Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses
Este artículo se ocupa de presentar las luchas y resistencias de los movimientos campesinos en Colombia desde una perspectiva histórica, social y política, teniendo en cuenta que las tensiones que se viven en el escenario social y político rural surgen principalmente de las contradicciones propias del orden capitalista vigente, sustentado en un el modelo de producción y acumulación que se ha impuesto a sangre y fuego a las comunidades en las zonas rurales a través de las políticas agrarias trazadas unilateralmente por el Estado. La estructura económica y social del país se encuentra basada esencialmente en la subordinación y despojo del campesinado, por lo que reconocer y visibilizar su historia de resistencia frente a las lesivas políticas de desarrollo rural implantadas por los distintos gobiernos, implica abordar las raíces de un conflicto sociopolítico que hunde sus raíces en la concentración violenta de la propiedad de la tierra y el desconocimiento de las formas de vida y producción de las comunidades campesinas. En este contexto las luchas de resistencia campesina se han cimentado a lo largo de la historia en múltiples propuestas políticas frente a la distribución y uso de la tierra como son las Colonias Campesinas y posteriormente las Zonas de Reserva Campesina, acompañadas de movilizaciones y acciones de hecho orientadas a la defensa de la vida y los territorios.
This article deals with presenting the struggles and resistance of the peasant movements in Colombia from a historical, social and political perspective, taking into account that the tensions that are experienced in the rural social and political scenario arise mainly from the contradictions of the capitalist order. in force, based on a model of production and accumulation that has been imposed by blood and fire on communities in rural areas through agrarian policies drawn up unilaterally by the State. The economic and social structure of the country is essentially based on the subordination and dispossession of the peasantry, so recognizing and making visible its history of resistance against the harmful rural development policies implemented by the different governments implies addressing the roots of a conflict sociopolitical that sinks its roots in the violent concentration of land ownership and ignorance of the ways of life and production of peasant communities. In this context, peasant resistance struggles have been cemented throughout history in multiple political proposals against the distribution and use of land, such as the Peasant Colonies and later the Peasant Reserve Zones, accompanied by mobilizations and de facto actions. oriented to the defense of life and territories.
Este artigo trata de apresentar as lutas e resistências dos movimentos camponeses na Colômbia a partir de uma perspectiva histórica, social e política, levando em conta que as tensões vividas no cenário social e político rural surgem principalmente das contradições da ordem capitalista. vigente, a partir de um modelo de produção e acumulação que se impôs a sangue e fogo às comunidades do meio rural por meio de políticas agrárias elaboradas unilateralmente pelo Estado. A estrutura económica e social do país assenta essencialmente na subordinação e espoliação do campesinato, pelo que reconhecer e tornar visível a sua história de resistência às nocivas políticas de desenvolvimento rural implementadas pelos diferentes governos implica abordar as raízes de um conflito sociopolítico que afunda suas raízes na concentração violenta da propriedade da terra e no desconhecimento dos modos de vida e produção das comunidades camponesas. Nesse contexto, as lutas de resistência camponesa se consolidaram ao longo da história em múltiplas propostas políticas contra a distribuição e uso da terra, como as Colônias Camponesas e posteriormente as Zonas de Reserva Camponesa, acompanhadas de mobilizações e ações de fato orientadas à defesa da vida e territórios.
Este artículo fue escrito con el objetivo de presentar, desde una perspectiva histórica, social y política, el trasegar de las luchas y resistencias campesinas en Colombia, teniendo en cuenta que las tensiones que se viven en el escenario social y político rural surgen principalmente de las contradicciones propias del modelo de producción y acumulación que se ha implantado en las zonas rurales a través de las políticas agrarias.
La estructura económica y social del país se encuentra basada esencialmente en la subordinación y despojo del campesinado, por lo que reconocer y visibilizar su historia de resistencia frente a las lesivas políticas de desarrollo rural implantadas por los distintos gobiernos, implica abordar las raíces de un conflicto sociopolítico que tiene hacedero en la concentración de la propiedad de la tierra y el desconocimiento de las formas de vida y producción campesina.
Esto hace de los sujetos y sujetas campesinas y su forma de producción, actores fundamentales para comprender el complejo entramado de conflictividad social que vive el país, cuyos orígenes, eminentemente rurales, siguen hoy sin atenderse pertinentemente pese a lo pactado por el Gobierno Nacional y las FARC- EP en el punto de Reforma Rural Integral del acuerdo para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (2016).
Para alcanzar el objetivo trazado, se realiza una lectura crítica frente a las políticas de desarrollo rural, los variados intentos de los gobiernos por realizar reformas agrarias analizando los propósitos a los que sirven, dado que ninguna de ellas ha logrado modificar la estructura latifundista de la ruralidad en Colombia, por el contrario, estas reformas han ahondado las formas de dominio señorial sobre la tierra.
Las reformas agrarias son definidas por
Lo anterior debido a que las políticas y reformas agrarias responden al modelo económico señalado para el país por organismos multilaterales en cada momento de acuerdo con el juego político internacional, y no por la intención real de salvaguardar la economía campesina o buscar la redistribución de la tierra, las riquezas y el poder en la ruralidad. Para
En este contexto las luchas de resistencia campesina se han cimentado a lo largo de la historia en múltiples propuestas políticas frente a la distribución y uso de la tierra como son las Colonias Campesinas y posteriormente las Zonas de Reserva Campesina, acompañadas de movilizaciones y acciones de hecho para el ejercicio de su territorialidad y sus derechos.
Sin embargo, contrario a lo que podría esperarse de un sistema democrático, la historia de los movimientos campesinos en Colombia no es para nada pacífica. El despojo violento de tierras por Chulavitas y luego paramilitares para la acumulación de tierras por terratenientes y agroindustriales nacionales e internacionales, ha hecho que el campesinado se vea en la necesidad de colonizar y ocupar tierras baldías , tierras de parques , territorios selváticos o de reserva forestal, que aunque en un primer momento fueron promovidas por la institucionalidad en la Colombia decimonónica en un afán productivista y durante la política de sustitución de importaciones, pero posteriormente los movimientos de colonos fueron tajantemente olvidados, satanizados y perseguidos.
En respuesta a lo anterior el movimiento campesino se ha visto en la necesidad de generar sus propias estrategias de resistencia y de defensa de la vida. Lo primero que habría que resaltar, es quizás la reivindicación de una identidad campesina fundada en sus saberes, tradiciones y formas de producción propias , así como los ejercicios de gobernanza sobre su territorio. Por ello el movimiento campesino es en esencia un movimiento de defensa de derechos humanos, es decir, un proceso de lucha por la defensa de la vida para la creación de las condiciones que hacen efectiva su propia concepción de la dignidad, en armonía con la tierra.
Sus dinámicas, tensiones y configuraciones históricas y políticas son las que se presentan en este texto, que trata de abordar de forma holística los desafíos históricos que viene enfrentando este sector olvidado de la ruralidad, que insiste en seguir existiendo como un paréntesis esperanzador en la linealidad de la historia y frente a los embates del modelo de acumulación, el neoliberalismo y las tesis desarrollistas.
Como herencia de la colonia, Colombia se ha caracterizado por la creciente concentración de la propiedad de la tierra en latifundios de extensiones planas que se encuentran en manos de hacendados , donde el campesinado se desempeña como trabajador agrario de parcelaciones de monocultivos; y en paralelo las familias campesina se agrupan en minifundios ubicados en zonas periféricas y de ladera, con limitado acceso a vías e infraestructura.
