Los niños, las niñas y los adolescentes (en adelante NNA¹) son uno de los grupos de la población migrante con mayores necesidades de protección de sus derechos. Lo anterior porque en la realidad, las noticias y demás fuentes de información, existen escenas de NNA que viajan con sus familias, con otros niños, otros adultos e incluso que migran solos, desarrollando trayectos en los que usualmente existen peligros de actores al margen de la ley, trata de personas, riesgos de seguridad, integridad, vida, condiciones climáticas y ambientales, etc.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en su Informe sobre las migraciones en el mundo 2020, señaló:

"[...] Aunque la mayoría de los niños que migran lo hacen en el marco de procesos de migración seguros y como parte de una unidad familiar, muchos otros menores migrantes carecen de una protección efectiva contra los daños y están expuestos a violaciones de los derechos humanos en todas las etapas de sus viajes [...]." (Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ONU MIGRACIÓN, McAuliffe, Marie y Khadria, Binod, 2019, p. 7).²

En este panorama migratorio uno de los riesgos existentes, para los NNA migrantes, es la trata de personas, la cual se relaciona con el captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a un ser humano con el propósito de explotarlo en lo sexual, servidumbre, trabajo forzoso, entre otros. La trata de personas es una grave vulneración de derechos humanos y un delito, que afecta a NNA, hombres y mujeres, señalando en cifras que usualmente son las niñas y las mujeres las más afectadas³. Igualmente, "[…] la trata de personas hace referencia a toda aquella situación en la cual se anula a un ser humano por parte de otro congénere o de un grupo de personas, y lo deforma en un objeto o mercancía sin dignidad humana y sin derecho alguno [.]" (Luna de Aliaga, 2021, p. 49)

Todos los escenarios reales expuestos reflejan la vulnerabilidad de varios NNA migrantes. Lo anterior permite coincidir con Arias López, cuando señala su protección desde lo internacional y lo constitucional al igual que la importancia de su identificación (2019, p. 257)⁴. Igualmente, todas las realidades constituyen la necesidad de articulaciones intrainstitucionales, interinstitucionales e intersectoriales para determinar medidas prioritarias que protejan integralmente a los NNA migrantes en sus lugares de origen, tránsito y acogida o destino, incluyendo aspectos como los servicios básicos, como salud y educación, teniendo en cuenta las privaciones identificadas en estas materias, mencionadas por Bhabha y Abel, (2019, p. 269).

En atención a lo anterior, este artículo responde la pregunta: ¿Cuál es la situación de los NNA migrantes provenientes de Venezuela, especialmente en cuanto a la ocurrencia y riesgos ante la trata de personas y cómo fortalecer su protección? y su objetivo principal es proponer recomendaciones para fortalecer en Colombia la protección de los NNA migrantes provenientes de Venezuela, especialmente en cuanto a la ocurrencia y riesgos ante la trata de personas. Al hacer referencia a los NNA migrantes provenientes de Venezuela se debe comprender que abarca, principalmente, a NNA venezolanos, NNA colombianos en retorno u otras situaciones y NNA colombo-venezolanos.

Se utilizó un método cualitativo para recopilar, seleccionar y analizar distintos documentos relacionados con las migraciones, la situación migratoria entre Colombia y Venezuela, la niñez y adolescencia migrante, los derechos humanos y la trata de personas. Fue de utilidad cruzar lo obtenido con las experiencias personales, académicas y profesionales de las autoras, en docencia, investigación, consultoría y asesoría, así como en incidencia, litigio estratégico, articulación, coordinación y similares, reflejando así la relación entre la persona que observa y lo observado, mencionada por Barbosa (2022)⁵.

Un panorama general de los últimos tiempos de la historia de las migraciones entre Venezuela y Colombia, permite identificar unas tres épocas: auge petrolero, conflicto armado colombiano y carácter humanitario (Coral Díaz y Luna de Aliaga, pp. 154 y 155), a las cuales habría que añadirles la actual de pandemia y pospandemia debido al Covid-19.

Se encuentran las cifras estimadas de 7.134.032 Venezolanos Refugiados y Migrantes en el mundo y en nuestra región, 5.989.543 de Venezolanos Refugiados y Migrantes en América Latina y el Caribe⁶ (R4V Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela). Por otro lado, según la información brindada por Migración Colombia, con corte al 28 de febrero de 2022, en Colombia está un total de venezolanos de 2.477.588, distribuidos en 333.806 regulares, 1.231.675 en proceso respecto al Estatuto Temporal de Protección, 617.069 autorizados y 295.038 irregulares⁷ (MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2022). También se presenta información en cuanto al sexo y las edades⁸, dentro de los cuales el total de mujeres es del 51% y entre las mismas el 2% se encuentra en edades entre menor o igual a 4 años, el 10% de 5 a 17 años, entre otros. En cuanto a hombres se indica un total de 49%, dentro de los cuales, en edades, el 2% es menor o igual a 4 años, el 10% de 5 a 17 años, en unión de otros registros. (MIGRACIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2022). Estas cifras permiten señalar que la población de niños, niñas y adolescentes de migrantes venezolanos en Colombia tiene el mismo porcentaje.

