La dinámica de los procesos de globalización ha provocado transformaciones significativas tanto a nivel macroeconômico como en la organización industrial, reflejadas en el aumento de la inversión extranjera directa y del producto interno bruto (Moghaddam y Redzuan, 2012; Santiago, Fuinhas y Marques, 2020). Estas transformaciones se han intensificado en los últimos años e implican la reconfiguración de la logística de las cadenas de suministro, impulsada por el uso de tecnologías de la información y la reducción de aranceles comerciales (Zhao, Wang, Liu y Tang, 2023; Fort, Pierce y Schott, 2018), así como incrementos considerables en el desempleo en industrias con alta penetración de importaciones (Acemoglu, Naidu, Restrepo y Robinson, 2015). De manera paralela, se ha observado una creciente dispersión geográfica y empresarial de la producción en los mercados internacionales, acompañada por el surgimiento de factores de riesgo que pueden afectar el logro de los objetivos organizacionales a mediano y largo plazo, a los cuales las empresas deben adaptarse. En este contexto, los conceptos de cadena global de valor (CGV) y redes de producción global (RPG) se han utilizado ampliamente para analizar la expansión del comercio internacional y la fragmentación de la cadena global de suministros (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005).

Todo esto ha generado transformaciones estructurales y organizacionales en las formas de hacer negocios, acompañadas por la adopción del concepto de gobernanza centrado en la cadena de valor (Bitran, Gurumurthi y Sam, 2006; McWilliam, Kim, Mudambi y Nielsen, 2020), el cual, resulta clave para entender las estrategias que deben implementar los países, las regiones y otros actores económicos para mejorar su posicionamiento en la economía global (Daly y Gereffi, 2017; Gereffi y Fernández-Stark, 2016). Paralelamente, han surgido herramientas de gestión orientadas a crear sistemas de gobernanza en red (Jones, Hesterly y Borgatti, 1997), mediante los cuales grupos seleccionados y organizados de empresas comerciales y no comerciales productoras de bienes y/o servicios celebran entre sí contratos implícitos y abiertos, con reglas claras y con el propósito de lograr una gestión eficiente de la cadena de valor. Frente a estos desafíos, se ha hecho necesario redefinir diversos roles administrativos en los países emergentes, otorgando mayor relevancia a los procesos de innovación que impulsan la estrategia de producto y su comercialización hacia segmentos que generan mayor valor y fortalecen las capacidades industriales, junto con un proceso gradual de desintegración vertical en algunas organizaciones transnacionales (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005).

Dependiendo del tipo de gobernanza y del lugar donde operan los productores, compradores y vendedores dentro de la cadena de valor, las organizaciones pueden adoptar distintas estructuras de gobernanza. Estas decisiones consideran las relaciones existentes entre los actores y los mecanismos institucionales que funcionan más allá del mercado, lo que les permite coordinar eficazmente las actividades de la cadena de valor y alcanzar mayores niveles de eficiencia mediante el establecimiento y aplicación de parámetros de productos y procesos (Giovannetti y Marvasi, 2018). Aunque, en términos generales, las empresas de todos los sectores productivos han experimentado cambios en sus estructuras de gobernanza a nivel global, la revisión de la literatura especializada revela una escasez de estudios que analicen específicamente estas estructuras en productos agrícolas con alto grado de internacionalización, como ocurre con el aceite de palma. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo identificar, a partir de un estudio de caso, las formas de gobernanza que prevalecen entre los actores que integran la cadena de valor del aceite de palma en Colombia, mediante un análisis de las interacciones entre estos distintos agentes.

