Los titulares, los copetes y las fotografías sirven para marcar la agenda pública y política de la sociedad, ya que producen un sentido de la materialidad por medio de vocabularios, retóricas y semánticas que invaden a los lectores de sensaciones e ideas sobre la PNPI proveniente de Venezuela y su impacto sobre la realidad boyacense.

El periódico Boyacá Sie7e Días trató la movilidad transfronteriza venezolana como un tema de invasión, amenaza y cacería sobre la población boyacense, al mostrar que los nuevos habitantes eran personas que en el pasado podrían haber sido profesionales exitosos, pero su ‘estatus migrante’ los convirtió en seres peligrosos o riesgosos para el trabajo y la seguridad local. Por tanto, se mostró favorable con su expulsión. Esto representa un paso del Homo sapiens al zombi, que es el caminante que al atravesar las fronteras transforma su condición y amenaza la normalidad de los territorios a los que llega. Estos zombis deben ser enfrentados con el rigor de la violencia oficial y con la xenofobia como fuerza simbólica.

Los datos obtenidos reportan que la alerta de “invasión” comienza en el primer mes de 2017. En primera plana se pueden ver titulares como: “Inmigrantes, en aumento” (Romero, 2017, p. 1), “Siguen llegando, y por miles, los venezolanos” (2017, 17 de septiembre), “470 000 venezolanos ya en nuestro país” (2017, 27 de septiembre), “Llegan por todos los puntos cardinales” (2017, 27 de septiembre) o “Récord de refugiados” (2018, 11 de enero). Dentro del cuerpo textual, se crea la sensación de una ola que se aproxima e ingresa inundando la realidad boyacense: “Boyacá no es ajeno a la problemática de migración que está viviendo el país” (“Salud a venezolanos, solo en casos vitales”, 2017, p. 3). Estas noticias producen angustia en la población local y constituyen alertas para las entidades del Estado.

Las unidades léxicas y las estructuras semánticas que se usan para marcar el acontecimiento de movilidad masiva son: “éxodo de venezolanos” (“Migrantes en Plaza Bolívar de Tunja”, 2018, p. 8); “flujo migratorio” y “situación migratoria” (“Venezolanos, en aumento en el país”, 2018, p. 9); “peregrinaje” y “desplazamiento” (“Desalojaron a 200 venezolanos, 2018, p. 10); “masivo flujo”, “masiva afluencia”, “flujo migratorio venezolano” y “afluencia de venezolanos” (“12 países hablarán sobre migración”, 2018, p. 14), y “flujo de emigrantes” y “flujo de venezolanos” (“El plan de regreso de venezolanos falló”, 2018, p. 10). Luego, estos se convierten en una preocupación: “problemática de migración” y “problema social” (“Salud a venezolanos, solo en casos vitales”, 2017, p. 3), y “problema de migración” (“Llegan por todos los puntos cardinales”, 2017, p. 3). Dicho discurso es, parafraseando a Habermas, citado por Vergara (2011), una acción que está inmersa dentro de una acción estratégica encubierta y que puede ser vista como un engaño inconsciente para que la comunicación sistemáticamente esté distorsionada. Usamos la metáfora de la condición zombi y su construcción porque el trato dado dentro de las noticias promueve una deshumanización que reafirma la peligrosidad de los nuevos seres que invaden la región. La narrativa los despoja de la semántica de humanismo, que suele estar ligada a la empatía y la solidaridad, y construye, por el contrario, la de una carga de miedo y preocupación por seres que ante la necesidad se vuelven irracionales y buscan consumirlo todo en el territorio. Cuando se los deshumaniza se los puede perseguir y expulsar (es la forma criminal de la eliminación) porque se les asigna un estatus inferior al del humano. En caso contrario, si se los dotara de humanidad, se podría afirmar, en clave iusnaturalista, que tienen implícitos derechos fundamentales y, por tanto, garantías institucionales. Al periódico, en este punto, no le interesa que sus lectores se interrelacionen desde la visión humana o que surjan en ellos sentimientos y emociones para una comunicación desde la empatía y la solidaridad. Como lo menciona Pereira (2005),

