El acervo multicultural colombiano ha sido producto del encuentro entre poblaciones heterogéneas en un territorio de geografía escarpada e irregular. Desde el siglo XVIII, se ha valorado de distintas maneras la naturaleza de esta multiplicidad en la búsqueda de un arraigo político, ya sea con respecto al Imperio español o a la singularidad neogranadina. Sin embargo, no dejó de ser problemática la búsqueda de una pretendida unidad de nación que lograra sujetar determinados territorios y poblaciones -y no otros- en los procesos de independencia que se dieron a comienzos del siglo XIX, pues ¿a qué podía apelarse para que un conjunto de regiones muy diferentes entre sí se uniera en una empresa común, cuando ello implicaba conjurar la unidad política hispánica entre las provincias americanas? Adicionalmente, una vez desencadenadas las guerras de independencia, ¿cómo mantener dicha unidad? ¿Existían condiciones que hicieran posible algún tipo de identidad en torno a los territorios neogranadinos?

Para responder a estos cuestionamientos, los factores que se examinarán en este artículo son: algunos aspectos sociales que determinaron el surgimiento de movimientos independentistas neogranadinos; las condiciones políticas generadas por la crisis del Imperio español en la primera década del siglo XIX; la idea de nación que propusieron los criollos para justificar la constitución del Estado, y, finalmente, algunos aspectos sociales que se presentaron en la lucha por la emancipación. La hipótesis que se pondrá a prueba es que para comienzos del siglo XIX no había una identidad neogranadina más allá de aquella que compartían todos los criollos al pertenecer a la hispanidad americana, del mismo modo que no existía una empresa política común, sino, como afirma Alfonso Múnera (1998), “varias élites regionales con proyectos diferentes” (p. 18). Estos proyectos no se fundieron en uno solo, sino como resultado del ejercicio del poder de las élites, las cuales no siempre estuvieron de acuerdo. Desde el punto de vista teórico, se tomarán como base algunos trabajos de Antonio Annino y François-Xavier Guerra (2003) sobre los conceptos de nación en Hispanoamérica en el siglo XIX.

El papel que jugó la coyuntura experimentada por la monarquía española entre 1808 y 1810 para el surgimiento de los Estados hispanoamericanos es aún objeto de reflexión. Annino y Guerra (2003) se preguntan, por ejemplo, por aquellos factores políticos que llevaron a las diferentes declaraciones de independencia de las provincias americanas y por las identidades que contribuyeron en la configuración de sus naciones. Guerra (2003a) sugiere que el “patriotismo” de españoles y americanos ante la invasión francesa de la península, en 1808, reflejaba una única concepción de nación, entendida como “una gran familia que tiene al rey como padre y múltiples hijos, diferentes pero igualados en los mismos deberes de defenderlo y asistirlo” (p. 126).

Para 1809 y 1810, sin embargo, ya se enfrentaban dos conceptos diferentes de la nación en ambos lados del Atlántico: en Cádiz, se identificaba “con el conjunto de la monarquía”, aunque no de manera tradicional, sino como “la nación originada por una asociación voluntaria de individuos” (Guerra, 2003a, p. 148). En América, el no reconocimiento de la legitimidad de las cortes y el posterior desconocimiento de la autoridad regia disolvieron la unión de los pueblos americanos como un todo, mientras que, al romperse los vínculos con el rey legítimo, se perdió todo sentido de autoridad “natural” para el conjunto del reino. Para Guerra, el problema de la monarquía española consistía en que la cohesión de la nación era eminentemente política (vertical), es decir, recaía en la figura del rey, y, por ende, la abdicación de Bayona la fracturó de hecho. Mientras que en España la legitimidad de la monarquía yacía en la “asociación voluntaria de individuos”, en América tuvieron que crearse nuevos lazos políticos que ligaran a las colectividades por nexos institucionales -que no existían antes de la crisis-, pero sobre el suelo de las relaciones heredadas del mundo hispánico.

Por otra parte, el americano revestía diferentes identidades bajo la Corona española. Guerra (2003b) parte de un principio básico: “No solo la nación moderna es ‘imaginada’, sino que todas las identidades colectivas, ya sean antiguas o nuevas, lo son también” (pp. 185-186); por ello, el autor rechaza de antemano el “esquema” según el cual existe una nacionalidad que antecede teleológicamente a los Estados como explicación del surgimiento de las naciones hispanoamericanas, puesto que ellas compartían, al menos en sus aspectos más generales, un mismo origen hispano. Es esta gran unidad la que se fragmenta en una serie de identidades que los autores sintetizan de la siguiente manera:

