entra Entramado Entramado 1900-3803 2539-0279 Universidad Libre de Cali 10.18041/1900-3803/entramado.1.8644 Ciencia y Tecnología Ocupación y uso campesino de la tierra en el municipio de Pradera (1900-2010): Un siglo de tensiones socio-territoriales * Ocupação e uso do solo no município de Pradera (1900-2010): Um século de tensões sócio-territoriais 0000-0001-9793-7585 Ordoñez-Botero Harold 1 Investigador Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Cali - Colombia hordonezb@gmail.com Pontificia Universidad Javeriana Instituto de Estudios Interculturales Pontificia Universidad Javeriana de Cali Cali Colombia 05 04 2023 06 2023 19 1 23 39 28 04 2022 15 10 2022 Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons RE S U M E N

Si bien los lineamientos vigentes para el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural-OSPR establecen, entre otros criterios, la transversalización del enfoque diferencial y la verificación de presencia de comunidades étnicas, no se reconoce expresamente el derecho a la tierra del campesinado. Partiendo de las perspectivas teóricas del Estructuralismo Agrario y del Enfoque Socio-Territorial, este trabajo busca proponer lineamientos complementarios para adelantar un proceso de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural OSPR que reconozca este derecho, en los corregimientos que actualmente están siendo propuestos para la constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en Pradera, Valle del Cauca. Para tal fin, se hace un acercamiento a la dinámica histórica del poblamiento y apropiación de la tierra por parte del campesinado y se geoespacializan dentro del polígono de la ZRC los predios por rango de tamaño, las coberturas y fertilidad del suelo y la zonificación de la Reserva Forestal, con los cuales se evidencia la existencia de una territorialidad campesina, la necesidad de redistribuir la tierra, de sustraer áreas de la reserva forestal y de acelerar la constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC).

 RESUMO

Embora as diretrizes atuais para a Ordenação Social da Propriedade Rural-OSPR estabeleçam, entre outros critérios, a integração da abordagem diferencial e a verificação da presença de comunidades étnicas, o direito à terra do campesinato não é expressamente reconhecido. Baseado nas perspectivas teóricas do Estruturalismo Agrário e da Abordagem Sócio-Territorial, este documento procura propor diretrizes complementares para avançar um processo de OSPR que reconheça este direito nos municípios que estão sendo propostos atualmente para a constituição de uma Zona de Reserva Camponesa (ZRC) em Pradera, Valle del Cauca. Para este fim, é feita uma abordagem da dinâmica histórica do assentamento e apropriação da terra pelo campesinato e a geo-espatização dentro do polígono da ZRC das propriedades por faixa de tamanho, cobertura e fertilidade do solo e o zoneamento da Reserva Florestal, que mostra a existência de uma territorialidade camponesa, a necessidade de redistribuir a terra, de subtrair áreas da reserva florestal e de acelerar a constituição da ZRC.

 PALABRAS CLAVE: Ordenamiento social de la propiedad rural Zona de Reserva Campesina distribución de la tierra análisis socio-espacial territorialidades en disputa PALAVRAS-CHAVE: Regulamentação social da propriedade rural Zona de Reserva Camponesa distribuição de terras análise sócio-espacial territorialidades disputadas 1. Introducción

La violencia política que a principios del siglo XX fue el motor del desplazamiento de los colonos que fundaron los territorios campesinos en Pradera, al cerrar este siglo y empezar el XXI produjo, a su vez, el desplazamiento y despojo de las tierras a sus descendientes. Este nuevo ciclo violento aparejó consigo la concentración de tierras, el fraccionamiento antieconómico de la propiedad y la informalidad en la tenencia, pero esta vez en un contexto de mayor complejidad, dada la creación de la Zona de Reserva Forestal-ZRF, la constitución del Resguardo Indígena Kwet Wala Kiwe y la expansión desbordada del monocultivo de la caña de azúcar desde los años 60.

En respuesta, las organizaciones campesinas vienen promoviendo la constitución de una Zona de Reserva Campesina ZRC que permita, entre otras cosas, el acceso y la redistribución de la propiedad de la tierra. Esta figura de ordenamiento social, productivo y ambiental, fundamentada en el artículo 64 de la Constitución de 1991 y creada por la Ley 160 de 1994, fue definida como un área delimitada geográficamente, que se caracteriza por el predominio de terrenos baldíos, donde se han dado históricamente procesos de colonización campesina, asociados a una fuerte dinámica organizativa y la presencia de condiciones favorables para la economía campesina (Fajardo, 2014). A su vez, las ZRC tienen como finalidad garantizar condiciones de vida dignas para que el campesinado, como titular de derechos adquiridos que no pueden ser vulnerados ni desconocidos (Corte Constitucional, 2014), pueda permanecer en el territorio transmitiendo sus conocimientos, saberes y cultura de generación en generación.

Teniendo en cuenta que la tendencia hacia la concentración de la tierra ha sido planteada como un elemento estructural del problema agrario en Colombia (PNUD, 2011; ILSA, 2014; DNP, 2015; Guereña, 2017), se proponen tres conceptos base para el desarrollo de la presente investigación: a) concentración de la tierra, b) distribución de la tierra, y c) ordenamiento social de la propiedad rural-OSPR. Estos se definirán de manera sucinta a continuación.

En primer lugar, de acuerdo con Fajardo (2015) la concentración de la tierra se entiende como el proceso mediante el cual los grupos de poder en Colombia se han apropiado de ésta, a través de mecanismos que van desde la formulación e implementación de políticas de apropiación y distribución de tierras públicas favorables a sus intereses, hasta el ejercicio sistemático de la violencia para separar a las comunidades rurales de sus tierras y territorios, limitando el acceso a los mismos.

Por su parte, la distribución de la propiedad de la tierra se entiende como "(...) la forma en que se configura la relación de los propietarios con los predios rurales" (UPRA, 2015, p. 3), pudiendo ser distribuida en forma unimodal, bimodal o multimodal; asumiendo con Suescún (2013) que el atraso y subdesarrollo del sector rural en Colombia, se debe a una estructura agraria (EA) de tipo bimodal

(...) la cual, si bien tiene como principal fundamento la polarización en la tenencia de la tierra, también se caracteriza por la baja tributación en el sector rural, la elevada conflictividad entre pequeños y grandes propietarios y bajos niveles de ahorro, inversión y crecimiento... (p. 660).

En tercer lugar, el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural - OSPR fue definido por la UPRA (2017) como:

(...) un proceso de planificación y gestión para ordenar la ocupación y uso de las tierras rurales y administrar las tierras de la Nación, que promueve el acceso progresivo a la propiedad y a otras formas de tenencia, la distribución equitativa de la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la planificación, gestión y financiación del suelo rural, y un mercado de tierras transparente y monitoreado, en cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural (p. 4).

Sin embargo, el OSPR se abordará críticamente desde el enfoque socio-territorial (Mançano, 2006), a partir del cual se entiende el territorio como el espacio físico y social controlado, apropiado y dominado por algunos actores sociales. Concepción que permite entender que, el ejercicio del poder sobre el espacio por parte de distintos actores sociales, dinamiza procesos de ordenamiento del territorio y crea diversas territorialidades, que al yuxtaponerse se trenzan en conflictos socio-territoriales.

En este sentido, dos aspectos de la constitución política colombiana reflejan esas correlaciones de fuerza y se expresan en el ordenamiento territorial. De un lado, está la propiedad privada, puesto que su concepción antes de la constitución de 1991 remitía a un derecho absoluto de libre uso, goce y disposición del bien; mientras que, con la inclusión de la función social y ecológica en esta, se modificó "(...) radicalmente la forma tradicional de uso y gestión del suelo rural y (se) abre una forma solidaria de habitar los territorios" (Estrada, 2013, p. 203). Por otra parte, el reconocimiento asimétrico de derechos territoriales para las comunidades rurales a partir de esta constitución, ha redundado en mayores desigualdades entre indígenas, afrodescendientes y campesinos (Duarte y Castaño, 2020), expresándose en conflictos por la constitución de resguardos, títulos colectivos y/o ZRC.

En este orden de ideas, surge la cuestión de ¿Cómo ordenar el territorio para garantizar el acceso y la redistribución de la tierra por parte de las comunidades campesinas de Pradera, como condición necesaria para la permanencia en el territorio en condiciones dignas?

Así, el presente trabajo busca proponer lineamientos complementarios para adelantar un OSPR que beneficie al campesinado en el municipio de Pradera-Valle del Cauca, específicamente en los corregimientos que actualmente están propuestos para la constitución de una ZRC. Asumiendo que esta figura sirve como mecanismo para corregir los procesos de concentración y fraccionamiento antieconómica de la propiedad -disminución del tamaño por debajo de la viabilidad económica de las actividades agropecuarias-, facilitando la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural. Bajo el entendido que el desarrollo rural es un modelo asociado a la redistribución equitativa de la tierra, el fortalecimiento de la economía campesina y de las prácticas de conservación ambiental; en otras palabras, al pleno desarrollo del buen vivir de las comunidades rurales.

Para tal fin, luego de esta introducción, se dedicará un apartado a abordar el proceso de ocupación de la montaña en Pradera, señalando hitos relevantes para entender la aparición del campesinado y los avatares que han llevado a la situación de la tenencia y distribución de la tierra actual. Seguidamente, se dimensiona y mapea la situación de distribución predial de la tierra en el área de estudio por rangos de tamaño, se hace una aproximación a la situación de formalidad en la tenencia de la tierra y se precisan geo-espacialmente algunas características biofísicas para ponderar las tensiones socio-territoriales. Luego, se presentan las discusiones entre los datos recolectados y el marco teórico de referencia para, finalmente, señalar en un último apartado las propuestas de lineamientos complementarios para el OSPR en la ZRC de Pradera en proceso de constitución, a manera de conclusiones.

 2. Metodología

Se trata de un trabajo que asumió el ejercicio de investigación como parte del compromiso social con las causas populares del campesinado del municipio de Pradera, ubicado en la región sur-oriental del departamento del Valle del Cauca, adoptando un diseño metodológico que pone en diálogo los saberes comunitarios en la construcción de su propio territorio, con la información y los planteamientos teóricos relativos al OSPR y las ZRC.

Para lograr los objetivos se hizo consulta de fuentes primarias y secundarias buscando información cuantitativa y cualitativa. La consulta de fuentes secundarias giró en torno al análisis crítico de la normatividad sobre el OSPR y las ZRC en Colombia. También se revisaron estudios de caso colombianos publicados en la última década, relacionados con la distribución de la tierra.

