Según Wickham-Crowley y Eckstein (2017), los estudios recientes sobre movimientos indígenas en América Latina corroboran la idea de que estas comunidades "se preocupan por lograr derechos y recursos materiales y políticos" (p. 67) negados histórica y estructuralmente por los gobiernos de turno en estos países. Ulloa (2001) afirma que las luchas por los derechos y territorios de los pueblos indígenas en Colombia iniciaron desde el siglo XVIII, pero sólo en los 60s logran una efectiva participación política nacional con la aparición de la primera organización indígena en 1971, el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. Sin embargo, la conquista política más significativa fue el reconocimiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la reforma a la Constitución Política de Colombia en 1991. A partir de aquí, el movimiento afrodescendiente inicia un proceso organizativo y étnico-político por la autonomía y el territorio, particularmente con la posterior Ley 70 de comunidades negras, y la conformación de los consejos comunitarios en gran parte del territorio del Pacífico Colombiano (Pardo, 2001).

En 1991 se presenta la masacre del Nilo en Caloto, Cauca, contra la comunidad indígena Nasa Páez lo que desencadena protestas y demandas internacionales contra el Estado colombiano. Estos eventos llevaron a la creación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas en 1996 (CNMH-ONIC, 2019).

Posteriormente, en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se intensifican las masacres y asesinato de líderes campesinos y étnicos¹ al ser considerados aliados de las guerrillas, lo que genera protestas locales, regionales y nacionales para denunciar estos hechos. En 2004, se da una de las más importantes movilizaciones indígenas: el Congreso Itinerante de los Pueblos con epicentro en Cali y en la que se pide "respeto a los derechos indígenas, la salida de todos los actores armados de sus territorios y un Mandato Indígena y Popular" (CNMH-ONIC, 2019, p. 413-414).

En los últimos años, la protesta social en Colombia se ha gestado en los pueblos indígenas, especialmente del departamento del Cauca (Díaz y Mueses, 2011). En 2013 y 2014 se presentan grandes movilizaciones lideradas por la unión de campesinos y grupos étnicos denominada Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular-CACEP, donde se propone un pliego de exigencias al gobierno nacional centrado en puntos incumplidos y otros nuevos, como: tierras-territorio; economía propia; derechos políticos, garantías y víctimas; ruralidad y paz con justicia social y otros más (Montenegro, 2016, p.181; Coscione y García, 2014).

En 2016, en el marco del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, se logra incluir un capítulo étnico orientado a construir propuestas desde los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del país (Montenegro, 2016). Sin embargo, ante los reiterados incumplimientos de los diversos gobiernos, en 2017 se presenta el gran paro cívico de la comunidad afro en Buenaventura, donde se persiste en demandas relacionadas con mayor infraestructura, garantía de servicios domiciliarios básicos, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado, ordenamiento del territorio e impulso a la producción local/regional, ratificados en el Decreto 1402 del 2017 (Jaramillo, Parrado y Mosquera, 2020).

Los anteriores estudios dan cuenta de las acciones colectivas agenciadas por diversos sectores sociales hasta el 2018. A partir de este año inicia el periodo de gobierno de Iván Duque Márquez del partido político Centro Democrático, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con un resurgimiento de las acciones colectivas por parte de la minga indígena del Cauca para reiterar el reclamo por los incumplimientos en periodos anteriores y exigir lo establecido en el capítulo étnico del acuerdo de paz. De aquí la pertinencia temporal del presente trabajo.