Al consultar estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre NNA migrantes se detectó, en cuanto Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) activos migrantes venezolanos 3266 y en cuanto a PARD Activos por motivo de ingreso, múltiples categorías y datos, entre las cuales: la categoría de Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados con 186 PARD activos, la de Trata de personas-explotación sexual 4 PARD activos y la de Hijos e hijas de víctimas directas de trata 3 PARD Activos. (Anal[í]tica Institucional ICBF⁹).

En información sobre Colombia se informa que: "En lo que se refiere a la trata de personas, UNODC manifiesta que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de casos al interior del país y se ha identificado un mayor número de casos en los territorios fronterizos. Es importante entender que estos fenómenos tienen una afectación especial sobre los niños, niñas y adolescentes, dada la mayor vulnerabilidad que presentan." (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF Comunicaciones, 2021).

Por el hecho de ser personas a los NNA les aplica el marco general del Derecho Internacional de los Derechos Humanos-DIDH-, lo que significa que se ven amparados por los tratados generales de derechos humanos, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-PIDCP-, así como también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -PIDESC-. Además de esto, los tratados que propenden por la erradicación de la Discriminación, como sucede con las dos convenciones que por excelencia en el entorno de las Naciones Unidas se han aprobado¹⁰. De este modo, desde el entorno universal de defensa de los derechos humanos, el núcleo duro del Derecho Internacional, se incluye a estas personas.

Particularmente con las normas aplicables a la niñez migrante o en movilidad humana, es importante referir algunos aspectos centrales. El primero de ellos, atañe, a que si se trata de menores de edad que están en movilidad al interior de las fronteras de un Estado, en principio, todos los derechos que se otorgan a los nacionales serán el marco jurídico de protección para estos, por pertenecer al Estado. El segundo aspecto, consiste en revisar cuáles son las normas que cobijan a aquellos que en movilidad cruzan frontera internacional, pues allí, se configura el elemento de extranjería que permitirá a los Estados de destino hacer distinciones, presuntamente legítimas en cuanto al tratamiento de los menores de edad que no sean sus nacionales. En este sentido, debemos precisar que al margen de lo anterior, y de las restricciones que puedan configurar los Estados, a los derechos de los NNA no nacionales, tales limitaciones encuentran una barrera, que propugna por su salvaguarda y que ha sido fijada por la Convención sobre Derechos del Niño-CDN- al igual que la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990 -CTMF-.

Ya en el PIDCP se determina una protección general a todas las personas por el hecho de serlo, de no ser sujetos de malos tratos y afectaciones a su libertad e integridad personal. Así, los artículos 7, 8, 9, 12 y 16, establecen una serie de garantías de las que suelen verse más afectadas en los casos en los que se configura la trata de personas.

Por su parte, tanto la CDN¹¹, como la CEDAW¹² y la CTMF¹³, recogen prescripciones similares que propenden por evitar estas afectaciones de manera particular a cada uno de los grupos cobijados por su campo de aplicación personal y con las particularidades que ello supone.

Tal y como ya se expuso, el marco aplicable desde el entorno universal pareciera ser robusto para la protección de los menores de edad que pueden ser víctimas de trata en procesos de movilidad. Sin embargo, luego de la reflexión sobre la importancia de la protección planetaria de los DDHH en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, se visibiliza que: "La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular, las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas" (ONU, 1993: principio 18). Esto, conduce a la adopción de dos de los tratados internacionales más representativos en la materia: la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, más conocido como Protocolo de Palermo del año 2000 (Fernando, 202:21)¹⁴. Estos tratados completan el marco normativo, pues además dedican todas sus disposiciones al tratamiento, persecución de redes, pero sobre todo a establecer parámetros para la protección de las víctimas.

