El modo en que las instituciones públicas y privadas -como escuelas, centros de salud, organismos de protección y de justicia- responden ante situaciones de violencia sexual contra las niñeces y adolescencias reviste una gran relevancia como objeto de estudio y controversia. Desde un marco de vulnerabilidad y derechos humanos, entendemos a las instituciones como entramados de prácticas, normas y vínculos, espacios de mediación entre las normas y la vida social, donde se decide cotidianamente y se materializa o no la posibilidad de proteger derechos. En particular, las violencias sexuales contra niñeces y adolescencias constituyen una forma extrema de relación de desigualdad etaria y de poder, por lo que la intervención de terceros para detectar e interrumpir las violencias es imprescindible, fundamentalmente en casos de incesto. Así, comprender el modo en que los equipos institucionales responden ante estas situaciones es crucial para comprender las posibilidades de restitución de derechos de las niñeces y adolescencias vulneradas.

De acuerdo con la revisión narrativa en torno a la violencia sexual contra las niñeces y adolescencias efectuada por Capriati y Seghezzo Goglino (2024), el eje analítico sobre lo institucional atraviesa de modo significativo los diversos enfoques que abordan la problemática en lo que constituyen los antecedentes sobre la misma. Ya sea por la identificación de brechas entre las necesidades, pedidos de asistencia y acceso a la misma, o la tensión entre prácticas tendientes a la restitución de derechos o a la revictimización, el análisis sobre las intervenciones institucionales de los equipos de profesionales que atienden a estas violencias es un punto clave para la construcción de conocimiento y posterior consolidación de mejoras en políticas y programas de asistencia. En esta línea, el interés del presente artículo no apunta a las competencias específicas de cada sector o institución que conforma el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito argentino, sino que más bien hará foco en el análisis de los procesos de actuación institucional en sentido amplio, en tanto son descriptivos del abordaje de la problemática en relación con todas las instituciones involucradas en darle respuesta y posibilitar la restitución de derechos.

Contemplando la centralidad del eje institucional, la relevancia del objeto de estudio, y antecedentes normativos, programáticos y de análisis de prácticas, el objetivo del presente artículo es analizar las intervenciones institucionales frente a la detección y/o develamiento de situaciones de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente desde las perspectivas de profesionales y referentes barriales que trabajan en el ámbito argentino y con experiencia directa en el abordaje de estas problemáticas.

Los objetivos específicos fueron: 1) describir las acciones desplegadas a partir de la detección y/o develamiento; y 2) analizar los momentos de las intervenciones institucionales y la tendencia del proceso hacia la protección de derechos o la revictimización. Para esto, algunas preguntas guía son: ¿Cuáles son las características del recorrido institucional que transitan las víctimas desde la irrupción de un develamiento o la sospecha de violencia sexual? ¿Es posible identificar una secuencia de pasos en las intervenciones institucionales? ¿En qué circunstancias las intervenciones institucionales favorecen o logran articularse en una ruta crítica eficaz para la protección de derechos?

En función de estos interrogantes, el artículo se estructura del siguiente modo: en primer lugar, se desarrolla el marco teórico, que recupera las principales definiciones conceptuales, antecedentes de investigación y referencias normativas. En segundo lugar, se presenta el apartado metodológico, que describe el proceso de construcción del instrumento de recolección, la definición de la muestra, los aspectos éticos y el tratamiento analítico de los datos. Posteriormente, se exponen los resultados, centrados en los momentos de las historias de actuación institucional y sus tendencias hacia la revictimización o la protección de derechos. Luego, se presenta la discusión de los hallazgos en diálogo con los antecedentes revisados y, Analmente, las conclusiones.