Este paisaje de ordenamiento territorial se configura como producto de múltiples confrontaciones y desalojos, que lleva tanto al campesinado como a los latifundistas a ejercer la posición mediante la ocupación, los primeros mediante procesos de colonización de zonas boscosas, de paramo o de selva y los segundos mediante el creciente despojo de territorios campesinos. Tal es la situación que en 1926 la Corte Suprema de Justicia expone que no existe la propiedad rural, los títulos de tierra en las zonas rurales estaban tan viciados que se debe suponerse que un territorio es baldío sino se presenta un título original. A raíz de esto de acuerdo con Perry (1994) en "el siglo XIX se presentaron importantes conflictos entre campesinos y latifundistas alrededor de la estructura agraria del país y de la apropiación de las tierras, cuyo espectro estuvo presente en casi todas las guerras civiles que azotaron a la joven república. Aquellos tuvieron como eje la disputa por la propiedad de los baldíos y de las tierras pertenecientes a las corporaciones religiosas" (p. 230)
Mientras tanto, con la intención de empezar a superar las relaciones semi-serviles del modelo de hacienda heredado de la colonia, nacían las ligas agrarias, apoyadas por partidos y movimientos de izquierda, como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, embrión del Partido Comunista Colombiano, que luchaban en algunos procesos por la instauración de relaciones contractuales en las haciendas para mejorar las condiciones de los trabajadores agrarios o peones, y en otros con exigencias más agudas, reivindicaban la independencia de los campesinos como sujetos sociales y productores, que pedían trabajar en beneficio propio y tener la propiedad de la tierra sobre la que trabajan.
El movimiento campesino empieza a tomar fuerza, por ejemplo, en el Sumapaz se logra arrancarle al Estado una política de tierras para pequeños propietarios, en la ley 47 de 1926 por la cual se fomenta la colonización de los baldíos y seguidamente el decreto 1110 de 1928 por el cual se destinan zonas para colonización y se crean las colonias agrícolas, como figuras para el ejercicio de la territorialidad campesina.
En zonas como Villarrica y Viotá logra establecerse una colonia campesina pujante con la intención de hacer frente a la gran depresión y la caída de los precios del café de 1929; y en la región Caribe, especialmente en Córdoba se también se logran consolidar organizaciones como el Baluarte Rojo de Loma grande fundado por Julia Guzmán , San Fernando, Canalete y Callejas (Thahir, 2008) que insistían la necesidad de implementar una reforma rural integral que reconociera la propiedad de la tierra de los campesinos, ordenara la planificación de su uso o explotación a nivel nacional. y atendiera las necesidades vitales del campesinado en los nuevos territorios colonizados, como son las vías , riegos, educación y salud.
Según
En este modelo empezó a reforzarse el mercado interno, promoviendo la industrialización y medidas de protección económicas a través de la intervención del Estado. Pero lo más relevante, es la definición del papel del sector de la agricultura como simple apoyo al proceso de industrialización, generador de divisas y proveedor de insumos y alimentos a la industria (Plaza 1998, como se citó en
En este contexto surge la Ley 200 de 1936,en la administración de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), que tenía el objetivo formal de distribuir la tierra irregularmente acumulada, mediante una reforma agraria, pero esta termina siendo en palabras de
En ultimas, la finalidad de la ley 200 era atender el problema de los colonos y de la titularidad de aquellas propiedades ocupadas violentamente por despojadores, la ley estipula la acción de prescripción agraria mediante el ejercicio de la posesión sobre el predio durante 5 años continuos, además exigió que hubiera un aprovechamiento económico de las tierras por parte de sus propietarios, dentro del criterio de la "función social de la propiedad". Sin embargo, deja incólume la distribución de tierras acumuladas, por el contrario, favorece la formalización de grandes extensiones de tierras adquiridas por medio del despojo violento.
Posteriormente en la segunda administración de López Pumarejo (1942-1945), se crea la Ley 100 de 1944, conocida como Ley de aparcerías. Esta nueva Ley extiende a 15 años el tiempo para que opere la adquisición prescriptiva del dominio, desaparecen las medidas contra propiedades improductivas y se toman medidas para regular la relación entre los campesinos trabajadores y la persona propietaria de la tierra con la generación de pagos en especie por su utilización para producir, en otras palabras, se profundiza el modelo de servidumbre colonial, desfigura la naturaleza del sujeto campesino y su relacionamiento directo con la tierra que labra, pues la Ley asegura la protección de los contratos de los terratenientes arrendatarios, y de sus propiedades adquiridas en numerosas ocasiones mediante el despojo y formalizadas por medio de la ley 200 de 1936.
La expedición de esta ley activa la movilización social de rechazo de las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales, y las Unidades de Acción Rural como expresiones del movimiento campesino, en todo el país; ya desde 1931 a través de la ley 83 las y los campesinos podían agremiarse legalmente, jugando un papel fundamental la Federación Campesina e Indígena conocida como la Confederación Campesina e Indígena fundada en 1942, un referente histórico de unidad de las poblaciones campesinas e indígenas rurales marginadas, la cual dirigió movilizaciones en todo el país en contra la Ley 100. Del otro lado se encontraba la Asociación Patriótica y Económica Nacional , fundada en 1934, por los terratenientes, para oponerse abiertamente al gestante movimiento de masas campesino e indígena y los avances de las colonias campesinas.
Posteriormente aglutinando algunos sectores indígenas y campesinos aparece en 1946 la Federación Agraria Nacional ( FANAL) con el apoyo de la iglesia católica y la Unión de Trabajadores de Colombia, entre otros objetivos buscaba representar a los trabajadores del sector rural y ser su vocero ante el gobierno, sus organismos administrativos oficiales o semioficiales, ante los propietarios de tierra, patronos o similares, Presentar peticiones, reclamaciones, tanto individuales como colectivas; basándose en la Doctrina Social Cristiana y en el régimen democrático, por considerar que en estos encarnan las bases reales para lograr los cambios radicales de las actuales estructuras económicas, culturales, sociales y políticas.
Llama la atención la unión del movimiento indígena y campesino en este periodo, quienes encuentran importantes puntos de unión en sus reivindicaciones por la protección de los territorios que conjuntamente habitan, sin embargo, cuando en 1991, la nueva constitución otorga especial protección a los pueblos indígenas y negros dejando por fuera a la población campesina, el movimiento agrario se divide sustancialmente , y sus procesos de resistencia se separan. Solo años más tarde en la Cumbre Agraria , Campesina, Étnica y Popular (2013) vuelven a generarse algunos incipientes acercamientos entre el movimiento campesino e indígena. En ello se ahondará más adelante.
La historia oficial habla de un periodo en la historia colombiana conocido como la violencia bipartidista, que consiste en el embate entre los partidos tradicionales -el Conservador y el Liberal- finalizando los años cuarenta, gracias a estas confrontaciones que tienen como principal zona de operación los territorios rurales, se afianza el desplazamiento de la población campesina hacia otras las zonas en proceso de colonización o hacia centros urbanos con insipientes procesos de industrialización, lo que sirvió como telón de fondo para la consolidación de mayores latifundios.
Estos desplazamientos se enmarcan ya en una política innominada de expropiación sistemática de los pequeños campesinos, lo cual fue útil para consolidar el monopolio del modelo agroindustrial que se había optado favorecer con este modelo económico . Pero además de asistir las usurpaciones de hecho, durante este periodo se abogó por la eliminación de los programas sociales y las tarifas de protección; la reducción de salarios y restricciones a las formas de organización de los trabajadores agrarios, elementos que resultan fundamentales para comprender algunas de las demandas de los movimientos campesinos. (
El campesinado sorteo estas condiciones de desigualdad social agravadas por la violencia, fortaleciendo las organizaciones gremiales. Según lo documenta
Años más tarde, estas contradicciones se agudizan, cuando el gobierno anticomunista de Rojas Pinilla ( 1953-1957) , empezó a ver en la organización campesina una amenaza, ya había declarado en el acto legislativo No. 6 de 1954 la prohibición de la "actividad política del comunismo internacional" como se había orientado desde la administración del Presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower (1953-1961) frente al temor producido por la doctrina del enemigo interno en el marco de la Guerra Fría. Rojas Pinilla había logrado que las guerrillas liberales de los Llanos entregaran sus armas; pero en el sur del Tolima otros grupos guerrilleros continuaban movilizándose de forma dispersa contra los ataques latifundistas y de la fuerza pública.
