibles a IES públicas; el PL.005-2024C fija principios y evaluaciones de impacto (transparencia, no discriminación, consentimiento, bienestar mental) aún pendientes de desarrollo reglamentario; el CONPES 4144 orienta la acción sistémica y posiciona a la academia como actor; las iniciativas del MEN aterrizan metas sectoriales (integración curricular, formación docente, expansión de oferta); y los sandboxes ofrecen espacios de experimentación sin sanciones.

Tabla 1

Nota. IES = instituciones de educación superior; Doc = docencia; Eval = evaluación; Inv = investigación; Gest = gestión; Contrat = contratación tecnológica. La clasificación hard law/soft law sigue la exigibilidad jurídica explícita; la cobertura por ámbitos codifica presencia explícita en el texto o implicaciones operativas derivadas. Las celdas incluyen referencias abreviadas a documentos oficiales para trazabilidad.

Figura 1 Nota. Los hitos se seleccionan por su relevancia directa para la gobernanza de IA en educación superior colombiana. "En trámite" indica instrumentos no promulgados al cierre del periodo analizado. Esta figura debe diagramarse como línea de tiempo horizontal con iconos diferenciando nivel (internacional vs. nacional) y estado (vigente vs. en trámite), y con referencias APA bajo la leyenda. Fuente. Elaboración propia.

La Figura 2 muestra una coherencia vertical: desde los referentes internacionales (Consenso de Beijing 2019; Recomendación Ética y llamados de UNESCO 2025) hacia instrumentos nacionales que se aceleran en 2024-2025 (Decreto 1263/2022 -- PL.005-2024C -- CONPES 4144 y hoja de ruta del MEN), complementados por diagnósticos de capacidad país (AILA-PNUD 2025) y mecanismos de experimentación (ANE/CRC). La cronología permite identificar ventanas de implementación para las IES y revela una asimetría temporal: la operacionalización en gestión (Decreto 1263) precede a la especificación pedagógica (docencia/evaluación), aún en desarrollo; además, refleja cómo el menor detalle en evaluación contrasta con la mayor densidad normativa en investigación y gestión, anticipando prioridades de reglamentación y de política institucional.

Del segundo análisis emergen cinco convergencias: 1) un núcleo ético alineado con la Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la IA (dignidad, privacidad, transparencia, responsabilidad, no discriminación, proporcionalidad e inocuidad) como orientación para usos educativos; 2) la centralidad de la capacitación/alfabetización en IA (mandato expreso en el Decreto 1263 y promoción en el PL.005-2024C y el MEN); 3) gestión de riesgos y documentación del ciclo de vida de sistemas de IA, especialmente en entidades públicas; 4) aprovechamiento de datos abiertos para investigación y desarrollo; y 5) supervisión humana en decisiones de impacto (UNESCO, 2019; , 2022; Colombia, Presidencia de la República, 2022; Cámara de Representantes de Colombia, 2024; Ministerio de Educación Nacional, 2025a).

En cuanto a las divergencias y gradientes de especificidad se observan diferencias en: a) exigibilidad (proyecto de ley vs. decreto vigente vs. soft law); b) granularidad (el Decreto 1263 operacionaliza (p. ej., programas de capacitación, tablero de seguimiento) mientras el PL.005-2024C fija principios y evaluaciones de impacto en bienestar mental); y c) enfoque sectorial (el MEN aterriza al ámbito universitario metas de currículo y capacidades, mientras la Hoja de Ruta es sistémica y multisectorial). Persisten vacíos en integridad académica, evaluación automatizada/proctoring y propiedad intelectual de resultados asistidos por IA (Colombia, Presidencia de la República, 2022; Cámara de Representantes de Colombia, 2024; Ministerio de Educación Nacional, 2025a, 2025b; Departamento Nacional de Planeación, 2025; Aparicio-Gómez, 2023).

En lo referente a las obligaciones y exigencias para las IES por instrumento, el presente análisis destaca:

PL.005-2024C (en trámite): exige transparencia/comprensibilidad, no discriminación, consentimiento informado, evaluaciones éticas y valoración del impacto en salud mental durante el diseño y desarrollo; fomenta educación continua para desarrolladores. Implicación para IES: incorporar estas salvaguardas en investigación, desarrollo y adopción tecnológica (Cámara de Representantes de Colombia, 2024).