El artículo se estructura en ocho apartados. En el primero, se hace una introducción general a algunos antecedentes históricos de las demandas y protestas étnicas en el país. En el segundo, se presenta el contexto histórico y político de las movilizaciones étnicas en Colombia entre 2019 y 2021, objeto del presente estudio. En el tercero, hay un acercamiento al estado de la cuestión sobre investigaciones previas relacionadas con las problemáticas étnicas y las representaciones mediáticas de sus acciones colectivas. El cuarto, da cuenta del enfoque teórico donde se introducen conceptos clave como: representación y movilización social. En el quinto, se presenta la metodología, donde se detalla el enfoque de análisis de contenido aplicado a las piezas informativas seleccionadas. El sexto, muestra los resultados discriminados en cuatro categorías: organización de la información, agendas temáticas, actores y fuentes de información. Un séptimo apartado aborda la discusión de resultados, aquí se confrontan los hallazgos con estudios previos y se analizan las dinámicas de poder en la construcción mediática. Finalmente, en conclusiones se sintetizan los principales aportes del estudio y se reflexiona sobre el impacto de la representación mediática en la opinión pública y en la democratización del ecosistema informativo.

En los años 2019 a 2021 se reactivan las acciones de movilización social de las comunidades étnicas en el país. En marzo de 2019, las organizaciones étnicas y campesinas convocan al presidente Iván Duque a un diálogo nacional en Caldono, Cauca, para abordar temas estructurales de país, su negativa los lleva a declararse en "alerta permanente", siendo el punto de partida para las movilizaciones posteriores. En noviembre estas comunidades étnico-campesinas se unen a otros sectores sociales en un Paro Nacional con manifestaciones en las principales ciudades colombianas, planteando demandas relacionadas con el incumplimiento de los acuerdos de paz, la oposición a las políticas socioeconómicas del gobierno Duque y la condena a la violencia contra líderes étnicos y campesinos, defensores de derechos humanos y excombatientes (LSV, 2019a y 2019b; CRIC, 2019).

En el 2020, se intentan varios diálogos entre los sectores participantes del paro y el gobierno nacional, sin llegar a ningún acuerdo. La pandemia de COVID-19 disminuyó la dinámica de las movilizaciones, sin embargo, los problemas económicos y de salud profundizaron las tensiones especialmente en el departamento del Cauca, donde las organizaciones étnicas convocan nuevamente al presidente a un diálogo en Cali, pero, ante su insistente negativa, las comunidades marchan a Bogotá y le hacen un "juicio político simbólico". Estas movilizaciones étnico-campesinas del suroccidente, se convirtieron en la antesala del cuarto Paro Nacional donde miles de personas desafiaron la pandemia y salieron a las calles en diversas ciudades, aumentando la presión sobre el presidente Duque. Esta vez, la multitud se manifestó principalmente contra la violencia en las zonas rurales (France 24, 2022; CRIC, 2020; LSV, 2020, 2021a; DW, 2021a y b).

En 2021, se produjo el llamado "Estallido social" donde participaron sindicatos, centrales obreras, estudiantes, jóvenes barriales y otros sectores sociales, en respuesta al anuncio del gobierno Duque de una reforma tributaria. Esta protesta estuvo marcada por actos de vandalismo, violencia y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad del Estado (CRIC, 2021; OEA, 2021; DW, 2021). Aquí los grupos étnicos y campesinos se unieron solidariamente en un "pacto social" que consistía en una consulta popular sobre problemas estructurales del país. El 10 de diciembre, en el marco de la celebración internacional de los derechos humanos, organizaciones indígenas se movilizan a Cali para denunciar el incumplimiento del gobierno nacional frente al acuerdo de paz; el recrudecimiento de la violencia y las disputas territoriales por parte de grupos armados, poniendo en peligro su supervivencia cultural, armonía y estabilidad organizativa, y la falta de una respuesta acertada para su protección desde el gobierno nacional (LSV, 2021b).

En los últimos años, las demandas y protestas de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia han sido objeto de diversos estudios que abordan el análisis de prácticas de resistencia, como las "mingas", que combinan estrategias de lucha en torno a la defensa de sus derechos (Laurent, 2010), a la construcción de memorias colectivas para afirmar identidades culturales de los pueblos indígenas (Archila y García, 2015), y a las denuncias sobre el empobrecimiento histórico y el despojo de bienes ambientales entre comunidades étnicas del Alto Cauca (Vélez-Torres, 2018), que han exacerbado los conflictos en sus territorios a raíz de inadecuadas decisiones administrativas y políticas estatales (Gómez Patiño y Cristancho, 2015; Levalle, 2018).