Según lo relata el sociólogo Miguel Ángel
Estos terribles hechos fueron aminorados por la prensa nacional e internacional , su motivación fue el trabajo político que venía adelantando el Partido Comunista entre la población campesina . En la organización campesina "[s]e hablaba de la lucha por el mejoramiento de los precios del café y que todos los campesinos debían tener tierra, ayuda de la Caja Agraria y préstamos; de luchar por conseguir cooperativas para los campesinos; puestos de salud y hospitales; una cantidad de cosas, todas las necesidades inmediatas" (
El ataque a Villarrica produce un desplazamiento masivo hacia el páramo de Sumapaz donde conectan con una fuerte organización campesina, pero obligados por las condiciones en las que se encontraban deben adelantar un proceso de colonización en la búsqueda de tierras para trabajar y lograr el sustento necesario para sobrevivir, logrando conectar con la Serranía de la Macarena en el Guaviare, y el Meta , donde más tarde iniciarían a gestarse nuevamente procesos organizativos en memoria de las colonias agrícolas.
El gobierno de los EEUU cuyos intereses se han centrado particularmente en nuestro país, promueve en el marco de la Alianza para el Progreso de Kennedy, que en Colombia se realice una reforma agraria , pues el movimiento campesino había logrado demostrar toda su entereza y convicción, que hacía crecer el temor a que configurará un proceso revolucionario de corte comunista.
Sumado a lo anterior, la CEPAL- Comisión Económica para América Latina, impulsora del modelo de sustitución de importaciones para la región, reconoce que la producción campesina es más eficiente que la latifundista, por ello el país debe revisar la condición marginal en la que se encuentra este sector frente a los demás sectores económicos .Por tanto, se requiere asistencia del Estado para los campesinos y productores agrícolas eficientes.
En consonancia con esta visión del desarrollo, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) se aprueba la ley 135 de 1961, que contempló la extinción del dominio sobre tierras incultas y la adjudicación de baldíos nacionales y además estableció entre sus objetivos:
reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico; reconstruir adecuadas unidades de explotación en las zonas de minifundio y dotar de tierras a los que no la posean, con preferencia para quienes hayan de conducir directamente su explotación e incorporar a ésta su trabajo personal (ley 135 de 1961, art. 1°)
Para cumplir con ello se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), como una entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Social Agrario como órgano consultivo del gobierno y el Fondo Nacional Agrario con el fin de adjudicar tierras a campesinos con acompañamiento social por parte del Estado.
Mientras el Congreso aprobaba la Ley 135 de 1961, en este mismo recinto, Álvaro Gómez Hurtado señalaba que en dieciséis puntos del país había asentamientos de bandoleros que, de acuerdo con su criterio, representaban una amenaza ya que eran "repúblicas independientes" que escapaban al control del Estado colombiano. Se trataba realmente de procesos de colonización, en algunos casos compuestos por campesinos que venían del fracasado proceso de amnistía del general Rojas Pinilla, quienes como forma de sobrevivencia abogaban por la propiedad colectiva y ante la ausencia del Estado habían empezado a ejercer gobernabilidad sobre su territorio.
Al calor de las políticas del enemigo interno promovidas por los Estados Unidos en el marco de la guerra fría, el gobierno acogió el discurso de las Repúblicas Independientes y en 1964, el entonces presidente conservador Guillermo León Valencia decidió a adelantar un operativo para dominar los territorios por la fuerza. Aquello se conoció como la "operación Marquetalia", y consistió en un despliegue militar sobre las regiones del Pato , Guayabero, Marquetalia, Riochiquito y el sur Oeste del Tolima.
Aunque la operación , al mando de José Joaquín Matallana, fracasó, el presidente Guillermo León Valencia le presenta a la sociedad colombiana un balance informando la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros, de las 29 existentes, "con un total de 545 antisociales dados de baja y 513 capturados", así:
En algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio, sin sujeción a ninguna clase de autoridad , y que la opinión pública ha llamado Republicas Independientes, fueron ocupadas por tropas del ejercito en estrecha colaboración con las otras fuerzas , estableciendo en principio de autoridad, desalojando, capturando y dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato , Guayabero, Marquetalia, Riochiquito y el sur Oeste del Tolima" ( León Valencia, 1964,
Lo que el Gobierno no previo , fue que cientos de campesinos sobrevivientes al ataque, al evidenciar el tratamiento militar que el gobierno daba a sus reclamos, decidieron organizarse en forma de guerrillas móviles bajo la dirección de Pedro Antonio Marín, quien sería conocido como Manuel Marulanda Vélez. El 20 de julio de 1964 lanzan su programa agrario como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
El programa agrario de las FARC difiere de las leyes de reforma agraria propuestas por el gobierno, en tanto el primero pone en el centro la producción campesina , a grandes rasgos planteaban: Una Política Agraria Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, la liquidación de todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en especie o en dinero, entregándole los títulos de propiedad sobre la tierra al campesinado que la trabaja; el deber del gobierno de facilitar la creación de sistemas de crédito, el suministro de semillas, asistencia técnica, herramientas, animales, aperos, maquinaria y sustentación para los productos agropecuarios, sin dejar de reconocer la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras y las formas industriales de trabajo en el campo que "que por razones de orden social y económico deban conservarse".
Llegado el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, sin dejar de temer los alcances del movimiento campesino, en 1967 por medio de la resolución 061 de mayo de 1967 creó la división de Organización Campesina dentro del Ministerio de Agricultura, y del decreto 755 de 1967, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos nació con el objetivo de inscribir a arrendatarios y aparceros para hacerlos propietarios, generar propuestas de crédito supervisado y asociativo, y convertirse en un canal entre los campesinos y el Estado para el fomento y utilización de los servicios que éste brindaba al agro colombiano.
Un año después fue aprobada la Ley 1° de 1968, que regula la Unidad Agrícola Familiar (UAF) que consiste en el área mínima vital que permite a una familia rural poder vivir de manera digna, la finalidad de la ley es regular las cantidad de tierra distribuida individualmente por la Ley 135, para la tenencia y explotación de los campesinos beneficiarios.
Sin embargo, los extenuantes procedimientos legales y administrativos impidieron que las y los campesinos pudieran reunir lo necesario para reclamar la propiedad de un terreno, además, las tierras clasificadas como en uso productivo no estaban incluidas en la redistribución, lo que hizo que muchos latifundios ubicados en las mejores zonas para la producción quedaran indemnes y que los pequeños agricultores recibieran tierras estériles o de difícil acceso y manejo productivo. Según
los mecanismos legales que se previeron desde un principio, en especial para la adquisición de tierras, la expropiación y la extinción de dominio, además de demorados, tendenciosamente concebidos y meticulosamente redactados, de manera que todo el procedimiento quedara escrito en la ley y nada se dejara a la imaginación del funcionario que redactara el reglamento, apenas afectaron la gran propiedad y mucho menos las tierras de las regiones donde se hallaba la agricultura comercial (p.116).
En conclusión, las posibilidades de desarrollo de la agricultura que abrió esta legislación se centraron en la producción agroindustrial, quedando nuevamente excluidas las formas de producción campesina.
Con todo los grandes terratenientes no dejaron de temer de que la Ley 135 fuera a devenir en la legalización de las tierras ocupadas por los campesinos organizados y movilizados en la ANUC, por lo que en 1973 los líderes de los dos partidos políticos, liberal y conservador, firmaron un acuerdo, conocido como el Acuerdo de Chicoral (1971-1972) bajo el mandato del conservador Misael Pastrana.
Del acuerdo de Chicoral surgieron las leyes 4 y 5 de 1973 en el gobierno de Pastrana Borrero (1970-1974), con El Plan de las Cuatro Estrategias, que incluía protección jurídica para los latifundios y modificación de la política del INCORA, que pasó de centrarse en las tareas de redistribución a fomentar que los pequeños agricultores colonizaran las tierras cercanas al Amazonas colombiano, así como las llanuras en el oriente de la cordillera andina. Al mismo tiempo, estas leyes apoyaban el desalojo, mediante fuerza policial, de las zonas ocupadas por organizaciones de agricultores y por personas a título individual (
Según lo relata Isaías
En 1984 se nace la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia ANMUCIC como una organización gremial de género para la defensa de los derechos e intereses específicos de las mujeres en la ruralidad, reconociendo las afectaciones diferenciadas de los conflictos agrarios que recaen sobre ellas. Pese a la gran incidencia social y política de las variopintas organizaciones campesinas que se gestan en este siglo, el gobierno nunca cedió a las solicitudes de reforma agraria integral.
