Las funciones de la pena en el ordenamiento jurídico colombiano: entre la norma y la realidad penitenciaria

Autores/as

  • Federico de Jesús Lavis-Santander Estudiante de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cartagena.
  • Santiago Pérez-Tapias Estudiante de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Cartagena.

Palabras clave:

Sanción penal, Derecho penal, Sistema penitenciario, Prevención del crimen, Derechos humanos, Reinserción social, Resocialización, Funciones de la pena

Resumen

El presente artículo tuvo como propósito examinar de manera crítica las funciones de la pena en el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente la tensión existente entre su justificación teórica (centrada en la resocialización como fin primordial) y su concreción práctica dentro del sistema penitenciario. Para ello, se desarrolló una investigación de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y analítico, sustentada en la revisión documental de fuentes normativas, doctrinales, jurisprudenciales y empíricas. Las unidades de análisis correspondieron al marco jurídico colombiano en materia penal y penitenciaria, a la doctrina penal clásica y contemporánea sobre las funciones de la pena, y a la evidencia institucional disponible sobre el funcionamiento del sistema carcelario. Las variables principales se articularon en torno a tres ejes, relativos a la legitimidad de la pena en un Estado Social de Derecho, la efectividad del principio de resocialización y la coherencia entre la función declarada de la pena y su aplicación real. El estudio permitió evidenciar que el modelo resocializador, aunque constitucionalmente consagrado, opera en la práctica como una ficción jurídica que encubre finalidades punitivas y retributivas predominantes. Asimismo, se constató una profunda disonancia entre los fines humanistas del derecho penal y las condiciones materiales del sistema penitenciario colombiano, marcadas por el hacinamiento, la reincidencia y la vulneración sistemática de derechos fundamentales. Se concluyó que la pena, en su configuración actual, requiere una relectura integral orientada a la dignidad humana, la justicia restaurativa y la adopción de políticas criminales más coherentes con los postulados del Estado constitucional y democrático de derecho.

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Publicado

2026-10-28