Aunque la gobernanza en la cadena de valor posee múltiples acepciones, en términos generales puede definirse como el conjunto de relaciones de autoridad y poder que determinan la asignación y flujo de los recursos humanos y materiales dentro de la cadena de valor. Este proceso se enmarca en la acción colectiva o la autogestión voluntaria, con el propósito de establecer interacciones entre agentes, procesos, reglas y acuerdos institucionales que faciliten la toma de decisiones y configuren un patrón característico de gobierno (Calame y Talmant, 1997; Launay, 2008; Gereffi, 2014; García-Jiménez y Gandlgruber, 2014). Todo ello busca desarrollar procesos sociales, sistemas de representación y estrategias de gestión orientadas a cumplir los objetivos y metas organizacionales en términos de creación de valor, considerando mecanismos de gobernanza que minimicen o eliminen los costos de transacción (Jones, 1987). Además, la gobernanza en las organizaciones agroempresariales, especialmente en el contexto de empresas familiares rurales, enfrenta desafíos derivados de la complejidad de las relaciones de poder, la necesidad de profesionalización y la importancia de establecer sistemas formales que promuevan la equidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de las cadenas de valor (Pinehiro, Morales de Queiroz y Franca da Cunha, 2017). En términos generales, la gobernanza en la cadena global de valor (CGV) se relaciona con un marco organizacional dentro del cual se efectúan las transacciones entre los diferentes agentes, permitiendo englobar los principios y aspectos generales que guían las relaciones entre las Armas y dentro de ellas, las cuales son moldeadas, en parte, por el contexto local y la calidad de las instituciones (Kano, Tsang y Yeung, 2020; Cuervo-Cazurra y Pananond, 2023; Martin, 2014)

En general, en los países emergentes, el sector agrícola desempeña un papel fundamental como motor del crecimiento económico (FAO, 2012). La palma de aceite es un producto altamente adaptable al trópico húmedo, lo que, además de generar una alta rentabilidad y proporcionar buena protección del suelo, permite la captura de grandes cantidades de carbono (Mutsaers, 2019). Asimismo, su amplia gama de aplicaciones en los sectores alimentario y de biocombustibles le ha otorgado gran relevancia a nivel mundial (Sayer, Ghazoul, Nelson y Boedhihartono, 2012). El cultivo inició su evolución comercial en la década de 1960, con una importante dinámica que buscó responder a la demanda del mercado internacional de países como China, India, Brasil y la Unión Europea, pasando de una producción anual de 2 millones de toneladas en 1970 a 75,5 millones para 2020, cuadruplicando las exportaciones entre 1998-2013 y alcanzando una participación equivalente al 30% del consumo total de aceites y grasas a nivel mundial en 2016 (Montoya, Valdés, Chaquea, Pecha y Chejne,2020; Statista, 2022; Foo y Tun-Abdul-Aziz, 2019). La expansión de la producción se produjo principalmente en el sudeste de África y América Latina (FAO, 2022). Indonesia, Malasia y Tailandia son los principales productores con el 87,9% del total de la producción mundial, seguido de América Latina con el 6,5% y una superficie de alrededor de un millón de hectáreas cultivadas (Wicke, Sikkema, Dornburg y Faaij, 2011; Oil World, 2020).

La incursión del cultivo de palma de aceite en Colombia está documentada hacia 1932 cuando el botánico belga Florentino Claes introdujo el arbusto, inicialmente como planta ornamental en la Estación Agrícola de Palmira en el Valle del Cauca (Patiño, 1969). Hacia comienzos de 1945 se inició su comercialización cuando la United Fruit Company fundó una plantación en la zona bananera del departamento del Magdalena (Fedepalma, 2022b; Olivera et al., 2011). Actualmente, Colombia es el mayor productor de aceite de palma de América y el cuarto a nivel mundial con una participación del 2% (Indexmundi, 2021) y su dinámico crecimiento está representado en un área total sembrada de 590.000 hectáreas, de las cuales 478.000 están en producción, con un rendimiento promedio de 3,15 toneladas por hectárea. Del total producido, el 28% cuenta con certificado de sostenibilidad ambiental (Fedepalma, 2022a).

La estructura general del sector palmicultor colombiano está conformada por agentes comerciales y no comerciales. Los primeros se denominan núcleos palmeros, los cuales se encuentran dispersos geográficamente en cuatro zonas del país (suroccidente, oriente, norte y centro) conformados por 21 departamentos en 161 municipios productores de aceite de palma donde se concentra la producción y está conformado por palmicultores de diferentes tamaños y empresas extractoras, quienes realizan interacciones de oferta y demanda en el mercado a través de procesos de intercambio, cooperación, comunicación y competencia relacionados con el fruto de palma fresco (FPF).