Lo anterior da muestra de las falencias del modelo de sustitución de importaciones frente a las necesidades e intereses del campesinado para Álvaro
Durante la aplicación de este modelo el campesinado obtuvo solo medidas paliativas que no pretendían cambiar estructuralmente su situación de marginalidad, por el contrario, tras los desplazamientos masivos la invitación fue a la proletarización en las nacientes industrias ubicadas en la urbe, fuera de la agricultura. Los beneficiarios directos fueron los productores agroindustriales y los propietarios arrendatarios de la tierra, lo mismo que los proveedores de insumos y los comerciantes, así como las empresas transnacionales incrustadas en el aparato productivo agroindustrial dada la dependencia tecnológica de las importaciones de insumos y maquinaria.
Dada estas falencias del modelo muchas de las organizaciones gremiales que se habían corporativizado para acceder a subsidios y beneficios legales, se quebrantaron cuando el sector se abrió a la competencia externa en los años noventa y tuvieron grandes dificultades para adaptarse a las nuevas reglas de juego.
Siguiendo lo indicado por el Consenso de Washington, finalizando los años ochenta se produjo una apertura económica en el país que cambió el modelo de desarrollo agrícola de sustitución de importaciones por uno de apertura económica, cuya lógica consiste en incrementar la producción de los bienes en los que el país tiene ventajas competitivas de cara al mercado internacional.
Este proceso se consolida en la concertación de variados acuerdos y tratados comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, el CAN-Mercosur y el EFTA de la Unión Europea. Los cueles repercuten en toda la estructura económica del país a través del ingreso y salida de bienes y servicios con exenciones de aranceles, poniendo en competencia los productos nacionales frente a los bajos precios de los precios de los productos internacionales. La discusión frente a este modelo se centra en las desventajas competitivas , principalmente del sector agropecuario, frente a estas economías.
Sumado a ello, la política de una
Esta ausencia de apoyo a la producción campesina de alimentos, quienes subsistían en zonas de ladera y periferias sin acceso a vías, tecnificación y canales de comercialización, provocó que muchos campesinos y campesinas se vieran en la necesidad de reemplazar sus cultivos tradicionales por plantaciones de coca, que les garantizaran un mínimo de subsistencia a ellos y sus familias. Pero ello no termina de darles seguridad, a mediados de los años ochenta en la población campesina de extensa zona de colonización del suroccidente del Meta y noroccidente del Guaviare, cuya economía se basaba principalmente en la siembra de coca, debe padecer la gran caída económica de los precios del producto, dada la sobre oferta de productos , pues muchas familias habían hecho de este cultivo su principal renglón productivo.
Esta gran recaída económica dejo ver la realidad de pobreza e inestabilidad económica en la que se encuentran las poblaciones campesinas, lo que provocó que el inconformismo social empezara a crecer y organizarse. Una manifestación de lo anterior, fue la marcha sobre San José del Guaviare y toma del Parque Nacional en 1987 por la titulación de las tierras que las comunidades campesinas venían trabajando, pues esto era requisito para acceder a créditos asistencia técnica y demás apoyos de la política de Desarrollo Rural, adicionalmente las poblaciones campesinas pedían que una zona perteneciente al parque se declarara zona de producción campesina, lo que finalmente se logra formalmente mediante el decreto ley del 1 de septiembre de 1989.
Esta conquista sirvió de inspiración para que los campesinos de la región del rio Duda, en el Meta, entre la cordillera Oriental y la Serranía de la Macarena, propusieran al entonces INCORA, que se les titulara la tierra a cambio de su compromiso de preservar los bosques y demás recursos naturales (
Los campesinos del Duda, eran población desplazada de los ataques violentos contra las colonias campesinas que fueron llamadas " republicas independientes" por parte del Estado entre los años 50 y 60. A su vez, algunos de los núcleos campesinos perseguidos en los años cincuenta habían sido actores importantes de las movilizaciones agrarias que, de alguna forma motivaron la Ley 200 de 1936, con la cual el gobierno modernizante de Alfonso López Pumarejo intentó racionalizar la distribución de la propiedad rural (
El movimiento campesino se fortalece en esta región como un movimiento de defensa de la vida, conformado por sobrevivientes de la violencia o del abandono estatal, en abierta oposición al modelo económico hegemónico; las pequeñas conquistas legales en favor del agro son el intento de insertar la forma de vida campesina en el modelo productivo industrial, o la necesidad de paliar la situación de precariedad en la que se encuentra el campesinado como reflejo del temor al escalamiento de sus procesos organizativos. Ello se vio reflejado en la constitución de 1991, donde se contempla el acceso progresivo a la tierra para "trabajadores agrarios", pero se reconoce íntegramente las y los campesinos como sujetos colectivos de derechos como si ocurre con los pueblos indígenas y negros.
Pese a ello la Constitución de 1991, y su amplio catálogo de derechos económicos sociales y culturales, marcó un giro en el movimiento social haciendo visibles algunos sectores excluidos. Las luchas por la tierra y la política agrícola reivindican también los derechos humanos de las y los campesinos y la atención a necesidades básicas como infraestructura y servicios, lo que hace que los movimiento campesinos se integren a las crecientes luchas cívicas. Es de destacar las 158 luchas agrarias que tuvieron lugar entre 1991 y 1994, los 27 paros cívicos con participación campesina, las 82 movilizaciones y 43 tomas de entidades (
Esta gran movilización social confluyó en la promulgación de la Ley 160 de 1994, de reforma agraria, durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998), esta nueva ley reemplazó la ley 135, recogiendo la propuesta de las Zonas de Reserva Campesina en el capítulo XIII "Colonización, Zonas de Reserva Campesina y Desarrollo Empresarial" reglamentado por el Decreto 1777 de 1996, del Acuerdo 024 de 1996 y Acuerdos de la Junta Directiva del INCORA. Según
Sin embargo, no debe dejarse pasar por alto que por recomendación del Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, el objetivo de esta nueva ley es el acceso a la tierra mediante la negociación directa entre propietarios y campesinos trabajadores, dentro de la lógica de la no intervención estatal, por lo que adquiere mayor importancia la titulación y el acceso a la propiedad, reemplazando las políticas redistributivas.
A través de la Ley 160 de 1994, se acoge la recomendación de impulsar una nueva estrategia para la desconcentración de la propiedad, a tenor de las políticas de desregulación y
La puesta en marcha de la nueva política de tierras ocurrió en medio de una crisis económica provocada por el desmonte de los aranceles provocando un gran impacto en la estabilidad económica del sector agrario. Esta situación abrió la perspectiva de la vigencia de las demandas del creciente movimiento campesino que proponía establecer Reservas Campesina , como alternativa a los profundos conflictos agrarios, agravados tras tantos años de políticas nefastas y la reciente apertura económica.
En el Guaviare, en el Caquetá, en el sur de Bolívar, la propuesta de las ZRC tomó gran fuera, empezando a instalarse en las demandas que hacían los campesinos en las áreas afectadas por la coca al margen del gobierno, así comienzan las llamadas marchas campesinas y cocaleras de los años 1995. Estas marchas movilizaron a más de 300 mil campesinos y fueron el origen de la Coordinadora Nacional Agraria como una expresión de lucha y organización campesina para enfrentar el Plan Colombia, manteniendo una oposición firme a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito.
Finalmente, en 1997 se constituye la ZRC del Calamar Guaviare impulsada por COOAGROGUAVIARE (Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Guaviare) y la ZRC de la Cuenca del rio Pato y Balsillas en San Vicente del Caguán Caquetá , impulsada por AMCOP (Asociación Municipal del Colonos del Pato).
En 1999 se funda formalmente El Consejo Nacional Campesino, en medio de las movilizaciones unitarias de los campesinos con las centrales sindicales. Actualmente hacen parte de él dos sindicatos de trabajadores del sector rural y la Acción Campesina Colombiana, ANUC - Unidad y Reconstrucción, Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma Agraria, ANMUCIC, Coordinadora Nacional de Desplazados, FANAL, Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, FENSUAGRO, y FESTRACOL.