El análisis de las actuaciones institucionales se realiza desde un marco de vulnerabilidad y derechos humanos (Ayres, Paiva y Cássia, 2018), razón por la cual el interés está concentrado especialmente en las intervenciones del Estado frente a un caso de grave vulneración de derechos, como una situación de violencia sexual contra un niño, niña o adolescente. Desde este marco, la mirada se desplaza del "riesgo individual" hacia la trama de determinaciones sociales, institucionales y políticas que hacen posible -o limitan- el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Analizar las violencias sexuales desde el enfoque de vulnerabilidad y derechos humanos supone atender de manera integrada a las dimensiones individual, social y programática que inciden en la exposición al daño y en la capacidad institucional y comunitaria de dar respuesta. La vulnerabilidad programática, de particular interés para el presente artículo, expresa la capacidad de las instituciones y del Estado para garantizar derechos, coordinar sectores y sostener dispositivos de acompañamiento frente a las violencias sexuales contra las niñeces y adolescencias. El interés analítico no está centrado en una evaluación del desempeño de un sector o de un ámbito geográfico delimitado sino en la identificación de situaciones de vulnerabilidad para comprender los límites del accionar institucional y orientar acciones efectivas de restitución de derechos.

En el marco de este enfoque, el análisis requiere delimitar conceptualmente el tipo de violencia que se aborda y las categorías sociales implicadas, a fin de situar las intervenciones institucionales en su especificidad. De acuerdo a una de las definiciones más extendidas en el ámbito argentino, las violencias sexuales contra niñeces y adolescencias remiten a "prácticas sexuales -que pueden ir desde tocamientos, exposición de los órganos sexuales y masturbación frente a un niño, niña o adolescente, hasta violaciones-" (PLAN ENIA, 2018, p. 13) impuestas por un adulto u otro adolescente a través de diversas formas de coerción, como la violencia física, amenazas, abuso de confianza, entre otras. Así como hemos hecho en trabajos precedentes (Capriati y Seghezzo Goglino, 2024), en este artículo utilizaremos la categoría "niñeces y adolescencias" para referir a los sujetos vulnerados por estas violencias. De acuerdo con el Código Civil y Comercial Argentino, la minoría de edad comprende el período entre el nacimiento y los 18 años, y la adolescencia aparece como una especificación de aquella que inicia a los 13 años y culmina a los 18. Acorde a diversos estudios provenientes de la Antropología (Villalta, 2020), que proponen pensar a las niñeces y adolescencias como categorías construidas y situadas histórica y socialmente, nuestra elección por utilizar el plural responde a una búsqueda por cuestionar una extendida pretensión de universalidad y homogeneidad, y poner énfasis en la multiplicidad de maneras de vivir esas etapas del ciclo vital, de acuerdo a particulares entramados de relaciones de género, clase, cultura o raza, entre otras.

Pensar en estos términos habilita una mejor comprensión de los contextos de producción y condiciones materiales de estas niñeces y adolescencias, lo cual permite la formulación de políticas acordes a las respectivas necesidades que se identifiquen. Aquí toma relevancia la institución de niñas, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, de lo cual fue un hito la Convención de los Derechos del Niño (UNICEF, 1989), y de los Estados nacionales como garantes de esos derechos. En la región de América Latina en general, y en el caso argentino en particular, se dispone de una extensa producción normativa y procedimental que, si bien no se traduce en una implementación homogénea, define principios y lineamientos de actuación para promover abordajes integrales frente a situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En 2005 el Estado Argentino sancionó la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de la cual todos los organismos que se desempeñan en la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes quedan comprometidos a garantizar a estos sujetos el goce efectivo de sus derechos de manera conjunta. En este punto, cobra relevancia el principio de la "corresponsabilidad": si bien no es mencionado en estos términos en la Ley 26.061, está presente en los lineamientos institucionales en el ámbito argentino, constituido por protocolos, guías de buenas prácticas y orientaciones pensadas para los diversos sectores intervinientes. Este marco procedimental aboga por la construcción de un abordaje integral e interdisciplinario, da relevancia a la corresponsabilidad y establece que las respuestas a las vulneraciones de derechos deben ser articuladas interinstitucional e intersectorialmente para evitar intervenciones inconexas y fragmentadas (Ministerio de Salud de la Nación, 2022; Plan ENIA, 2018). Asimismo, la Ley 26.061 estipula el deber de todo agente o funcionario público de comunicar ante la autoridad administrativa local de protección de derechos, y bajo apercibimiento, en tanto fuese puesto en conocimiento de una vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes. De este modo, el paradigma de la protección integral y el principio de corresponsabilidad constituyen un marco normativo y programático para la intervención, que a su vez se ve atravesada por diversas apropiaciones, andamiajes y significaciones institucionales y sectoriales (Villalta, 2020). Dada esta brecha entre los marcos normativos y su implementación práctica, un tema central del marco programático refiere a la importancia de evitar revictimizaciones: éstas aluden, además del daño físico o psíquico derivado del hecho de violencia (victimización primaria), a daños emergentes en las interacciones de las instituciones con las niñas, niños y adolescentes y sus familias.