Se es, primero, de un pueblo, de una villa o de una ciudad; luego, de una ciudad-provincia; después, de un reino, y, al fin, ‘español’. La pertenencia a la monarquía (…), a la ‘nación española’, pasa por la clara conciencia de la pertenencia a comunidades políticas de ámbito más restringido. (Guerra, 2003b, p. 195)

Esta amalgama de identidades, a las que se puede sumar la identidad americana frente a la peninsular, se hace patente sin mayores dificultades hasta 1808, año en el que la crisis política deja ver con claridad que la fidelidad al rey era el único punto de unión del Imperio, ya que depuesta su autoridad se hacía insuficiente la similitud cultural para fundar la nación. La respuesta a dicha coyuntura fue, en cambio, la emergencia de la identidad provincial -la adhesión a la patria chica-, en el afán por buscar una nueva legitimidad y un nuevo orden político, aunque no social. La “nación española” relucía cada vez más como una unidad ficticia, mientras que “cada pueblo, cada ciudad principal, con su territorio y sus ciudades dependientes”, hacían gala de una “soberanía provisional” (Guerra, 2003b, p. 207). El solio vacío de Fernando el Deseado no pudo ser asumido por ninguna otra instancia, y la solución, a mediano plazo, fue la desaparición del trono mismo.

Sin embargo, los rasgos culturales de los pueblos no bastaban, al menos en Hispanoamérica, para construir las naciones; por el contrario, es la ligazón política la que ha tendido a conformarlas. Ejemplo de ello son México y Perú, que, a pesar de ser comunidades culturalmente más homogéneas que otras, fueron constituidas como Estados después que Venezuela o Buenos Aires. Así pues, existe cierto grado de incertidumbre entre la formación de los Estados y la constitución interna de los pueblos, ya que dicha formación no obedece a rasgos estrictamente culturales, sino a la unión de actores que reconocen su injerencia política (Guerra, 2003b, pp. 219 y 220) -entendida en el sentido concreto de pertenencia a las comunidades (pueblos, ciudades, provincias, etc.), con un fuerte vínculo organizativo, que en la época de los Habsburgo habían gozado de gran autonomía. La expresión comunidad política se entiende, pues, en dicha acepción-.

El problema de la configuración de la nación es al mismo tiempo la cuestión de la representación y, por consiguiente, la de determinar quién es ciudadano y cómo adquiere dicho estatus. De la misma manera que no son los individuos quienes hacen parte de la nación en la concepción americana, tampoco son ellos quienes son reivindicados en las demandas de representación. Estas demandas se centran más bien en las ciudades, como “cabeza de un cuerpo político territorial” que “actúa en nombre de una provincia o de un reino”, y en los “vecinos principales”, que “actúan en nombre de la ciudad” (Guerra, 1999, p. 39). ¿Qué es, pues, un ciudadano para el criollo de comienzos del siglo XIX? Es una extensión del “vecino” del Antiguo Régimen, ligado a los privilegios y al territorio particular al que pertenece. Asimismo, el representante no es para los americanos un apoderado de la voluntad general en la asamblea constituyente, sino el delegado de los asuntos de los pueblos ante las cortes.

Por otro lado, el análisis de Annino parte de una evidente crisis de gobernabilidad de los territorios americanos después de su independencia, debido a la acción regional de los caudillos. Esta dificultad hace parte de una herencia colonial que era ya evidente a finales del siglo XVIII. Para este autor hay, pues, “dos Américas”: la de la representatividad de los cabildos de provincia, “que no poseen una jurisdicción plena sobre los territorios rurales”, y la de aquellos “que conservan este poder desde el siglo XVI y que logran defender, como en el pasado, sus prerrogativas frente al nuevo desafío del Estado absolutista español” (Annino, 2003, p. 157). En tal situación, los cabildos, como pequeñas unidades políticas urbanas y rurales tanto de blancos como de indios, contaban con cierta independencia administrativa desde la temprana época colonial. Este era el caso especialmente de las “repúblicas de indios”, cuya tradición electoral era larga en comparación con la más reciente de los cabildos municipales.

El problema posterior a la crisis de la monarquía fue el de la fractura de los territorios y, por tanto, la reconstrucción de la soberanía. Partiendo de la inalienabilidad del reino, la abdicación del rey en favor de los franceses implicó un acto ilegítimo con el cual el poder soberano terminó descansando en el “pueblo”, pero este pueblo al que se hacía referencia en 1808 “era concreto: eran los cabildos, las corporaciones, las juntas, en fin, eran los cuerpos intermedios de la sociedad” (Annino, 2003, p. 164). Esto contrasta con la acepción más moderna del pueblo como la totalidad de los individuos que conforman una “voluntad pública”, de modo que se tiende un puente entre el Antiguo y el Nuevo Régimen, que constituye no un rezago anacrónico del primero, pero tampoco una manifestación completa del segundo.