También en 1999 se constituye la ZRC de los municipios de Arenal y Morales en el Sur de Bolívar ; y en el año 2000 la ZRC del bajo Cumbi y comandante conocida como la Perla Amazónica en Puerto Asís Putumayo y la ZRC de Cabrera (Cundinamarca), finalmente en el año 2002 se constituye legalmente la ZRC del Valle del Rio Cimitarra en el Magdalena Medio. En el año 2001 nace la ANZORC - Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, para reunir a estas expresiones organizativas, fortaleciendo su estructura y sus propuestas de impulso para la constitución de nuevas Reservas Campesinas . Todas buscaban reunir a los campesinos en un movimiento regional para salvaguardar sus territorios, evitar el despojo y defenderse del desplazamiento forzado.
La ZRC del Valle del Río Cimitarra fue la última en ser declarada y cuatro meses después fue suspendida a través de la Resolución 046 del 10 de abril de 2003 del INCORA. La decisión, según la entidad, obedeció a que algunas autoridades, gremios y comunidades de los municipios de Yondó, Cantagallo, Remedios y San Pablo, manifestaron su inasistencia a la Audiencia Pública del 188 de agosto de 2002, por la presunta falta de garantías y mostraron preocupación por la no canalización y utilización de los recursos de manera correcta (Incoder, 2011).
Desde entonces, con la llegada del gobierno de Albaro Uribe Vélez y Política de Seguridad Democrática, la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra y las demás organizaciones campesinas impulsoras , fueron fuertemente perseguidas a través de montajes judiciales contra las personas integrantes de sus juntas directivas y también por medios ilegales con amenazas contra sus vidas ejecutadas por organizaciones paramilitares , las cuales se encontraban fortalecidas desde los años noventa como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en alianza con el narcotráfico y en complicidad con las fuerzas armadas estatales.
Dada esta falta de garantías y seguridad y la negativa del gobierno y sus instituciones a atender las solicitudes de constitución de nuevas ZRC, las organizaciones campesinas reunidas en la ANZORC deciden "ejercer el legítimo derecho a organizarse, autodeterminarse y defender su territorio a través de acuerdos internos sin necesidad de una aprobación oficial. Durante años estas ZRC han operado y ejercido su autonomía sobre el territorio bajo su visión territorial y participativa" (ANZORC, 2011).
El nuevo oleaje de violencia provocó desplazamientos masivos fundamentalmente por la alianza entre narcotraficantes, paramilitares y parapolíticos, alteró las relaciones de propiedad para monopolizar la tierra en favor de la ganadería y de las plantaciones para biocombustibles, produciéndose una contra reforma no declarada.
Con la apertura a la inversión internacional, el desarrollo agroindustrial se transnacionaliza, ello es visible con la política PROAGRO de la administración Pastrana, que se centra en el desarrollo de cadenas productivas con estímulos estatales (
Por otra parte, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se congelaron todas las solicitudes de constitución de ZRC y de abandonó el Proyecto Piloto de ZRC que apoyó la creación de los Planes de Desarrollo de las ZRC de Guaviare, El pato Balsillas y Cabrera. Ademas se agudiza la represión contra el movimiento campesino, mediante el asesinato y desaparición sistemática de sus dirigencias, avivado por el señalamiento que desde el gobierno se hacia a las ZRC como "santuarios de la guerrilla"
Uribe Vélez crea del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) como entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ordenado en el Decreto 1300 de 2003 y su modificación mediante el Decreto 3759 de 2009 en reemplazo del INCORA Instituto Colombiano para la Reforma Agria. Este cambio de instituciones ya deja ver la orientación de las políticas que adelantaría el mandatario.
La formulación de la Ley 1152 de 2007, el Estatuto de Desarrollo Rural imponía a los territorios objeto de las ZRC la visión de las Sociedad de Agricultores Colombianos , limitando los espacios de constitución de ZRC únicamente a los territorios baldíos de la Nación, según el artículo 88 del Estatuto, lo que significa que: "se rechazarán todas las solicitudes de campesinos propietarios que tratan de defenderse del desplazamiento forzado acudiendo a la figura de la reserva campesina" (Mondragón, 2008). Al mismo tiempo el nuevo Estatuto permitía en su artículo 91 la adjudicación de baldíos nacionales a sociedades para la constitución de Zonas de Desarrollo Empresarial, afortunadamente la Corte Constitucional a través de la sentencia C-175 de 2009 la declara inexequible.
Según Nazih Richani, uno de los objetivos del gobierno en relación el agro, era "supervisar el desmantelamiento de los títulos de tierras colectivos de las comunidades indígenas y afrocolombianas para facilitar así las inversiones de capital local y extranjero en proyectos de extracción, de agroindustria y de especulación de la tierra"( Richani, 2012).
Este modelo de apertura económica es más lesivo que el anterior, agudiza muchísimo más la concentración de los factores productivos - como la tierra - en grupos privilegiados de empresas agro- industriales, puesto que las políticas agrarias se focalizaron y se limitaron aún más. Los programas Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo Rural Integrado destinados desde el gobierno de Belisario Betancourt a hacer presencia estatal en las zonas marginadas del país, fueron sustituidos por el Plan Colombia, en la llamada guerra contra las drogas para atender las exigencias norteamericanas y sus intereses estratégicos sobre los recursos del país. Estas políticas criminalizaron a los pobladores rurales, que marginalizados, se ven abocados a la siembra de cultivos de uso ilícito, y deben enfrentar un tratamiento militar, represivo y de persecución, principalmente en las zonas colonizadas que antes tampoco recibieron atención estatal integral.
Por otra parte, en el marco de la política de seguridad democrática de este gobierno, el 19 de enero del 2008, fueron condenados los dirigentes campesinos de la Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra Ramiro Ortega y Miguel González Huepa, sindicados de rebelión. Este proceso empezó con el encarcelamiento de los líderes campesinos Andrés Gil, Óscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena el 29 de septiembre del 2007, cuando paralelamente la Fiscalía Tercera Seccional Barrancabermeja emitió 18 órdenes de captura contra todos los dirigentes de la asociación. Todo esto sustentado en la versión libre del dirigente paramilitar "Julián Bolívar". (Thahir,2008)
Con la participación de 75 organizaciones rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas, sectores de la academia , la iglesia y defensores de derechos humanos, el 7 y 8 de abril del 2003 se llevó a cabo el Congreso Nacional Agrario con el objetivo de tejer diálogos comunitarios entorno al derecho a la tierra, la reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria, la protección del medio ambiente, la política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana, los derechos sociales económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes, el reconocimiento político al campesinado, el reconocimiento de las mujeres campesinas, el derecho a la territorialidad y el fin del desplazamiento forzado. Hicieron parte del congreso nacional agrario, organizaciones de mujeres rurales para dar a conocer la Agenda de las Mujeres . La cual recoge la urgencia de reconocimiento del aporte de las mujeres a la producción campesina, además de la protección de su papel en la construcción de identidad cultural y en la defensa de las comunidades.
En este congreso se redactó y promulgó el Mandato Agrario en rechazo a las políticas neoliberales del gobierno colombiano y especialmente al libre comercio. Este documento en busca de la unidad del movimiento campesino:
levantamos nuestra voz de aliento oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello que asumimos unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional. (Mandato agrario,2003)
Las organizaciones agrarias que participaron de esta gran confluencia pretendían hacer ver que a nombre del libre comercio el gobierno nacional otorga al capital internacional la libertad de disponer a gusto de la economía nacional , las comunidades, su tierra y su fuerza de trabajo, desconociendo la vida comunitaria y los derechos democráticos, colectivos, económicos, sociales y culturales.