el significado compartido permite que alguien tenga una parte o use algo que nos pertenece. Se comparte tiempo, energía, emociones y, al mismo tiempo, se aumenta o prolonga la vida de lo compartido, las ideas, experiencias, amor. Cuando se comparten experiencias con otra persona, se produce una relación, por tanto, comunicarse es relacionarse y relacionarse es comunicarse. (p. 3)

El periódico recurre a las categorías y razones legales, pero usa unidades léxicas jurídicas incorrectas. El periódico adopta la realidad jurídica del ‘estatus migratorio’ de los venezolanos —divididos en regulares e irregulares— que establece la Resolución 5797 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017). La migración irregular se profesa de

personas que se desplazan al margen de las normas de los Estados de envío, tránsito o receptor. (…) el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado país. (OIM, 2006)

Por el contrario, el migrante regular es aquel que cumple con los requisitos exigidos por el país receptor y se encuentra habilitado para desarrollar actividades amparadas en el marco legal. Sin embargo, en varias ocasiones, a las PNPI las llama “ilegales”, llevando su ‘condición migratoria’ al campo de la inseguridad y la criminalidad: “Para que un extranjero pueda ejercer alguna labor que le genere algún beneficio, debe tener una visa que esté autorizada (…); de lo contrario, está incurriendo en ilegalidad” (“Venezolanos, en aumento en el país”, 2018, p. 9); “sorprendido laborando en Boyacá de manera ilegal” (“Llegan por todos los puntos cardinales”, 2017, párr. 2). Incluso, en el caso de explicar el mandato de la Corte Constitucional de brindar servicios de urgencia a migrantes en situación de irregularidad, afirman: “(…) para que brinden la atención de urgencias a los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país” (“Salud a venezolanos, solo en casos vitales”, 2017, p. 3). Esta narrativa se estructura por una serie de códigos binarios como constructos narrativos que se toman para describir el orden y el caos y el tránsito del desorden al orden por medio de la vía policial. Veamos con detalle esta afirmación.

Se pregunta el filósofo Hayde White (1987): ¿podemos alguna vez narrar sin moralizar? La narrativa es un modo de discurso, una manera de hablar, y el producto de la adopción de este relato como verdadero. Tanto la narración fáctica como ficticia está íntimamente relacionada con y existe en función del impulso a moralizar la realidad —es decir, a identificarla con el sistema social que está en la base de cualquier moralidad—. El relato histórico dota a esta realidad de una forma y, por tanto, la hace deseable en virtud de la imposición sobre sus procesos de la coherencia formal que solo poseen las historias (White, 1987).

La elaboración del significado aparece invariable y se define por su contrario (A/no A); esto es lo que Derrida identifica como logocentrismo, el cual “es entendido como el patrón occidental de producir significado mediante una estructura binaria positiva y negativa” (Gibson-Graham, 2002, p. 223): bueno/malo, héroe/villano, centro/periferia, Occidente/Oriente, democracia/terrorismo, urbano/rural, dinámico/estático, humano/zombi. Esta es una estructura de oposición elaborada sobre una metafísica de valoración que establece diferencias con implicaciones políticas, pero invisibilizadas por la fórmula que afirma que neutralidad más objetividad es igual a verdad (N + O = V).

Desde esta óptica, la narrativa histórica es la autoridad de la propia realidad. El relato histórico se convierte en una valoración de las secuencias de acontecimientos reales en cuanto a su significación como elementos de un drama moral. A la pregunta de White (1987) sobre si se ha escrito alguna vez una narrativa histórica que no estuviese imbuida no solo por la conciencia moral, sino específicamente por la autoridad moral del narrador, el mismo autor responde que el valor atribuido a la narratividad en la representación de acontecimientos reales surge del deseo de que estos acontecimientos muestren la coherencia, integridad, plenitud y cierre de una imagen de la vida que es y solo puede ser imaginaria (p. 38). El relato cierra la posibilidad del espacio de voces y versiones que dialogan, al crear espacios de inclusión/exclusión y de interioridad/exterioridad.

