Títulos jurídicos de imputación en la responsabilidad extracontractual del estado por privación injusta de la libertad
This research paper aims to study the dispute between whether or not the Colombian government respond civil and / or extra-contractual for wrongful deprivation of liberty, where the extra-contractual liability of the State, following the legal deprivation and unjust freedom, causes unlawful damage; because the sufferer is not legally obliged to bear, arising for the State to indemnify, since failure to do so would ignore its raison to be. The research adopts a formative and instructive approach, with a range of representative character, resorting to doctrinal sources, regulations, and case law. From the analysis of the information obtained, it was possible to determine how from the State extra-contractual standard guidelines for wrongful deprivation of liberty for their domestic and / or foreign citizens are established. A research tool is presented, which shows to reader the Stete extra-contractual meaning for wrongful deprivation of liberty, with their respective scopes.
Análisis socio jurídico de los efectos psicológicos generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales (4-18)
El propósito del estudio es evidenciar y proponer desde otro punto de vista el enfoque multidisciplinario de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se desarrolla tradicionalmente en las empresas de nuestro país, buscamos apoyar las diversas estrategias que a diario desarrollan e implementan los Profesionales de la Salud Ocupacional, empresarios, Administradoras de Riesgos Laborales y el estado a través del Ministerio de Trabajo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de la promoción y la prevención en Riesgos Laborales direccionada por sus Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, darle al trabajador un punto de vista donde se evidencie o visualice los efectos de llegar a sufrir un evento laboral, que los lleve a cambiar su cultura de prevención, que eviten y dejen a un lado las prácticas inseguras y se vuelvan facilitadores de la prevención, que identifiquen que esto va más allá de recibir una prestación económica o unas prestaciones asistenciales, que tomen conciencia que un trabajador que sufre un accidentes de trabajo o que con el tiempo ve desmejorada su salud por una enfermedad laboral, sufre consecuencias que vencen barreras contractuales y legales, que estos eventos se trasladan a otras esferas que terminaran afectando gravemente su entorno familiar y social.
Ventajas y desventajas de la aplicación de la ley 1306/09 (art. 32) En colombia
In Law 1306 of 2009 establishes a legal regime of special protection for people in condition of mental disability, consistent with current views on human rights and their inclusion in society, so that the standard presents a list of principles headers legal protection and social inclusion of all natural persons with mental disabilities or adopt behaviors that disqualify for its normal functioning in society. The protection of persons with mental disabilities and their fundamental rights will be the guideline for interpretation and application of these rules. The exercise of the guards and counseling and asset management systems, will have as its main objective the rehabilitation and welfare of the affected. Also in Article 32 prevents a person with some degree of mental impairment perform any commercial activity detrimental to their heritage or family to which it is part, an analysis of the case law and rulings of higher courts also will this issue finally will be a documentary analysis article studied.
Nuevas cargas procesales para las entidades públicas en el proceso contencioso administrativo a la luz de la ley 1437 de 2011
La Ley 1437 de 2011 que implantó la oralidad en el procedimiento contencioso administrativo, surge como una necesidad de adaptarse a la constitucionalización del derecho que permite a la Justicia Contencioso administrativa responder a la realidad histórica que para el momento le competía. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contempló novedosas figuras jurídicas como lo es Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades, fortaleció figuras existentes como el Derecho de petición, e impuso en sede judicial cargas procesales a las entidades pública con sanciones por su incumplimiento, que permiten efectivizar los derechos de los ciudadanos que acuden a las entidades públicas o se ven afectados por éstas.