Además buscaba el reconocimiento político del campesino como un factor necesario en la nueva política agraria colombiana para aliviar el vacío constitucional, que logre que este ejerza efectivamente sus derechos, para lo cual se debe garantizar:
la participación efectiva y representación política propia plena del campesino, con autonomía voz y voto decisorio en las instancias de planeación, gestión y ejecución de las políticas y programas que se relacionen con el sector agropecuario, el territorio y la vida rural. (Congreso Nacional Agrario, 2003)
Las voces de resistencia del campesinado al libre comercio en el marco de sus derechos constitucionales económicos, sociales y culturales, fueron vistas como voces enemigas que se oponían al desarrollo, y como en años anteriores, fueron perseguidas y tratadas como falsos positivos judiciales.
Las políticas agrícolas tanto del modelo de sustitución de importaciones como del modelo de apertura económica muestran la continuidad en las propuestas desarrollistas de modernización del sector agrario. La ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961 se gestaron bajo el modelo de sustitución de importación; y la ley 160 de 1994 bajo el modelo de apertura económica, ambas se han construido al amparo de la premisa del crecimiento económico, lo que significa regular la titularidad de la tierra, pero excluyendo y atacando las formas de producción campesina, cuyos propósitos no son la acumulación, como si tejer relaciones familiares y comunitarias de soberanía alimentaria y producción armónica con la vida y con la tierra.
De acuerdo con el análisis expuesto en los títulos anteriores, no se presentan rupturas en los cambios producidos en los ministerios de agricultura de los distintos gobiernos, ni en "la transición" de un modelo a otro, los objetivos perseguidos con las distintas reformas tienen una gran sintonía, sobre todo en lo referente a la distribución de los derechos de propiedad sobre la tierra para la incursión en el mercado de tierras y el desarrollo de la producción industrial sea nacional o a través de la inversión extranjera; además del desarrollo de políticas que buscan insertar al campesinado en este modelo, o paliar, en algunos casos, las condiciones de miseria que se vive en la ruralidad, a fin de restar fuerza o racionalidad a los movimientos campesinos.
Como fue el caso de la Ley 135, producto del mandato de Kennedy (1961-1963) que, con la "Alianza para el Progreso", conmina a los gobiernos latinoamericanos a realizar reformas agrarias para sofocar la insurgencia campesina que surgía en la región en esos años. Algo similar ocurrió con la Ley 160. Su promulgación obedeció al modelo económico surgido del Consenso de Washington. De ahí que en ella se deje la distribución de la tierra en manos del mercado, siendo el papel del Estado facilitar el proceso (
La política agraria para Colombia ha sido la misma: un política anti-campesinado obediente a los intereses de los grupos de poder nacionales e internacionales y en favor del modelo de desarrollo industrial. Es así como ninguno de los dos modelos vuelve los ojos sobre el campesinado que no cuenta con las condiciones para competir con los empresarios que si pueden enfrentar la competencia de las importaciones con cultivos de plantación para la exportación
En el Plan Nacional de Desarrollo
políticas integrales para el desarrollo rural orientadas a mejorar el acceso de los hogares rurales a activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades para aprovechar estos activos, de forma que puedan superar su condición de pobreza e integrarse en condiciones justas y competitivas al mercado (DNP, 2011).
Para abonar en tal propósito durante este gobierno se crea la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA, con el fin de:
orientar la política de gestión de territorio para usos agropecuarios. Para ello la UPRA planificará, producirá lineamientos, indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las políticas públicas en estas materias (Decreto 4145 de 2011, artículo 3)
La dificultad se encuentra en que este plan de desarrollo también parte de la competitividad y productividad propia del uso industrial de la tierra y no de la forma de producción campesina, pues aun promueve una agricultura capitalista, por ello la transferencia de ingresos del Estado a las y los productores campesinos esta condicionada al establecimiento de " compromisos de innovación" (DNP. 2011).
Además, contempla como estrategia para el desarrollo, la " asociatividad" entre las familias campesinas o pequeños productores con grandes empresas agroindustriales, a través del uso de sus tierras sin importar que su destinación sea para la producción familiar; desconociendo con ello las desigualdades políticas y económicas entre ambos, se termina poniendo en peligro la existencia campesina.
Esta visión productivista del campo requiere que las zonas rurales se encuentren pacificadas y la propiedad rural formalizada, pues la situación de conflicto armado impide que pueda haber garantías para las personas inversoras en el mercado de tierras. El propósito en ultimas es construir un escenario de seguridad jurídico-económica para grandes sociedades que quieran realizar inversiones en tierras y producción agropecuaria en el país
Tras el fracaso del plan Colombia y los subsiguientes planes militares diseñados con el auspicio de los EE.UU para confrontar a las guerrillas y las que creía eran sus bases sociales, el Gobierno Nacional reconoce que la vía militar no dará solución a la confrontación armada en los territorios que le interesa pacificar. Por ello ocurre a un cambio de estrategia que parte del reconocimiento de la existencia de unas causas sociales y políticas que han dado origen al conflicto, como lo ha venido diciendo el movimiento social y popular que durante.
El 4 de septiembre de 2012 el presidente Juan Manuel Santos, confirma el inicio de unas negociaciones de paz, formalizando su agenda en Oslo, Noruega el 18 de octubre del 2012, claramente lo primero que sale a relucir es que el conflicto sienta sus cimientes sobre la inequitativa concentración y el uso de la tierra por lo que este será el primer punto que se abordará en las negociaciones.
El 23 de mayo de 2013 las dos comisiones anuncian que finalmente se llegó a un acuerdo en el primer punto de la agenda sobre la política de desarrollo agrario: Reforma Rural Integral. Aunque es claro el principio " nada esta acordado hasta que todo este acordado", esta noticia llena de gran entusiasmo al movimiento social que rodea el acuerdo y especialmente al movimiento campesino, que encuentra recogidas en el acuerdo parte de sus históricas demandas.
Mientras avanzan las negociaciones de paz , en marzo del 2013 el movimiento campesino se vuelca a las calles en el gran Paro Nacional Agrario en oposición a lo propuesto por Santos en su PND, en él propende por más TLCs, asociatividad para la conformación de empresas agrarias, alianzas productivas que acarrean la extranjerización de la tierra, la importación de productos subsidiados, el avance de la minería transnacional y el impulso de la ganadería extensiva, dispositivos que ahondan la economía del despojo (
El paro reúne las demandas de diversos sectores rurales contra las políticas neoliberales, logra movilizar a 22 departamentos del territorio nacional con la participación de más de gran cantidad de procesos organizativos capaces de cooperar y gestionar acciones conjuntas. Para que esto fuera posible, se promovió un gran proceso de debates con encuentro de líderes de las distintas regiones, con el objetivo de fraguar la creación de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular como una plataforma que sirva de encuentro de los distintos sectores agrarios y populares para la construcción de un programa unitario y una agenda de acción política y social.
Entre febrero de 2013 se hicieron 20 cumbres regionales y en marzo, se hizo el gran encuentro nacional con cuatro mil participantes de todo el país. Este proceso logró de nuevo reunir las aspiraciones y reivindicaciones de los pueblos étnicos, indígenas y campesinos, cuya unidad había estado disuelta. Pese a que el pliego unificado que se presentó a Presidencia para su estudio y que no tuvo respuestas satisfactorias, pero legitimó el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de negociación. (Gustavo Arturo, 2014, como citó Grupo semillas,2014)
La Cumbre Agraria está conformada por las organizaciones CNA, FENSUAGRO, PCN, ONIC, y ANZORC; las Coaliciones y Movimientos Sociales COMOSOC, Marcha Patriótica, y Congreso de los Pueblos; y las Mesas de interlocución: MIA y la MUA. A quienes tiempo después el gobierno , consciente de la tensión desestabilizadora del Paro, debe reconocer como interlocutores válidos mediante el decreto 870 de mayo del 2014, que instaura la Mesa Única Nacional de negociación, aceptando los cuestionamientos sobre el Pacto Nacional Agrario contenido en su Plan Nacional de Desarrollo, aprovecha la ocasión de exhibir su apuesta por la paz. Elemento que analizaremos más adelante.