La estructura discursiva general se emplea, por tanto, para legitimar amigos y deslegitimar adversarios en el curso del tiempo histórico real (Alexander, 2000). De esto trata la narrativa del discurso oficial que, lejos de colocar sobre la mesa datos, se esfuerza por construir un sistema de clasificación por oposición a su propia razón de existencia. La invención del sujeto migrante con la metáfora del zombi bien encaja en la descripción del orden y el caos que explica José Miguel García Cortés (1997) al señalar que la invención de la categoría del monstruo ha jugado un papel determinante para romper la normalidad y justificar la cacería de poblaciones a lo largo de la historia.

Los monstruos representan aquello que se enfrenta a las leyes de la normalidad, que traspasa las normas sociales y que se expresa en el campo del significado, en la medida en que normalmente lo físico simboliza y materializa lo moral. Como lo explica García Cortés (1997),

la dualidad bondad/maldad es una proyección sentimental del maniqueísmo bien/mal, es una fuente de inspiración clásica que, también, adquiere otras dicotomías como vida/muerte, instinto/razón, orden/desorden, antropomoformismo/bestialidad, naturaleza/ciencia o humano/mecánico. Lo monstruoso perturba (desde la transgresión hasta la agresión) las leyes, las normas, las prohibiciones de que la sociedad se ha dotado para su cohesión. (p. 18)

El modelo del monstruo (zombi, en la etiqueta usada) construye discursos que usan unidades léxicas cargadas de fuertes valores, muchos de ellos negativos, distantes, ajenos, caóticos y abismales. La noticia del discurso del entonces vicepresidente Vargas Lleras sobre la frontera con Venezuela llevó en varias ocasiones al uso de la palabra ‘veneco’: “No vaya a dejar meter a los venecos (…), esto no es para los venecos” (“El ‘vice’ arremetió contra venezolanos”, 2017, p. 12). A todas luces, esta es una palabra usada para expresar todos los contenidos negativos que se aducen a una persona proveniente de Venezuela. A la palabra ‘veneco’, si se trata de hombre, se le inyecta la idea de perezoso, vago, mendigo, invasor y a veces ladrón, mientras que la ‘veneca’, como mujer, está asociada a la prostitución y a “robar maridos”. El uso de esta palabra siempre está en clave de amenaza de quitar algo a través de la invasión del territorio.

También podemos identificar este aspecto en el tema de los empleos. La incursión de la economía informal venezolana o el ingreso a empleos más baratos no es reportada como un tema de planificación económica o de violación de derechos fundamentales y laborales, sino que se asume una postura de “robo” de los trabajos y se traslada al venezolano la “culpa” de la pobreza local. El artículo titulado “Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá” (2018) desarrolla en el subtítulo que “está en crecimiento el número de trabajadores informales” y amplía la información dentro del texto diciendo que

los ciudadanos venezolanos se han empleado en sectores en los que difícilmente un nacional lo haría, aunque con escasas y nulas condiciones laborales, por mano de obra más barata, lo que estaría generando desigualdad entre los colombianos que buscan trabajo en condiciones favorables. (p. 9)

En la misma noticia se afirma que “en algunos lugares prefieren contratar extranjeros, porque cobran su mano de obra barata” (“Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá”, 2018, p. 9).

Aunque no son muchas las noticias entre 2017 y 2018, la gran mayoría de ellas se enfocan en los hurtos, la informalidad, la inseguridad, la ilegalidad o el “aprovechamiento” de los servicios del Estado, los cuales se cree que deberían ser solo para los colombianos. No se obtuvo registro de nuevas informaciones que mostraran la empatía y solidaridad con la situación de las PNPI. Por el contrario, el periódico creó un ambiente de distancia permanente, es decir, de alejamiento de los habitantes locales con la situación de los y las venezolanas.