Aunque existen estudios que evidencian avances en la jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento cultural y territorial de las comunidades afrodescendientes (Rosas Guevara, 2013; Giraldo, 2017) y en la Jurisdicción Especial Indígena (Blanco, 2006), las acciones colectivas de protesta social de estas comunidades se han convertido en mecanismo de resistencia y denuncia ante la incapacidad del Estado para ejercer un control efectivo frente a la violencia y de atención de sus demandas (Sánchez Montenegro, 2015; Echavarría-Rentería y Hinestroza-Cuesta, 2018). Hernández Delgado (2009) señala que las resistencias civiles de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia son mecanismos de construcción de paz que evidencian paces imperfectas y empoderamientos pacifistas.

En un estudio sobre las formas de protesta y las marchas de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del suroccidente colombiano entre 1970 y 2008, Ruano (2019) concluye, desde la perspectiva de sus agenciadores, que "los medios de comunicación nacionales, en consonancia con los representantes gubernamentales, difundieron una imagen negativa de esas protestas" (p. 329). Esto concuerda, parcialmente, con el estudio de Cortés (2016) que concluye como "los medios colombianos utilizan ciertas funciones de representación, ya sea para criminalizar o para invisibilizar al movimiento indígena" (p. 92).

Linares (2018), en un estudio comparativo de dos casos entre México y Colombia, este último sobre el tejido de comunicación Nasa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), afirma que los grandes conglomerados mediáticos han perdido credibilidad en comparación con los medios independientes, alternativos y orientados a la resistencia social, pues estos llevan a cabo investigaciones rigurosas, análisis profundos y proporcionan una información amplia y crítica. A fin se corroborar o desvirtuar esto último, el presente estudio contempla entre sus objetivos, observar las representaciones que difunden dos portales de organizaciones étnicas representativas de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el país.

Al respecto de las "olas de protestas" en los últimos años en el país, la investigación de Barrera y Hoyos (2020), desestima el uso de "tácticas violentas" asociadas al conflicto armado con el cual el gobierno y sectores empresariales y políticos, han pretendido desvirtuar la protesta social, sin desconocer algunas situaciones excepcionales.

De tal modo que, en esta disputa por la visibilidad mediática, la televisión también puede desempeñar un papel importante en la representación de las demandas y luchas de los movimientos indígenas en Colombia, como en el caso de Contravía TV donde su narrativa audiovisual desafía los discursos hegemónicos y contribuye a su reconocimiento político y cultural (Gómez, 2017).

Atendiendo a estos estudios surge la necesidad de indagar sobre la persistencia, cambios y alcances de las representaciones mediáticas sobre estas comunidades étnicas y sus acciones colectivas motivadas por la defensa de sus derechos y su reconocimiento político y cultural en el país. Para ello se parte de la siguiente pregunta:

¿Cómo se presentan las disputas por la representación mediática de los contenidos informativos y de opinión con base en la organización de la información, las agendas temáticas, los actores y las fuentes, en torno a las demandas y protestas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Colombia en el periodo 2019-2021?

Hall (1997) afirma que "El sentido es construido por el sistema de representación [...] y Ajado por un código, que establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje" (p. 7) de tal modo que el conjunto de códigos que compartimos socialmente produce sentidos de realidad de objetos, personas, situaciones y creencias. Y en este proceso los medios masivos contribuyen a construir realidades míticas que se naturalizan e instalan en las mentes de los receptores con efectos de verdad mediante "representaciones colectivas" cuidadosamente elaboradas con diversos lenguajes (Barthes, 1999), que configuran subjetividades, lugares y "posiciones-sujeto, desde los cuales sólo ellos hacen sentido" (Hall, 1997, p. 38). Sin embargo, estas representaciones mediáticas surgen de disputas agenciadas entre instituciones gubernamentales, sectores políticos, organizaciones sociales, gremios empresariales y grupos comunitarios de base que pugnan por hacer visibles sus intereses y propósitos.