La Cumbre Agraria de 2014 declara la ruta de su acción política con el Mandato por el Buen Vivir que posteriormente se condensara en un pliego de 8 puntos que reúne aspectos como: I)Tierra, territorios colectivos y ordenamiento territorial, II)Economia propia contra el modelo de despojo , III) minería energía y ruralidad, IV) cultivos de coca, marihuana y amapola, V) derechos políticos, garantías, victimas y justicia, VI) derechos sociales, VII) Relación campo -cuidad , VIII) Paz, Justicia Social y Solución Política.
Tras la dilación de los acuerdos y el incumpliendo de los pliegos presentados, y, posterior a las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016, como lo relata
Según la organización defensora de derechos humanos Dejusticia (2019) el reclamo por el reconocimiento campesino tendría su origen en los años 90, cuando líderes del municipio Inzá, en Cauca, notaron cómo el Estado los había excluido como población de la Constitución de 1991. Desde entonces, empezaron a movilizarse para pedir inclusión en las políticas públicas y a organizar un encuentro anual con organizaciones del Cauca y departamentos cercanos, titulado "El reconocimiento del campesinado como sujeto político".
Es así como con el lema 'Para que el campesinado cuente, tiene que ser contado', la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), el Coordinador Nacional Agrario (CNA) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) , y algunas organizaciones regionales instauraron una acción de tutela cuya petición central era que el Censo Poblacional de 2018 incluyera preguntas relacionadas con esta población para que el Estado recogiera información que le permitiera formular políticas públicas específicas en su beneficio.
Esta conquista se logra en el campo jurídico cuando el 13 de febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia, le ordene al DANE contabilizar las personas campesinas en los censos poblacionales y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) realizar estudios complementarios para delimitar a profundidad el concepto "campesino";
Por otra parte, otro avance importante en el reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo derechos es la promulgación, también en el 2018, de la Declaración de Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, que, aunque Colombia no la ha acogido, sirve como principio de interpretación normativo y herramienta de incidencia política y de trabajo comunitario.
Pese a la enorme satisfacción que conlleva el recogimiento de derechos para el campesinado en Colombia, y las implicaciones materiales que esto significa para la vida de las y los campesinos, es importante reparar en el efecto que producen las clasificaciones de los textos institucionales que positivizan los derechos humanos de las personas (
El reconocimiento del campesinado como sujeto político colectivo de derechos, debe trascender la lógica de una identidad estática dentro de los formularios del Estado, se trata de una cultura que tiene una mirada diferente, no solo desde la producción en relación con la protección de la naturaleza, sino también que se desarrolla bajo formas comunales y familiares de relacionamiento, con unos saberes y tradiciones propias , que rebasan las categorías de lo étnico y por tanto reconocer sus derechos como sujeto colectivo, representa un desafío tanto para las ciencias antropológicas como para los estudios sociales de los derechos humanos.
Tenemos como respuesta a la tensión entre la Invisibilización de la identidad y los derechos del campesinado por parte del Estado y la posibilidad de que la identidad o cultura campesina se vea subsumida en aparatos institucionalizados estáticos, los procesos permanentes de luchas culturales, sociales económicas y políticas que buscan la transformación de las relaciones de poder para generar un acceso igualitario a los bienes para la producción de vida (
Teniendo en cuenta que la forma de producción campesina está regida por relaciones familiares, los saberes y el rol de las mujeres dentro de la economía campesina juegan un papel fundamental para la conservación de su identidad. Sin embargo, las políticas de desarrollo rural colombianas están lejos de ser herramientas para la protección jurídica y el reconocimiento político y económico de las mujeres campesinas.
En 1984 se formuló la primera política nacional sobre mujer campesina, plasmada en el documento CONPES 2109 "política sobre el papel de la mujer campesina en el desarrollo agropecuario" , cuyo objetivo general fue el incremento de la capacidad de producción de alimentos , sin ahondar en el reconocimiento del campesinado como un sujeto colectivo de derechos, su cultura y su forma de producción; buscaba únicamente la inserción de las mujeres campesinas en las lógicas del "desarrollo agropecuario" desde un punto de vista productivista.
Diez años después, en 1994 se crea la "Política para el desarrollo de la mujer rural", y en su cumplimiento nació la Oficina de Mujer Rural, pero en enero de 2000, sin dar explicaciones, ni presentarse los avances de su gestión administrativa, se cerró y dejó de dársele cumplimiento a esta política . Cabe destacar que esta política no respondió a una perspectiva de género con enfoque campesino, sino al discurso de "Mujer en el desarrollo", en el que predominó una concepción asistencialista e instrumental del rol de las mujeres en la producción de alimentos, en la generación de ingresos y en la distribución intrafamiliar de los beneficios de los programas de desarrollo (
Posteriormente , llegado el gobierno de Albaro Uribe Vélez, se modifica la ley de reforma agraria (o ley 160 de 1994 ) bajo la perspectiva de desarrollo agroempresarial, y se crea una nueva política agraria para las mujeres, llamada: Mujeres Constructoras de paz, en ella se propone promover proyectos que impulsen "la participación de la mujer rural en la creación de empresas "; y en esta misma lógica se expide la actual, Ley 731 de mujer rural.
En conclusión, el Estado busca mantener una aparente inclusión de las campesinas a partir de la formulación de políticas rurales que no desarrolla de manera efectiva para responder a sus necesidades, ni integra realmente la mirada de las mujeres campesinas, por el contrario, las políticas en las que busca insertarlas están dirigidas al fortalecimiento de la agroindustria y la empresarización del campo, amenazando con desaparecer la existencia campesina.
Las mujeres campesinas han sido participes activas de este proceso, sin desconocer que dentro del mismo movimiento campesino ellas han tenido que posicionar sus demandas debido a la clásica idea de que el conjunto de las necesidades de la humanidad está reunido en un sujeto de derechos masculinizado.
La organización y la lucha colectiva de las mujeres campesinas nace en la necesidad de posicionar sus intereses estratégicos de género en el contexto campesino, llenado de politicidad el entorno público , por estar ligada su participación a las organizaciones sociales mixtas, pero también en la lucha por la transformación de escenarios cotidianos - o, si se quiere, privados, en el hogar- reconociendo como políticas sus relaciones familiares, comunales y sociales.
Para las mujeres de las ZRC no tiene sentido hablar de la democratización en las formas de organización comunitaria o del reconocimiento de derechos campesinos, si no se democratizan las relaciones familiares, - núcleo esencial de la economía campesina - pues sin ello es imposible que puedan acceder a una participación política activa en cualquier esfera social.
Por ello tras tres Encuentros Nacionales de mujeres de las ZRC, el primero realizado en el año 2016 que daría origen a la Coordinadora Nacional de Mujeres de las ZRC en Curumani, Cesar, el segundo en el 2017 en el Chaparral, Tolima, y el tercero en el año 2019 en la ciudad de Bogotá, la ANZORC cuenta con una agenda programática consolidada para posicionar en el escenario político públicos las demandas de las mujeres de las ZRC , y una política institucional de género que orienta el desarrollo de planes de acción e incidencia en las organizaciones que la integran.
Ellas logran caminar sobre una propuesta vivida de resignificación de sus derechos a partir de la defensa de su identidad y territorialidad a través de apuestas políticas como es la redistribución de los roles del cuidado en los ambientes campesinos, apuestas de justicia comunitaria local por medio de las guardias campesinas, la creación de redes de apoyo frente a la violencia de género por medio de comités veredales de mujeres y la conservación de semillas y saberes tradicionales frente a la siembra en armonía con la naturaleza, impulsadas por la Coordinadora Nacional De Mujeres De Las Zonas De Reserva Campesina de la ANZORC , quienes en dialogo con la CLOC Vía Campesina y los procesos de organización campesina latinoamericana que la integran, se han propuesto construir un feminismo campesino que dé cuenta de las mujeres campesinas como sujetas colectivas de derechos en todos los escenarios.
De esta manera la lucha de las mujeres de las zonas de reserva campesinas por el reconocimiento de su identidad y la defensa del territorio cuestiona al menos tres tópicos de la racionalidad moderna en la que se fundan los Estados : La visión masculina de los sujetos de derechos, la visión individualista de los derechos, y la desvinculación de los seres humanos de la naturaleza. La organización de las mujeres de las ZRC alrededor del feminismo campesino se constituye en un verdadero movimiento de defensa de derechos humanos desde abajo , que enfrenta múltiples desafíos en el panorama musicalizado de los derechos.