La semántica principal del periódico Boyacá Sie7e Días está afincada en la categoría jurídica del Estado nación. Particularmente, se centra en la idea de la nación, que Benedict Anderson (2016) —en el ya texto clásico— definía como “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana (…); fraternidad la que ha permitido, durante los últimos dos siglos, que tantos millones de personas se maten y, sobre todo, estén dispuestos a morir por imaginaciones tan limitadas” (p. 25). En su amplia obra, Aníbal Quijano (1980, 2004, 2007, 2008, 2015) discute de diferentes maneras los procesos de exclusión basadas en la alteridad y hace énfasis especialmente en el Estado nación como un espacio de dominación que se promueve por medio de una “identidad nacional”. Esta identidad le da legitimidad a un relato y una praxis de control de ciertos grupos hegemónicos que explican la “forma de ser nacional” y fijan los límites y los tipos de lealtad (Quijano, 1997). Los debates sobre la invención de la nación y su discurso y praxis de dominación y exclusión son de larga data y no pertenecen solo a la región latinoamericana; por el contrario, este patrón de control de territorios y personas es una característica de la modernidad capitalista que ha servido para la consolidación de la colonización y posteriormente para el establecimiento del orden internacional en el esquema centro-periferia.

Desde el punto de vista jurídico, el periódico asume una línea nacionalista, es decir, recurre al lenguaje oficial del Estado y a las figuras del derecho nacional en su narrativa. Es interesante destacar este aspecto, ya que un periódico puede no expresarse como un tribunal o un legislador, pues tiene también la posibilidad de construir gramáticas desde los derechos humanos universales, sin necesidad de afincarse con tanta devoción al derecho local. El periódico utiliza expresiones como “los venezolanos” (“El ‘vice’ arremetió contra venezolanos”, 2017, p. 12), “extranjeros” (“Salud a venezolanos, solo en casos vitales”, 2017, p. 3) y “ciudadanos venezolanos” (“Siguen llegando, y por miles, los venezolanos”, 2017, p. 12) con bastante frecuencia en 25 de los 34 periódicos que reportaron noticias sobre las PNPI. Junto con la denominación nacional, que es a la que más se recurre, se conectan otras palabras, como ‘ilegales’, ‘ilegalmente’ e ‘ilegalidad’, que se repiten en 5 artículos noticiosos del periódico con importante frecuencia. También se usa el léxico de “regular” e “irregular” (“Siguen llegando, y por miles, los venezolanos”, 2017, p. 12), “venezolanos indocumentados” (“Llegan por todos los puntos cardinales, 2017, p. 3), “refugiados” (“Récord de refugiados”, 2018, p. 13) y “venezolanos delincuentes” (“Advierten que deportarán a venezolanos delincuentes”, 2018, p. 6). Estas son expresiones asociadas al sistema jurídico-normativo y que a su vez otorgan calidades, prerrogativas, obligaciones y sanciones del sistema legal colombiano. Las nociones crean un orden simbólico en el que se busca ubicar a las PNPI dentro del código binario de legalidad/ilegalidad y normalidad/anormalidad. La categoría de oposición prima en el nombramiento de la alteridad, lo cual promueve un imaginario social de “venezolanos ilegales” que se transforma con velocidad en la etiqueta principal del discurso periodístico y su fuerza simbólica.