La crisis de la soberanía del Imperio desencadenó la pretensión de los cabildos por erigirse como territorios autónomos y soberanos. Bajo esta lógica, surge entonces un nuevo concepto de nación entre los americanos, pues estos asumieron la bandera de una idea tradicional que entendía la nación como “un conjunto de cuerpos políticos naturales”, al tiempo que concebían al Estado como “un cuerpo artificial, fruto de un pacto entre entidades soberanas” (Annino, 2003, p. 170). Esta idea, que hacía depender la constitución del Estado de un acuerdo entre “cuerpos políticos naturales”, tuvo resonancia en la conformación de gobiernos federales en toda la América hispana, puesto que no solo se rompió el lazo entre la metrópoli y las provincias americanas, sino que también el que existía entre los mismos centros regionales y las provincias bajo su jurisdicción, lo que terminó desarticulando todo el orden administrativo colonial.

El ascenso de los Borbones al trono de España en el siglo XVIII implicó una serie de cambios político-administrativos sobre las provincias del Nuevo Mundo, a los que no fueron indiferentes los criollos. La conciencia del progresivo debilitamiento del poder político de la Corona, sumado a las pérdidas generadas por el comercio ilegal en los puertos americanos, obligó a las autoridades peninsulares a tomar cartas en el asunto. Tras la definitiva instauración del virreinato de la Nueva Granada en 1739, el ministro de Indias y visitador general de la Nueva España, José Gálvez, ordenó una inspección administrativa minuciosa del reino que buscaba poner en marcha las nuevas estrategias de control fiscal. De estas estrategias fueron de importancia capital la reducción de la presencia criolla en los cargos burocráticos, la creación del estanco del tabaco y la extensión del monopolio del aguardiente. Para 1778, Francisco Gutiérrez de Piñeres llevó a cabo dicha empresa en territorio neogranadino.

La solución que los pueblos del Socorro y San Gil encontraron para reivindicar la presencia criolla en el Gobierno -además de conseguir mejores condiciones económicas para los campesinos que se veían perjudicados por los monopolios estatales- fue la insurrección comunera de 1781. Este es uno de los eventos más importantes de reacción a las políticas españolas en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII y vislumbra la importancia que tenían los criollos en el Gobierno local, así como las demandas de autonomía política y económica que exigían, sin pretensiones independentistas, los neogranadinos. Según Brian Hamnett (2000), el Imperio español concedía autonomía política regional a los territorios americanos dado el “retraso tecnológico” de estos y la debilidad económica de la metrópoli, pero esta autonomía permitía mantener el orden en los territorios de ultramar y sostenía la legitimidad del rey, cuyo dominio era ejercido a distancia y por intermediación de las autoridades locales.

Debido a que la apropiación del territorio americano fue obra de los conquistadores impulsados por la búsqueda de oro, se generaron centros urbanos desde los cuales se organizaban las empresas que expandían sus zonas de influencia y que servían como centros de poder regional. A este respecto, dice Alfonso Múnera (1998):

La miseria del reino y la languidez de su comercio fortalecieron el poder de estas capitales regionales o provinciales. Las enormes dificultades para el intercambio entre las regiones y la ausencia de una economía que lo estimulara trajeron como consecuencia que los hombres que habitaban en una región nacieran, vivieran y murieran sin salir de ella (…). Ella terminaba siendo el objeto de sus más profundas lealtades y la imagen de su identidad. (p. 51)

Las diferencias regionales y las lealtades establecidas por ellas eran muy marcadas para los neogranadinos del siglo XVIII. Múnera (1998) resalta esta tensión entre la región Caribe y la Andina, cuya relación de subordinación era cuestionada de hecho por la debilidad de la comunicación entre el centro y las periferias del virreinato neogranadino. Pero esta relación de poder problemática, que era notable en las interacciones entre el centro y la costa, también se manifestaba en los vínculos entre la élite y el pueblo. La zona Caribe, subraya Múnera (1998), tenía una dinámica social compleja: al contar con una separación estamental menos rígida que otras partes del reino, pululaban en ella los cimarrones y se cernía una constante amenaza externa de potencias europeas con las que, no obstante, se mantenía un comercio fluido -el contrabando era practicado por las mismas autoridades-. Lo mismo ocurría con comunidades indígenas no sujetas al Imperio español, así como con una generalizada población parda de artesanos.