Se debe tener presente que en el Sistema de Protección interamericano también se cuenta con una serie de tratados e instrumentos internacionales que conducen a la protección de los derechos de los NNA y que resultan ser aplicables a los menores víctimas de trata de personas. Dicha protección se configura de manera similar a la universal, pues a los menores les serán aplicables los tratados generales interamericanos, como sucede con la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 5, 6 y 7, pues en ella, también es posible hallar artículos específicos relativos a la protección de la dignidad humana, prohibición de malos tratos, de esclavitud, servidumbre, libertad de circulación, entre otros, tal y como se expuso en el análisis efectuado en el esquema universal. Por su lado, aunque en el SIDH no se pueden encontrar tratados sectoriales dedicados a la materia, sí se han construido una serie de estándares que buscan su protección por vía de la función contenciosa, consultiva y cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los NNA como sujetos de especial protección internacional: en los dos sistemas mencionados se ha hecho referencia a la situación de vulnerabilidad de las personas extranjeras y de manera particular de los NNA, más aún cuando se encuentran en situación irregular (ONU, 2022). Es así, como en el contexto de la movilidad, los menores suelen estar expuestos a riesgos altos, y así lo han puesto de presente varios de los mandatos temáticos del sistema de Naciones Unidas¹⁵. Se ha afirmado que los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad pueden ser víctimas de varias modalidades de explotación dentro de las cuales se encuentra el trabajo forzado, la esclavitud, la pornografía, entre otros (ONU, 2021).

Del reconocimiento de la vulnerabilidad de los menores se deriva una serie de estándares internacionales para su protección, algunos de los cuales serán referenciados a continuación, por considerar se pueden vincular a la protección de la niñez migrante ante la trata de personas. Conviene aclarar que la clasificación propuesta no es el resultado de un listado exhaustivo, ni pretende condensar todos los existentes. Los siguientes lineamientos o estándares pueden ser incorporados por vía de normativa interna, o por vía de acciones ejecutivas y desarrollo de políticas públicas:

Reconocimiento de la igualdad de derechos del menor en movilidad sin importar su condición administrativa: con los NNA víctimas de trata es importante tener presente que se ha extendido en los sistemas de protección de derechos humanos, la tendencia a que no se revictimice ni criminalice a las víctimas de trata de personas, en ninguna circunstancia, como en los casos en los que son reclutados forzadamente en grupos al margen de la Ley, caso en el cual el estándar aplicable será además de dar protección a sus derechos al interior del Estado de acogida, una vez estén identificados, ser repatriados a su Estado de nacionalidad e integrados en la medida de lo posible a su familia, tal y como ha sido expresado por la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños (ONU, 2021A:53).

Colombia es un Estado Social de Derecho, según el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, por lo cual el Estado tiene pilares como la dignidad humana, la solidaridad, el trabajo, la democracia y una igualdad tanto formal cuanto material (Constitución Política de la República de Colombia, artículos 1 y 13. Primera cita). El Estado colombiano les brinda protección a todas las personas y de forma especial a aquellas en una situación de debilidad manifiesta, vulnerabilidad o peligro, incluyendo a los NNA en general y a los NNA migrantes en específico.

El artículo 44 de la Constitución Política (Constitución Política de la República de Colombia, segunda cita) consagró a los derechos de los niños como fundamentales, lo cual refleja la importancia no sólo de esta población, sino de sus garantías. Igualmente, esta disposición menciona el rol de asistencia y protección de los NNA no solo del Estado, sino también de la familia y la sociedad.

Adicionalmente, se cuenta con la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. El objeto de este instrumento nacional, según se indica en su artículo 2, se centra en la protección integral de los NNA, su garantía y su restablecimiento, teniendo presente lo que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Constitución Política de 1991 y las leyes han establecido en cuanto a sus derechos y libertades, y también la obligación que se tiene por parte del Estado, la familia y la sociedad (artículo 2 Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006).

Este Código determina, en el artículo 4, su ámbito de aplicación y dentro del cual se abarca tanto a los NNA nacionales y a los NNA extranjeros que se encuentren en el país, los NNA nacionales que estén en el extranjero así como a los NNA que tengan doble nacionalidad, entre la cual se encuentre la nacionalidad colombiana (Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006). Dentro de este ámbito le brinda una protección a los NNA migrantes, sea como extranjeros que se encuentran en Colombia o como colombianos que también tengan otra nacionalidad, situaciones estas que se presentan en relación con los NNA migrantes, especialmente los que provienen desde Venezuela, ya que algunos han llegado al territorio colombiano para establecerse en él o estar de paso y en ciertos casos esos NNA migrantes gozan simultáneamente de las dos nacionalidades: la venezolana y la colombiana.

Además de los instrumentos normativos, dentro del engranaje institucional existe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cecilia De la Fuente de Lleras (ICBF)¹⁸. Su cobertura no solo abarca el nivel nacional, sino también el territorial en departamentos así como otros lugares y su función es vital para todos los NNA, incluyendo a los migrantes. También se debe mencionar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar¹⁹, debido a que permite materializar la protección y la garantía de los derechos de los NNA.

Esta referencia normativa nacional en unión de las distintas instituciones existentes ha venido orientando y de cierta manera se ha estado aplicando en relación con los NNA migrantes en Colombia. Se debe recordar que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que hayan sido suscritos y ratificados por el Estado colombiano, hacen parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto de una constitución en sentido material así como del ordenamiento interno colombiano, según lo establece el artículo 93 de la Constitución Política, en sus dos primeros párrafos (Constitución Política de la República de Colombia, tercera cita).