Además, utilizando la distribución de frecuencias como técnica de análisis estadístico descriptivo (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014), se hizo un acercamiento a la dinámica demográfica, al tipo de tenencia de la tierra, al tipo de actividades productivas y al rango de tamaños prediales en el área de estudio delimitada, a partir de las bases de datos del Censo Nacional Agropecuario-CNA, del DANE, del IGAC y de la ANT. Además, se hizo un análisis espacial (Rodríguez y Rincón, 2013) con Sistemas de Información Geográfico, a partir del polígono delimitado por el equipo del Instituto de Estudios Interculturales-IEI, utilizando las bases de datos abiertas de la CVC, del IGAC y de la cartografía asociada a la resolución 1922 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS, como método mixto para hacer la caracterización predial y biofísica del área de estudio.

Mediante métodos cualitativos y trabajo con la comunidad como fuente primaria, en el marco del trabajo de campo realizado por el Instituto de Estudios Interculturales-IEI (Convenio No. 943 de 2019 ANT- PNUD-IEI), se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 403) entre los meses de agosto y noviembre del 2020 (cuatro individuales y una colectiva) a 7 líderes y lideresas de los corregimientos de San Isidro, Lomitas, La Feria, La Fría y La Ruiza; seleccionados tanto por su filiación familiar con fundadores y líderes de los corregimientos, como por su papel activo en las dinámicas sociales y comunitarias, desarrollando un diálogo en torno a tres ejes temáticos: la historia del poblamiento de la región, la historia de los conflictos en el territorio y las proyecciones frente al tema de la distribución de la tierra. Finalmente, los resultados de las entrevistas fueron sistematizados, clasificados y organizados utilizando el software de Microsoft Excel para identificar los elementos más relevantes en torno a los ejes de diálogo.

Es necesario aclarar que la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 desde comienzos del año 2020, impactó de manera negativa el desarrollo metodológico de la investigación, tanto por las limitaciones para el desplazamiento hacia los territorios, como por la imposibilidad de acceder a fuentes secundarias que sólo se encuentran en la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle. No obstante, se hicieron todos los esfuerzos para mantener inalterada la rigurosidad en el proceso investigativo.

 3. Caracterización del problema de la tierra del campesinado en Pradera 3.1. Proceso de colonización y conformación de un territorio campesino (1900-1960)

El repoblamiento (Palacio, 2006) de las tierras templadas y frías del municipio de Pradera se empieza a registrar a principios del siglo XX, inicialmente en los corregimientos de Lomitas y El Retiro en el año 1.900, con la llegada de colonos provenientes del Cauca, Cundinamarca y el viejo Caldas. Dinámica que se extenderá por las siguientes décadas con la llegada de más colonos (mestizos e indígenas) provenientes del Cauca, Tolima, Boyacá y la zona plana del Valle del Cauca, hasta la década de los 60 cuando se funda el corregimiento de San Antonio (ANZORC; CMDR, 2019, p.12).

Comparación del Crecimiento Poblacional de Pradera entre su cabecera y su zona Rural (1870-2018). (Fuente: Elaboración propia con base en: (Valdivia, 1980, p. 108), (DANE, 1905), (DANE, 1912), (DANE, 1942) , (DANE), 1951) , (DANE, 1964), (DANE, 1973), (DANE, 1985), (DANE, 1993), (DNP 2021).

Este proceso tuvo una incidencia significativa en el crecimiento poblacional del municipio durante el periodo mencionado, como se aprecia en la gráfica 1. Es clara la tendencia al crecimiento de la población rural hasta 1951, representando la mayoría de la población del municipio hasta 1964, cuando se hacen evidentes los efectos de la "Violencia" y comienza a florecer la agroindustria de la caña de azúcar, aumentando la población en el casco urbano hasta casi septuplicar la de la zona rural (DNP, 2021), que disminuyó un 33,5% entre 1951 y el 2013.

Sin presencia estatal, sin vías de acceso ni medios de comunicación avanzados, la apropiación de tierras para la apertura de sus fincas se hizo mediante la posesión de facto, utilizando como mecanismo de alinderamiento, los accidentes geográficos, "el alcance de su vista" y el respeto al valor de la palabra, constituyendo fincas de mediano y gran tamaño. Un aspecto relevante en este sentido, señalado por todas las personas entrevistadas, es el criterio de parentesco familiar o de algún tipo de vínculo social, entre los colonos fundadores y las familias campesinas a quienes posteriormente les cedían o vendían parte de sus tierras. Esto a la postre configuró comunidades (los actuales corregimientos) con vínculos de parentesco muy estrechos, así como códigos de conducta recogidos en normas de convivencia comunitaria que garantizaron durante algún tiempo su armonía y estabilidad interna. Al respecto, uno de los fundadores del corregimiento San Isidro señala:

El narcotráfico por aquí no compró tierras, pero sé que sí en otros sitios, como La Carbonera, Los Pinos y en la parte plana sí Aquí había un acuerdo en la comunidad de que no se le vendía a cualquiera y eso nos ayudó muchísimo. Ahora eso ya se olvidó y ya ni siquiera a la JAC le avisan que van a vender ni mucho menos a quien (entrevista 4, 21 de octubre, 2020).

Este proceso también implicó la llegada de nuevos cultivos, producidos con distintas prácticas culturales que poco a poco fueron caracterizando a la región como despensa de alimentos para municipios como Palmira y Cali. Alimentos que eran transportados a los mercados a lomo de mula a través de caminos de herradura abiertos a pico y pala en jornadas de trabajo comunitario, como lo recuerda el líder de San Isidro:

En esa época para bajar al pueblo era a pie o a caballo. Mi papá tenía unas bestias y se llevaba de acá lo que era mafafa, granadilla, yuca, arracacha y el café; era lo que él llevaba a vender a Pradera y a veces le tocaba a Palmira. Y había mucha gente que desde aquí se iba hasta Cali. La carretera aquí llegó en el 65 más o menos. Primero la comenzamos a pico y pala desde allá abajo de Pueblo de Lata... (entrevista 4, 21 de octubre, 2020).

De este modo, un nuevo territorio se iba tejiendo en las tierras templadas y frías de la cordillera andina del suroriente vallecaucano: el territorio del campesinado montañero. Así mismo, se dio origen a un nuevo grupo social en el municipio, a partir de la apropiación de la tierra y transformación del paisaje para la producción de alimentos en fincas familiares agrodiversas, en una dinámica de adaptación a las nuevas condiciones y de mezcla intercultural. Sobre este grupo social en particular recaerán los rigores del conflicto armado interno, como se verá a continuación.

3.2. La guerra y la configuración de la estructura bimodal (1960-2010)

Con la consolidación de territorios campesinos en Pradera, surgirán nuevas conflictividades entre estos y otros actores que inciden en el territorio. Además del conflicto por la tierra, los líderes y lideresas entrevistados señalaron el conflicto por el agua con los ingenios azucareros como el principal conflicto socio-territorial, seguido del conflicto por la quema de la caña de azúcar y el conflicto por la fumigación de los cañaduzales, los cuales tienen consecuencias negativas para el ambiente, los cultivos y la salud de las familias campesinas. También, se señaló el problema de las acciones militares como el principal conflicto socio-territorial con el Estado.

Ahora bien, el carácter conflictivo del proceso de repoblamiento del territorio, tuvo un periodo de degradación durante las últimas cuatro décadas del siglo XX y la primera del XXI, cuando el ciclo vicioso de la violencia llegó al paroxismo de la reacción narco-paramilitar. Fenómeno que, de acuerdo con el CNMH (2014), fue auspiciado por narcotraficantes y algunos sectores del empresariado vallecaucano con la connivencia del Estado, ante la creciente resistencia social contra las injusticias del modelo socio-económico y político impulsado por las élites. Resistencia expresada de múltiples formas, como el surgimiento de asociaciones campesinas, la organización de sindicatos de corteros de caña, la creación de cabildos indígenas y la llegada de organizaciones insurgentes como el M-19 y las FARC-EP.

De acuerdo con la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto social y armado del municipio (Corporación para el Desarrollo Regional, 2013), entre las décadas de 1960-1970 se vivió un intenso proceso de concentración de la tierra, auspiciado por terratenientes que presionaban de distintas maneras a los campesinos para la venta de sus fincas, así como un proceso de transformación productiva, pasando de ser "(...) parte de la "despensa agrícola de Colombia", en donde se cultivaba algodón, plátano, habichuela, millo, frutales, a ser un territorio con tierras dedicadas al monocultivo de la caña" (p. 43).

Posteriormente, entre los años 1998 y 2001, el conflicto armado se degradará hasta llegar al vórtice de las masacres paramilitares ocurridas en corregimientos como La Ruiza, combinados con múltiples atrocidades cometidas en todo el territorio bajo el pretexto de combatir a la guerrilla de las FARC EP, siendo el campesinado uno de los principales afectados con el 41,3% del total de hechos victimizantes registrados (IEI Universidad Javeriana de Cali. Dejusticia y Comisión Colombiana de Juristas., sf).

Las consecuencias más significativas de todo este proceso fueron el desplazamiento masivo de las comunidades rurales, el despojo y el aumento en la concentración de la tierra, reflejados en el registro de 5.306 personas desplazadas forzosamente para el 2015 (Observatorio para la paz del Valle del Cauca, 2015, p. 27). Esto ubicó a Pradera como un municipio con un Indice de Riesgo de Victimización-IRV alto. Igualmente, la UPRA (2016) encontró que Pradera tiene un índice de Gini de la propiedad rural de 0,8863, lo que significa que el 10% de los propietarios que más área tienen concentran alrededor del 84% del área de los predios privados agropecuarios del municipio.

Sin embargo, hay un contraste en la respuesta de las comunidades ante estos fenómenos. Por un lado, los habitantes de la zona plana fueron subsumidos por el desarrollo de la agroindustria de la caña, siendo proletarizados y desplazados hacia el casco urbano del municipio, en un proceso que se conjuga con la dinámica de concentración de tierras y el "vaciamiento demográfico" (García, 1936, p.56). Por otro lado, los campesinos montañeros han sustentado la permanencia de su cultura y economía en el territorio hasta el presente, a pesar de la guerra y a costa del fraccionamiento antieconómico de sus fincas y la pauperización de sus economías, como se verá en el siguiente apartado.