Respecto a los derechos implicados y salvaguardas, los instrumentos abordan derechos a privacidad y protección de datos (consentimiento informado), transparencia/explicabilidad y no discriminación, así como vías de supervisión humana y, en el proyecto de ley, el bienestar mental como criterio de evaluación de impacto. Estas garantías se proyectan sobre procesos académicos y administrativos (admisión, becas, evaluación, gestión de talento) (Cámara de Representantes de Colombia, 2024; Colombia, Presidencia de la República, 2022).

En la evaluación del impacto por función sustantiva universitaria, se destacan los siguientes puntos:

Docencia y evaluación: mandato de alfabetización en IA y fortalecimiento de capacidades básicas; necesidad de políticas institucionales sobre uso de IA generativa, originalidad y evaluación con supervisión humana (Ministerio de Educación Nacional, 2025a; UNESCO IESALC, 2025; Cámara de Representantes de Colombia, 2024).

Figura 2 Nota. (0 = no aborda; 1 = mencion/implicacion operativa; 2 = exigencia/procedimentalizacion). Fuente. Elaboracion propia.

La Figura 2 muestra que "Investigación" concentra la mayor densidad regulatoria (nivel 2) impulsada por el PL.005-2024C (educación continua y evaluaciones de impacto, incluida salud mental) y por los sandboxes (entornos de prueba y validación), mientras que "Gestión" es el ámbito con exigibilidad operativa más clara (nivel 2) por el Decreto 1263/2022 (capacitación, gestión de riesgos, documentación del ciclo de vida y datos abiertos). "Docencia" también alcanza nivel 2 gracias a la hoja de ruta del MEN (2025) (que orienta integración curricular y formación docente), en tanto "Evaluación" permanece infra especificada (frecuentemente nivel 0), lo que evidencia la necesidad de lineamientos sectoriales específicos. Por su parte, "Contratación" se ubica en un nivel intermedio (1) por la debida diligencia y la trazabilidad que derivan del Decreto 1263 y por los principios del PL.005-2024C.

De otra parte, los indicadores empíricos de Colombia muestran que la oferta académica en IA reporta 865 programas activos en SNIES; el MEN destina > $3.200 millones a hoja de ruta sectorial; a nivel regional, el 58 % del estudiantado no se siente preparado para un mercado impactado por IA y solo 22 % del profesorado usa estas herramientas; la evaluación AILA ubica a Colombia en nivel "Diferenciador", con brechas en capacidad productiva y acceso a financiamiento (Ministerio de Educación Nacional, 2025a, 2025b; UNESCO IESALC, 2025; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2025).

En el presente estudio, se han detectado brechas y zonas grises. En cuanto a la Integridad académica y evaluación automatizada, se observa ausencia de reglas específicas sobre proctoring, detección de IA y sistemas de calificación algorítmica. Estos resultados sugieren la necesidad de pautas internas basadas en principios generales (UNESCO IESALC, 2025; Cámara de Representantes de Colombia, 2024). En lo referente a la Propiedad intelectual y datos de entrenamiento, se evidencia indeterminación sobre titularidad/autorización en obras asistidas por IA y uso de datasets. Por ello, urge política institucional (Aparicio-Gómez, 2023). Atendiendo a la implementación y seguimiento, se identifica soft law amplio con detalle operativo desigual (Colombia, Presidencia de la República, 2022; Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Educación Nacional, 2025a).

Caben señalar las oportunidades institucionales identificadas. Las IES pueden (1) coproducir políticas y métricas en mesas técnicas y consultas (Hoja de Ruta y MEN); (2) liderar pilotos en sandboxes para evaluación de impacto, mitigación de sesgos y explicabilidad; y (3) articular currículos y desarrollo profesional docente hacia una pedagogía basada en IA transversal. Estas vías fortalecen la gobernanza interna y la incidencia en la mejora regulatoria (Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Educación Nacional, 2025a; Agencia Nacional del Espectro, 2023; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2025; UNESCO IESALC, 2025).

Los hallazgos muestran una arquitectura en "dos capas" que combina principios éticos amplios (PL.005-2024C) con lineamientos operativos (Decreto 1263/2022), complementada por instrumentos de soft law (CONPES 4144/Hoja de Ruta; iniciativas del MEN) que orientan la acción intersectorial y sectorial universitaria (véase Tabla 1). Esta combinación favorece una adopción responsable, pero también genera un gradiente de exigibilidad: mientras el decreto impone obligaciones concretas a las universidades públicas (capacitación, gestión de riesgos, documentación del ciclo de vida), el proyecto de ley enuncia principios y evaluaciones de impacto

que requieren desarrollo reglamentario para traducirse en procedimientos verificables dentro de las IES (Cámara de Representantes de Colombia, 2024; Colombia, Presidencia de la República, 2022; Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Educación Nacional, 2025a). En términos de gobernanza, esta asimetría explica por qué la especificidad operativa se concentra en gestión y compras públicas, y no tanto en docencia y evaluación.