Una de estas expresiones se gesta en las acciones colectivas que se materializan en la protesta social, que Tilly define como una "acción colectiva disruptiva dirigida contra instituciones, élites, autoridades u otros grupos, en nombre de los objetivos colectivos de los actores o de aquéllos a quienes dicen representar" (González, 2012, p. 60). Díaz y Mueses (2011) consideran necesario diferenciar la protesta social que se expresa como una acción colectiva contingente impulsada por un grupo o comunidad en torno a un reclamo, demanda o petición concreta frente al gobierno, mientras el movimiento social, se ancla en una forma organizativa y sostenible en el tiempo que puede articular variadas demandas de colectivos o comunidades.

La protesta, en sus distintas formas, es un recurso de presión política que utilizan los movimientos sociales para alcanzar sus propósitos. Archila y García (2003) sostienen que la protesta "[...] es uno de los tantos recursos que disponen los sectores subalternos colombianos para levantar su voz y, sin duda, seguirán acudiendo a ella a pesar de las amenazas que se ciernen sobre ellos" (p. 101). El caso que nos ocupa se restringe a las interpretaciones que sobre ella difunden los medios El Tiempo y La Silla Vacía en contraste con la información de los portales de ONIC y CNOA. Por ello, en el presente estudio, se opta por un enfoque situado a partir del concepto de marcos interpretativos tomado de las teorías de los movimientos sociales; este concepto resulta relevante para analizar los contenidos que producen los medios/portales seleccionados.

Según Inclán (2017) "Los marcos interpretativos y los procesos de enmarcamiento no 'aparecen' o 'se dan' en una sociedad, sino que sus miembros los crean" (p. 200) a partir de una serie de demandas y motivaciones definidas por quienes convocan a la movilización. Estos marcos de interpretación entran en disputa por su representación mediática con contenidos institucionales, económicos y políticos que tratan de desvirtuarlos, y por consiguiente deslegitimar la protesta social. A esto contribuye el enorme poder que ejercen los mensajes de los medios masivos sobre la opinión pública desde una supuesta neutralidad y objetividad (Landsman, 1985; Ruano, 2016; Zald, 1999).

De aquí la importancia de observar como "[.] en las democracias capitalistas los medios no sólo informan, sino que lo hacen según los criterios adoptados por sus propietarios o controladores, que, a su vez, suelen tener en cuenta lo que pide el mercado" (Zald, 1999, p. 382). Es necesario aclarar que el presente trabajo no se constituye en un "análisis de las protestas" en la perspectiva de los contenidos de su accionar colectivo (Rucht et al., 1999), sino un análisis comparativo sobre la forma en que se produjeron contenidos informativos y de opinión sobre temas, actores sociales y fuentes en el contexto de demandas y protestas étnicas en Colombia en un periodo concreto.

Para ello, se opta por un enfoque teórico del framing en la perspectiva de Goffman (1986), que entiende la noción de marco como un recorte o fragmento que define una realidad social a partir del cual se organiza y se le otorga un sentido dentro de un contexto mucho más amplio. Estos marcos o framing son gestionados por los medios masivos de tal modo que los movimientos sociales, según Koziner (2013), los utilizan para "obtener una visibilidad que les permita hacer públicas sus demandas, cosechar apoyo, desafiar la autoridad de las instituciones dominantes e instalar cuestiones en la agenda local o nacional en pos de concretar sus objetivos básicos" (p. 17). Cole (2006) argumenta que la representación mediática devela las relaciones entre los temas tratados y las fuentes de información, lo que influye en las regularidades y el comportamiento de estas categorías en la difusión y recepción de información.