Así, aunque normativamente se entiende al Estado como garante de derechos, las respuestas a problemáticas como las violencias sexuales contra niñeces y adolescencias evidencian importantes desigualdades, fallas estructurales y contradicciones (Graziano y Grinberg, 2021; Villalta 2020, 2021). Diversas investigaciones en la región de América Latina analizan distintos aspectos y sectores de las intervenciones institucionales por medio de: el estudio de las creencias de personal docente en escuelas primarias y secundarias sobre la violencia sexual y la importancia de su notificación (Duarte, Patias y Von Hohendorf, 2022), los conocimientos de los equipos de atención primaria de la salud (Batista, Gomes y Villacorta, 2022), los modelos de género de profesionales de programas de protección de derechos (Sanhueza-Díaz, 2022) y las prácticas institucionales cotidianas que regulan el funcionamiento del sistema y su relación con las familias usuarias (Parada, Sánchez-Morales, Escobar-Olivo, Recinos y González, 2023).

Los estudios del panorama argentino documentan bajos niveles de articulación interinstitucional, dificultades en el trabajo en territorio, individualización de la responsabilidad y constante rotación de personal como elementos críticos del sistema de protección integral (UNICEF, 2023; Simonotto, Collado, Pérez, 2022; Gil Zilbervarg y Pérez, 2019; Sánchez y Biagini, 2019). Al analizar las intervenciones y los recorridos institucionales que vivencian niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el proceso de búsqueda de ayuda institucional, Cóccaro, Corrales, Deambrossi, Iribarne y Pisano (2018) identifican falta de coordinación y ausencia de un diagnóstico compartido, lo cual obstruye la construcción de un abordaje integral. La débil articulación interinstitucional, las debilidades estructurales y la escasa formación de los equipos profesionales reducen el alcance de los lineamientos del marco de protección integral (Capriati y Seghezzo Goglino, 2024). Estos elementos críticos son consistentes con los resultados de un estudio sobre opiniones y autoevaluación de profesionales y referentes comunitarios sobre la actuación institucional frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes (Capriati, 2024): mientras las percepciones negativas referían a los prolongados tiempos de espera, la baja utilización de protocolos y los escasos servicios disponibles, las opiniones positivas se concentraban en la consideración de la palabra de la niña, niño o adolescente y el respeto por la confidencialidad del caso.

En línea con estos antecedentes regionales y nacionales, la investigación llevada a cabo y, en concreto, el presente artículo demarca un interés por analizar los modos en que se llevan adelante las intervenciones institucionales frente a violencias sexuales contra niñeces y adolescencias. Si bien también sostendremos el foco sobre un eje analítico institucional, los aportes, en línea con las vacancias identificadas, tendrán que ver por un lado con la puesta en valor de los relatos de profesionales y referentes barriales que trabajan en el ámbito argentino y con experiencia directa en el abordaje de estas problemáticas, y por otro lado con la sistematización y el estudio de las acciones desplegadas y secuencia de momentos de los procesos de actuación institucional. Por su parte, el trabajo de Del Río Albornoz y Latorre (2025) representa un antecedente metodológico en esta línea, pese a haber sido publicado con posterioridad a la presente sistematización, puesto que también identifica y construye "itinerarios de atención", aunque ésta es psicológica y judicial y parte de los relatos y secuencias vividos por figuras parentales no ofensoras ante casos de violencia sexual contra niñeces y adolescencias. Dicho esto, los trabajos previamente citados permitirán contemplar fundamentalmente elementos críticos y buenas prácticas, algo que será un insumo para poder contrastar los resultados y analizar las circunstancias que determinan la tendencia de los procesos de actuación institucional hacia la protección de derechos o hacia la revictimización.