En lo referente a la alineación con marcos internacionales y principio de precaución, la capa de principios converge con la Recomendación sobre la Ética de la IA de la UNESCO (dignidad, privacidad, transparencia, responsabilidad, no discriminación, proporcionalidad e inocuidad) y con los énfasis recientes en preservar la autonomía humana en contextos automatizados (UNESCO, 2019; UNESCO, 2025b). Esta alineación legitima normativamente el giro hacia una IA centrada en las personas en educación superior, pero también demanda mecanismos internos que aterricen tales principios en procesos de aula, evaluación y gobierno del dato dentro de las IES. En ausencia de reglas detalladas sobre evaluación automatizada o proctoring, adoptar el principio de precaución (auditoría, supervisión humana y vías de impugnación) resulta consistente con el PL.005-2024C y con los marcos UNESCO.

De otra parte, el sistema ha reaccionado con crecimiento de oferta (865 programas en IA) y con una hoja de ruta sectorial e inversión (> $3.200 millones) impulsadas por el MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2025a, 2025b). Sin embargo, persiste una brecha de preparación (58 % del estudiantado no se siente listo y solo 22 % del profesorado usa IA) que la literatura reciente asocia a respuestas institucionales centradas en guías ad hoc sobre generativas, sin marcos competenciales transversales (UNESCO IESALC, 2025; Arizmendi Bernal & Carrillo Cruz, 2024; Rio & Torres-Gómez, 2024). La tensión entre expansión cuantitativa (oferta) y madurez pedagógica (competencias) sugiere priorizar una pedagogía basada en IA que operacionalice capacidades de pensamiento crítico y computacional más allá de STEM, en línea con UNESCO IESALC y con la orientación del MEN.

Respecto a la Investigación y ética desde el diseño, el PL.005-2024C introduce dos vectores diferenciales para el ecosistema académico: educación continua de desarrolladores y evaluaciones de impacto en salud mental durante el diseño. Estas previsiones, inéditas en la región según el mapeo, refuerzan la pertinencia de comités de ética con pericia en IA y de metodologías de ethics-by-design en proyectos universitarios (Cámara de Representantes de Colombia, 2024). El Decreto 1263, por su parte, obliga a documentar el ciclo de vida de sistemas de IA y la gestión de riesgos, aportando trazabilidad y auditoría ex ante/ex post especialmente en universidades públicas (Colombia, Presidencia de la República, 2022). La convergencia de ambos instrumentos sitúa la investigación como la función con mayor densidad regulatoria efectiva, aunque todavía con vacíos en propiedad intelectual y gobierno de datos de entrenamiento.

Atendiendo a los Derechos, salvaguardas y zonas grises, el análisis de salvaguardas confirma cobertura para transparencia/explicabilidad, no discriminación y consentimiento/privacidad, con menciones a supervisión humana y, en el proyecto de ley, bienestar mental. No obstante, persisten zonas grises en integridad académica (detección de IA, criterios de originalidad, evaluación automatizada/ proctoring) y en propiedad intelectual de obras asistidas por IA y datos para entrenamiento, aspectos subrayados por la literatura nacional (Aparicio-Gómez, 2023). Sin lineamientos específicos, las IES deben derivar reglas internas desde los principios superiores y los mandatos operativos de transformación digital, para evitar disonancias entre protección de derechos y prácticas de aula o evaluación.

En lo referente a la gestión y contratación, la exigibilidad es más intensa en gestión y contratación tecnológica que en docencia: el Decreto 1263 impone capacitación, gestión de riesgos, documentación y uso de datos abiertos, con tableros de seguimiento para proyectos de IA públicos; ello empuja a las IES públicas y privadas a formalizar políticas de adquisición con cláusulas éticas, diligencia debida algorítmica y trazabilidad (Colombia, Presidencia de la República, 2022). El PL.005-2024C añade los principios-marco para evaluar proveedores y herramientas frente a riesgos de sesgo y privacidad (Cámara de Representantes de Colombia, 2024). El resultado es una asimetría funcional: mayor claridad regulatoria para la maquinaria institucional que para los procesos pedagógicos.