En todo caso, frente a los desórdenes culturales y económicos -contrabando, rituales paganos, etc.-, el sistema administrativo colonial fue ineficiente, y ello era evidente en los problemas que tenía Santafé para ejercer un control efectivo sobre el virreinato desde sus tribunales (Múnera, 1998, p. 103). Así pues, el poder político de la Nueva Granada en el siglo XVIII era incapaz de hacer frente a la ilegalidad regional, lo que, en el caso analizado por Múnera, generaba un choque de intereses entre la capital virreinal y Cartagena. A la rivalidad económica entre estas ciudades en términos, por ejemplo, del comercio de la harina de los Estados Unidos que el virrey Amar y Borbón quiso prohibir en julio de 1809 -según relata Múnera (1998)- se suma la rivalidad política. La sujeción del territorio neogranadino, que incluía la Capitanía General de Venezuela y la Audiencia de Quito, a la autoridad central de la ciudad de Santafé generó conflictos en las regiones y provocó que con la crisis del Imperio español entrara también en crisis la supremacía política santafereña. De hecho, dice Heraclio Bonilla (2010), “lo ocurrido el 20 de julio de 1810 en Bogotá se reprodujo en varias provincias del antiguo Reino, ahora que había desaparecido el tenue vínculo de articulación representado por la autoridad virreinal” (p. 116).

Es así como se establecieron juntas en Cartagena, Cali, Pamplona, el Socorro y Mompox, y “al hacerlo, no solo reivindicaban las bases profundamente regionales de su identidad, sino que aspiraban también a competir con Santafé como el nuevo eje de articulación política” (Bonilla, 2010, p. 116). Esto no ocurrió como resultado de la coordinación de las provincias en favor de un proyecto político unificado, sino como expresión de la inconformidad regional frente a los lineamientos políticos de una Corona ausente que truncaba los intereses de los americanos, de ahí que no sea “una paradoja menor que 1810 terminó oponiendo a Antonio Nariño y a Camilo Torres, los dos símbolos que asumieron con coherencia la lucha por la libertad del Nuevo Reino” (Bonilla, 2010, p. 116), ni que regiones como Santa Marta, Riohacha, Pasto, Panamá y Maracaibo siguieran siendo oficialmente leales a la Corona.

En el marco de las pretensiones borbónicas de asumir un mayor control fiscal y político de sus territorios, el Gobierno español decidió llevar a cabo, en 1765, la apertura de los puertos peninsulares para el comercio con las islas de Barlovento. En 1778, se hizo extensiva esta “apertura comercial” a todos los territorios americanos, menos a la Nueva España y Venezuela (Grafenstein Gareis, 2000, p. 322). Con la implementación de este “libre comercio”, la Corona intentó extraer mayores beneficios de los recursos naturales americanos en detrimento de su industria, buscando en aquellos territorios proveedores efectivos de materias primas y compradores de sus productos. Aunque la posición oficial respecto a las reformas fue la de impulsar el “progreso material de la nación”, se cernía la posibilidad de controlar la competencia comercial entre los reinos separados por el Atlántico.

Pero este tipo de cosas no estuvieron fuera de la conciencia de los americanos; por el contrario, hacían parte de las denuncias sobre los abusos del Gobierno peninsular. Camilo Torres y Joaquín Gutiérrez (1810/2007) consideraban, en 1810, que la ignorancia de los americanos frente a las artes, la industria y los derechos del hombre era consecuencia del despotismo de las autoridades, quienes, por ejemplo, prohibieron el uso de la imprenta -“aquel precioso vehículo por donde se difunden los conocimientos del hombre (…) y se facilitan los recursos para su felicidad” (p. 152)-. Cuando Manuel Pombo presentó la imprenta al Consulado de Cartagena, el virrey Amar y Borbón obtuvo la orden real “para que no se usase de ella (…), hasta que en 1808 fue puesta en uso para reimprimir los mentirosos papeles que traía San Llorente, a fin de deslumbrar a las gentes sobre el verdadero y fatal estado de la Península” (Torres y Gutiérrez, 1810/2007, p. 153).

La declaración de independencia de la provincia de Tunja también se refiere a las limitaciones impuestas a la libre circulación de los saberes modernos por parte de las autoridades coloniales: “La degradación y el embrutecimiento mismo de los americanos entraban en el plan de estos gobernantes, que traían instrucciones expresas para no consentir, entre nosotros, la propagación de los conocimientos humanos”. Dichas limitaciones eran, de igual manera, evidentes en lo que respecta al estado de sujeción económica al que se relegaban los reinos del Nuevo Mundo, ya que los americanos veían como un vejamen el hecho de que la Península dispusiera de una serie de restricciones comerciales, concebidas como “un canal estrecho por donde se cambiaban a vil precio los frutos coloniales contra los europeos, que se vendían por tres o cuatro tanto más de lo que hubieran valido en un mercado libre” (“Declaración de independencia de la provincia de Tunja”, 1813/2007, p. 297). Más allá de su veracidad histórica, estas afirmaciones resaltan la conciencia del criollo frente al dominio español, en función de una identificación con el ser americano.