Algunos temas se reciben con mayor peso que otros, esto posibilita la visibilización o no, de los grupos sociales, y en esto inciden las fuentes de información. Además, los actores y protagonismos, y la organización de la información también contribuyen a un conocimiento de sentido común, basado en los valores y representaciones preexistentes en grupos específicos. Para Cole (2006) los medios de comunicación cumplen funciones de intermediación y guías de la opinión pública, por lo que su representación mediática, como toda representación, clasifica y categoriza hechos, personas y objetos, a la vez que compara el comportamiento de unos frente a otros, omite información y maximiza otra, incluye y excluye actores para así establecer un orden de las cosas.

Se seleccionaron dos periódicos de publicación digital: El Tiempo y La Silla Vacía, y dos portales informativos de organizaciones étnicas: ONIC y CNOA. El Tiempo es el periódico digital más leído y con mayor número de suscriptores en el país, según informes de 2021 y 2022 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford (2022). La Silla Vacía surgió en 2009 como un medio de comunicación digital informativo con contenido político y secciones especializas. Según su fundadora Juanita León García, este medio propende por la pluralidad política en opiniones y contenido. El portal ONIC (s.f.) declara en su misión promover los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, y proporcionar información sobre temas, problemas y necesidades de las comunidades, pueblos y gobiernos propios de las organizaciones indígenas a nivel nacional. CNOA (s.f.) proyecta su misión hacia la promoción de los derechos humanos del pueblo afrocolombiano, articulando acciones e iniciativas políticas hacia la protección del territorio, la diversidad cultural y de género, la educación, la comunicación y el fortalecimiento organizativo, teniendo en cuenta un enfoque étnico propio hacia la construcción de paz.

El Tiempo y La Silla Vacía, fueron seleccionados por representar medios masivos digitales de gran consumo nacional (Universidad de la Sábana, 2022), el primero dentro de los medios tradicionales-comerciales y el segundo dentro de los independientes. Y los portales ONIC y CNOA por ser órganos de difusión de problemáticas y necesidades de las comunidades y organizaciones indígenas y afrodescendientes respectivamente. Esta escogencia obedeció, por un lado, a un criterio de contrastación en la producción y emisión de contenidos entre medios y organizaciones con distinta naturaleza política y socio-económica, y por otro, a un criterio de pluralidad mediática e informativa.

El análisis de las disputas por la representación mediática en los contenidos de los medios/portales seleccionados permite observar afinidades y diferencias en la forma como se abordó la información sobre las protestas y demandas étnicas. El presente apartado se estructura en cuatro categorías: organización de la información (formatos y secciones), agendas temáticas, actores y protagonismos, y fuentes de información.

En la categoría de Organización de la información, la definición de unos formatos y secciones para presentar contenidos informativos y de opinión es una cuestión estético-política que implica una acción estratégica para definir una identidad que le permite a los medios/portales ser reconocidos por sus lectores. En El Tiempo, CNOA y ONIC los formatos y las secciones conservan denominaciones genéricas similares, por ejemplo; sección: editorial; formato: editorial; mientras La Silla Vacía nombra sus secciones focalizando un campo temático específico o coyuntural, ejemplo: "red étnica" y "gobierno Duque". El comunicado, como formato destacado en ONIC y CNOA resulta coherente con sus propósitos misionales e intereses organizativos y comunitarios en la medida en que les permite hacer pronunciamientos, denuncias y sentar posiciones frente al curso de los acontecimientos y la defensa de sus derechos.

En Agendas temáticas la forma en que los portales presentan los contenidos informativos y de opinión permite legitimar ciertas maneras de nombrar, comprender, explicar, juzgar o condenar el curso de los acontecimientos según los intereses o la visión de mundo de sus propietarios, anunciantes, líderes, autoridades o lectores. Consecuentemente, en El Tiempo la elección de unos temas sobre otros es una decisión estratégica que garantiza un posicionamiento político en la opinión pública, este medio prioriza "el bloqueo de la vía Panamericana y sus consecuencias" como tema principal, lo que es retomado en otros estudios para mostrar las nuevas modalidades de protesta indígena, Archila (2015) o como a través del cierre de la vía, se representa moralmente (bien/mal; legal/ilegal) las problemáticas, protestas, y reivindicaciones indígenas, Merchán (2023) y Sánchez (2015). En La Silla Vacía hay una mayor preocupación por explicar "las motivaciones de la protesta social". Por su parte ONIC y CNOA ponen en agenda "los incumplimientos del gobierno sobre peticiones y acuerdos pactados".