Si nos centramos en las capacidades del país y factibilidad de implementación, la evaluación AILA ubica a Colombia en nivel "Diferenciador", con brechas en capacidades productivas y financiamiento (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2025). Este contexto condiciona la velocidad y profundidad de implementación universitaria: el salto desde principios a procedimientos depende de inversión sostenida, talento especializado y gobernanza de datos. La Hoja de Ruta nacional (CONPES 4144) reconoce a la academia como actor pivote para cerrar esas brechas, favoreciendo la coproducción de métricas y la prevención de sesgos mediante mejor uso de datos (Departamento Nacional de Planeación, 2025; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2024a).

De otra parte, se encuentran los sandboxes TIC (CRC/ANE) que ofrecen entornos de prueba para prototipos de IA con supervisión y aprendizaje regulatorio, donde la educación figura entre las aplicaciones. Su valor en el ecosistema es convertir evidencia operativa en criterios normativos, con las IES como validadores técnicos y curadores de métricas; no obstante, al ser mecanismos no normativos, requieren puentes hacia reglamentaciones o guías sectoriales que institucionalicen lo aprendido (Agencia Nacional del Espectro, 2023; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2025). Esta vía puede acelerar la especificación pendiente en evaluación, integridad académica y datos.

Cabe resaltar que la evidencia académica en la región demuestra que la adopción y apropiación docente de la inteligencia artificial generativa no se sustenta en mecanismos de control punitivo, sino en la existencia de estrategias institucionales de acompañamiento y procesos sostenidos de desarrollo profesional. En este sentido, el éxito de la integración tecnológica depende de la creación de entornos formativos que fortalezcan las competencias pedagógicas y digitales del profesorado, así como de políticas universitarias que promuevan confianza, autonomía y reflexión crítica en el uso de estas herramientas (Guissepe et al., 2021; Arizmendi Bernal & Carrillo Cruz, 2024; Rio & Torres-Gómez, 2024; Sánchez Osorio, 2023). Esta lectura refuerza la estrategia del MEN de capacitaciones transversales y de integración curricular con enfoque ético (Ministerio de Educación Nacional, 2025a), pero también sugiere que la inversión debe acompañarse de estándares internos de evaluación con supervisión humana y protocolos de explicabilidad en contextos académicos, derivados de los principios del PL.005-2024C y de la Recomendación UNESCO.

Finalmente, las implicaciones de política y de gobernanza institucional, interpretados en conjunto, sugieren tres palancas de mejora:

Reglamentación específica (o guías sectoriales) que aterricen en docencia/ evaluación los principios del PL.005-2024C (p. ej., criterios mínimos para evaluación automatizada, límites al proctoring, trazabilidad de decisiones académico-administrativas).

Este estudio mapeó y comparó la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior de Colombia (2019-2025), evidenciando un andamiaje en dos capas: 1) principios éticos y derechos (alineados con la Recomendación de la UNESCO y expresados en el PL.005-2024C) y 2) lineamientos operativos para el sector público (Decreto 1263/2022), complementados por instrumentos de soft law (CONPES 4144/Hoja de Ruta Min Ciencias-DNP, y hoja de ruta sectorial del MEN) y por mecanismos de experimentación regulatoria (sandboxes CRC/ANE). El conjunto favorece una adopción responsable y centrada en las personas, pero mantiene vacíos críticos de especificación en integridad académica, evaluación automatizada/proctoring y propiedad intelectual de resultados asistidos por IA.

La exigibilidad es hoy más intensa en la gestión y contratación tecnológica de las IES (en especial las públicas) que en docencia y evaluación; a su vez, la investigación es la función con mayor densidad de previsiones operativas, especialmente por los mandatos de documentación del ciclo de vida y gestión de riesgos (Decreto 1263) y por la introducción de evaluaciones de impacto (incluida la salud mental) y educación continua a desarrolladores (PL.005-2024C). En paralelo, conviven señales de capacidad y expansión (865 programas SNIES; inversión > $3.200 millones del MEN) con brechas de preparación (58 % del estudiantado no se siente preparado; 22 % del profesorado usa IA) y un nivel país "Diferenciador" en AILA, lo que condiciona la factibilidad y el ritmo de implementación universitaria.