En este artículo el análisis está concentrado en una muestra de 15 historias de actuación institucional con las siguientes características: 14 de las agresiones fueron contra niñas y adolescentes mujeres y la restante agresión fue contra un niño. Las edades de las niñas, niños y adolescentes al momento del relato o la detección de la situación de violencia sexual van desde los 7 hasta los 16 años. Más allá de que el criterio de inclusión establecido para las historias a ser narradas estipulaba como límite inferior los 10 años, se admitieron 2 casos por debajo porque su información era relevante para la reconstrucción de los procesos de actuación institucional.

Las 15 historias fueron narradas en su totalidad por mujeres. Si bien esto no fue intencional, consideramos que la feminización de las profesiones vinculadas con el cuidado, formación y atención de niñeces y adolescencias ha tenido que ver con esta característica de la muestra: en lo que respecta a la pertenencia institucional de las narradoras, y tal como puede observarse en la Tabla 1, 8 trabajaban en servicios de salud, 4 en organizaciones de la sociedad civil, 2 en organismos de niñez y adolescencia y 1 en una escuela. En cuanto a las edades de las mujeres narradoras, tres de las quince mujeres narradoras eran menores de 40 años, once tenían entre 40 y 60 años y una era mayor de 60. Asimismo, como ya hemos planteado con anterioridad, las narradoras fueron profesionales y referentes comunitarias con extensa trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos de niñeces y adolescencias; una particularidad que distingue a los aportes del presente estudio, en tanto permite la puesta en valor de los relatos de estas mujeres para la descripción de los procesos de actuación institucional, a la vez que cabe decir que puede constituir una suerte de sesgo respecto a estas descripciones, con imposibilidad de extrapolar las respuestas a la población general.

Tabla 1

Cantidad
Pertenencia institucional	Servicios de salud	8
	Organizaciones de la sociedad civil	4
	Organismos de niñez y adolescencia	2
	Escuela	1

Nota: elaboración propia.

Por otro lado, siguiendo con la caracterización de la muestra, en todas las situaciones narradas el agresor fue un varón, mayoritariamente adulto y conocido de la niña, niño o adolescente agredido. Como puede verse en la Tabla 2, en 12 casos era un adulto y en 3 se trató de otro adolescente (un hermano, un vecino y un novio); los agresores adultos eran en 4 ocasiones el padre, en 2 casos el padrastro, en 2 casos un novio mayor de edad, en 1 caso un adulto cercano a la familia, en 1 caso un hermano mayor de edad, en 1 caso un tío y en otro caso un desconocido. Tal como abordaremos entrado el análisis de las historias, el hecho de que muchas de las violencias sean intrafamiliares otorga una particular vulnerabilidad a las niñeces y adolescencias contra quienes se ejerció la violencia así como a su entorno cercano, por lo cual se vuelve imprescindible la intervención de terceros para detectar e interrumpir las violencias y pone en valor la rápida actuación y acompañamiento de quienes entran en conocimiento de la situación.

Tabla 2

		Edad del agresor Mayor de 18 años	Mayor de 18 años
Vínculo del agresor con la niña, niño o adolescente	Hermano	1	1
	Vecino	1	-
	Novio	1	2
	Padre	-	4
	Padrastro	-	2
	Tío	-	1
	Adulto cercano	-	1
	Desconocido	-	1

Nota: elaboración propia.

Consolidado el corpus empírico integrado por esta muestra de 15 historias, las cuales sucedieron en seis provincias de Argentina y en entornos diversos, podemos abordar su análisis transversal a partir de agrupamientos de las mismas. Al examinar el recorrido institucional en el conjunto de las historias es posible identificar una consecución de momentos que se suceden en el tiempo, en los cuales se condensan determinadas circunstancias que varían de acuerdo al tipo de develamiento o las particularidades de los casos, tal como se expone en la Tabla 3. Las etapas o momentos fueron reconstruidos analíticamente en función de la aparición de instituciones y del tipo de intervenciones que efectuaron. Esta decisión analítica permitió distinguir cuatro grandes momentos:

Tabla 3

Nota: elaboración propia.