La reiteración y el despliegue sobre un tema en las agendas constituye una herramienta clave para orientar a los lectores sobre la importancia, magnitud, dimensionamiento y alcance de los hechos o asuntos de interés, lo cual posibilita una mayor o menor visibilización en la opinión pública. Esto puede inducir al lector a considerar los hechos informativos como realidades indiscutibles de tal modo que se instituye un régimen de verdad que entra en conflicto con posturas contrarias que tratan de desvirtuarlo. Posicionar mediáticamente el "bloqueo de la vía Panamericana" no es lo mismo que hablar, en el mismo nivel, de la "movilización social de la minga indígena".

Otro elemento de las disputas mediáticas es legitimar unas subjetividades en detrimento de otras. Mientras El Tiempo resalta una figura presidencial razonable y ecuánime frente a la minga, por su lado, La Silla Vacía enfatiza en subjetividades colectivas, individuales y organizativas involucradas directamente en los hechos, lo que concuerda con las pretensiones de ONIC y CNOA, que buscan destacar actores locales, comunidades indígenas y afrodescendientes en la defensa de sus derechos e intereses.

Este posicionamiento está supeditado a la aparición periódica o ausencia reiterada de un actor, en El Tiempo, el presidente Iván Duque es el actor recurrente y por consiguiente de mayor visibilidad. En La Silla Vacía, se observa la presencia de organizaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, gobierno y otros actores sociales, de tal modo que los protagonismos son diversos y, relativamente, equilibrados. En ONIC y CNOA, por su naturaleza organizativa, priorizan el protagonismo de líderes, organizaciones y comunidades étnicas locales y regionales.

La utilización de varias fuentes propicia un sentido de pertinencia, transparencia, confiabilidad y respetabilidad del medio o portal en la producción de contenidos legítimos y veraces para los lectores. En El Tiempo, la fuente principal es quien escribe el editorial o la columna, y fungen como voces autorizadas para opinar sobre un hecho de actualidad o tema coyuntural, y como estrategia para posicionar un sentido político de la realidad nacional. En La Silla Vacía, es destacable el principio de pluralidad de la información en razón a la diversidad de fuentes a las que se recurre para la producción de información, lo que contribuye a ofrecer a sus lectores contenidos más amplios y completos sobre la realidad. Para CNOA y ONIC, recurren a líderes sociales, organizaciones locales y grupos étnicos como fuentes directas de los hechos y problemáticas, constituyendo un sesgo relevante para observar la realidad desde sus protagonistas. A diferencia de El Tiempo, donde no hay fuentes directas sino observadores "autorizados", en CNOA y ONIC, los protagonistas y fuentes casi siempre son los mismos.

De esta manera, los resultados permiten comprender cómo los medios y portales construyen representaciones de las acciones colectivas de las comunidades étnicas con diferentes sentidos basados en un interés político u organizativo. Esto concuerda con lo afirmado por Archila (2015, p. 24 y 27) sobre los "actores sociopolíticos con un proyecto distinto de vida" en el caso de los portales de las organizaciones étnicas, cuyos propósitos se sustentan en luchas por la "reivindicación de sus derechos, principalmente a la vida, la integridad y la libertad personales", asunto que ha sido minimizado de forma sistemática en los medios comerciales como El Tiempo.

Esto nos lleva a pensar que representaciones mediáticas menos visibles en la agenda pública informativa pueden ofrecer una perspectiva más amplia, profunda, plural y complementaria sobre las demandas y acciones colectivas de las comunidades étnicas, como en este caso la Silla Vacía, y los portales de ONIC y CNOA para contrarrestar el régimen informativo hegemónico y equilibrar las interpretaciones que se elaboran en la opinión pública. A este equilibrio contribuye la comunicación digital que, según Salazar Torres (2017), su uso estratégico puede cumplir un rol crucial en la comprensión de las movilizaciones étnicas, permitiendo reducir la estigmatización mediática y fortalecer la acción política y organizativa de estas organizaciones.