En cuanto a la trata de personas se debe mencionar también la Ley 985 de 2005 (CONGRESO DE COLOMBIA, 2005) y el Decreto 1818 de 2020 (2020, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA), ya que contienen disposiciones que permiten desarrollar, coordinar y articular distintas acciones para salvaguardar a los NNA migrantes ante la trata de personas: acciones en prevención, protección y asistencia, cooperación internacional, migración y fronteras, investigación y judicialización, entre otras. Lo anterior unido a la tipificación del delito de trata de personas en el Código Penal, artículo 188 A (Ley 599 de 2000), entre otras disposiciones e instrumentos jurídicos. Igualmente, se cuenta con un engranaje institucional especial y robusto a nivel nacional con el Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas, liderado por el Ministerio del Interior, en articulación con los otros comités existentes en la materia en los 32 departamentos y varios tanto en algunos distritos cuanto municipios.

En general los NNA migrantes se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad o peligro e incluso de vulneración en sus derechos humanos, entre ellas trata de personas, lo cual se identifica en distintas realidades migratorias, incluyendo la de Venezuela y Colombia. Las cifras, referidas en este artículo, sobre la migración venezolana y especialmente la situación de los NNA migrantes muestran su importante presencia y vulnerabilidad así como la necesidad de su correcto análisis e integración con el origen y desarrollo de instrumentos jurídicos, incluidas las políticas públicas. Por lo anterior, es claro que la protección de los NNA migrantes ante la trata de personas es una prioridad que requiere corresponsabilidad entre el Estado colombiano, la familia y la sociedad en general, fundamentada principalmente en el artículo 44 constitucional.

El marco jurídico internacional al parecer ha desarrollado varias herramientas para promover la protección de los menores de edad que cruzan frontera internacional y pueden encontrarse en riesgo de ser víctimas de trata de personas. Lo anterior se ve reflejado en el completo marco de tratados tanto generales como sectoriales que prohíben los malos tratos, las limitaciones a la libertad, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado y demás comportamientos que pongan en riesgo la dignidad humana de la niñez. Dichos tratados aplican a los NNA por el hecho mismo de ser personas y allí no hay lugar a mayores distinciones en función del origen nacional. Por otro lado, también en el seno de la ONU se han adoptado normativas específicamente orientadas a visibilizar este riesgo asociado a la migración y a buscar que los Estados implementen no sólo acciones conducentes a la persecución del delito, sino a la protección integral de la víctima.

En el caso de los menores de edad en procesos migratorios son numerosos los lineamientos o estándares que se han construido tanto en el sistema de protección universal cuanto interamericano, que buscan que se incorporen acciones concretas y sobre todo diferenciadas que atiendan de modo efectivo a las especiales necesidades de la niñez en movilidad y en riesgo de sufrir afectaciones graves a sus derechos humanos. En esta oportunidad se hizo referencia a cuatro estándares de los existentes: Reconocimiento de la igualdad de derechos del menor en movilidad sin importar su condición administrativa; Caracterización e identificación de los menores en movilidad; Garantía universal e integral de los derechos humanos de los menores en situación de movilidad y Prevalencia del interés superior del niño sobre la soberanía en la gestión. Resulta esencial que los Estados incorporen estos compromisos al marco interno y desarrollen no sólo las acciones previstas en los tratados, sino que tomen nota de las recomendaciones de los distintos mecanismos de protección internacional, para lograr desarrollar políticas públicas compatibles con los estándares internacionales y así logren enfocar sus esfuerzos no sólo en la persecución del delito de la trata de personas, sino sobre todo en la protección integral de las personas y de su dignidad. Para enfrentar de una manera integral y efectiva los peligros para los NNA migrantes se debe emplear armónicamente tanto el marco jurídico internacional cuanto el regional y nacional.

Lo anterior permite identificar múltiples desafíos con el fin de obtener la protección integral y efectiva en Colombia de los NNA migrantes provenientes Venezuela, frente a la trata de personas, lo cual requiere de articulaciones, en distintos niveles intrainstitucionales, interinstitucionales e intersectoriales. Se recomienda:

Crear y mejorar espacios para que los NNA migrantes, sus familias, las entidades públicas, las instituciones educativas, los medios de comunicación, los organismos internacionales así como cualquier otro sector y actor de la sociedad, tengan la información y el conocimiento de los derechos fundamentales de los NNA migrantes, en especial sus obligaciones y corresponsabilidad al respecto, así como las realidades migratorias, enfatizando en los riesgos y la ocurrencia de la trata de personas y los mecanismos de protección con su uso en el Estado Social de Derecho colombiano.