Las palabras ‘inmigrantes’, ‘emigrantes’ y ‘migrantes’ (“Debate sobre crisis de venezolanos”, 2018, p. 10) son utilizadas con menor frecuencia en la redacción del artículo noticioso, ya que su repetición oscila entre 1 y 2 veces. Sin embargo, respecto al total de periódicos, estas aparecen en una cifra considerable de 17 veces respecto a los 34 periódicos analizados. El periódico se pliega a la noción oficial de considerarlos como migrantes económicos, es decir, que por voluntad salen de su país. Por supuesto, el periódico hace caso omiso a las referencias del derecho internacional asumido por el derecho colombiano, como es, por ejemplo, la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados —adoptada por el Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, que se celebró en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984—. La noción de refugiado tiene un componente político que no tiene la noción de migrante económico, porque el asilo significa la salida obligatoria de un país tanto por razones políticas —tal como se consideraba en la Convención de 1951 y en el Protocolo de 1967 de las Naciones Unidas— como por asuntos del orden público, los cuales están considerados en la Declaración de Cartagena.

El periódico intenta, por medio de su línea discursiva, defender todas las nociones que hay acerca del concepto de territorio. Esto permite fortalecer las ideas de soberanía, frontera y poder del Estado colombiano sobre la denominación de “otros” o extranjeros, que puede ser utilizada como escudo para reproducir las ideas de seguridad nacional, protección de fronteras y cuidado/preservación de la cultura hegemónica.

Otras veces, la publicación usa figuras bíblicas de la nación, como “desterrados venezolanos” y “éxodo de venezolanos” (“Migrantes en Plaza de Bolívar de Tunja, 2018, p. 8), y en otras más se refiere a “caminantes venezolanos” (Florez, 2018b, p. 7) y, anecdóticamente, hace uso de la expresión “ciudadanía universal” (“Debate sobre crisis de venezolanos”, 2018, p. 10). Sin embargo, estas expresiones no tienen mayor número de repeticiones, pues oscilan entre 1 y 3 y tan solo se encuentran en dos artículos periodísticos del total de los analizados. Por otro lado, “personas venezolanas” y “personas de otros lados” (“El ‘vice’ arremetió contra venezolanos”, 2017, p. 12) o “residentes en el país” (Romero, 2018, p. 4) son expresiones que solo tienen una repetición en lo corrido del texto periodístico. Esto hace ver que el periódico no está interesado en reproducir esta línea de denominación.

En enero de 2018, el periódico reportó en primera plana que la “crisis vecina impacta a Boyacá” y afirmó dentro del artículo que

está en crecimiento el número de trabajadores informales (…). Los ciudadanos venezolanos se han empleado en sectores en los que difícilmente un nacional lo haría, aunque con escasas y nulas condiciones laborales, por mano de obra más barata, lo que estaría generando desigualdad entre los colombianos que buscan trabajo en condiciones favorables. (“Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá”, 2018, p. 9)

Uno de los temas neurálgicos de la movilidad humana transfronteriza es la cuestión de empleo en el país de llegada. Este es un drama doble, porque el que llega no tiene las redes de trabajo para reiniciar su vida, y la gran mayoría no tiene un estatus migratorio que le permita conseguir un trabajo con todos los requisitos y prestaciones de ley; además, se enfrenta a la hostilidad de los habitantes locales que sienten que les quitan los empleos que por “nacionalidad” les pertenecen. El asunto no es sencillo, y menos cuando se trata del enfrentamiento de dos grandes sectores de la sociedad que viven en condiciones de pobreza y explotación. En la cuestión de la disputa por empleos, el periódico deja por fuera al Estado como regulador del mercado —muy a tono con la posición neoliberal— y enfrenta a las personas necesitadas, atravesando el lenguaje de la nacionalidad como noción equiparadora de lograr o desmerecer el espacio en el mundo laboral.