Delewvsky Susan Yellyzza Contreras Álvarez
El principio de congruencia en el procedimiento penal colombiano
The aim of this paper is to analyze the scope and limitations of the principle of consistency regarding the wording of the complaint concerning the conviction in the Colombian criminal proceedings. It includes a study with qualitative approach and descriptive based on exploration, systematization and interpretation of the law and jurisprudence. The results of the research focus on three scenarios: the matching principle from the law and jurisprudence, the factual and legal consistency, the matching principle concerning the hearing of imputation and the Bill that seeks to reform Criminal Procedure eliminating the so-called hearing wording of the complaint. The results show a laxity of the principle of consistency in terms of the legal qualification allowing modifications to the same evidentiary phase of the trial, which has been made possible by the contributions of jurisprudence as Law 906 of 2004 has gaps in this topic to refer only the charge-ruling relationship
Responsabilidad extra-contractual y patrimonial del estado por falla en el servicio médico
En el presente artículo se analiza la responsabilidad extra-contractual y patrimonial del Estado por la falla en el servicio médico en Colombia, la cual ha tenido una importante evolución a través de los diferentes pronunciamientos proferidos por el Consejo de Estado, por medio de los cuales se ha definido el régimen jurídico aplicable a los supuestos en los cuales se reclama el reconocimiento de responsabilidad extracontractual del Estado, ocasionada por los daños causados por razón de las actividades médico-asistenciales; así mismo se han se han establecido unos criterios a aplicar tratándose de este tipo de responsabilidad; y además, se han delimitado unos tipos especiales de daños antijurídicos que pueden darse en la responsabilidad médica del Estado.
Postulados del principio de estabilidad laboral reforzada en colombia
La estabilidad laboral reforzada es una institución ampliamente definida y establecida por la Corte Constitucional, la cual ampara sujetos de especial protección, que debido a su particular situación presentan mayor grado de vulnerabilidad frente a sus compañeros y superiores. Aunque no existe un derecho fundamental a la conservación del empleo dentro del ordenamiento jurídico colombiano, es menester resaltar que el Derecho al Trabajo es un derecho que ha sido incorporado en la Constitución Colombiana, razón por la cual, este derecho ha sido objeto de estudio y ampliación a través de la Jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, mediante el desarrollo del concepto de estabilidad laboral reforzada, a través del cual, se ha pretendido otorgar especial protección a trabajadores que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, claramente definidos, a los cuales, les otorga un fuero de protección laboral. Entre los grupos poblacionales identificados como de especial protección constitucional, tenemos a aquellas trabajadoras que poseen fuero por causa de la maternidad y la lactancia, quienes por situaciones de salud o discapacidad merecen se amparados por un fuero especial por enfermedad y por último, encontramos a aquellos trabajadores que por su rol como sindicales, merecen protección en cuanto a su estabilidad laboral, como quiera que, en virtud del derecho de asociación demandan un fuero especial que garantice la continuidad de la relaciones laborales que ostentan. En consecuencia garantizar un fuero de estabilidad laboral reforzada a grupos de trabajadores como los mencionados, no solo salvaguardar los derechos de estos en particular sino también genera la protección de la sociedad en general, como quiera que, alrededor de tales trabajadores existe un tejido social que de manera indirecta se ve protegido también.
Implicaciones del proyecto de ley sobre extensión de la licencia de maternidad en colombia
El objetivo de este artículo es analizar las implicaciones del Proyecto de Ley que extiende la licencia de maternidad en Colombia. La iniciativa legislativa introducida por el Centro Democrático en el 2015 busca que se amplié la licencia de maternidad a 18 semanas con posibilidades de ser extendida a 24 semanas para un total de seis meses. Sin duda alguna, esta propuesta que modifica los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo trae consigo beneficios para los niños y niñas recién nacidos por la posibilidad de cuidado, atención y protección que le pueden brindar sus padres, pero también puede traer efectos negativos sobre las mujeres en el mercado laboral quienes desde el punto de vista histórico han debido enfrentar las actitudes y las prácticas discriminatorias en el trabajo. Este artículo tiene un enfoque cualitativo y es de tipo jurídico fundamentado en el análisis del Proyecto de Ley en mención, el ordenamiento jurídico y algunos estudios sobre la situación de la mujer en el mundo laboral. Los resultados evidencian que: (a) la iniciativa legislativa encuentra sustento en el marco el Sistema de los Derechos Humanos, el interés superior de los derechos de la niñez (art. 44 de la CP) y el orden neoliberal, y (b) el Proyecto de Ley no consideró las implicaciones sociales para las mujeres embarazadas de extender la licencia de maternidad.