 3.3. Tenencia de la tierra en la ZRC-Pradera: ¿formalización o redistribución?

De acuerdo con la información catastral, el municipio de Pradera tiene un total de 3.393 predios rurales que ocupan 35.673,06 ha (IGAC, 2013), de los cuales 748 predios están dentro del polígono propuesto para la constitución de una ZRC. Es decir, el 22,04% de los predios rurales, distribuidos en 13 corregimientos con un área total de 9.633,5 ha (Figura 2).

. Predios por rango de tamaño en la ZRC de Pradera en proceso de nstitución. Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC (2018), DANE (2019)

En cuanto al número de predios por rango de tamaño en cada uno de los corregimientos de la ZRC, se encontró que en 11 corregimientos predominan los microfundios, a excepción de La Feria donde predomina el minifundio y la mediana propiedad, y Bolo Blanco donde predominan la mediana y la gran propiedad (verTabla 1). De igual modo, se encontró que el microfundio ocupa 336 ha, el minifundio 779,4 ha, la gran propiedad 3.315 ha y la mediana propiedad ocupa 3.333,5 ha.

Número de Predios por rango de tamaño por corregimientos de la ZRC-Pradera.
Vereda Área Predios <3 ha (Microfundio) Predios 3-10 ha (Minifundio) Predios 10-20 ha (Pequeña propiedad) Predios de 20-200 ha (Mediana propiedad) Predios >200 ha (Gran propiedad) Total Predios
Bolívar 627,7 30 14 4 9 0 57
Bolo Blanco 2516,4 4 3 2 10 5 24
Carbonera 382,7 31 16 7 5 59
El Nogal 1687,2 44 15 14 13 1 87
El Recreo 10,1 6 1 0 0 0 7
El Retiro 1273,8 31 12 9 13 1 66
La Feria 2243,4 11 18 9 14 2 54
La Fria 270,7 74 17 4 2 0 97
La Ruiza 46,7 6 0 0 1 0 7
Lomitas 19,5 16 2 0 0 0 18
Potrerito 329,5 130 30 2 2 0 164
San Antonio 17,3 20 1 0 0 0 21
San Isidro 208,5 72 12 0 3 0 87
Total 9633,5 475 141 51 72 9 748
% 63,50 18,85 6,82 9,63 1,20 100

Fuente: Elaboración propia con base en la información del IGAC (2018).

Teniendo en cuenta que, en el área de estudio, las Unidades Agrícolas Familiares-UAF están en el rango de 9 a 13 ha para los predios entre los 1000 y 2000 msnm y, entre las 17 y 23 ha para los predios entre 2000 y 2500 msnm (INCORA, 1996), se encuentra una situación característica de estructura agraria bimodal, dada por la minifundización de la mayoría de predios junto a la concentración de la tierra en grandes propiedades. En complemento, la información del CNA (2014) indica que en la ZRC habitan 1.910 personas y hay 911 Unidades Productivas (UP), de las cuales 330 son agropecuarias (UPA) y 31 no agropecuarias (UPNA) (DANE, 2015). Se debe destacar que el 96,6% de las UP censadas en el área de estudio tienen un carácter agropecuario y representan el 53,3% del total municipal (Tabla 2). Además, allí habita alrededor del 60% de la población rural, lo que indica la persistencia del campesinado en su territorio y confirma que el minifundismo es la contraparte natural en la estructura agraria bimodal (García, 1936, p. 59).

Información de corregimientos de Pradera con variables asociadas de número de UPA-UPNA, y personas
Nombre vereda Up Upa Upna Personas
Arenillo 10 10 0 58
Bolívar 47 47 0 55
Bolo azul 18 18 0 12
Bolo blanco 13 13 0 21
Bolo hartonal 192 172 20 250
El libano 63 62 1 129
El nogal 151 151 0 263
El recreo 23 23 0 75
El retiro 89 87 2 165
La carbonera 39 38 1 93
La feria 66 66 0 94
La floresta 166 153 13 228
La fría 46 46 0 92
La granja 36 36 0 28
La ruiza 33 31 2 67
La tupia 136 117 19 359
Lomitas 171 153 18 486
Los pinos 76 72 4 86
Parraga 13 13 0 0
Potrerito 105 99 6 218
Resguardo indígena Kwet Waia 22 22 0 41
San Antonio 75 73 2 158
San Isidro 53 53 0 123
Talaga 2 2 0 0
Vallecito 66 66 0 75
33 28 5 17
Total 1744 1651 93 3193

Fuente: Elaboración propia con base en CNA (2014) (DANE, 2015).

En términos del tipo de tenencia de la tierra se tiene que, de 335 UP censadas, 535 son propias (61,51%), 100 arrendadas (10,52%), 72 no se sabe (7,57%), 45 tienen otras formas de tenencia (4,73%), 32 son adjudicatarios (3,36%), 27 son mixtas (2,34%), y el resto de formas se distribuyen en porcentajes inferiores al 1% (DANE, 2015). Pese a estos datos, en las entrevistas realizadas se identificaron tres procesos de ocupación colectivos: uno en Bolo Blanco, con 30 familias y 30 parcelas; uno en San Isidro con 15 familias y 15 parcelas; y uno en La Feria con 25 familias y 25 parcelas. Todos los procesos tienen más de 15 años de antigüedad y dos están dentro de la ZRF de ley 2da.

Asumiendo que hay formalización de la propiedad de la tierra cuando se accede plenamente a los derechos de uso, control y transferencia de la misma (FAO, 2003, p. 12), se tiene que el corregimiento con mayor porcentaje de formalidad es La Fría con el 86,96% de las UP censadas. Por su parte, el mayor porcentaje de informalidad está en La Feria con el 50% de las UP. Así las cosas, se puede afirmar que, en el área de estudio, más que procesos de formalización se requiere un proceso profundo de acceso y distribución de la tierra.

3.4. Usos de la tierra en la ZRC-Pradera: pauperización de la economía campesina

Adicional a la caracterización de la tenencia de la tierra en la ZRC, se realizó el análisis geoespacial de algunas de sus condiciones biofísicas, utilizando información del Estudio General de Suelos 2013 realizado por la CVC (2019) a escala 8:800.000, para discutir el problema de los usos del suelo. Así, se encontró que las principales coberturas son el Pasto Natural (PCU) y el Bosque Natural Denso Alto de Tierra Firme (BNDALT), los que sumados representan el 79,64% del área distribuidos en todo el polígono, como se aprecia en el Figura 3 y la Tabla 3.

Cobertura del suelo en la ZRC de Pradera. Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC (2018), DANE (2019), CVC (2019)

Área y % del área de las coberturas del suelo en la ZRC Pradera
Código Nombre Área (Ha) % Área
AF Árboles frutales 0,17 0,00
AV Avícola 0,53 0,01
BNDALT Bosque natural denso alto de tierra firme 3434,31 35,65
CANA Caña de Azúcar 2,17 0,02
CF Café 5,52 0,06
CF-PL Café-Plátano 10,57 0,11
CT Cítricos 4,57 0,05
EUC Bosque plantado de eucalipto 284,20 2,95
LG Lagunas 2,22 0,02
PCU Pasto natural 4237,69 43,99
RAALT Rastrojo Alto 1070,46 11,11
VP Vegetación de Páramo 558,17 5,79
VP-AB Vegetación de páramo con arbustos 21,85 0,23
VP-AR Vegetación de páramo con arbóreos 0,25 0,00
VV Vivero 0,84 0,01

Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC (2018), DANE (2019), CVC (2019)

Las áreas con cultivos de economía campesina como los árboles frutales (AF), el café (CF), la asociación café-plátano (CF-PL) y los cítricos (CT), sólo representan el 0,22% del área, dispersos en Lomitas, Potrerito, El Nogal y La Fría. Se destaca que la cobertura de pastos, no sólo es la principal en toda la ZRC, sino que el 30% se ubica dentro de la ZRF, con 3.336,25 ha.

Por otra parte, analizando la fertilidad del suelo se encontró que hay 267,04 ha (2,77% del área) en la categoría Muy Alta (MA); en la categoría Alta (A) hay 2.267,47 ha (23,53% del área); en la categoría Moderada (M) 6.046,41 ha (62,76%); y en la categoría Muy Baja (MB) hay 8.052,53 ha (80,92%). Esto indica que en la ZRC hay una fertilidad entre moderada y alta (Figura 4).

Fertilidad del suelo en la ZRC de Pradera. Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC (2018), DANE (2019), CVC (2019)

Así, se tiene una subutilización del suelo con condiciones de fertilidad idóneas para el desarrollo de la agricultura familiar y campesina, que está siendo destinado principalmente para la ganadería extensiva, probablemente por la quiebra de la agricultura nacional generada por la apertura económica de finales del siglo XX y la firma de tratados de libre comercio-TLC, como se puede inferir de la entrevista realizada a una lideresa de La Feria:

Los colonos que llegaron empezaron a sembrar café, era el cultivo principal en esta región, y muchos cultivos transitorios: habichuela, tómate, frijol, maíz, yuca, arracacha; mucha comida. Pero a raíz de que esos cultivos ya no daban sino pérdidas, se empezó a cambiar a la ganadería (entrevista 5, 28 de octubre, 2020).

Llaman la atención las 583,93 ha con fertilidad Muy Baja entre La Ruiza, Potrerito, San Isidro, La Fría y Bolívar, puesto que allí habita una cantidad importante de campesinos en minifundios, microfundios y pequeña propiedad, en la escasa área que está por fuera de la ZRF. Contrastando, la mayoría de áreas con fertilidad muy alta, alta y moderada, y donde los predios son principalmente entre medianos y grandes, se encuentran dentro de la ZRF, como se verá en el siguiente apartado.

 3.5. Apropiación jurídica del territorio por el Estado: el caso de la Reserva Forestal de Ley 2 de 1959

Como se ha venido anticipando, la ZRC presenta un traslape con la ZRF en 8.210,59 ha, es decir el 85,22% del área del polígono (Figura 5). De ésta área, 1.308,45 ha corresponden a la zona tipo A, o de aseguramiento de la oferta de servicios ecosistémicos; 5.709,44 ha corresponden a la zona tipo B, o de manejo sostenible del recurso forestal; y 8.892,7 ha corresponden a áreas con previa definición de ordenamiento, es decir "(...) los Parques Nacionales, áreas del RUNAP, Reservas Campesinas, Territorios colectivos e indígenas, entre otros, que se encuentran dentro de los límites de La Reserva, y que conservan dicha categoría" (MADS, 2013).