Boyacá Sie7e Días reconoce las difíciles situaciones a las que se enfrentan los migrantes: “(…) pasó de estar en el tercer mejor equipo de fútbol sala del continente a convertirse en mesera de un restaurante en Tunja”; “(…) en séptimo semestre de comunicación social y abandonó el país para venir a Boyacá a trabajar en una pizzería por $20 mil diarios” (“Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá”, 2018, p. 9). Luego promueve, no obstante, la narrativa de la disputa:

Lastimosamente se está generando más desempleo a los nacionales y esto genera más desigualdades sociales (…); no es desconocido que muchos colombianos están aprovechando esta situación (…) y eso está generando una cultura de competencia desleal. (“Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá”, 2018, p. 9)

La prensa ha generado un imaginario colectivo de que el migrante trabaja por “mano de obra más barata” (“Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá”, 2018, p. 9) o que, vistos desde el discurso de la colectividad, los migrantes son personas “ejerciendo ilegalmente en Boyacá” (Romero, 2017, p. 3). No registra ninguna entrada sobre la urgencia de garantizar el trabajo digno a colombianos y venezolanos, a jóvenes, mujeres u hombres, o miembros de la comunidad LGBTI. Cuando se trata del empleo, sugiere el periódico que la principal razón del desempleo de los colombianos es que lo venezolanos “trabajan de manera ilegal” (“Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá”, 2018, p. 9) o constituyen personas que dentro del orden jurídico son “ilegales”. La responsabilidad estatal se desvanece y la promoción o exigencia de fórmulas políticas de solución o mitigación del desempleo reinan por su ausencia en el discurso de Boyacá Sie7e Días. Su narrativa se refuerza mediante el uso de unidades léxicas con fuerte carga semántica de ilegalidad y anormalidad, tales como “informalidad”, “contratar en la ilegalidad”, “trabajador indocumentado”, “trabajar de manera formal” (“Éxodo de venezolanos impacta a Boyacá”, 2018, p. 9) o “trabajadoras sexuales” y “prostitución” (Romero, 2017, p. 3). Esto genera un imaginario colectivo respecto a estas personas y su principal inserción en el mercado laboral. En resumen, el empleo deja de ser una política pública y una discusión seria con el mercado laboral neoliberal y se traslada la responsabilidad a los “vendedores informales” y los “venezolanos trabajando ilegalmente” (Romero, 2017, p. 3). Dichas narrativas resultan en mecanismos de presión sobre la PNPI, al generar un contexto hostil de persecución y vigilancia que afecta su posibilidad real y material de supervivencia.

La noción de crimmigration (Stumpf, 2006) ha tomado importante relevancia al indicar la contracción entre las palabras en inglés criminalization e immigration y al evidenciar la relación cada vez más estrecha entre el derecho migratorio y el derecho penal. La categoría de Juliet Stumpf (2006), aunque general, permitió crear una línea de investigación que abarca múltiples discursos y prácticas del trato jurídico y político del control migratorio y la tendencia a la creación de leyes y actos administrativos que refuerzan la expulsión de extranjeros y que promueven la limitación de sus derechos fundamentales.

El concepto de crimmigration surge en el contexto académico de los Estados Unidos y es acogido en Europa para estudiar la protuberante interconexión entre el control de la migración y el sistema penal. En Colombia, el fenómeno migratorio de acogida es reciente, y el artículo presente, aunque no muestra sus efectos sobre las leyes o decisiones judiciales, usa la noción de crimmigration en el discurso de la prensa para justificar la importancia dada a las estructuras semánticas de expulsión, persecución y vigilancia criminal consignadas en las noticias.

La autora noruega Katja Franko Aas (2011) articula las nociones de crimmigration y crimmigrant explicando la ascendente sintonía entre las agencias administrativas y la policial. Esta autora muestra cómo dos esferas institucionales separadas son cada vez más convergentes y superpuestas a través de la criminalización de los delitos de inmigración, además de la manera en que están unidas por las funciones sociales de actuar como guardianes de la soberanía y definir los términos de la inclusión y exclusión social. En este mismo sentido, la noción podría considerar también a los actores sociales, que en este caso serían un medio de comunicación cada día más sintonizado con las alcaldías municipales, como la de Duitama (Boyacá), por un lado, y la institución de Migración Colombia, por el otro. Ambos actores persiguen y expulsan con regularidad a PNPI venezolanas por razones como “usar el espacio público” o dormir en un terminal de transportes.