Efectos jurídicos del silencio administrativo en los servicios públicos domiciliarios (ley 142 de 1994)
El presente artículo tiene como objetivo profundizar en el estudio normativo, doctrinal y jurisprudencial de los efectos jurídicos del silencio administrativo positivo, en materia de los servicios públicos domiciliarios; así como, profundizar en el estudio de los derechos que tiene los usuarios o suscriptores en materia de los servicios públicos y los deberes que tienen las empresas. Para desarrollar el objetivo propuesto, se realizó un estudio de los cimientos jurídicos y sociales de los servicios públicos en Colombia, destacando que, con la Constitución Política de 1991, se constitucionalizó el derecho, creando derechos fundamentales y dándole la importancia a los servicios públicos. Es allí, donde se puede destacar que presentar una petición respetuosa ante una entidad prestadora de servicios públicos, es de tal importancia que la Ley le exige un término para darle respuesta y si no llegare a hacerlo, lo sanciona mediante la figura del silencio administrativo, que en materia de servicios públicos es positivo; teniendo como efecto principal que lo solicitado en la petición, se concede a favor del peticionario y en contra de la empresa; pero esto no quiere decir que la empresa no conteste dicha petición, lo deberá realizar, so pena de una investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante SSPD, y de una investigación disciplinaria al empleado o funcionario que omitió dar respuesta. En este trabajo se logró evidenciar el marco jurídico del silencio administrativo positivo, sus efectos y como poder activarlos o usarlos, con el objetivo de que los usuarios o suscriptores defiendan sus derechos.
Análisis de la reparación como derecho de las victimas frente al proceso de paz en el departamento norte de santander.
La violencia se caracteriza por ser un conjunto de acciones desarrolladas hacia los individuos generando lesiones y quebrantamientos hacia los derechos que se encuentran enmarcados en el ordenamiento jurídico colombiano, situación que infortunadamente ha estado presente y latente obteniendo como víctimas a una sociedad colombiana en todo su territorio. Estas acciones se han desarrollado en gran mayoría desde el conflicto interno armado, donde el grupo armado al margen de la ley denominado FARC atento en variadas ocasiones ante la población civil.
Mecanismo de subasta inversa electrónica para la disminución del gasto público, en la gobernación de norte de santander
Colombia, es considerada como un país de políticos corruptos y ciudadanos conformistas, donde la palabra corrupción hace parte de la cotidianidad de la nación. Existen múltiples formas de saquear al estado de manera de manera sistemática y continua, afectando así la estructura política, social y económica del mismo. Siendo un problema de orden nacional, el departamento Norte de Santander no es una excepción. En estudios realizado por la Sociedad Colombiana de ingenieros, en el año 2014, en los procesos de contratación, adelantados en el departamento, ninguno logro tener en promedio 2 participantes, lo que deja en evidencia la posible corrupción presente en estos, y el destino incorrecto de la mayoría de los recursos del estado, en el departamento. Lo alarmante es que las entidades estatales, no cuentan con un mecanismo para controlar esta problemática. Entre las herramientas para controlar este suceso, encontramos una muy especial, denominada subasta electrónica inversa, que últimamente se ha constituido en un mecanismo muy importante o una estrategia muy efectiva para combatir la corrupción en la contratación de entidades estatales en todas sus modalidades. Además de ser muy económica en su fase de implementación, permite observar en tiempo real el valor de los artículos, servicios u obras a contratar, permitiendo acceso a la información a todos los ciudadanos, lo cual se adapta perfectamente a la Gobernación de Norte de Santander, realiza contrataciones por varios millones de dólares durante todo el año fiscal en diferentes tipos de artículos, obras de infraestructura y servicios.
Incorporación de áreas de expansión a suelos urbanos frente a los planes parciales
Con el presente artículo se pretende hacer una valoración jurídica sobre la importancia y relevancia de la exigencia de planes parciales a propietarios de terrenos ubicados en zona de expansión urbana para efectos de ser urbanizados, en la medida que éste documento no lo exonera de solicitar la Licencia de Urbanismo donde los prerrequisitos para su elaboración se encuentran contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, en adelante POT, por tanto van a ser los mismos con los que se elabora el plan parcial. Desde la creación de los instrumentos urbanísticos denominados planes parciales por la Ley 388 de 1997, los ciudadanos han visto con buenos ojos su consolidación para permitir la renovación urbana, a mediana o gran escala, de fragmentos de nuestras ciudades sometidos a un paulatino deterioro, como es el caso de la mayoría de nuestros centros urbanos, esta renovación solo se podría dar con la implementación de este tipo de actuaciones urbanísticas, porque el pensar en una intervención predio a predio sería un fracaso inminente. Este tipo de planes parciales de origen estatal, son un medio eficaz para intervenir porciones de ciudad que deban someterse a renovación urbana, ya sea por el deterioro de su estado actual, por necesidad en el aumento de las densidades por falta de terrenos urbanizables, entre otras razones. En contravía de los anteriores, están de los planes parciales de origen privado, los cuales solo pretenden incorporar terrenos ubicados en áreas de expansión urbana a suelo urbano, incorporación que debería llevarse a cabo durante el periodo de revisión de cada POT, por iniciativa del burgomaestre de turno.