El Gobierno español intentó reafirmar su autoridad política limitando los poderes locales, especialmente los de los virreinatos de la Nueva España y el Perú, por temor a posibles conspiraciones independentistas. Después de las insurrecciones indígenas de Túpac Amaru y la de los comuneros en el Socorro, y pese a la violenta represión de la primera, las fisuras del poder se hicieron más evidentes y las relaciones con los criollos, más tensas aún. No obstante, funcionarios del virreinato como el arzobispo Antonio Caballero y Góngora estimularon en la Nueva Granada las reformas educativas para la implementación de las ciencias útiles. El problema fue que, como señala McFarlane (1997), estos esfuerzos, llevados a cabo por el Gobierno para “estimular el desarrollo económico”, no contaron con los resultados esperados, sino que “tuvieron la desagradable consecuencia de animar a los criollos educados a ver la política española hacia la Nueva Granada con ojos más críticos” (p. 419).

Esta nueva conciencia crítica es evidente en las continuas referencias que en el Papel Periódico de Santafé de Manuel del Socorro se hacían al pensamiento científico moderno, a los problemas educativos del reino y a las demandas de presencia criolla en el Gobierno local. Tal es el caso del artículo “Avisos de Hebephilo”, de Francisco Antonio Zea, publicado en los números del 1.o y el 8 de abril de 1791, el cual critica la inoperancia de los estudios, cimentados en el fanatismo y la ignorancia de las ciencias útiles, impartidos en Santafé (Zea, 1791, pp. 59-60). Vale la pena recalcar que, en este último texto, Zea opera con un concepto de patria que no es ajeno a las identidades locales, regionales e imperiales vigentes en el mundo colonial que señala Annino , pero su sentido “fuerte” se refiere al reino particular que habita el autor, cuya pertenencia a la región es explícita:

¿Y dudaréis un instante abandonar unos estudios que deshonran la humanidad, que despreciado por las Naciones cultas, solo entre nosotros, y entre los barbaros habitantes de la Mauritania han hallado aceptación: unos estudios que tienen la Patria en una vergonzosa languidez, que conserva como un depósito de grosería, y la barbarie para derramarla de tiempo en tiempo sobre nuestros infelices conciudadanos, y que manteniendo los entendimientos en la mas ignominiosa esclavitud, no les dexan siquiera la libertad de recorrer las campiñas, para ver la grosera agricultura, la miseria, la indolencia, tantas cosas dignas de atención, y que debieran ser el objeto de sus tareas? (Zea, 1791, p. 60)

El texto revela una preocupación por la relación entre las ciencias útiles y su aplicación práctica en las distintas regiones del reino, un problema educativo que atañe en específico al virreinato de la Nueva Granada y a las instituciones de Santafé. En el pasaje citado, la exaltación de “la Patria” ya no se refiere a la nación hispánica como un todo, sino que pasa por un arraigo territorial muy particular que relega la identidad más amplia del Imperio -aún existente, por supuesto- a un segundo plano. En todo caso, la dinámica crítica de los criollos generó desconfianza entre los peninsulares, y el miedo a que se fraguara una conspiración terminó con el encarcelamiento, por un lado, de tres estudiantes criollos, a propósito de la publicación de pasquines sediciosos, y, por el otro, de Antonio Nariño, por publicar la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano.

La monarquía era el nexo que ligaba a la metrópoli con sus posesiones ultramarinas y a estas entre sí. Si estos territorios gozaban de relativa autonomía, la figura del rey les daba cohesión y los concebía como partes de una misma nación. Para Guerra, no es posible concebir la disolución del Imperio español sin entender las mutaciones sociales, políticas e ideológicas que compartía el mundo hispánico de ambos lados del Atlántico. Cuando José Bonaparte toma el trono de Fernando VII, en 1808, el nexo legítimo entre España y América no se rompe de inmediato, pero se pone en entredicho. Sin embargo, a diferencia de la Revolución francesa, la revolución liberal española y las independencias americanas se dan no contra el rey sino contra su abdicación forzada y la usurpación francesa de Napoleón -es decir, se da en nombre del rey, aunque sin él-. El rechazo a la ocupación francesa de los territorios peninsulares reivindica tanto en España como en América un inusitado patriotismo que “remite a algo mucho más moderno: a la nación y al sentimiento nacional” (Guerra, 2010, p. 121).