Tipo de Zona de la Reserva Forestal de Ley 2 de 1959 en la ZRC de Pradera. Fuente: Elaboración propia con base en el IGAC (2018), DANE (2019), MADS (2013)

Aunque desde principios del siglo XX se presentó la colonización campesina, la creación de esta figura ha impedido la titulación de baldíos (Presidencia de la República, 1974) y condicionado los usos del suelo de acuerdo con la zonificación adoptada mediante la Resolución 8922 de 2083 del MADS. Así las cosas, sólo 8.422,98 ha de la aspiración territorial campesina, donde predominan el microfundio, minifundio y la pequeña propiedad, están por fuera de esta figura que restringe y condiciona el OSPR (Presidencia de la República, 2017).

Por tal motivo, el POSPR formulado por la ANT (2019) reportó los corregimientos de El Nogal, El Retiro, La Feria y Bolo Blanco con restricción en toda su área. Además, La Carbonera, San Antonio y San Isidro, suman un área adicional de aproximadamente 600 ha con restricción, por lo que se puede afirmar que más del 50% de los predios con restricción por estar en ZRF se encuentran dentro del área propuesta para constituir la ZRC.

En consecuencia, de los 4.733 predios a los que la ANT (2019) les hizo el análisis jurídico preliminar, sólo 529 que corresponden a 5.613,8 ha (15,7% del área total municipal) fueron definidos como de su competencia. De las razones por las cuales se excluyó esta gran cantidad de predios cabe resaltar una en particular, referida a los debidamente adquiridos "(.) en cabeza de un particular, donde la propiedad se encuentra consolidada, no presenta falsa tradición o acto que genere duda acerca de la titularidad y se constituya como pleno derecho de dominio" (p. 800).

De este modo, al parecer la ANT, en la formulación del POSPR, ignora los fenómenos de fraccionamiento antieconómico y concentración de la propiedad de la tierra que han caracterizado el territorio, en un contexto de conflicto social y armado.

 4. ZRC de Pradera: Territorio campesino, territorialidades en disputa.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que la zona montañosa de Pradera se configuró durante el siglo XX como un territorio fundamentalmente campesino, a pesar del abandono estatal, la guerra, el desplazamiento, el despojo, la presión por el agua ejercida por la agroindustria y el establecimiento de figuras de ordenamiento ambiental que los excluyen. Esta construcción territorial, a diferencia de la colonización de las tierras calientes promovidas por el Estado republicano en el siglo XIX (Palacio, 2006), fue liderada por el mismo campesinado sin ningún tipo de respaldo estatal, con el fin de preservar sus vidas y su cultura, articulando el municipio a la dinámica nacional de colonización periférica, resultante del sempiterno aplazamiento de una reforma agraria (González, 2014).

Sin embargo, a partir de I960 hay una serie de disputas por la superposición de tres territorialidades (Agnew y Oslender, 2010): I) la territorialidad campesina traducida en la propuesta de ZRC; 2) la ZRF de Ley 2a como apropiación jurídica estatal del territorio; y 3) la del modelo de explotación intensiva agroindustrial de la caña, centrada en su interés por el agua. Estas disputas, sumado al conflicto social y armado, han generado cinco tensiones que se plantearán a continuación.

En primer lugar, se encuentra la tensión por el acceso y distribución equitativa de la tierra. De este modo, se confirma el carácter bimodal de la EA en el área de estudio, en correspondencia con el alto índice de Gini de la propiedad rural demostrado por la UPRA (2016) para el municipio. Fenómeno que cobra mayor relevancia dada la distribución en predios de mediano y gran tamaño en la zona rural plana, dedicados principalmente a la agroindustria de la caña (ANT, 2019).

Esto genera problemas constantes entre la pequeña y la gran propiedad, en un contexto de incertidumbre sobre los derechos de propiedad marcado por la violencia política y el conflicto armado, la debilidad estatal y las políticas discriminatorias hacia el campesinado. Todo lo cual son elementos distintivos de la EA bimodal (Suescún, 2013).

Frente a esta tensión, resulta paradójico que la ANT (2019) considere fuera de su competencia para atender por oferta los predios formalizados; pues con esta decisión se ignoran los fenómenos arriba señalados, que han afectado especialmente al campesinado, dejando en entredicho la aplicación de los enfoques territorial y diferencial como criterios orientadores del POSPR (Presidencia de la República, 2017). Asimismo, se olvida que Pradera se incluyó como municipio PDET para promover "(.) la transformación estructural del campo y el ámbito rural (.) asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía familiar y campesina..." (MADR, 2017, p.3).

Una segunda tensión, que profundiza las desventajas del campesinado frente a los grandes propietarios, está dada por la escasa fertilidad del suelo en el 36,46% del área de estudio que está fuera de la ZRF. Así, estas comunidades no sólo deben arreglárselas en predios muy por debajo de la UAF, sino que además deben hacerlo en suelos que carecen de las propiedades agrológicas para adelantar actividades agropecuarias de manera rentable. Esto representa un obstáculo para el desarrollo de la economía campesina y un reto para el OSPR, ya que la presión sobre estos suelos conllevará su mayor degradación, la pérdida de su escasa productividad y, en consecuencia, el mayor empobrecimiento de las familias que los trabajan (Fajardo, 2013); lo que en definitiva redundará, o en un mayor fraccionamiento antieconómico de la propiedad, o en una mayor concentración de la tierra.

En relación con lo anterior, se evidencia una tercera tensión vinculada con el impacto de la apertura económica en la economía campesina. En efecto, la firma de TLC con diversos países, generó una crisis en el agro colombiano que afectó particularmente a los productores campesinos (Oxfam, 2009), dado el aumento exponencial en la importación de alimentos, con precios por debajo de los costos de producción de los productos campesinos. De este modo, se entiende la transición de actividades agrícolas hacia pecuarias por parte del campesinado reflejada en las coberturas del suelo, al ser una alternativa económica más viable.

La corrección de este fenómeno requiere hacer efectivo el criterio de integralidad de la reforma rural, implementando proyectos de fomento a la economía campesina, familiar y comunitaria en complemento de los programas y proyectos de acceso y formalización de la tierra, como se planteó en el Acuerdo Final de Paz-AFP (Naranjo, Machuca y Valencia, 2020). Si esto no ocurre, es probable que los POSPR terminen reproduciendo el fenómeno de concentración de tierras, al incorporar nuevas áreas a un mercado de tierras inequitativo, en el que el campesinado en quiebra quedaría a merced de los acaparadores de tierra.

La cuarta tensión se presenta por los diferentes usos dados al suelo en el área de estudio y su relación con los usos permitidos, generando problemas para el acceso y la tenencia de la tierra. En este sentido, la evidencia de los pastos naturales como la principal cobertura del suelo, con una incidencia mayor dentro de los predios de mediano y gran tamaño en la ZRF, indica una importante transformación en los usos hacia actividades pecuarias, en contravía de las disposiciones legales.

La transformación de las coberturas vegetales derivada de la ganadería bovina es un fenómeno multicausal con incidencia nacional (Bustamante-Zamudio y Rojas-Salazar, 2013), por lo que su explicación requiere estudios multidisciplinarios específicos. En este sentido, sin ser exhaustivos, se identifica que la colonización campesina fue previa a la creación de la ZRF en 1.959, conllevando la transformación de las coberturas para el desarrollo de actividades agropecuarias propias de su economía. Esto fue ignorado por el gobierno nacional al crear esta figura, sin que hasta el momento haya sido corregido.

Por tal razón, se considera que la decisión de excluir las áreas de la ZRF del levantamiento de información física, jurídica y social durante el barrido predial preliminar, por considerar que no son objeto de competencia de la ANT, transgrede los lineamientos sobre restricciones y condicionantes en la formulación de los POSPR (ANT, 2013). En estos lineamientos se señala que, para el caso de los predios dentro de la ZRF, sí se pueden viabilizar algunos procesos jurídicos de la oferta. Además, se desconocen los derechos de uso y manejo de las comunidades que los han habitado históricamente, en contravía de la Reforma Rural Integral pactada en el Acuerdo Final de Paz (Naranjo, et al., 2020). Asimismo, se olvidan las disposiciones normativas que facultan a la ANT para solicitar al MADS la sustracción de áreas de Ley 2a de 1959 (Decreto 1777 de 1996 y Resolución 629 de 2012), con el fin de adelantar programas de desarrollo rural o de restitución de tierras para las víctimas. Todo esto termina limitando las posibilidades de acceso y distribución equitativa de la tierra para el campesinado.

Estas cuatro tensiones conducen a una quinta y última tensión, que se puede entender como su síntesis: el decrecimiento poblacional en la zona rural de Pradera. Ciertamente, se encuentra una intención manifiesta de forzar a que se haga realidad el argumento descampesinista de la agricultura sin gente; no solamente por obra y gracia de la "expansión capitalista hasta el último rincón del sector rural" (Salgado, 2002, p. 30). sino además como consecuencia de su eliminación física violenta y del ajuste normativo e institucional para negar los derechos a la tierra y al territorio del campesinado.

De este modo se entiende que, de un lado el POSPR no pone en cuestión el latifundio y por lo tanto termina aceptando su legalización y legitimación; y, por otro lado, se priorizan objetivos preservacionistas basados en un antropocentrismo decimonónico, que contrapone la naturaleza y la cultura (Descola, 2011), para sacar al ser humano de su pertenencia a la naturaleza. Así, se hace que la conservación de los ecosistemas implique la expulsión de las comunidades que históricamente los han habitado, desconociendo sus derechos territoriales y convirtiendo el pregonado desarrollo sostenible en una utopía inalcanzable. Muy por el contrario de esta concepción, se concuerda con Ángel-Maya (2002) en que: 13

(...) Lo que requiere la perspectiva ambiental, de manera urgente, es una teoría que le permita al hombre ser parte integrante de la naturaleza pero comprendiendo al mismo tiempo su propia especificidad, porque sin esa especificidad tampoco es posible entender el problema ambiental (p. 118).

Un ejemplo de esto se encuentra en la Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos (Congreso de Colombia, 2018), en la que no se plantea una restricción explicita que llame a desplazar a los habitantes que tradicional e históricamente los han habitado. Sino por el contrario, reconoce los aspectos sociales y culturales dentro de los componentes que integran los páramos, así como, los derechos a la participación de las comunidades que los habitan, incorporando un enfoque ecosistémico e intercultural para su manejo (art. 2). Así mismo, despliega un enfoque poblacional que abre la posibilidad de que los habitantes tradicionales se conviertan en gestores de páramos para desarrollar actividades de gestión de estos ecosistemas (art. 16). Estos y otros aspectos fueron destacados por la Corte Constitucional (2019), convirtiéndola en un referente para avanzar en un ordenamiento territorial con una verdadera perspectiva ambiental.