Cada núcleo palmero forma parte de una Unidad de Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social (UAATAS) que está integrada por un grupo de expertos en los campos social, ambiental y técnico, y cuyo objetivo es ayudar a resolver problemas fitosanitarios y mejorar la competitividad y productividad del sector. Estas unidades también interactúan con las administraciones regionales y nacionales para promover la legislación, las políticas, los proyectos y las ayudas ofrecidas en el marco de la asistencia técnica y el desarrollo empresarial (Fedepalma y Cenipalma, 2010), otro lado, los agentes no comerciales son entidades públicas y privadas del ámbito académico y científico que realizan investigación, innovación y desarrollo de bienes y servicios con el objetivo de fortalecer el sector. La Tabla 1 muestra una descripción de los agentes no comerciales y el papel que cada uno de ellos desempeña en el sector.

Tabla 1

Agente	Descripción
CENIPALMA	El centro de investigaciones para el aceite de palma es un subsistema de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma (FEDEPALMA) que lleva a cabo procesos de investigación, desarrollo e innovación que contribuyan a la productividad y sostenibilidad de la agroindustria a través de la generación de nuevos insumos y guías para la implementación de las mejores prácticas.
FEDEPALMA	Representa los intereses de los cultivadores y trabajadores del sector para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Administra los fondos parafiscales en sus áreas de influencia, promueve el desarrollo social y económico de la región.
UAATAS	Unidad de asistencia técnica y auditoría técnica, ambiental y social. Responsables de la asistencia técnica a los productores de aceite de palma.
RSPO	Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible. Organización sin ánimo de lucro que busca que los involucrados en la industria de la palma de aceite desarrollen e implementen estándares globales en la producción sostenible.
Asociaciones	Agrupación de personas naturales o jurídicas sin ánimo de lucro para compartir sus buenas prácticas y recursos.

Nota: elaboración propia con base en (Minciencias, 2024); (Roundtable on Sustainable Palm Oil [RSPO], 2022); (Fedepalma, 2024).

La palma de aceite es un producto de gran importancia económica para el sector agropecuario colombiano. En 2020, Colombia produjo alrededor de 1,5 millones de toneladas, lo que representa el 2% de la producción total mundial. El 46% de esta producción se exportó principalmente al mercado europeo (Holanda, España, Italia, Alemania), que recibe el 61% de las exportaciones totales. Igualmente, el sector aportó el 9,1% del PIB agropecuario colombiano y la agroindustria como tal generó 188 mil empleos, de los cuales el 40% son directos (Fedepalma, 2023).

Algunas estadísticas descriptivas de la palma de aceite en las cuatro zonas productoras de Colombia se muestran en la Tabla 2, donde se observa que la zona oriental tiene la mayor participación en la producción mientras que la zona suroccidental tiene la menor; así mismo, el número de molinos de palma de aceite es proporcional a la producción de cada zona. En promedio, el rendimiento de la producción de las cuatro zonas es de 2.62 ton/ha, siendo la zona suroccidental la de menor rendimiento en comparación con las demás zonas, mientras que las zonas central y oriental tienen rendimientos similares. Sin embargo, el rendimiento medio nacional del cultivo es casi un 40% inferior al de Malasia (3,66 ton/ha) y un 21% inferior al de Indonesia (3,18 ton/ha), los principales productores de la oleaginosa.

Tabla 2

Zona	Número de cultivadores	Número de plantas extractoras	Hectáreas plantadas	Toneladas producidas	Rendimiento (ton/ha)	Participación en la producción (%)
Suroccidental	511	5	22883	54780	2.4	4
Norte	1600	14	111781	326440	2.9	21
Central	4143	18	180928	473410	2.6	30
Oriental	418	30	274596	704381	2.6	45
Total	6672	67	590188	1559011		100

Nota: elaboración propia con base en (Fedepalma, 2022a).