Si bien hay importantes estudios sobre la problemática indígena en Colombia (Archila, 2015; Sánchez, 2015; Ruano, 2016; Merchán, 2023), son pocos los que centran su atención en las comunidades afrodescendientes (Echavarría-Rentería y Hinestroza-Cuesta, 2018; Vélez-Torres, 2018; Martínez-Roa, 2022). Y aún más escasos los estudios que se centran en torno a las representaciones mediáticas que derivan de las demandas y protestas durante el periodo del presente estudio.

En el centro de las disputas mediáticas por la representación de las demandas y protestas de las comunidades étnicas en Colombia se presentan una serie de tensiones entre medios y portales por posicionar un régimen de verdad dirigido a persuadir a un amplio espectro de lectores. Este concepto, según Foucault, se relaciona con el poder que lo produce y mantiene, y establece procedimientos que determinan lo que es "verdadero" o "falso", generalmente ligado a unas instituciones o personajes con reconocimiento social, quienes legitiman un discurso en detrimento de otros, como ocurre en los medios comerciales quienes mantienen el monopolio de la información y la comunicación.

Los medios y portales analizados a través de mecanismos sutiles y sofisticados producen contenidos y conocimientos con efectos de verdad, sintetizados en el diseño y organización de los discursos que difunden y le dan un uso político deliberado. Al respecto resultan sugerentes algunas preguntas: ¿existe un discurso hegemónico en los medios y portales? ¿cuál es el alcance político de las voces minoritarias de los grupos étnicos? ¿los contenidos de los medios y portales permiten a la opinión pública estar bien informada para la toma de decisiones? ¿son estos contenidos confiables? ¿de qué forma se estigmatizan hechos, personas y grupos sociales? Las respuestas deben tener en cuenta que los medios comerciales vinculados a grandes grupos empresariales y financieros, a menudo desvían la atención del público en temas sensibles para proteger sus propios intereses, los de sus patrocinadores y anunciantes, lo que puede contribuir a la polarización política.

En este sentido, la difusión masiva, amplia, suficiente y cualificada de información sobre las necesidades y problemas históricos y estructurales de las comunidades indígenas y afrodescendientes del país, se ubican en un lugar marginal de la opinión pública debido a las condiciones desiguales en el escenario de las disputas por la representación mediática. Esto obedece, en buena medida, al poco despliegue y profundidad que se da a estos temas en medios de gran cobertura como El Tiempo, sin embargo, La Silla Vacía, desde su perspectiva de medio independiente, paulatinamente logra un reconocimiento respetable en audiencias académicas, críticas y alternativas que buscan contenidos de mayor calidad y profundidad. Y en esta disputa, los portales de ONIC y CNOA, mantienen una limitada cobertura en su difusión sin lograr contrarrestar el hegemónico embate de uno de los grandes medios masivos como El Tiempo, cuya tendencia favorece el protagonismo y las versiones informativas de gobiernos aliados con las élites del poder.

Queda claro que los contenidos de opinión más adecuados y pertinentes sobre las demandas y movilizaciones en el periodo señalado, no son los más difundidos a la opinión pública debido a la persistencia de estrategias de manipulación mediática agenciadas por intereses políticos que menoscaban la legítima defensa de los derechos territoriales, ambientales y culturales, y vulneran las condiciones de vida digna y de autodeterminación de los grupos étnicos.

Por lo anterior, se requiere impulsar políticas nacionales que promuevan un ejercicio informativo producido desde el lugar de los hechos con investigaciones rigurosas, que indaguen distintas posiciones y consulten fuentes directas. En síntesis, se busca que se convoquen diversidad de voces, incluyendo las de las comunidades que viven las problemáticas, para hacer posible un pluralismo de contenidos y una democracia participativa.