Las pretensiones americanas de constituir “juntas” e incluso las tentativas independentistas de 1809 en Quito tienen como fundamento tanto la fidelidad a la soberanía real, que en ausencia del monarca recae sobre el pueblo, como la reacción en contra de la usurpación francesa y el peligro de contar con autoridades que apoyaran al régimen ilegítimo. La representación ante la Junta Central y las elecciones de diputados que en América se llevaron a cabo con dicho fin revelan la lucha por el reconocimiento de la igualdad política de los españoles americanos frente a los peninsulares. La fidelidad y los vínculos de “vasallaje” entre el rey y los súbditos eran muy fuertes en América, y al igual que en España, pese a la pluralidad regional real, “los habitantes de la monarquía se descubren como nación en su unanimidad contra el enemigo común” (Guerra, 2010, p. 158). El cambio que produjo la crisis, desde de esta perspectiva, radica en la significación que adquirió la figura de Fernando VII, puesto que a partir de ella salió a la luz el carácter fundamental del monarca para la cohesión de la nación hispánica, al tiempo que se hizo evidente la debilidad propia de dicho nexo para las expectativas políticas criollas. Las mutaciones en las ideas de nación y soberanía están, pues, ligadas a los acontecimientos por los cuales de hecho el fundamento nacional perdió su soberanía, por lo que aquellos en quienes esta recayó tuvieron que buscar en sí mismos, como consecuencia de las premisas de las cuales partían, un nuevo fundamento nacional .

En las guerras de independencia frente a la metrópoli, el mundo hispánico americano perpetuó la jerarquización, la identidad religiosa y la reivindicación de un pasado glorioso frente al presente en crisis, pese al carácter moderno que progresivamente tomaron las luchas nacionales. La desigualdad política que el Gobierno central de la monarquía profesaba respecto a América “acrecentaba todavía más los agravios de los americanos y hacía de la reivindicación de la igualdad una de las principales causas de los nacientes movimientos de Independencia” (Guerra, 2010, p. 225). Puede concluirse, con base en estas ideas, que la independencia de los países hispanoamericanos tuvo origen en complejas relaciones de poder con la metrópoli, en donde intentó irrumpir la Modernidad con la decadencia del Antiguo Régimen español y se generó un proceso que no excluyó los presupuestos políticos e ideológicos de la sociedad colonial, sino que se entrecruzó con ellos. Aunque autores como Medófilo Medina (2010) y Heraclio Bonilla (2010) resaltan lo sesgado de la propuesta de Guerra por ser el “reverso ideológico” de las historiografías patrióticas y por desconocer las dinámicas sociales particulares de las diferentes partes de América, como en el caso del Perú, creemos que esta brinda también un marco de referencia que contribuye a ligar los acontecimientos de España con los de América, además de ayudar a entender la actitud de los americanos frente a la Junta Central y esbozar una mirada más amplia, en términos geográficos, con menos ecos épicos y teleológicos.

Las independencias neogranadinas -en plural- no tuvieron lugar sin una justificación de estas. Uno de los motivos expuestos es el trato que las juntas peninsulares daban a los americanos. Respecto a la actitud neogranadina frente a dichas juntas y concejos de regencia, apuntan críticamente Torres y Gutiérrez (1810/2007):

Mirad como esas Juntas no aspiran sino a extraer todo el oro y plata que recogen con sudor y fatiga los labradores, los artesanos, los mineros, los pobres de este suelo, y que con diversos pretextos, con nombres espaciosos ya de contribución, ya de donativos dejan perecer de hambre las tres partes de nuestros compatriotas, exportando los caudales para sostener el lujo y entretener las pasiones de los que se erigen en Soberanos. (p. 147)

Las juntas de Sevilla de 1808, la Central de 1809 y la de Regencia que la reemplazó no parecen, a los ojos de los americanos, por completo legítimas. Pese a que en el acta de conformación de la Junta Suprema de Gobierno de Santafé se hace explícita la sujeción respecto a la Junta de Regencia, el Manifiesto de la Suprema Junta de Santafé de Torres y Gutiérrez expone los motivos de la conformación de esta. Entre estos motivos, se encuentra el despotismo de las juntas españolas, que se adjudicaban un poder que no corresponde sino a Fernando VII y que, en un trato completamente desigual, reprimieron con violencia las manifestaciones de libertad en Quito. De igual manera, en el acta de independencia de Cartagena (18112007) de 1811 se expresa esta idea de desigualdad en la representación americana ante el Concejo de Regencia:

La libertad, la igualdad de derechos que nos ofrecían en discursos, sólo eran con el objeto de seducirnos y lograr nuestro reconocimiento. En nada se pensó menos que en cumplir aquellas promesas: (…) mientras que la España nombraba un representante por cada cincuenta mil habitantes aun de los países ocupados constantemente por el enemigo, para la América se adoptaba otra base calculada de intento para que su voz quedase ahogada por una mayoría escandalosamente considerable, o más bien diremos que las inconsecuencias que se cometieron en este particular, asignando unas veces un diputado por cada Provincia y después veintiocho por toda la América, indicaban un refinamiento de mala fe respecto de nosotros. (p. 271)

Estos dos documentos traslucen el juego de identidades en las que se ven inmersos los criollos en ese proceso de distanciamiento frente a la nación española en crisis. Lo que está en tela de juicio no es solo el poder ejercido por los peninsulares, sino también la exclusión que ejerce una nación sobre otra. El problema es que esa otra nación no estaba configurada, sino que la referencia a ella se sustentaba en la utilización de expresiones vagas como “pobres de este suelo” o “compatriotas”, y se hablaba, en primera persona del plural, desde un “nosotros” difuso que abarcaba -como se sigue de varios textos y de estos dos en particular- tanto a América como al Nuevo Reino de Granada y a las demás provincias del virreinato (Cartagena incluida, en este caso).

A los reclamos coyunturales se sumaron, además, reclamos históricos que les daban a estos una mayor legitimidad. Tanto en el documento escrito por Torres y Gutiérrez como en las actas de independencia de las provincias de Cartagena, Tunja y, de manera tácita, en la de Antioquia (“Declaración de independencia del Estado de Antioquia”, 1813/2007), cuyas referencias son las de Cartagena, Venezuela y Cundinamarca, se nombra como razón de la independencia los “trescientos años de opresión” del Imperio español sobre el territorio americano y se hace énfasis en el silencio guardado por los criollos sobre aquel suceso jamás olvidado por los habitantes del Nuevo Mundo. La declaración de independencia de Cundinamarca (2007) de 1813 enfatiza también en los tres años de ausencia de Fernando VII y en la desigualdad política que en ese tiempo han mostrado los españoles frente a los americanos.

En el marco de la crisis de legitimidad del poder real se apela a su reasunción en el pueblo, concebido ahora como soberano. Esta referencia es constante tanto en la conformación de las juntas de 1810, como en la declaración de las independencias de 1811 y 1813. Un elemento importante, ligado al argumento de los trescientos años de opresión, es la reivindicación del indígena. Ahora bien, hay que anotar que esta apropiación del pasado precolonial y de las consecuencias nefastas de la conquista no provenía de los indígenas, “quienes en un número de doscientos mil solo constituían entre el 15 % y el 20 % de la población total de la Nueva Granada” (König, 1994, p. 235); fueron los criollos quienes apelaron a la reivindicación de la figura del indígena para fortalecer sus propios intereses políticos: no para tomar en consideración los problemas y las necesidades indígenas “en la construcción del nuevo Estado nacional” (p. 236), sino para identificar de manera global el sometimiento de dichas comunidades y las condiciones de los criollos.

Algunas ideas que estaban en la base de la soberanía del pueblo “parten del principio general de que los indios, antes de la llegada de los españoles, eran legítimos señores de sus cosas públicas y privadas” (Ocampo López, 1975, p. 171). Muestra de ello es el Retrato de la india de la libertad, pintado de manera anónima en 1819, en el que se ve con claridad la idealización del indígena, representado por la vestimenta y el arco, pero ligado sincréticamente a una imagen femenina con facciones físicas criollas, así como por el gorro frigio y el árbol de la libertad, característicos de la Revolución francesa. El mismo nombre de Cundinamarca -Kuntur marqa o “nido del cóndor”, según su etimología-, asumido en la constitución de 1811, no fue elegido por azar, sino con la plena conciencia e intención de “simbolizar la libertad recuperada y afirmar la justificación del movimiento independentista” (König, 1994, p. 255).

La configuración de una idea de nación en la Nueva Granada, en el contexto problemático que plantean Annino y Guerra (2010) para toda Hispanoamérica, hunde sus raíces en los trabajos de ilustrados como Caldas (1807/1966), que atienden a una revaloración de la geografía del reino. Igualmente, la reivindicación de las artes útiles y la reforma educativa -como la planteada por Moreno y Escandón en 1770- exaltan el conocimiento geográfico de las regiones del virreinato como una condición indispensable para la prosperidad. La búsqueda de un conocimiento de los recursos y los territorios sugiere la idea de identidad y pertenencia a una patria. Sin embargo, las referencias tanto de Zea en 1791 como de Nariño en 1794 y de Caldas en 1807 a la Nueva Granada suponen, sin lugar a dudas, la división administrativa del Imperio español -es decir, su condición virreinal-, por lo que su visión está determinada por el lazo colonial que une el territorio neogranadino con la metrópoli (Landinez Guio, 2011). Por consiguiente, esta exaltación patriótica del territorio no supone un proyecto de nación, por más que esté a la base de su configuración posterior; se inscribe, más bien, en las políticas españolas de apropiación de los recursos naturales de los territorios coloniales a partir de las cuales se llevaron a cabo las expediciones botánicas en Perú en 1777 y en la Nueva España en 1787 y que se hicieron patentes en la Nueva Granada con la expedición de José Celestino Mutis en 1783.