Por otro lado, un análisis por rango de área cultivada muestra que en general existen importantes desigualdades en todas las zonas productoras en cuanto al área destinada a la producción. En la zona suroeste, por ejemplo, el 63% de la superficie cultivada se concentra en el 2,8% de los agricultores y en la zona este alrededor del 24% de esta superficie es cultivada por el 6,5% del total de agricultores. En términos formales, una estimación del coeficiente de Gini muestra que la mayor desigualdad en términos de superficie cultivada se da en la zona suroeste (0,53), seguida de la zona este (0,41) y la zona menos desigual es la norte (0,22). Los resultados se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3

ZONA	Rango de hectáreas cultivadas	Número de cultivadores (propietarios)	(%)	Hectáreas cultivadas	(%)	ZONA	Número de cultivadores (propietarios)	(%)	Hectáreas cultivadas	(%)
Suroccidental	Menos de 5	254	49.7	1270	5.55	Oriental	6	1.4	30	0.01
	(5-20)	205	40.1	4100	17.92		41	9.7	812	0.30
	(20-50)	31	6.1	1550	6.77		36	8.6	1804	0.66
	(50-200)	7	1.4	1400	6.12		110	26.3	21953	7.99
	(200-500)	6	1.2	3000	13.11		96	23.0	46354	16.88
	(500-1000)	3	0.6	3000	13.11		56	13.3	50125	18.25
	(1000-2000)	5	1.0	8565	37.43		47	11.2	88562	32.25
	2000						27	6.5	64955	23.65
	Total	511	100	22885	100	Total	418	100	274596	100
	Gini	0.53				Gini	0.41
Norte	Menos de 5	285	17.8	1425	0.01	Central	114	2.7	228	0.13
	(5-20)	852	53.3	17040	0.68		2864	69.1	28641	15.83
	(20-50)	206	12.9	10300	1.03		609	14.7	15236	8.42
	(50-200)	170	10.6	32046	12.09		419	10.1	41861	23.14
	(200-500)	55	3.4	19250	13.48		74	1.8	18468	10.21
	(500-1000)	22	1.4	16170	23.78		29	0.7	18150	10.03
	(1000-2000)	9	0.6	13500	40.52		18	0.4	26779	14.80
	2000	1	0.1	2050	8.41		15	0.4	31565	17.45
	Total	1600	100	111781	100.00	Total	4143	100	180928	100.00
	Gini	0.22			Gini		0.34

Nota: elaboración propia con base en (Fedepalma, 2019; 2021).

Para el desarrollo de este trabajo y poder entender la complejidad de las diferentes formas de gobernanza, se realizó una investigación de carácter exploratorio en la que se implementa una metodología cualitativa basada en el análisis de estudio de caso. Para ello se adoptó una perspectiva integradora desde la óptica del análisis de estudio de caso, la cual está universalmente asociada a estrategias de cuestionamiento del "cómo" y del "por qué" para comprender con mayor profundidad los fenómenos en diferentes entornos y explicar la realidad con un mayor grado de objetividad (Barnham,2015). En esta investigación se realizaron análisis a través de un proceso escalonado (Figura 1) a partir de los criterios establecidos por Yin (2013), quien define un estudio de caso como una investigación empírica que permite comprender con profundidad un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, especialmente cuando el fenómeno es afectado por su contexto.

Figura 1 Nota: autores a partir de criterios de Yin (2013).

La información se recolectó durante el año 2018 de dos maneras: la primera, a través de la realización de entrevistas semiestructuradas a fuentes primarias de las cuatro regiones, en las cuales se promovía la libre interacción entre entrevistado y entrevistador con el objetivo de buscar una mayor calidad de la información obtenida y objetividad en su interpretación (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruíz, 2013). En ese sentido, se entrevistaron a 51 agentes comerciales (mandos medios) distribuidos así:19 en la zona centro, 12 en la oriental, 13 en la norte y 7 en la suroccidental (Tabla 4).

Tabla 4

Zona	Departamentos	Agentes comerciales	Agentes no-comerciales
Central	Antioquia (sur), Bolívar (sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander.	19	1
Oriental	Meta, Cundinamarca, Casanare, Vichada y Arauca.	12	1
Norte	Antioquia (norte), Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Magdalena	13
Suroccidental	Nariño, Caquetá y Cauca	7	3
Otras fuentes en eventos			9
Totales		51	14

Nota: elaboración propia.