“Implicaciones de las reglas de subsanabilidad en los procesos de contratación estatal en colombia”
Las reglas de subsanabilidad en contratación estatal son instrumentos que permiten solucionar o corregir la acreditación de requisitos durante la etapa de selección de oferentes en un proceso contractual con entidades públicas. La corrección o subsanación de esos requisitos no pueden ni podrán incidir en la asignación de puntajes o evaluación de la propuesta, pues se trata de garantizar a los oferentes la acreditación de documentos conforme a las condiciones del pliego y así asegurar una justa y equitativa competencia en la presentación de ofertas. Abordar el asunto de requisitos de subsanabilidad es un asunto delicado cuando pueda presentarse alteración en las reglas del juego previamente convenidas en el pliego de condiciones. Por tanto, se intenta establecer en esta propuesta investigativa, hasta dónde los agentes estatales gozan de la potestad y autonomía para ejercer la subsanabilidad y hasta dónde la facultad normativa no se aplica por diversos criterios de las entidades públicas.
Efectividad de las medidas provisionales decretadas en la acción de tutela.
Las medidas provisionales otorgadas por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cúcuta en el año 2015, tienen importantes consecuencias para la consolidación del reconocimiento de los derechos humanos. Pues las medidas provisionales otorgadas por el mismo, tutelaron los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud, entre otros derechos, dentro de los cuales se ordenaba que se realizaran todos los tratamientos médicos indicados para protegerlos. Con la dictación de estas medidas provisionales, la decisión contiene al menos tres aspectos que merecen atención: primero, las medidas reiteran el razonamiento que se había desarrollado en los diferentes casos que se presentan en la cotidianidad de éste Despacho judicial. Segundo, las medidas provisionales reconocen explícitamente la dimensión psíquica del derecho a la salud, lo que también reitera el alcance de su protección desde el derecho a la integridad personal y; por último, las medidas provisionales solidifican el reconocimiento de los derechos reproductivos. Este trabajo de grado abordará el valor de las medidas provisionales para comprender la efectividad de su contenido para la jurisprudencia. Así mismo, se dará cuenta de manera general de los hechos que dieron origen a la dictación de las medidas provisionales por el mencionado Despacho judicial, para finalmente abordar las principales implicancias de esta resolución de acuerdo a los tres puntos planteados.
Cumplimiento al incidente de reparación integral de las víctimas de jorge iván laverde zapata alias “el iguano” en la ciudad de cúcuta.
Uno de los principales victimarios de las Autodefensas Unidas de Colombia – Bloque Catatumbo, Frente Fronteras fue su jefe Jorge Iván Laverde Zapata, alías “El Iguano”, quien perpetró diferentes crímenes en especial asesinatos y desapariciones forzadas de líderes, campesinos, mujeres, y población en general, durante su accionar en el Catatumbo nortesantandereano, situaciones que han ido esclareciéndose gracias a lo consagrado en la Ley 975 de 2005 mediante la cual se fijaron disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, dentro de los cuales se encuentran una serie de beneficios a cambio de la confesión de sus crímenes, que garanticen el esclarecimiento de la verdad, y la reparación a las víctimas, para lo cual se celebrará el incidente de reparación integral establecido el artículo 23 de dicha ley.
Liquidación de la sociedad conyugal y/o patrimonial frente a los bienes con medida de protección por parte del estado en cúcuta
En la investigación sobre la liquidación de la sociedad conyugal y/o patrimonial frente a los bienes con medida de protección por parte del Estado en Cúcuta, se examina el marco legal aplicable a este tema; asimismo, se identifican los mecanismos que se utilizan en el proceso de la liquidación de la sociedad conyugal y/o patrimonial frente a los bienes con medida de protección por parte del Estado en Cúcuta; y finalmente, se determinan las implicaciones que surgen de la liquidación de la sociedad conyugal y/o patrimonial frente a los bienes con medida de protección por parte del Estado en Cúcuta; lo anterior, a fin de esclarecer si los bienes afectados con la medida del patrimonio de familia (voluntario u obligatorio) constituido en la sociedad conyugal puede levantarse a fin de poder proceder a liquidar la misma, luego de su disolución, o si solo se puede disolver la sociedad conyugal, pero no liquidarla.