A partir de nuestros objetivos y la construcción y análisis de los momentos de las intervenciones institucionales frente a violencias sexuales contra niñeces y adolescencias, los hallazgos del presente estudio pueden resumirse en tres puntos. Efectuando una revisión bibliográfica sobre las intervenciones institucionales frente a estos casos, podemos identificar una amplia vacancia en lo que refiere a estudios recientes en la región sobre la puerta de entrada, lo cual consideramos que puede obedecer al hecho de que las investigaciones sobre la problemática abordada fundamentalmente analizan las intervenciones de modo sectorizado. Frente a esta vacancia y como primer hallazgo del presente estudio, entonces, hemos de sostener que la puerta de entrada se trata más bien de una característica, variable en función de cada caso, que hace a la descripción y estudio de los procesos de actuación institucional, así como del develamiento o detección de la violencia, pero que no establece a priori una secuencia fija de pasos a seguir ni una tendencia hacia la protección de derechos o a la revictimización de la niñez o adolescencia vulnerada. Tal como hemos visto, historias con una misma puerta de entrada no reproducen una consecución homogénea de intervenciones.

Este hallazgo va en línea con el hecho de que los robustos marcos normativo y programático con los que cuenta la región en general y el territorio argentino en particular se instituyen como políticas y lineamientos que luego atraviesan procesos de institucionalización divergentes, de acuerdo a los andamiajes, expectativas y sentidos impresos en las diversas lógicas institucionales y sectoriales. Pese a la pretensión de universalizar buenas prácticas, persiste una brecha entre los marcos y las intervenciones, que deriva en que una misma puerta de entrada no sea garantía de una secuencia específica de pasos. Cóccaro, Corrales, Deambrossi, Iribarne y Pisano (2018) proponen a este respecto que hay expectativas institucionales sobre los sujetos que esperan recibir, invisibilizando realidades diversas, sectorizando la demanda y vulnerando el acceso oportuno a servicios de atención y a la protección y restitución de derechos. Esto va en línea, por ejemplo, con casos como los de Elena o Daniela, donde los tiempos procedimentales presentaban una resistencia por los tiempos subjetivos de las niñas para dimensionar e identificar la violencia. Ahora bien: si hay tal disparidad entre marcos y prácticas, entre demandas y ofertas, ¿qué aspectos pueden destacarse para la mejora de políticas y servicios de atención en base a las historias aquí relevadas?

Como segundo hallazgo podemos afirmar que es en el identificado como "tercer momento", en el cual se da un crecimiento de la densidad institucional en todas las historias relevadas, donde se determina la tendencia de las mismas hacia la restitución de derechos o hacia la revictimización, viéndose el rumbo definido por la presencia o ausencia de una labor corresponsable, articulada interinstitucionalmente en la construcción y concreción de un plan de acción integral. De este modo, el análisis de las historias de actuación institucional pone de manifiesto que una mayor densidad institucional es condición necesaria pero no suficiente para garantizar una respuesta articulada que promueva la restitución de derechos, y que la corresponsabilidad deviene indispensable para la restitución de derechos.

De modo coincidente con antecedentes regionales y nacionales, en el presente estudio se constata la existencia de intervenciones aisladas y prácticas de atención revictimizantes en las intervenciones institucionales frente a situaciones de violencia sexual contra las niñeces y adolescencias, lo cual representa barreras para el acceso a servicios oportunos e integrados. Por su parte, Cóccaro, Corrales, Deambrossi, Iribarne y Pisano (2018) identifican que la falta de coordinación interinstitucional y de un diagnóstico consensuado obtura las posibilidades de un abordaje integral de la problemática. En la misma línea, aquí atendemos a un grupo de historias de actuación institucional que delinea una ruta con tendencias revictimizantes, donde hallamos falta de credibilidad hacia el relato de la víctima, discontinuidad en la asistencia médica o psicológica, falta de comunicación con la administración de justicia y tiempos procedimentales que no se correspondían con los tiempos subjetivos de las niñas, niños y adolescentes para asumir la situación de violencia. Estas intervenciones evidencian que continúa pendiente la implementación de dispositivos interinstitucionales transversales que aseguren la protección integral de derechos y reviertan la fragmentación institucional y, algo en lo que hacen hincapié Simonotto, Collado y Pérez (2022), la individualización de las responsabilidades.