El reporte de persecución se tomó los titulares y los contenidos en 2017: “Hasta el momento, 33 venezolanos que llegaron al departamento de forma ilegal han sido deportados” (Romero, 2017, p. 3). Luego, dentro del texto, el artículo reseña el trabajo “policial” del ente encargado del Estado para los temas migratorios: “Migración Colombia está realizando constantes verificaciones del estatus migratorio que tienen los foráneos”. Además, recurre a mostrar como positivo un frente común de denuncia, un hecho que recuerda con bastante claridad la Alemania nazi, que llamaba a sus ciudadanos a denunciar a judíos y comunistas: “Gracias a las denuncias de los ciudadanos se han llevado a cabo operativos que permiten la deportación de ciudadanos que permanecen en el país y trabajan sin los documentos requeridos” (Romero, 2017, p. 3). La noticia es escalofriante porque se armoniza con algunas acciones políticas de los órganos de los municipios de Boyacá. Así puede leerse en un artículo más reciente:

(…) el secretario de Gobierno, Sneider Gilberto Cárdenas Rojas, quien indicó que esta acción [la expulsión de 30 venezolanos] se realiza por solicitud de los ciudadanos que han reclamado soluciones a los brotes de inseguridad y continuar con los operativos para recuperar el espacio público. De igual forma, el secretario precisó que las infracciones que cometieron los extranjeros han sido la invasión del espacio público con las ventas ambulantes, el porte de armas blancas y tener celulares reportados. (“30 venezolanos serán expulsados de Duitama por infringir normas del municipio”, 2019, párr. 2)

Los titulares son contundentes: “Capturan a venezolano por intento de atraco” (Florez, 2018a, p. 7), “Extranjeros delinquen en el país” (2018) o “Desalojaron a 200 venezolanos” (2018). Estos son algunos ejemplos del informe narrativo de la migración. Dentro de las estructuras semánticas, el discurso trae otras voces “autorizadas” con el objetivo de reforzar lo que piensa, por ejemplo: “vamos a intervenir las instalaciones y los alrededores de la terminal, hemos percibido que en la noche son muchos los venezolanos que duermen y eso nos preocupa”; más adelante, “endureceremos las inspecciones y quienes no cuenten con la documentación para viajar serán deportados”, o, finalmente, “este nuevo operativo se hará respetando los derechos de los migrantes” (“Desalojaron a 200 venezolanos”, 2018, p. 10). Claramente, esta última afirmación es irónica porque un operativo que lleve a la deportación de los que no tengan documentación es una violación a los derechos humanos y, por tanto, les da a estas personas el estatus de población con PNI.

Al aplicar el seguimiento de lexicalización, se puede ver que el periódico utiliza con frecuencia vocabulario como “deportación”, “deportado(s)”, “deportada(s)”, “documentos requeridos”, “permisos requeridos”, “requisitos” y “estatus migratorio” (Romero, 2017, p. 3). Otras unidades léxicas que se encuentran son: “condición migratoria” (“El plan de regreso de venezolanos falló”, 2018, p. 10), “desalojos”, “operativos”, “inseguridad” (“Tensión en Cúcuta por desalojo de venezolanos”, 2018, p. 14), “denuncias”, “hurtos”, “delinquir”, “delitos”, “delictivos”, “ola de inseguridad” (“Extranjeros delinquen en el país”, 2018), “desalojos”, “operativos”, “documentación”, “deportación”, “inspección” (“Desalojaron a 200 venezolanos”, 2018, p. 10) o “seguridad trasnacional” (“Debate sobre crisis de venezolanos, 2018, p. 10). Son aquellas palabras tejidas en el texto las que reproducen y refuerzan el discurso que evoca la categoría de crimmigration.