la responsabilidad civil y penal del empleador frente a los eventos de acoso laboral en el contexto jurídico colombiano
El objetivo del paper es analizar la responsabilidad civil y penal del empleador frente a los eventos de acoso laboral en el contexto jurídico colombiano. Para lo anterior, se ha hecho una revisión legal, doctrinal y jurisprudencial en torno al tema objeto de estudio en el marco de la investigación jurídica. En primer lugar se aborda la noción jurídica del acoso laboral a partir de una interpretación de la doctrina y la jurisprudencia. Seguido, se analiza la Ley 1010 de 2006 en correlación con el Código Sustantivo de Trabajo a fin de establecer las obligaciones y deberes que tiene el empleador respecto a la seguridad de los trabajadores así como el goce efectivo de sus derechos, aspecto sobre el cual puede fundamentarse la responsabilidad civil y penal del empleador en casos de acoso laboral. Por último, se estudia los diversos tipos de responsabilidad que tiene el empleador frente a los eventos de acoso laboral. El análisis permite concluir que determinadas conductas de acoso laboral pueden tener repercusiones en otros ámbitos jurídicos como el civil y el penal.
La inversión de la carga de la prueba en colombia y el debido proceso del demandado
En el proceso judicial en Colombia la etapa probatoria trata de establecer en el Juez el más alto grado de conocimiento sobre la razón de una de las partes en la pretensión y la excepción. Es así como en la noción clásica de la carga de la prueba, la de oficio, principalmente, se ha construido en desarrollos directos del ordenamiento jurídico que expresamente los ha consagrado y desarrollado. Sin embargo, un razonamiento distinto se ha edificado desde la jurisprudencia en la institución de la inversión de la carga de la prueba, noción distinta de las anteriores dada su influencia sobre el debido proceso particularmente del demandado. Esta naturaleza distinta evidencia la necesidad de un estudio preciso que le distinga de la nueva incorporación del Código General del Proceso en la carga dinámica de la prueba.
La función resocializadora de los operadores en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes - srpa en el departamento norte de santander
La finalidad resocializadora de la sanción dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes –SRPA en Colombia esta relacionado con la teoría del Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli, donde el proceso judicial y sancionatorio está rodeado de límites y garantías donde prima el interés superior del niño. También se puede establecer relación con el modelo de justicia Restaurativa y de Paz, para gestar prácticas que permitan la reparación del daño y la mediación entre la víctima y el victimario, con la participación del equipo interdisciplinario de los operadores, de las autoridades y entidades del sistema; y de esta manera cambiar el paradigma penal del adolescente por un sistema sancionatorio que tenga una finalidad protectora, educativa y restaurativa que asegure el proceso de reinserción familiar y social de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con el sistema penal, y de esta manera asegurar el restablecimiento de derechos de los cual son garantes la familia, la sociedad y el estado.
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
Análisis de la oposion del deudor en el proceso monitorio
El estudio de la oposición del deudor en el proceso monitorio, requiere un entendimiento claro frente a las principales características de esta clase de proceso, así como también las implicaciones y alcances del derecho de contradicción. Preséntese en este estudio una de forma sucinta cada una de estas categorías, las cuales resultan el insumo para una serie de exposiciones que resultan interesantes en torno al tema planteado, descúbrase cuales son las principales manifestaciones de la contradicción en la forma monitoria, sus alcances y perspectivas, desde un estudio documental y doctrinal del asunto
Los derechos sucesorales de los compañeros permanentes dentro de la vigencia de la unión marital de hecho en la notaria sexta de la ciudad de cúcuta en el año 2015.
Since the recognition of de facto marital unions became Law 54 of 1990, permanent colleagues have found an evolutionary protection of their rights, leading in various aspects, to equate the effects of such binding to those granted by marriage for civil purposes. However, in terms of rights sucesorales great inequality still persists. Have been the High Courts who through its various pronouncements which have been granted equal treatment of the rights of permanent companions against spouses.