En lo que refiere al grupo de historias de actuación institucional con recorridos que tienden a la protección y restitución de derechos, se pone de relieve la importancia del tejido de una red como el factor que define la tendencia para brindar servicios de forma oportuna e integrada. En estas historias se pueden rastrear intervenciones que constituyen materializaciones de esa corresponsabilidad. La consolidación de tal red interinstitucional no implica una mera y sucinta articulación para un intercambio o intervención específica, sino que se trata de una interacción sostenida en el tiempo. En este sentido, el tejido de una red durante la ruta crítica surge de la necesidad de un equipo de sumar otro equipo o servicio, de su propia u otra institución, para contribuir al acompañamiento de la situación desde otro ámbito de la intervención y apuntar a la protección y restitución de derechos. Es importante destacar que el involucramiento de nuevos equipos o servicios para la construcción de red, algo que en nuestro análisis se da en el tercer momento de las historias de actuación institucional, no se da bajo una lógica de la derivación, donde priman la circularidad institucional, el desentendimiento y el mero asistencialismo desafectado de una efectiva restitución de derechos y de una ruta de acción co-coordinada e informada para todas las partes involucradas. La participación de múltiples instituciones no constituye per se un abordaje integral de la problemática, sino que, para poder afirmar que se dió una respuesta de este tipo y que se constituyó una red, es imprescindible analizar el grado de articulación, seguimiento, involucramiento y sostenimiento del acompañamiento que despliegan los equipos en el mediano plazo.

Aquí toma vital importancia el principio rector de la "corresponsabilidad" y el trabajo conjunto entre las diversas instituciones y sectores intervinientes. Este tejido no significa implementar de forma automática un paquete predefinido de acciones: Simonotto, Collado y Pérez (2022) postulan que muchas veces los protocolos o lineamientos, en ocasiones desconocidos, son aplicados por los profesionales de manera mecánica por la sensación de seguridad de pautas predefinidas para situaciones tan críticas como son las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Como hemos analizado, esto no necesariamente se traduce en una restitución de derechos, puesto que se prioriza la hoja de ruta por sobre la reflexión sobre la complejidad de los casos y las necesidades particulares que atraviesa la niñez o adolescencia vulnerada. Sin embargo, los antecedentes y los resultados aquí compartidos dan cuenta de una tendencia hacia buenos resultados cuando hay un involucramiento y toma de decisiones informadas, comprometidas y corresponsables entre las instituciones intervinientes, lo cual se ve favorecido cuando una institución toma el rol coordinador respecto al plan de acción a seguir de manera coordinada interinstitucionalmente. Esto sería, de acuerdo a la Ley 26.061, potestad de los organismos de protección de derechos, algo que Gil Zilbervarg y Pérez (2019) postulan que entra en conflicto con el contexto nacional de vaciamiento estatal y las condiciones de trabajo precarias. Por esta razón, consideramos de gran valor cuando en casos como el de Nahuel o el de Micaela el centro de salud o la escuela también toman ese compromiso gestor, que indispensablemente debe ser acompañado de un trabajo corresponsable e intersectorial para tender a la restitución de derechos.