Perspectiva que comprende al sistema cultural como una emergencia evolutiva, cuyo rasgo distintivo es el uso de la instrumentalidad como mecanismo de adaptación, complementando al ser biológico con la base tecnológica. Con el reconocimiento de esta especificidad, se incorpora al ser humano dentro de la naturaleza, como expresión de su diversidad (Ángel-Maya, 2002); lo que permite, a su vez, reconocer al campesinado como sujeto de conservación.

Estos aspectos están en consonancia con la conceptualización del campesinado en Colombia (ICANH, 2020), especialmente en la dimensión territorial, que define la vida del sujeto campesino colombiano como "(...) una red de vínculos sociales expresada territorialmente en comunidades, veredas, corregimientos, minas, playones, entre otros, y se desarrolla en asociación con los ecosistemas..." (p. 20). Y también, con la dimensión cultural, en lo relativo a sus concepciones y conocimientos como base fundamental para la definición de prácticas, manejos y valoraciones de los ecosistemas naturales.

 5. Conclusiones

Recapitulando, tomando en cuenta estas cinco tensiones identificadas para el OSPR en la ZRC de Pradera, se avanzará hacia un ordenamiento que reconozca el derecho a la tierra del campesinado. No obstante, en el POSPR formulado, se observa una inclinación injustificada de la ANT hacia la mera atención por oferta de los procesos de formalización, en desmedro de un verdadero ordenamiento que implica, además, el acceso y redistribución de la tierra.

Esta inclinación, sumada a la falta de articulación con el catastro multipropósito, desvirtúa la atención por oferta a partir del barrido predial, concebido en el AFP para desarrollar una política integral de tierras que atienda los conflictos socio-territoriales potenciando nuevas realidades (Naranjo et al., 2020). Igualmente, evidencia la persistencia de la desarticulación institucional que ha caracterizado al sector agrario colombiano (Abril et al., 2019), limitando su capacidad para responder a los retos del desarrollo rural integral y la construcción de una paz estable y duradera.

Además, se desconocen las recomendaciones que viene promoviendo la comunidad internacional para conseguir la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo y proteger el ambiente, como es el caso de las Directrices Voluntarias Sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia-DVGT (FAO, 2012), a la luz de las cuales la FAO (2019) destacó la relevancia de las ZRC como figura que coadyuba en el "desarrollo equilibrado sostenible, el ordenamiento territorial participativo, y el acceso amplio y equitativo a la tierra" (p. 79), y recomendó realizar los ajustes requeridos para zanjar los vacíos jurídicos y normativos de las ZRC que garanticen su debida constitución.

En este sentido se considera que, para ordenar el territorio garantizando el acceso y la redistribución de la tierra para el campesinado en el área que se propone como ZRC en Pradera, se deben incorporar los siguientes lineamientos complementarios en el POSPR:

En la formulación y ejecución de los POSPR, cuando se encuentren contextos territoriales marcados por la violencia política y el conflicto armado, así como fenómenos de inequitativa distribución de la tierra, la ANT debe atender por oferta los predios tanto de gran tamaño como de minifundio y microfundio, aunque estén debidamente formalizados, con el fin de adelantar procesos de redistribución equitativa de la tierra, de acuerdo con la normatividad vigente.

La ZRC es una figura de ordenamiento territorial que permite el agenciamiento del desarrollo rural integral a partir de su Plan de Desarrollo Sostenible. En este sentido, cuando en la formulación de un POSPR se encuentre que en el territorio está abierto un proceso administrativo de constitución de ZRC, este será atendido por oferta para darle celeridad a su trámite.

Teniendo en cuenta los criterios territorial y diferencial, así como el respeto a los derechos adquiridos por las comunidades que históricamente han habitado dentro de la ZRF, la ANT deberá contemplar la figura de sustracción de áreas de Ley 2da para la formulación y ejecución del POSPR, cuando la contextualización territorial brinde elementos suficientes para sustentarlo.

Los POSPR reconocerán al campesinado como sujeto de conservación ambiental, garantizando su participación en la gestión ambiental del territorio y fomentando la incorporación de sistemas agroforestales y silvopastoriles en el marco de un modelo de producción agroecológico

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Este artículo es resultado del trabajo de grado para la Maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial. Estudios que fueron financiados por la Gobernación del Valle a través del Sistema General de Regalías, la Fundación Universidad del Valle y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

ORDOÑEZ-BOTERO, Harold. Ocupación y uso campesino de la tierra en el municipio de Pradera (1900-2010): Un siglo de tensiones socio-territoriales. En: Entramado. Enero-Junio, 2023 vol. 19, no. 1, e-8644 p. 1-17 https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.8644

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

 Science and y Technology Peasant Occupation and Use of the Land in the Municipality of Pradera (1900-2010): A century of socio-territorial tensions* 0000-0001-9793-7585 Ordoñez-Botero Harold 1 Investigador Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Cali - Colombia hordonezb@gmail.com Pontificia Universidad Javeriana Instituto de Estudios Interculturales Pontificia Universidad Javeriana de Cali Cali Colombia

This article is the result of the graduate work for the Master’s Degree in Interculturality, Development and Territorial Peace. Studies that were financed by the Governor’s Office of Valle through the General System of Royalties, the Fundación Universidad del Valle and the Pontificia Universidad Javeriana of Cali.

 A B S T R A C T

Although the current guidelines for the Social Planning of Rural Property (OSPR, acronym in Spanish) establish, among other criteria, the mainstreaming of a differential perspective and the inclusion of ethnic communities, land-rights for peasants are not expressly recognized. Drawing from the theoretical perspectives of Agrarian Structuralism and the Socio-Territorial Approach, this paper proposes complementary guidelines to support an OSPR process that recognizes this right, in the districts that are currently being projected for the constitution of a Peasant Reserve Zone (ZRC, acronym in Spanish) in Pradera, Valle del Cauca. To this end, we describe the historical dynamics of the settlement and appropriation of the land by the peasantry and, within the ZRC polygon, we geospatiolize the properties by range of size, soil coverage and fertility and the zoning of the Forest Reserve, through which we provide evidence for the existence of a peasant territoriality, the need to redistribute land, to subtract areas of the Forest Reserve and to accelerate the constitution of the ZRC.

 KEYWORDS: Social planning of rural property peasant reserve zone land distribution socio-spatial analysis disputed territorialities 1. Introduction

Political violence, at the beginning of the twentieth century, was the engine of the displacement of the settlers who founded the peasant territories in Pradera. By the end of the century and starting the twenty-first century, it also caused the displacement and dispossession of the lands of their descendants. This new cycle of violence led to the concentration of land, the uneconomic fractionation of property and informality in tenure, but this time in a context of greater complexity, given the creation of the Forest Reserve Zone-ZRF, the constitution of the Kwet Wala Kiwe Indigenous Reservation and the overflowing expansion of sugarcane monoculture since the 60s.

In response, peasant organizations have been promoting the constitution of a ZRC that allows, among other things, access to and redistribution of land ownership. This figure of social, productive and environmental ordering, based on article 64 of the Political Constitution of 1991 and created by Law 160 of 1994, was defined as a geographically delimited area, characterized by the predominance of vacant land, where processes of peasant colonization have historically taken place, associated with strong organizational dynamics and the presence of favorable conditions for the peasant economy (Fajardo, 2014). In turn, the purpose of the ZRC is to guarantee decent living conditions so that the peasantry, as the holder of acquired rights that cannot be violated or ignored (Corte Constitucional, 2014), can remain in the territory transmitting their knowledge, background and culture from generation to generation.

Taking into account that land concentration has been raised as a structural element of the agrarian problem in Colombia (PNUD, 2011; ILSA, 2014; DNP, 2015; Guereña, 2017), this research is based on three basic concepts: a) land concentration, b) land distribution, and c) social ordering of rural property-OSPR (acronym in Spanish). These will be described briefly below.

In the first place, according to Fajardo (2015), land concentration is understood as the process through which powerful groups in Colombia have appropriated land, through mechanisms ranging from the formulation and implementation of policies for the appropriation and distribution of public lands favorable to their interests, to the systematic exercise of violence to separate rural communities from their lands and territories, limiting their access.

For its part, the distribution of land ownership is understood as "(...) the way in which the relationship of owners with rural properties is configured" (UPRA, 2015, p. 3), and can be distributed in a unimodal, bimodal or multimodal way. According Suescún (2013), the backwardness and underdevelopment of the rural sector in Colombia is due to a bimodal agrarian structure

(...) which, although it is mainly based on the polarization of land tenure, is also characterized by low taxation in the rural sector high conflict between small and large landowners and low levels of savings, investment and growth... (p. 660).

Thirdly, the OSPR was defined by the UPRA (2017) as:

(...) a planning and management process to order the occupation and use of rural lands and to administer the Nation's land, which promotes progressive access to property and other forms of tenure, equitable land distribution, legal security of land tenure, planning, management and financing of rural land, and a transparent and monitored land market, in compliance with the social and ecological function of property, in order to contribute to improving the quality of life of the rural population (p. 4).

However, from a socio-territorial perspective, the OSPR has been criticized. For example, (Mançano, 2006) describes the territory as the physical and social space that is controlled, appropriated and dominated by some social actors. This conception allows us to understand that the exercise of power over space by different social actors, dynamizes processes of territorial planning and creates various territorialities, which - when juxtaposed - are braided in socio-territorial conflicts.

In this sense, two aspects of the Colombian political constitution reflect these correlations of forces and are expressed in territorial planning. On the one hand, there is private property, since its conception before the constitution of 1991 referred to an absolute right of free use, enjoyment and disposal of the good; while, with the inclusion of the social and ecological function of it, "(...) radically changed the traditional form of rural land use and management and (opened up) a solidarity-based way of inhabiting the territories" (Estrada, 2013, p. 203). On the other hand, the asymmetrical recognition of territorial rights for rural communities from this constitution has resulted in greater inequalities between indigenous, Afro-descendants and peasants (Duarte and Castaño, 2020), expressing themselves in conflicts over the constitution of reservations, collective titles and/or ZRC.

In this regard, the question arises: How to order the territory to guarantee access and redistribution of land by the peasant communities of Pradera, as a necessary condition for permanence in the territory in dignified conditions?

