El acusador privado desde la óptica de la igualdad y acceso a la justicia en la acción penal en Colombia

Resumen

La promulgación de la Constitución de 1991 (art. 250) consagra la posibilidad de que las víctimas intervengan en el proceso penal. Es así como el legislador ha reglamentado ese derecho y, en ese sentido, se profirió la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Posteriormente, se expide la Ley 1826 de 2017, que establece un procedimiento penal especial abreviado y regula la figura del acusador privado. Esta última conlleva avances bastante significativos, pues, por primera vez, la víctima desempeñará un papel preponderante en el proceso penal, previa autorización de la figura por parte del fiscal; será ella el acusador privado, lo cual da paso a la conversión de la acción penal de pública a privada. Sin embargo, deberá ser representada por su abogado de confianza, quien, en adelante, asumirá la responsabilidad de la investigación y sus actos complejos; asimismo, deberá presentar el escrito de acusación al juez. De este modo, adopta el ejercicio de esa función pública de manera transitoria, y lleva consigo las cargas probatorias, puesto que, de esos actos dependerá el éxito de la persecución penal en el nuevo proceso verbal abreviado. La novedosa norma, que, además, pretende la descongestión en sedes judiciales y la celeridad de los procesos, imparte una serie de especificidades y calidades complejas con cargo al acusador privado, cuyo modelo requerido se muestra sumamente calificado, y con la necesidad indiscutible de ostentar capacidad económica; limitantes para que, en la realidad social colombiana, la comunidad logre acceder al mecanismo, y que probablemente anteponen el sacrificio de principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como, por ejemplo, la igualdad y el acceso a la justicia en armonía y con gratuidad.