Luego de 70 años de conflicto armado en Colombia, parece innegable que son las comunidades de la ruralidad colombiana las más afectadas. En esa Colombia profunda, habitada por pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes, la presencia del Estado se concentra en despliegue militar, tendencia que parece avivarse en el actual Gobierno. La cobertura en la atención de salud, educación, comunicación, agua potable, vivienda digna, empleo, saneamiento ambiental, infraestructura y demás servicios públicos que debe prestar el Estado sigue siendo deficitaria, lo que agrava aún más la situación de las comunidades étnica y culturalmente diferenciadas, que son las que más han soportado la guerra en el país. Pese a ello, no son muchos los trabajos académicos que se han ocupado de entender las causas actuales de la deuda que tiene el país con estas comunidades.

Análisis de la política pública de reparación a las víctimas pertenecientes a comunidades étnica y culturalmente diferenciadas contribuye a llenar un vacío notorio en la literatura jurídica, se ha aproximado a la situación de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, abordando una perspectiva inusual en este campo de conocimiento: el análisis de la política pública. Si bien otros trabajos surgidos en el campo del derecho han buscado precisar el alcance de las medidas de reparación previstas en la Ley 1448 y los decretos reglamentarios 4633 y 4635, sus análisis suelen agotarse en el intento por definir los alcances conceptuales de aspectos como el enfoque diferencial frente a lo étnico o en replicar lo que ya las sentencias de la Corte Constitiucional señalan; sin embargo, no se contaba con un análisis detallado de las relaciones entre la política pública, el marco normativo y las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Setencia T-025 de 2004 y los autos de seguimiento a esta sentencia.

Mediante las herramientas del ańlaisis del discurso y la etnografía del Estado, el libro reseñado ofrece, en esta oportunidad, un estudio que da a conocer los alcances concretos de normas, decisiones judiciales, documentos conpes y estructuras institucionales que integran la política de reparación a las comunidades indígenas, negras, afro, raizales y palenqueras (NARP) y rom. En cuanto a sus tres capítulos, se encuentra en primer lugar una contextualización normativa que explica las principales características del entramado de sentencias y normas que dan origen a la política pública, y se destaca un análisis de las decisiones judiciales que va más allá de la acostumbrada línea jurisprudencial. El segundo capítulo aborda en detalle los documentos conpes y los informes de los órganos de control que han hecho seguimiento a la política de reparación, revelando la enorme distancia que existe entre quienes diseñan la política pública y las condiciones reales vividas en los territorios del país, especialmente en su ruralidad. Finalmente, como un aporte para salir del laberinto institucional y el desalentador incumplimiento de los contenidos normativos y las órdenes judiciales, el tercer capítulo emplea herramientas de cartografia para proponer criterios de priorización dirigidos a la JEP y a la Comisión de la Verdad. Si existe alguna posibilidad de reparación estatal a las comunidades indígenas y NARP, probablemente se encuentre en el enorme trabajo que deberán hacer estas instituciones, creadas en el marco del acuerdo de paz con las FARC-EP, pero es necesario establecer una metodología acorde con la realidad de los territorios y la diversidad étnica y cultural presente en ellos; de lo contrario, se corre el riesgo de que las decisiones adoptadas por estos órganos nuevamente adolezcan del tan esperado enfoque étnico diferencial.

El libro objeto de esta reseña deja una pregunta al lector que al mismo tiempo constituye su debilidad: ¿cómo se puede reparar a las comunidades campesinas que no han sido tomadas como sujetos colectivos de especial reparación en la política pública? Esta pregunta se constituye como debilidad del libro en tanto guarda silencio frente a las causas del olvido estatal del que han sido objeto los pueblos campesinos. Puede, no obstante, tomarse esta debilidad como una invitación a realizar estudios detallados que atiendan la realidad de estos pueblos campesinos que han vivido en medio de la guerra, pues nos recuerda que la diferencia étnica no es la única que debe ser tenida en cuenta para el enfoque diferencial.