Incidencias de la resolución no. 2090 De 2014 del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, frente a los derechos adquiridos de propietarios – caso páramo de santurbán
Paramo Santurbán, consists of an area of approximately 98,994 hectares, and was bounded by the Ministry of Environment and Sustainable Development, by Resolution 2090 (14 December 2014), through which three zones were defined (preservation, restoration and sustainable use), as well as its uses and activities, this in order to preserve the ecosystem and protect the environment; however, this decision affects the owners, ie persons who have acquired rights in this area, since this delimitation, as well as with the provisions of Law No. 1450 of 2011, is no overtaking agricultural activities, exploration or exploitation of hydrocarbons and minerals, among other ecosystems in the moors, which came the livelihood of the inhabitants of this area.
Implicaciones jurídicas del control de convencionalidad en el ámbito jurisdiccional en colombia.
There was perceived that the control exists of convencionalidad´s exercised by an international court with full powers which have been granted or conceived for he them wasgiving birth members on instruments having adhered and to be ratified of I waste internationally, since it is the case of pacts, treats and agreements. That force the civil servants entrusted to issue the law, administrative acts and / or you reform to the constitution, the duty to be adapted by the content of the top internal norm, as of the international dispositions as for Law Human beings. Of there that every person without any distinction of creed, race, sex, political or cultural ideology, can come to two international organs of regional character (for the Americas) which are the Inter-American Commission of Human rights (CIDH) and the Inter-American Court of Human rights (CorteIDH), whose functions are of check, emission of concepts and later sanctions and sentences to the conditions departs from the above mentioned system. Under the guarantee of general beginning of the international public law, which in the execution are reflected as a supranational instance, which he contributes as a form of control and later decrease as for the constitutive facts of violations and other affectations to the juridical goods of the partners which in certain occasions result to have protection small in the juridical internal classifications, reason for which one comes to the above mentioned international instances, which it has full powers to modify, to suppress and to adapt the laws without altering the sovereignty not the juridical area that generates internal commotion in the study divides taking as a source the obligatory nature of the beginning of international law.
General Beginning of the International Law
Implementación del trámite de cesación de los efectos civiles de la unión marital de hecho, de compañeros permanentes de común acuerdo, en la notaria sexta de cúcuta.
In recent years the de facto marital unions between permanent companions, have become increasingly important, as the most common form that have adopted couples who are not married, they make a permanent and unique community life; so the new General Code of Procedure (Law 1564 of 2012), ruled that can bring about the cessation of the civil effects of these, through notary. This, coupled with the regulations given by Decree 1664 of 2015 in terms of requirements and procedures, which has led to the Notaries add under procedures that offer citizens, and that advance in his notarial function, this procedure, which can be advanced by the interested parties directly, or by proxy.
Análisis del desarrollo de los procesos por intimación o monitorios en colombia, uruguay y españa
The payment procedure or process is now established in countries such as Uruguay, Spain and Colombia, however its regulation has different characteristics, so as to be pure type, or documentary. Moreover, it also provides for the collection of various money claims issues, as is the case of Uruguay. Similarly, the requirements for this appropriate, and its procedure is performed differently according to the laws of each country; ie in different legal systems this process has been adapted according to the needs.
Vulnerabilidad de los derechos humanos por los falsos positivos
Ante la problemática que presentan hoy en día muchas instituciones en el tema de derechos humanos, este trabajo busca presentar una síntesis de la situación actual del país en cuanto a los derechos humanos y su particular situación con el derecho internacional humanitario. Para el gobierno como para las Fuerzas Armadas es necesaria la aplicación del DIH, sin embargo, el país se encuentra inmerso en un sin número de violaciones a este derecho bajo la figura de las necesidades del conflicto armado en donde la población civil es la más damnificada.