So, this work seeks to propose complementary guidelines to advance an OSPR that benefits the peasantry in the municipality of Pradera-Valle del Cauca, specifically in those areas that are currently proposed for the constitution of a ZRC. Assuming that this figure serves as a mechanism to correct the processes of concentration and uneconomic fractionation of property -decrease in size below the economic viability of agricultural activities-, facilitating a comprehensive execution of rural development policies. It should be understood that rural development is a model associated with the equitable redistribution of land, the strengthening of the peasant economy and environmental conservation practices; in other words, rural development lies in the improvement of the living conditions for rural communities.

To this end, after this introduction, a section will be dedicated to addressing the process of occupation of the lands in Pradera, pointing out relevant milestones to understand the emergence of the peasantry and the different situations that have led to the current land tenure and distribution. Next, the distribution of land property in the area is dimensioned and mapped by size ranges, an approximation is made to the situation of formality in land tenure and some biophysical characteristics are geo-spatially specified to counterbalance the socio-territorial tensions. Then, the discussions between the collected data and the theoretical framework of reference are presented. The conclusions outline the proposals of complementary guidelines for the OSPR in the ZRC of Pradera in the process of constitution.

 2. Methodology

This research has been carried out in the context of a social commitment to the popular causes of the peasantry of the municipality of Pradera, located in the south-eastern region of the department of Valle del Cauca, adopting a methodological design that relates community knowledge regarding the construction of its own territory to information and theoretical approaches related to OSPR and ZRCs.

To achieve the objectives, primary and secondary sources were consulted, seeking quantitative and qualitative information. The consultation of secondary sources revolved around the critical analysis of the regulations on the OSPR and the ZRC in Colombia. I also reviewed Colombian case studies published in the last decade related to land distribution.

In addition, using frequency distribution as a descriptive statistical analysis technique (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014), I made an approach to the demographic dynamics, the type of land tenure, the type of productive activities and the range of property sizes in the delimited study area, from the databases of the National Census Agricultural-CNA, DANE, IGAC and ANT. Besides, a spatial analysis was made (Rodríguez y Rincón, 2018) with Geographic Information Systems, from the polygon delimited by the team of the Instituto de Estudios Interculturales-IEI, using the open databases of the CVC, the IGAC and the cartography associated with resolution 1922 of 2013 of the Ministry of Environment and Sustainable Development - (MADS, acronym in Spanish), as a mixed method to make the property and biophysical characterization of the study area.

Through qualitative methods and work with the community as a primary source, within the framework of the fieldwork carried out by the IEI (Convenio No. 943 de 2019 ANT-UNDP-IEI), 5 semi-structured interviews were conducted (Hernández-Sampieri et al. 2014, p. 403) between the months of August and November 2020 (four individual and one collective) to 7 leaders of the rural towns of San Isidro, Lomitas, La Feria, La Fría and La Ruiza; selected because of their family affiliation with founders and leaders of the rural towns, as well as for their active role in social and community dynamics, developing a dialogue around three thematic axes: the history of settlement in the region, the history of conflicts in the territory and projections on the issue of land distribution. Finally, the results of the interviews were systematized, classified and organized using Microsoft Excel software to identify the most relevant elements around the axes of dialogue.

It is necessary to clarify that the health crisis generated by the COVID-19 pandemic since the beginning of 2020, negatively impacted the methodological development of research, both due to the limitations to travel to the territories, and due to the impossibility of accessing secondary sources that can only be found in the Mario Carvajal Library of the Universidad del Valle. However, every effort was made to maintain the rigor of the investigative process.

 3. Characterization of the Problem of Peasant Land in Pradera 3.1. Process of colonization and formation of a peasant territory (1900-1960).

The repopulation (Palacio, 2006) of the temperate and cold lands of the municipality of Pradera starts in the early twentieth century, initially in the rural towns of Lomitas and El Retiro in the year 1,900, with the arrival of settlers from Cauca, Cundinamarca and Viejo Caldas. These dynamics will continue for the following decades with the arrival of more settlers (mestizos and indigenous) from Cauca, Tolima, Boyacá and the flat area ofValle del Cauca, until the 60s when the village of San Antonio was founded (ANZORC; CMDR, 2019, p.12).

This process had a significant impact on the population growth of the municipality during the aforementioned period, as can be seen in Figure 1. The tendency to grow the rural population until 1951 is clear, representing the majority of the population of the municipality until 1964, when the effects of "La Violencia" become evident and the agro-industry of sugar cane begins to flourish, increasing the population in the urban area to almost sevenfold that of the rural area (DNP, 2021) which decreased by 38.5% between 1951 and 2018.

Comparison of Pradera Population growth in urban vs. rural area (1870-2018). Source: Elaborated by the author based on: (Valdivia, 1980, p. 108), (DANE, 1905), (DANE, 1912), (DANE, 1942), (DANE, 1951) , (DANE, 1964), (DANE, 1973), (DANE, 1985), (DANE, 1993), (DNP 2021)).

Without state presence, without access roads or advanced means of communication, the appropriation of land for the opening of their farms was done through de facto possession, using as a mechanism of delimitation, geographical accidents "the scope of their view" and respect for the value of the word, constituting medium and large farms. A relevant aspect in this regard, pointed out by all the people interviewed, is the criterion of family kinship or some kind of social bond, between the founding settlers and the peasant families to whom they subsequently ceded or sold part of their land. This ultimately configured communities (the current rural towns with very close kinship ties, as well as codes of conduct contained in norms of community coexistence that guaranteed for some time their harmony and internal stability. In this regard, one of the founders of the San Isidro points out:

Drug traffickers didn't buy land here, but I know that they did in other places, such as La Carbonera, Los Pinos and in the flatlands. Here there was an agreement in the community that we wouldn't sell to just anyone and that helped us a lot. Now that has been forgotten and they don't even tell the JAC that they are going to sell, let alone to whom (interview 4, 21 October 2020).

This process also involved the arrival of new crops, produced with different cultural practices that gradually characterized the region as a food pantry for municipalities such as Palmira and Cali. Food that was transported to the markets on the back of a mule through bridle paths open to pick and shovel in days of community work, as the leader of San Isidro remembers:

At that time, to go down to the village, it was on foot or on horseback. My father had some beasts and with them, he transported the mafafa, granadilla, yucca, arracacha and coffee; that was what he took to sell to Pradera and sometimes to Palmira. And there were many people who went from here to Cali. The road here arrived in 65 or so. First we started it with picks and shovels from down there in Pueblo de Lata... (interview 4, October 21, 2020).

In this way, a new territory was woven in the temperate and cold lands of the Andean Mountain range of southeastern Valle del Cauca: the territory of the mountaineering peasantry. Likewise, a new social group was created in the municipality, from the appropriation of the land and transformation of the landscape for food production in agro-diverse family farms, adapting themselves to new conditions and intercultural population. The rigors of the internal armed conflict would affect this particular social group, as will be seen below.

 3.2. War and the configuration of the bimodal structure (1960-2010).

With the consolidation of peasant territories in Pradera, new conflicts will arise between these and other actors that affect the territory. In addition to the conflict over land, the leaders interviewed pointed to the conflict over water with the sugar mills as the main socio-territorial conflict, followed by the conflict over the burning of sugar cane and the conflict over the fumigation of sugarcane fields, which have negative consequences for the environment, crops and the health of peasant families. Also, the problem of military actions was pointed out as the main socio-territorial conflict with the State.

However, the conflictive nature of the process of repopulation of the territory went through a period of degradation during the last four decades of the twentieth century and the first of the twenty-first, when the vicious cycle of violence reached the paroxysm of the narco-paramilitary reaction. A phenomenon that, according to the CNMH (2014) was sponsored by drug traffickers and some sectors of Valle del Cauca business with the connivance of the State, in the face of growing social resistance against the injustices of the socio-economic and political model promoted by the elites. This was expressed in multiple ways, such as the emergence of peasant associations, the organization of sugarcane cutters' unions, the creation of indigenous councils and the arrival of insurgent organizations such as the M-19 and the FARC-EP.

According to the reconstruction of the historical memory of the social and armed conflict in the municipality (Corporación para el Desarrollo Regional, 2018), between the decades of 1960-1970 there was an intense process of land concentration, sponsored by landowners who pressured peasants in different ways for the sale of their farms, as well as a process of productive transformation, from being "(...) part of the "agricultural larder of Colombia", where cotton, bananas, beans, millet and fruit trees were grown, to a territory with land dedicated to the monoculture of sugar cane." (p. 43).

Subsequently, between 1998 and 2001, the armed conflict would degrade until it reaches the vortex of paramilitary massacres that occurred in towns such as La Ruiza, combined with multiple atrocities committed throughout the territory under the pretext of fighting the FARC EP guerrilla, with the peasantry being one of the main affected with 41.3% of the total registered victimizing events (IEI Universidad Javeriana de Cali. Dejusticia y Comisión Colombiana de Juristas., sf).The most significant consequences of this whole process were the massive displacement of rural communities, dispossession and increased land concentration, reflected in the registration of 5,306 people forcibly displaced by 2015. (Observatorio para la paz del Valle del Cauca, 2015, p. 27). Pradera was thus categorized as municipality with a high Victimization Risk Index- IRV. Likewise, the UPRA (2016) found that Pradera has a Gini index of rural property of 0.8863, which means that the 10% of the owners concentrate about 84% of the area of the private agricultural properties of the municipality.

However, there is a contrast in the response of communities to these phenomena. On the one hand, the inhabitants of the flat zone were subsumed by the development of the sugarcane agroindustry, being proletarianized and displaced to the urban area of the municipality, in a process that is combined with the dynamics of land concentration and the "demographic draining" process (García, 1986, p.56). On the other hand, the mountaineering peasants have sustained the permanence of their culture and economy in the territory until the present, despite the war and at the expense of the uneconomic fractionation of their farms and the pauperization of their economies, as will be seen in the next section.

 3.3. Land tenure in the ZRC-Pradera formalization or redistribution?

According to the cadastral information, the municipality of Pradera has a total of 3,393 rural properties that occupy 35,678.06 ha (IGAC, 2018), of which 748 properties are within the polygon proposed for the constitution of a ZRC. That is, 22.04% of rural properties, distributed in 13 rural towns with a total area of 9,633.5 ha (Figure 2).