De igual manera se aplicó el instrumento a 14 agentes no comerciales de los cuales 9 tienen carácter nacional y 5 operan a nivel regional. La segunda técnica de recolección se efectuó mediante la recopilación de información secundaria desarrollada por entidades públicas y organizaciones nacionales e internacionales expertas en el tema. Se seleccionaron 84 documentos que abordaban la situación específica del sector. Los documentos abarcaron los siguientes temas: biodiversidad (9), cultivos ilícitos (14), políticas públicas (20), desarrollo alternativo (15), derecho a la tierra (10), desplazamiento (8), exclusión (3) y negociación (5). Estos textos fueron analizados bajo los criterios desarrollados por Scott (1990), para evaluar calidad, credibilidad y autenticidad. Para comprender las formas de gobernanza utilizadas por el sector en Colombia a partir de toda la información se llevó a cabo un proceso de triangulación (Figura 2), el cual es una estrategia cualitativa que, según Denzin (2017), permite comprender de forma exhaustiva los modelos de gobernanza utilizados por medio del uso de múltiples fuentes de datos y, paralelamente, garantizar la saturación, objetividad y validez de la investigación (Guion, Diehl y McDonald,2011).

Figura 2 Nota: elaboración propia

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas con consentimiento previo, expreso e informado de los participantes, quienes aceptaron facilitar la información bajo la condición de anonimato y la duración aproximada de cada entrevista fue de 60 minutos. Las entrevistas se dividieron en dos secciones: la primera sobre información general (nombre de la empresa extractora o nombre de la explotación), la segunda sobre las formas de gobernanza y la manera de realizar las diferentes transacciones. Los participantes entrevistados se seleccionaron mediante muestreo no probabilístico, método que utiliza criterios de selección no aleatorios, incluido el conocimiento de los individuos por parte de un experto (Navidi, 2006). A partir de la información obtenida se realizaron inferencias basadas en la técnica de análisis cualitativo de contenido, la cual facilita establecer una descripción sistemática de la información y el significado de esta (Mayring, 2000). Los resultados obtenidos mediante esta técnica permiten determinar patrones, codificándolos y categorizándolos en elementos relevantes en la comunicación registrada. Este proceso arrojó 18 categorías: agentes, caracterización organizacional, sistemas de control, innovación, financiación, innovación, medición, transferencia de conocimiento, política, impuestos, energía, cultivos ilícitos, desconfianza, desarrollo alternativo, derecho a la tierra, desplazamiento, educación y negociación. Estas categorías se procesaron mediante el método sistemático de condensación de textos del software NVivo 15 (2023), el cual permite organizar, categorizar y etiquetar grandes cantidades de datos de forma eficiente.

El análisis del texto se llevó a cabo en cuatro etapas. La primera consistió en transcribir las grabaciones de las entrevistas para obtener los datos en formato de texto. Seguidamente, se leyó y revisó la información para identificar patrones y temas recurrentes, lo que permitió identificar términos asociados al tema de investigación. Esta información se agrupó en múltiples categorías y subcategorías temáticas para aumentar la coherencia y contribuir a una mejor comprensión de las relaciones entre los temas. En la última etapa, se analizó y sintetizó la información para comprender los mecanismos de gobernanza adoptados por el sector.

A partir de los nodos hermenéuticos presentados en la sección de metodología, se determinó que las ex-tractoras desempeñan un papel articulador fundamental en el proceso de transformación de la FPF y sus derivados, ejerciendo un rol de gobernanza jerárquica respaldado por diversas fuentes de poder internas y externas. Internamente, estas empresas poseen cultivos propios, gestionan algunos campos y adquieren producción de otros proveedores; externamente, su tamaño y conexiones con los mercados local y global les permiten operar como empresas ancla, alrededor de las cuales giran todas las transacciones. A partir del análisis, se identificaron tres tipos de gobernanza en las cuatro zonas productoras, cuyas características se detallan a continuación.

Los resultados del estudio permiten identificar formas de gobernanza diversas y complejas en el sector palmicultor colombiano, donde se observa la coexistencia de modelos cautivos, relacionales y de mercado. Esta diversidad refleja la existencia de estructuras asimétricas de poder y control, asociadas a factores como el acceso desigual a recursos financieros, la concentración de la propiedad de la tierra y las relaciones de dependencia con empresas ancla. Estos hallazgos concuerdan con lo planteado por Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005); Gereffi (2014), quienes destacan que las cadenas de valor globales exhiben configuraciones organizativas que surgen de las interacciones entre capacidades tecnológicas, normas institucionales y poder económico, dando lugar a distintos regímenes de gobernanza.