Resocialización y dignidad humana en el sistema penitenciario y carcelario colombiano
La resocialización de los sujetos post penados se basa en el marco jurídico de la ley 65 de 1993, que establece parámetros normativos claros para el desarrollo del tratamiento penitenciario y carcelario, con la aplicación del Plan de Acción y Sistema de Oportunidades P.A.S.O. La acción de justicia en su función pública dentro del Estado Social de Derecho Colombiano, promueve la resocialización como un derecho que inculca en los internos la voluntad de vivir conforme a la ley, capaces de proveer su sustento en cumplimiento de sus responsabilidades, dentro del marco legal para poder vivir en comunidad (Congreso de la República de Colombia, 1993). La presente investigación tiene como objetivo principal establecer las obligaciones del Estado en cuanto a las políticas de oportunidades de vida laboral en el proceso de resocialización del sujeto post penado, para proveer su sustento y lograr el libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, la investigación aplicada, activa y dinámica, confronta el problema concreto de la falta de oportunidades en el mundo laboral del post-penado, teniendo como base la investigación documental basada en la ley 65 de 1993 y el plan de acción y sistema de oportunidades P.A.S.O. Igualmente, se consideraron artículos científicos, como el del Doctor Posada Segura que aborda el tema penitenciario y otros temas de actualidad, mediante diarios de amplia circulación nacional, como El Tiempo y El Espectador. De esta manera se aborda el contexto de la efectividad del procesado de resocialización y las oportunidades existentes en la vida laboral para demostrar la debida rehabilitación y competencias laborales con el debido respeto a la dignidad humana.
Política criminal y derechos en las cárceles y penitenciarías colombianas
La grave crisis humanitaria en las cárceles y penitenciarías del país se ha evidenciado en el último periodo presidencial; a pesar de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional hace algo más de quince años, la situación solo tiende a empeorar; aunque el problema penitenciario tiene su génesis extramuros, la actitud del Estado corresponde a reaccionar ante la inminente hecatombe mediante una respuesta mediática en la declaratoria de la emergencia carcelaria dirigida a la construcción de más cárceles, sin tomar en cuenta una política pública coherente y tendiente a la solución efectiva del problema.
los medios electrónicos en la modalidad contractual de licitación pública
Los procesos de contratación entre el Estado y los particulares han sido revestidos a lo largo de la historia de múltiples formalismos que se han traducido en reducida participación del sector privado en la contratación, así como en incentivos para las prácticas corruptas. La Licitación Pública, pese a ser la norma por excelencia para seleccionar los oferentes mediante una evaluación objetiva no es la comúnmente aplicada, y parte de esa problemática es debida al mal uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación a los procesos. En este documento se analiza cómo ha sido la evolución histórica de los procesos de licitación pública en Colombia y Chile y la participación de los medios electrónicos como mecanismos que permiten una mayor transparencia, así como las limitaciones actuales que no han sido subsanadas pese a un cambio de normatividad constante. Se resaltan además algunos aspectos relevantes que contiene la legislación colombiana asimilados al sistema electrónico chileno www.chilecompra.cl, que desde hace diez años inició con una plataforma de contratación por vía digital, con fuerte influencia del mercado globalizado y aperturista de la nación del cono sur, con características relativamente aplicables a la Colombia del siglo XXI.
Derechos prevalientes y juez constitucional
En tiempos y lugares diferentes de Colombia, tres seres humanos, recién nacidos, fueron abandonados a la intemperie por quien los parió. Enteradas las autoridades del hecho, y con el fin de dar protección a los derechos fundamentales que les asisten, fueron entregados al I.C.B.F. Como mecanismo de protección de los prevalentes, este instituto, escogió un hogar sustituto y procedió a entregarlos; los nuevos padres, durante varios años, brindaron a los bebés, cariño, ternura, protección, cuidados especiales, recuperación físico - psíquica y formación integral. Intempestivamente “el dueño de los niños”, el Estado, solicita con carácter urgente a los padres sustitutos, la entrega de los infantes para su traslado a la ciudad capital, habida cuenta de la entrega en adopción. Se suscita tragedia familiar, niños, hermanos y padres desconcertados, dispuestos a accionar legal o ilegalmente, se niegan a entregar los pequeños al I.C.B.F. Mediante Apoderado recurren al Juez Constitucional, para efectos de lograr se les otorgue protección y en el tiempo los cuidados y la guarda de los menores, mejor no podría ser sino la adopción de los pequeños. Frente al Juez Constitucional, se reclama tutela o amparo eficaz de protección para los derechos prevalentes de los niños y la familia. Los Jueces Constitucionales de primera y segunda instancia niegan el amparo de los derechos prevalentes de los niños y solo la Corte Constitucional concreta justicia material en este caso, ordena tramitar la adopción. Es válida la sentencia de tutela de protección de derechos fundamentales prevalentes, para lograr la adopción de los desamparados cuyo padre y dueño llegó a ser el poderoso Estado.