Para iniciar vale rememorar que una vez las partes negociadoras del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera presentaron públicamente el texto del acuerdo, este se sometió a refrendación por medio de un plebiscito que tuvo lugar el 2 de octubre de 2016 , cuyo resultados reflejaron que un 50,21% de votantes eligió No refrendar el acuerdo, contra un 49,79% de votantes que eligieron Sí hacerlo.
Estas votaciones estuvieron mediadas por un álgido clima de emocionalidad promovido por sectores del uribismo y el conservadurismo que llamaban a desconocer el contenido de lo acordado. Sin embargo, con la intención de hacer prevalecer el derecho fundamental a la paz, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos invitó a las fuerzas políticas a un nuevo diálogo en el que participaron tres voceros de la campaña por el No.
La renegociación del acuerdo trajo consigo modificaciones a la reforma rural integral como las ocurridas sobre el principio de desarrollo integral del campo y el punto 1.3.3.6 sobre asociatividad: El nuevo texto del acuerdo contempla como desarrollo integral del campo "la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial" y "encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala": y sobre asociatividad; el acuerdo dispone que el gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas
productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva. Sin embargo, en el escenario actual los proyectos de vida campesinos, indígenas y afrocolombianos siguen condicionados por la desventaja que tienen para disputar en el escenario político con los poderes del sistema de producción empresarial (
Cabe recordar que estas disposiciones fueron presentadas en la renegociación por los representantes del No, promovido por el uribismo; sin embargo, se ajustan a lo propuesto por Juan Manuel Santos en el Pacto Nacional Agrario contenido en su Plan Nacional de Desarrollo, tan ampliamente discutido por la Cumbre Nacional Agraria. Lo que deja el histórico pacto político de las elites terratenientes e industriales en detrimento de la existencia campesina.
Muy en consonancia con lo anterior, se aprueba la ley 1776 de 2016 que crea las ZIDRES Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social , donde se condiciona la adjudicación de terrenos baldíos a campesinos si se asocian con grandes empresas para desarrollar proyectos productivos de tipo agroindustrial. En esta modalidad, aunque el campesino es el propietario de la tierra, el empresario es el ejecutor del proyecto, el proveedor de las semillas, insumos, fertilizantes y asistencia técnica para la producción agroindustrial (Corporación Gripo Semillas, 2016), favoreciendo al sistema agroalimentario mundial corporativo, en detrimento de la economía campesina familiar.
Estos campesinos deben arrendar la tierra para ponerla a producir a través de un proyecto productivo que será presentado ante el Ministerio de Agricultura. El mencionado proyecto será juzgado bajo los criterios de competitividad, inversión, generación de empleo, innovación, alta productividad, valor agregado, transferencia tecnológica y vinculación de capital rural (
Es decir que, para acceder a tierras suficientes y a la generación de ingresos, las comunidades campesinas deberán producir en función de los mercados a gran escala, dejando de lado sus conocimientos ancestrales, conservación de semillas criollas o nativas, y ritmos propios frente a la siembra.
Otra preocupación relevante, es que la UPRA, Unidad de Planeación Rural ,creada por el Gobierno Santos, delimitó las posibles Zonas de Desarrollo Rural, Económico y Social, sobre territorios que las organizaciones campesinas han venido reivindicando como Zonas de Reserva Campesina en procesos de constitución o de hecho.
En el año 2018 llega Ivan Duque a la presidencia de Colombia, tras unas reñidas elecciones en las que se disputaba cual seria el gobierno encargado de materializar lo plasmado en el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este gobierno que parte de la línea de oposición a lo acordado, conforme lo relata la carta escrita por algunos congresistas tras el primer año de gobierno de Ivan Duque, ha hecho una aproximación a la implementación "desde una narrativa contradictoria". "En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo. Mientras tanto, en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad".
Su escasa intención de hacer cumplir lo plasmado en el acuerdo puede verse en el Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio 2018-2022 donde se se incluyeron 37,1 billones de pesos para este asunto, lo que representa apenas el 26 % del total de recursos necesarios para la implementación que se determinó a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 y el Plan Marco de Implementación.
En lo relacionado con la Reforma Rural Integral, según Alejandro
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada de todos los planes de acceso y formalización de la tierra rural, sufre un recorte presupuestal del 18.9% respecto al PGN 2019. Desde el 2018 los recursos destinados a este rubro vienen cayendo (-33% en 2019 y -14.7% en 2020). Lo que no es congruente con las necesidades de la Agencia. La Agencia de Renovación del Territorio (ART), que es la entidad encargada de coordinar y apoyar la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), tienen una reducción en su presupuesto del 10.4% para el 2020 y finalmente la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que está encargada de estimular la productividad y el desarrollo en el campo colombiano, sufre una reducción del 12.9%.
Según el cuarto informe del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, encargado de diseñar la metodología para identificar los avances en la implementación del acuerdo, publicado en junio del 2020, en relación al proceso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pactados en el punto de Reforma Rural Integral del acuerdo, el Gobierno finalizó los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) - incluyendo el del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Étnico, pero aún se encuentran sin avances en su implementación.
Solamente se ha mostrado interés, como en los anteriores gobiernos e intentos de Reforma Agraria, en la realización del catastro rural que tiene la finalidad de conocer en manos de quien está la tierra en las zonas rurales a fin de facilitar su titulación. Para ello, el Gobierno nacional obtuvo un préstamo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El instituto Kroc informa que el resto del Punto 1 de Reforma Rural Integral - especialmente las disposiciones relacionadas con los Planes Nacionales para mejorar la provisión de servicios en el campo - no ha presentado avances.
Tras un breve atisbo de esperanza puesto en las negociaciones de paz y su acuerdo sobre Reforma Rural Integral , el gobierno Duque vuelve a situarnos sobre la realidad de mezquindad de las clases políticas dirigentes y sus ataques frontales contra los movimientos sociales . Es el retorno a la estrategia de guerra contra el movimiento social por medio de la amenaza y asesinato de dirigencias, montajes judiciales y represión a las comunidades rurales que subsisten de la siembra de cultivos de uso ilícito.
Durante este gobierno se han incrementado las labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos sin consideración a los acuerdos hechos con las poblaciones campesinas para la sustitución progresiva de cultivos en cumplimiento del acuerdo de paz. Para agravar la situación el 19 y 20 de diciembre de 2020 se llevo a cabo la audiencia pública dentro del trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) con el objetivo de que la ANLA la apruebe para poder continuar con esta práctica, como lo condiciona la sentencia T- 236 de 2017 que suspendió las aspersiones aéreas con este herbicida como medida cautelar, ante los nocivos impactos a la salud y el medioambiente que se podían registrar (Semana ,2020). En total contravención a lo pactado en el acuerdo para la sustitución de cultivos ilícitos.
Por otra parte, un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, revela que en entre el 7 de agosto de 2018 y julio de 2020, han sido asesinados a 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Por otra parte, entre el 15 y 16 de diciembre de 2020 fueron detenidos los dirigentes del Coordinador Nacional Agrario CNA e interlocutores de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular Adelso Gallo, Teófilo Acuña y Robert Daza. De tal modo que son grandes los desafíos que debe enfrentar el movimiento campesino en los años venideros.
Las líneas anteriores se escribieron con la intención de hacer un recuento histórico social y político que refleje el trasegar de los movimientos campesinos en Colombia, en reconocimiento y memoria de los pueblos que siguen con toda terquedad construyendo territorialidad campesina. No redactamos una conclusión como punto final del análisis académico. Abrimos la puerta a que las reflexiones surtidas a partir de la remembranza de lo vivido, aporte en la definición de los nuevos quehaceres según la estimación de sus protagonistas, con el anhelo puesto en que las paginas siguientes contarán la satisfacción del reconocimiento de nuevas formas de relacionamiento con el territorio, las semillas y la vida.