Asimismo, los resultados muestran que la gobernanza cautiva puede facilitar el acceso a crédito, asistencia técnica y precios preferenciales, pero al mismo tiempo expone a los pequeños productores a altos costos de transacción y riesgos financieros, en línea con las tensiones descritas por Pinehiro, Morales de Queiroz y Franca da Cunha (2017) sobre el papel de las relaciones de poder en las cadenas agroalimentarias. Por su parte, el modelo cooperativo identificado en la gobernanza relacional se alinea con las observaciones de estudios sobre innovación social transformadora (García-Jiménez y Gandlgruber, 2014; Kano, Tsang y Yeung, 2020), que destacan la importancia de las redes colaborativas en la redistribución de poder y la generación de valor social y económico. Sin embargo, persisten barreras asociadas a la falta de cohesión social, el acceso limitado a financiamiento y la debilidad institucional, lo que dificulta una implementación más extendida de modelos alternativos de gobernanza.

Desde una perspectiva comparativa, los retos identificados en el sector palmicultor colombiano reflejan patrones similares a los descritos en las cadenas de frijol y maíz en Centroamérica, donde las estructuras dominantes de gobernanza están fuertemente condicionadas por asimetrías de información, concentración de poder y fallas en los arreglos institucionales. Esto evidencia la necesidad de diseñar políticas públicas e instrumentos de gobernanza que fortalezcan la capacidad de negociación de los productores, promuevan prácticas colaborativas y fomenten el desarrollo sostenible. Tal como lo sugieren Gereffi y Fernández-Stark (2016), la construcción de esquemas de gobernanza más inclusivos y resilientes resulta esencial para responder a las dinámicas del comercio internacional y a los cambios en los patrones de demanda global.

Finalmente, este análisis resalta que las asimetrías de poder, aunque representan una limitante estructural, también pueden constituir una oportunidad para promover transformaciones hacia modelos más sostenibles e inclusivos. Se requiere avanzar hacia una gobernanza más equitativa que considere no solo los intereses de los actores dominantes, sino también los de los pequeños productores y las comunidades locales, promoviendo la formalización, el acceso a crédito, la innovación social y la adopción de modelos de economía circular que permitan la sostenibilidad a largo plazo del sector

Comprender los mecanismos de gobernanza en el sector agrícola es esencial para la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a reducir las brechas entre los sectores urbano y rural en Colombia. El análisis del sector palmicultor revela que los sistemas de gobernanza son débiles, ya que no se han establecido metas, planes ni programas generales que fortalezcan la cadena de valor de forma integral. Por el contrario, se identifican desigualdades significativas en la apropiación de los beneficios generados, así como la ausencia de mecanismos explícitos de regulación que mitiguen los impactos negativos derivados de las relaciones asimétricas de poder entre los actores de la cadena. Esta situación se manifiesta especialmente con la inexistencia de esquemas formalizados de derechos de propiedad de la tierra, lo que limita el acceso de los agricultores a fuentes de financiamiento de bajo costo.

Por otra parte, aunque se observa cierta evidencia de innovación social transformadora, estos procesos se presentan de forma aislada y sus impactos sobre la cadena de valor, aunque relevantes, no han alcanzado su máximo potencial. Persisten altos niveles de desconfianza entre los agentes del sistema, lo que dificulta la adopción generalizada de estrategias innovadoras y colaborativas.

Frente a este panorama, se hace necesario establecer mecanismos institucionales que promuevan cambios actitudinales y fortalezcan no solo la innovación social transformadora, sino también otras estrategias que permitan mejorar la gobernanza sectorial. Es fundamental crear alianzas estratégicas que faciliten a los agricultores el acceso a crédito e insumos a bajo costo, además de fomentar la transferencia de conocimiento para la adopción de nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas.

Si bien las asimetrías de poder identificadas constituyen una limitante dentro de la cadena de valor del sector palmicultor, también pueden convertirse en una oportunidad para promover prácticas orientadas al desarrollo sostenible. En este contexto, es posible fomentar la implementación de modelos de economía circular que impulsen la eficiencia productiva y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo así a la generación de valor en un marco de gobernanza más equitativo y sostenible.