Por último, un tercer hallazgo del presente estudio radica en la dimensión de género del rol de cuidado y protección: quienes alojaron los testimonios de las niñas, niños o adolescentes que atravesaron violencias sexuales, y quienes posteriormente iniciaron los caminos de asistencia y justicia, fueron mujeres de sus entornos cercanos, vecinas o mujeres profesionales de centros de salud. En algunas historias resultó decisiva la reacción positiva de figuras adultas protectoras, e incluso de una psicoterapeuta, ante la ruptura del silencio y solicitud de ayuda de las niñeces. En otras, fueron vecinas quienes identificaron el malestar, dieron lugar al develamiento de la violencia y formularon estrategias para su interrupción, sin lo cual podría haberse sostenido la vulneración de derechos o se habría precisado de su detección en el ámbito institucional. Por último, en historias en las que la niña, niño o adolescente no contaba con adultos considerados protectores en su entorno, el rol protector feminizado también se identificó en profesionales de la salud quienes, lejos de sólo asistir el evento clínico de consulta, construyeron la sospecha y dieron lugar a la detección de las violencias. Como hemos planteado con anterioridad, las 15 historias que componen la muestra aquí analizada fueron narradas en su totalidad por mujeres; característica que era esperable dada la feminización de las profesiones asociadas al trabajo con niñeces y adolescencias. Sin embargo, la identificación de mujeres en los roles de cuidado y protección excede a las narradoras, comprometidas con la problemática, y se extiende hacia los entornos de las niñas, niños o adolescentes así como hacia las instituciones involucradas en los procesos de respuesta, donde las mujeres inician las rutas críticas y dan sostén. De este modo, el presente estudio otorga valor a los relatos de quienes desempeñan su labor en la primera línea de las instituciones en tanto, como plantean Muñoz, Duboy Luengo, Villalobos Dintrans y Reininger (2022), se encuentran en lugar clave en los procesos de traducción de las políticas públicas. A su vez, el estudio refuerza la identificación de una dimensión de género que, pese a exceder los objetivos iniciales de la investigación, hallamos que atraviesa al develamiento de estos casos, al paradigma de los cuidados y al compromiso con la protección y restitución de derechos de las niñeces y adolescencias. Esto va en consonancia con los modelos de género que Sanhueza-Díaz (2022) identifica en las expectativas de profesionales del ámbito chileno, de acuerdo a las cuales se invisibiliza la opresión patriarcal, se deja de lado la perspectiva de género que atraviesa a la problemática y se pone el foco en la supuesta función protectora de la madre. Por su parte, trabajos como el de Teubal (2010) coinciden en que las responsabilidades y expectativas de crianza y cuidado recaen casi exclusivamente sobre las madres, a la vez que se invisibiliza su propia subjetivación como víctimas directas de la violencia, dadas sus profundas consecuencias emocionales y vinculares (Teubal y Fuentes, 2010).

Tal como se explicitó en la introducción, el objetivo de nuestra investigación fue analizar las intervenciones institucionales ante situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde las perspectivas de profesionales y referentes barriales con experiencia en el abordaje de estas problemáticas. En relación con el primer objetivo específico -describir las acciones desplegadas a partir de la detección y/o develamiento de situaciones de violencia sexual-, las historias de actuación institucional, como una variante de la metodología de la ruta crítica, permitieron identificar las diversas acciones desplegadas y reconstruir los distintos recorridos. La fortaleza del estudio radicó en la exploración de la actuación institucional como un proceso amplio para captar tanto la puerta de entrada y los primeros pasos como el desarrollo en el corto plazo y las formas de desenlace, desde las perspectivas de quienes trabajan con las niñeces y adolescencias. La investigación confirma que los recorridos institucionales que transitan las niñas, niños y adolescentes desde el develamiento o la detección de violencia sexual develan rutas no lineales ni previsibles: hallamos un repertorio variado de intervenciones que responde a las lógicas derivadas de marcos institucionales, simbólicos y relacionales de los actores intervinientes.

Con respecto al segundo objetivo específico -analizar los momentos de las intervenciones institucionales y la tendencia de los procesos hacia la protección de derechos o la revictimización-, las formulaciones analíticas y los momentos definidos para la aproximación al corpus empírico permitieron reconocer factores decisivos en la orientación de las respuestas. El estudio, además de registrar empíricamente los obstáculos y dificultades en la ruta crítica, también documentó historias de actuación institucional con recorridos que tienden a la restitución de derechos. En particular, se identificó que la densidad institucional y la corresponsabilidad intersectorial determinan si el recorrido se orienta hacia la restitución de derechos o hacia la revictimización.