Properties by size range in the Pradera ZRC in the process of constitution. Source: Elaborated by the author based on the IGAC (2018), DANE (2019)

Regarding the number of properties by size range in each of the rural towns of the ZRC, it was found that in 11 rural towns, microfundios (less than 3 ha) predominate, with the exception of La Feria where smallholdings and medium property predominate, and Bolo Blanco where medium and large property predominate (see Table 1). Similarly, it was found that the microfundios occupy 386 ha, the smallholdings 779.4 ha, the large property 3,815 ha and the median property occupies 3,888.5 ha.

Number of Properties by size range by districts of the ZRC-Pradera.
Rural town Area Properties <3 ha (Microfundio) Properties 3-10 ha (Smallholding) Properties 10-20 ha (Small property) Properties 20-200 ha (Median property) Properties >200 ha (Large property) Total Properties
Bolívar 627.7 30 14 4 9 0 57
Bolo Blanco 2,516.4 4 3 2 10 5 24
Carbonera 382.7 31 16 7 5 59
El Nogal 1,687.2 44 15 14 13 1 87
El Recreo 10.1 6 1 0 0 0 7
El Retiro 1,273.8 31 12 9 13 1 66
La Feria 2,243.4 11 18 9 14 2 54
La Fria 270.7 74 17 4 2 0 97
La Ruiza 46.7 6 0 0 1 0 7
Lomitas 19.5 16 2 0 0 0 18
Potrerito 329.5 130 30 2 2 0 164
San Antonio 17.3 20 1 0 0 0 21
San Isidro 208.5 72 12 0 3 0 87
Total 9,633.5 475 141 51 72 9 748
63.50 18.85 6.82 9.63 1.20 100

Source: Elaboration by the author based on the information of the IGAC (2018).

Taking into account that, in mentioned area, the Family Agricultural Units-UAF are in the range of 9 to 13 ha for farms between 1,000 and 2,000 meters above sea level and, between 17 and 23 ha for farms between 2,000 and 2,500 meters above sea level, (INCORA, 1996) there is a characteristic situation of bimodal agrarian structure, given by the minifundization of most properties together with the concentration of land in large properties. In addition, the information of the CNA 2014 indicates that 1,910 people live in the ZRC and there are 911 Productive Units (UP), of which 880 are agricultural (UPA) and 31 non-agricultural (UPNA) (DANE, 2015). It should be noted that 96.6% of the UP surveyed in the area have an agricultural character and represent 53.3% of the municipal total (Table 2). In addition, about 60% of the rural population lives there, which indicates the persistence of the peasantry in its territory and confirms that smallholdings are the natural counterpart in the bimodal agrarian structure (García, 1986, p. 59).

Number of UPA-UPNA and people by town in Pradera
Town Up Upa Upna People
Arenillo 10 10 0 58
Bolívar 47 47 0 55
Bolo azul 18 18 0 12
Bolo blanco 13 13 0 21
Bolo hartonal 192 172 20 250
El libano 63 62 1 129
El nogal 151 151 0 263
El recreo 23 23 0 75
El retiro 89 87 2 165
La carbonera 39 38 1 93
La feria 66 66 0 94
La floresta 166 153 13 228
La fría 46 46 0 92
La granja 36 36 0 28
La ruiza 33 31 2 67
La tupia 136 117 19 359
Lomitas 171 153 18 486
Los pinos 76 72 4 86
Parraga 13 13 0 0
Potrerito 105 99 6 218
Resguardo indígena Kwet Waia 22 22 0 41
San Antonio 75 73 2 158
San Isidro 53 53 0 123
Talaga 2 2 0 0
Vallecito 66 66 0 75
33 28 5 17
Total 1744 1651 93 3193

Source: Elaborated by the author based on the information of the CNA 2014 (DANE, 2015).

In terms of the type of land tenure, of 885 UP registered, 585 are owned (61.51%), 100 leased (10.5 2%), 72 are not known (7.57%), 45 have other forms of tenure (4.73%), 32 are successful bidders (3.36%), 27 are mixed (2.84%), and the rest of the forms are distributed in percentages below 1% (DANE, 2015). Despite these data, three collective occupation processes were identified in the interviews: one in Bolo Blanco, with 30 families and 30 pieces of ground; one in San Isidro with 15 families and 15 pieces of ground; and one in La Feria with 25 families and 25 pieces of ground. All processes are more than 15 years old and two are within the ZRF of law 2 of 1959.

Assuming that there is formalization of land ownership when the rights of use, control and transfer of land are fully accessed (FAO, 2003, p. 12), it has to be that the rural town with the highest percentage of formality is La Fría with 86.96% of the UP surveyed. On the other hand, the highest percentage of informality is in La Feria with 50% of the UP. Thus, it can be affirmed that, in the area of study, more than formalization processes, a profound process of access and distribution of land is required.

 3.4. Land uses in the ZRC-Pradera: pauperization of the peasant economy.

In addition to the characterization of land tenure in the ZRC, geospatial analysis of some of its biophysical conditions was carried out, using information from the 2018 General Soil Study carried out by the CVC at a scale of 1:100,000 (2019), to discuss the problem of land use. Thus, it was found that the main covers are the Natural Pasture (PCU) and the High Dense Natural Forest (BNDALT), which together represent 79.64% of the area distributed throughout the polygon, as shown in Figure 3 and Table 3.

Land coverage in the ZRC Pradera. Source: Elaborated by the author based on the information of the IGAC (2018), DANE (2019), CVC (2019).

Area and % of land area in the ZRC Pradera
Code Name Área (Ha) % Área
AF Árboles frutales 0,17 0,00
AV Avícola 0,53 0,01
BNDALT Bosque natural denso alto de tierra firme 3434,31 35,65
CANA Caña de Azúcar 2,17 0,02
CF Café 5,52 0,06
CF-PL Café-Plátano 10,57 0,11
CT Cítricos 4,57 0,05
EUC Bosque plantado de eucalipto 284,20 2,95
LG Lagunas 2,22 0,02
PCU Pasto natural 4237,69 43,99
RAALT Rastrojo Alto 1070,46 11,11
VP Vegetación de Páramo 558,17 5,79
VP-AB Vegetación de páramo con arbustos 21,85 0,23
VP-AR Vegetación de páramo con arbóreos 0,25 0,00
VV Vivero 0,84 0,01

Source: Elaborated by the author based on the information of the IGAC (2018)"DANE (20!9)"CVC (2019).

Areas with peasant economy crops such as fruit trees (AF), coffee (CF), the coffee-banana association (CF-PL) and citrus fruits (CT), only represent 0.22% of the area, dispersed in Lomitas, Potrerito, El Nogal and La Fría. It is noteworthy that pasture coverage is not only the main one in the entire ZRC, but 80% is located within the ZRF, with 3,386.25 ha.

On the other hand, analyzing the fertility of the soil it was found that there are 267.04 ha (2.77% of the area) in the Very High category (MA); in High category (A) there are 2,267.47 ha (23.53% of the area); in Measured category (M) 6,046.41 ha (62.76%); and in Very Low category (MB) there is 1,052.5 8 ha (10.92%). This indicates that in the ZRC there is a fertility between moderate and high (Figure 4).

Soil fertility in the Pradera ZRC. Source: Elaborated by the author based on the information of the IGAC (2018), DANE (2019), CVC (2019).

Thus, there is an underuse of the land with ideal fertility conditions for the development of family and peasant agriculture, which is being destined mainly for extensive livestock, probably due to the bankruptcy of national agriculture generated by the economic opening of the late twentieth century and the signing of free trade agreements-FTA, as can be inferred from the interview with a leader of La Feria:

The settlers who arrived began to plant coffee, which was the main crop in this region, and many transitory crops: tomatoes, beans, maize, cassava, arracacha; a lot of food. But when these crops were no longer producing anything but losses, they began to switch to livestock (interview 5, October 28, 2020).

The 518.93 ha with Very Low (MB, in Spanish) fertility between La Ruiza, Potrerito, San Isidro, La Fría and Bolívar are striking, since in these areas a significant number of peasants are living in smallholdings, microfundios and small property, in the scarce area that is outside the ZRF. In contrast, most areas with Very High (MA, in Spanish), High (A, in Spanish) and Measured (M, in Spanish) fertility, and where the properties are mainly medium to large, are within the ZRF, as will be seen in the next section. |

 3.5. Legal Appropriation of the Territory by the State: the case of the Forest Reserve of Law 2 of 1959

As anticipated, the ZRC overlaps with the ZRF by 8,210.59 ha, namely 85.22% of the polygon area (Figure 5). Of this area, 1,308.45 ha correspond to a type A zone, or assurance of the supply of ecosystem services; 5,709.44 ha correspond to a type B zone, or sustainable management of forest resources; and 1,192.7 ha correspond to areas with prior definition of ordering, that is, "(.) National Parks, RUNAP areas, Peasant Reserves, Collective and Indigenous Territories, among others, which are within the boundaries of the Reserve, and which retain this category." (MADS, 2013).

Type of Forest Reserve Zone of Law 2 of 1959 in the Pradera Source: Elaborated by the author based on the information of the IGAC ZRC. (2018), DANE (2019), CVC (2019).

Although peasant colonization has occurred since the early twentieth century, the creation of this figure has prevented the titling of vacant (Presidencia de la República, 1974) and conditioned land uses in accordance with the zoning adopted by MADS Resolution 1922 of 2013. Thus, only 1,422.91 ha of peasant territorial aspiration, where microfundio, smallholdings and small property predominate, are outside this figure that restricts and conditions the OSPR (Presidencia de la República, 2017).

For this reason, the POSPR formulated by the ANT (2019) reported the rural towns of El Nogal, El Retiro, La Feria and Bolo Blanco with restriction throughout their area. In addition, La Carbonera, San Antonio and San Isidro, add an additional area of approximately 600 ha with restriction, so it can be said that more than 50% of the properties with restriction for being in ZRF are within the area proposed to constitute the ZRC.

Consequently, of the 4,788 properties to which the ANT (2019) made the preliminary legal analysis, only 529 that correspond to 5,613.8 ha (15.7% of the total municipal area) were defined as within its competence. One of the reasons why this large number of properties was excluded refers to those duly acquired "(... ) by a private individual, when the ownership is consolidated, does not present a false tradition or act that generates doubt about the ownership and is constituted as a full right of ownership" (p. 100).

In this way, it seems that the ANT when formulating the POSPR ignores the phenomena of uneconomic fractionation and concentration of land ownership that have characterized the territory, in a context of social and armed conflict.