Ahora bien, ¿cuáles son los aportes de la presente investigación en términos del reto que supone la construcción de un abordaje integral frente a la problemática de las violencias sexuales contra niñeces y adolescencias? En términos de políticas públicas, podemos advertir que las formas que adopta la vulnerabilidad programática reflejan debilidades estructurales de las políticas públicas, especialmente en lo relativo a la articulación interinstitucional y la sostenibilidad de los dispositivos de acompañamiento. De modo sintético, sostenemos dos factores clave como recomendaciones Anales.

Por un lado, la complejidad y la gravedad de la situación demanda tejer redes interinstitucionales capaces de actuar ante la irrupción de la detección o el develamiento y sus urgencias, como así también capaces de coordinar planes de acción en el corto plazo y poder sostener dispositivos de acompañamiento en el mediano plazo. En este armado del tejido, el principio de la "corresponsabilidad" constituye parte del marco programático para guiar buenas prácticas en la intervención frente a violencias sexuales contra niñeces y adolescencias y deviene condición necesaria para la restitución de derechos. En las historias de actuación con tendencias restitutivas la importancia del tejido de una red intersectorial emergió como factor clave para brindar servicios de forma oportuna e integrada en los distintos momentos que se transitaron.

Por otro lado, es imprescindible reconocer como factor clave el rol de cuidado que suelen cumplir las mujeres del entorno cercano en el acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes víctimas de este tipo de violencia. Un abordaje integral tiene que poner a disposición de las figuras protectoras y del entorno familiar asesoramiento y servicios de asistencia, más allá de la víctima directa. En esta misma línea, representa tanto un aporte como una limitación del presente estudio el hecho de que la muestra fue conformada en su totalidad por mujeres profesionales y referentes comunitarias con amplia trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos de niñeces y adolescencias. En lo que respecta a las limitaciones, también ligadas a la dispersión geográfica y al tamaño de la muestra, hemos de postular la imposibilidad de generalizar los resultados expuestos, si bien los antecedentes presentan mayoritariamente puntos en común.

Finalmente, en el plano metodológico, destacamos la utilidad de la guía de recolección como herramienta para facilitar la narración de historias de actuación institucional frente a este tipo de situaciones. Si bien el trabajo de Del Río Albornoz y Latorre (2025) también tiene la aspiración de identificar momentos de la intervención, las autoras reconstruyen los itinerarios de atención psicológica y judicial que atraviesan figuras parentales no ofensoras ante casos como los aquí explorados, mientras que el presente artículo sitúa el foco en el eje analítico (inter)institucional y parte de historias narradas por profesionales y referentas barriales. Asimismo, si bien recuperamos como antecedente directo el trabajo de Sagot, Carcedo y Guido (2000) sobre las rutas críticas de mujeres adultas víctimas de violencia por parte de sus parejas, el interés de este artículo apunta a la situación de las niñeces y adolescencias, a partir de una reconstrucción de corte institucional. Así, frente a historias heterogéneas y críticas ligadas por las circunstancias de la violencia sexual contra niñeces y adolescencias, el presente estudio tuvo por objetivo analizar las intervenciones institucionales desde una perspectiva que, a nivel metodológico y por su objeto de estudio, constituye una novedad. La guía utilizada, variante de la metodología de la ruta crítica, permitió reconstruir recorridos complejos y visibilizar factores decisivos en los diferentes momentos de los procesos de intervención.

El fortalecimiento de un abordaje integral frente a las violencias sexuales contra las niñeces y adolescencias, así como un reto para las políticas públicas, también es un desafío para el campo de la investigación. Se plantea como prioridad en la agenda de investigación el desarrollo de metodologías que incorporen de manera sistemática las experiencias y conocimientos de profesionales y referentes comunitarios. La jerarquización de las experiencias y los conocimientos de quienes trabajan a diario con niños, niñas y adolescentes, así como los aportes de las organizaciones de la sociedad civil al proceso de protección de derecho, brindan nuevos insumos empíricos y pueden alentar nuevos modos de interactuar en la prevención, asistencia y protección de derechos.