 4. Pradera ZRC: Peasant Territory, Disputed Territorialities.

According to the results obtained, it can be affirmed that the mountainous area of Pradera was configured during the twentieth century as a fundamentally peasant territory, despite state abandonment, war, displacement, dispossession, pressure for water exerted by agribusiness and the establishment of environmental management figures that exclude them. This territorial construction, unlike the colonization of the hot lands promoted by the Republican State in the nineteenth century (Palacio, 2006), was led by the same peasantry without any state support, in order to preserve their lives and culture, articulating the municipality to the national dynamics of peripheral colonization, resulting from the everlasting postponement of an agrarian reform (González, 2014).

However, since I960 there has been a series of disputes over the overlapping of three territorialities (Agnew y Oslender, 2010): I) peasant territoriality translated into the ZRC proposal; 2) the ZRF of Law 2 of 1959 as state legal appropriation of the territory; and 3) the model of intensive agro-industrial exploitation of sugarcane, focused on its interest in water. These disputes, added to the social and armed conflict, have generated five conflicts that will arise below.

First, there is the tension over access and equitable distribution of land. In this way, the bimodal nature of the agrarian structure in the study area is confirmed, in correspondence with the high Gini index of rural property demonstrated by the UPRA (2016) for the municipality. A phenomenon that becomes more relevant given the distribution in medium and large farms in the flat rural area, mainly dedicated to sugarcane agroindustry (ANT, 2019).

This generates constant problems between small and large property, in a context of uncertainty about property rights marked by political violence and armed conflict, state weakness and discriminatory policies towards the peasantry. All of which are distinctive elements of the bimodal agrarian structure (Suescún, 2013).

Faced with this tension, it is paradoxical that the ANT (2019) considers the formalized properties out of its competence to attend by offer; because with this decision the phenomena indicated above are ignored, which have especially affected the peasantry, leaving in question the application of the territorial and differential approaches as guiding criteria of the POSPR (Presidencia de la República, 2017). Likewise, it is forgotten that Pradera was included as a PDET municipality to promote "(...) the structural transformation of the countryside and rural areas (...) ensuring well-being and good living, the protection of the multi-ethnic and multicultural wealth, the development of the family and peasant economy..." (MADR, 2017, p.8).

A second tension, which deepens the disadvantages of the peasantry compared to the large landowners, is given by the low fertility of the soil in 36.46% of the study area outside the ZRF. Thus, these communities must not only manage on land well below the UAF, but must also do so in soils that lack the agrological properties to carry out agricultural activities in a profitable manner. This represents an obstacle to the development of the peasant economy and a challenge for the OSPR, since the pressure on these soils will lead to their greater degradation, the loss of their low productivity and, consequently, the greater impoverishment of the families that work them (Fajardo, 2018); which will ultimately result either in a greater uneconomic fractionation of property, or in a greater concentration of land.

In relation to the above, there is evidence of a third tension linked to the impact of economic opening on the peasant economy. Indeed, the signing of Free Trade Agreements with various countries generated a crisis in Colombian agriculture that particularly affected peasant producers (Oxfam, 2009), given the exponential increase in food imports, with prices below the production costs of peasant products. In this way, we understand the transition of agricultural activities towards livestock by the peasantry reflected in the land cover, as it is a more viable economic alternative.

The correction of this phenomenon requires implementing an integral rural reform, with projects to promote the peasant, family and community economy in complement to programs and projects for access and formalization of land, as proposed in the Final Peace Agreement-AFP (Naranjo, Machuca y Valencia, 2020). If this does not happen, POSPRs are likely to end up reproducing the phenomenon of land concentration, by incorporating new areas into an inequitable land market, in which the bankrupt peasantry would be at the mercy of land grabbers.

The fourth tension is presented by the different uses given to the land in the study area and its relationship with the permitted uses, generating problems for access and land tenure. In this sense, the evidence of natural pastures as the main land cover, with a greater incidence within medium and large farms in the ZRF, indicates an important transformation in uses towards livestock activities, contrary to legal provisions.

The transformation of vegetation cover derived from cattle ranching is a multicausal phenomenon with national incidence (Bustamante-Zamudio y Rojas-Salazar, 2018), so its explanation requires specific multidisciplinary studies. In this sense, without being exhaustive, it is identified that the peasant colonization was prior to the creation of the ZRF in 1959, entailing the transformation of the coverages for the development of agricultural activities typical of its economy. This was ignored by the national government when creating this figure, without being corrected so far.

For this reason, it is considered that the decision to exclude the areas of the ZRF from the collection of physical, legal and social information during the preliminary property sweep, considering that they are not subject to the competence of the ANT, violates the guidelines on restrictions and conditions in the formulation of the POSPR (ANT, 2018). In these guidelines, it is indicated that, in the case of properties within the ZRF, some legal processes of the offer can be made viable. In addition, the rights of use and management of the communities that have inhabited them historically are unknown, contrary to the Integral Rural Reform agreed in the Final Peace /Agreement (Naranjo et al., 2020). Likewise, the normative provisions that empower the ANT to request the MADS to subtract areas of Law 2 of 1959 (Decree I777 of I996 and Resolution 629 of 2012), in order to advance rural development programs or land restitution for victims, are forgotten. All this ends up limiting the possibilities of access and equitable distribution of land for the peasantry.

These four conflicts lead to a fifth and final conflict, which can be understood as their synthesis: the population decrease in the rural area of Pradera. Certainly, there is a manifest intention to force the peasant argument of 'agriculture without people' to become a reality; not only by the work and grace of the "capitalist expansion to every corner of the rural sector" (Salgado, 2002, p. 30), but also as a consequence of its violent physical elimination and the normative and institutional adjustment to deny the rights to land and territory of the peasantry.

In this way it is understood that, on the one hand, the POSPR does not question the large states and therefore ends up accepting its legalization and legitimation; and, on the other hand, preservationist objectives are prioritized based on a nineteenth-century anthropocentrism, which contrasts nature and culture (Descola, 2011), to remove the human being from his belonging to nature. Thus, the conservation of ecosystems implies the expulsion of the communities that have historically inhabited them, ignoring their territorial rights and turning the vaunted sustainable development into an unattainable utopia. Quite the opposite of this conception, it is agreed with Angel-Maya (2002) that:

(...) What the environmental perspective urgently requires is a theory that allows man to be an integral part of nature but at the same time to understand his own specificity, because without this specificity it is also impossible to understand the environmental problem. (p. 118).

An example of this is found in Law 1930 of 2018 or Moors Law (Congreso de Colombia, 2018), which does not propose an explicit restriction that calls for displacing the inhabitants who have traditionally and historically inhabited them. On the contrary, it recognizes the social and cultural aspects within the components that make up the moors, as well as the rights to participation of the communities that inhabit them, incorporating an ecosystem and intercultural approach to their management (art. 2). Likewise, it deploys a population approach that opens the possibility for traditional inhabitants to become moorland managers to develop management activities for these ecosystems (art. I6). These and other aspects were highlighted by the Corte Constitucional (2019) making it a benchmark to advance in a territorial planning with a true environmental perspective.

Perspective that understands the cultural system as an evolutionary emergency, whose distinctive feature is the use of instrumentality as an adaptation mechanism, complementing the biological being with the technological base. With the recognition of this specificity, the human being is incorporated into nature, as an expression of its diversity (Ángel-Maya, 2002); which allows, in turn, to recognize the peasantry as a subject of conservation.

These aspects are in line with the conceptualization of the peasantry in Colombia (ICANH, 2020), especially in the territorial dimension, which defines the life of the Colombian peasant subject as "(...) a network of social links expressed in communities, villages, rural towns, mines, beaches, among others, and developed in association with ecosystems... " (p. 20). And also, with the cultural dimension, in relation to their conceptions and knowledge as a fundamental basis for the definition of practices, management and valuations of natural ecosystems.

 5. Conclusions

Taking into account these five conflicts identified for the OSPR in the Pradera ZRC, progress will be made towards an order that recognizes the land rights of the peasantry. However, in the POSPR formulated, there is an unjustified inclination of the ANT to only offer help with formalization processes, to the detriment of a true ordering that also implies the access and redistribution of land.

This inclination, added to the lack of articulation with the multipurpose cadaster, distorts the attention based on a "property sweep", conceived in the AFP to develop a comprehensive land policy that addresses socio-territorial conflicts by enhancing new realities (Naranjo et al., 2020). Likewise, it shows the persistence of the institutional disarticulation that has characterized the Colombian agrarian sector (Abril, Valencia, Peña, Abonado, Barrero, Jimenez, Lozano, Triana, y Uribe, 2019), limiting their ability to respond to the challenges of integral rural development and the construction of a stable and lasting peace.

In addition, the recommendations promoted by the international community to achieve the eradication of hunger and poverty in the world and protect the environment are unknown, as is the case of the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure-DVGT (FAO, 2012), in light of which FAO (2019) highlighted the relevance of the ZRC as a figure that contributes to a "sustainable balanced development, participatory land-use planning, and broad and equitable access to land" (p. 79), and recommended making the necessary adjustments to close the legal and regulatory gaps in the ZRC that guarantee their proper constitution.

In this sense, it is considered that, in order to organize the territory, guaranteeing access and redistribution of land for the peasantry in the area proposed as ZRC in Pradera, the following complementary guidelines should be incorporated into the POSPR:

In the formulation and execution of the POSPR, when there are territorial contexts marked by political violence and armed conflict, as well as phenomena of inequitable distribution of land, the ANT must attend by offer to both large properties and smallholdings and microfundio, even if they are duly formalized, in order to advance processes of equitable redistribution of land, in accordance with current regulations.

The ZRC is a figure of territorial planning that allows the agency of integral rural development from its Sustainable Development Plan. In this sense, when in the formulation of a POSPR it is found that an administrative process of constitution of ZRC is open in the territory, this will be attended by offer to speed up its processing.

Taking into account the territorial and differential criteria, as well as respect for the rights acquired by the communities that have been living within the ZRF, the ANT must contemplate the figure of subtraction of areas of Law 2 of 1959 for the formulation and execution of the POSPR, when the territorial contextualization provides sufficient elements to sustain it.

The POSPR should recognize the peasantry as a subject of environmental conservation, guaranteeing their participation in the environmental management of the territory and encouraging the incorporation of agroforestry and silvopastoral systems within the framework of an agroecological production model

ORDOÑEZ-BOTERO, Harold. Peasant Occupation and Use of the Land in the Municipality of Pradera (1900-2010): A century of socio-territorial tensions. In: Entramado. January-June, 2023 vol. 19, no. 1, e-8644 p. 1-17 https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.8644

There is no conflict of interest among researchers in this work