La independencia de la Nueva Granada se generó a partir del patriotismo de algunas élites, desde una especie de nación proyectada por estas mismas, pero sin el fundamento de una nación existente de antemano. Desde 1810 se fue configurando dicho proyecto por quienes detentaban el poder al interior del territorio (al menos entre 1810 y 1812, cuando la presencia de Bolívar comienza a ser relevante en la Nueva Granada), que, solo como una extensión de su posición -heredera de la división administrativa colonial-, impulsó desde el Estado y por la fuerza el concepto de una nación neogranadina. Aunque las diferentes actas y declaraciones de independencia regionales se refieren a la Nueva Granada como un todo, la consideran como una construcción política de España, y, en esta medida, declaran su propia independencia en cuanto pueblos autónomos que reasumen la soberanía perdida por el monarca.

El acta del 20 de julio de 1810 y la Constitución de Cundinamarca de mayo de 1811 hacen expresa la posibilidad de una unión con otras provincias. Tal unión se lleva a cabo con el “Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada” (1811/1983) el 27 de noviembre del mismo año, más el principio sobre el cual se basa es, según el artículo 6, el reconocimiento mutuo “como iguales, independientes y soberanas, garantizándose la integridad de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicano” (p. 130-131).

Una vez consolidado el ideario independentista de las regiones de la Nueva Granada, surgió el problema de los vínculos estatales. Si algunas facciones coincidieron en la necesidad de la emancipación y la manera de lograrla, lo mismo no ocurrió con respecto a la naturaleza de las nuevas organizaciones políticas que debían formarse, puesto que las pretensiones eran puestas en tela de juicio por los hechos. Fue tan débil el vínculo nacional y la identidad que de él se seguía que se hizo necesario apelar a la fuerza que hacía la unión de todas las provincias frente al peligro inminente. De esta manera, como ejemplo de la conciencia que los mismos criollos tenían de las disputas regionales, dicen Torres y Gutiérrez (1810/2007): “Si vuestras Provincias y pueblos se separan unos de otros, caeréis sin duda en manos de vuestros enemigos” (p. 154). Los lazos de unidad estatal se fundaban en la idea de la lucha contra el enemigo común, pues, como dice Zea en 1820:

Ninguno de vuestros tres grandes departamentos, Quito, Venezuela, Cundinamarca (…), por más vasto que sea y más rico su territorio, puede ni en todo un siglo constituir por sí solo una potencia firme y respetable. Pero reunidos (…), ni el imperio de los medos, ni el de los asirios, ni el de Augusto, ni el de Alejandro pudiera jamás compararse con esa colosal república. (Zea, 1820/1983, p. 207-208)

También Simón Bolívar (1812/1980) les dice a los neogranadinos en 1812, a modo de llamado a la adecuación de la acción de los gobiernos americanos a las condiciones adversas de la época: “Mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas” (p. 8) … Pero ¿qué significaba este “ajustarse a las circunstancias” que propugnaba la política de Bolívar y de algunos criollos? Consistía en una apuesta por la centralización del poder sobre las provincias dispersas para generar un Estado sólido frente a la inminente amenaza de la reconquista española; es decir, era un llamado a la unidad de las regiones para hacer frente a la amenaza peninsular. Para Ocampo López (1975), la propuesta organizativa del Libertador apelaba a la necesidad de estos territorios de construir “instituciones más sólidas y enérgicas para mantener la unidad y el orden” (p. 353). El problema es que dicho proyecto entraba en disputa con el discurso “demoliberal” y republicano del primado de la voluntad general. Una de las grandes dificultades con las que se encontró el Gobierno grancolombiano fue, precisamente, que los nexos que unían sus territorios desaparecieron con la amenaza externa de la reconquista española.

De acuerdo con Múnera (1998), la cuestión de la nación no se planteó antes de 1810. No había un proyecto nacional que pensara en la integración regional, más allá de una estrategia para hacer frente a la amenaza imperial de reconquista. Por el contrario, había una serie de intereses y lealtades regionales de carácter predominantemente económico. Cuando irrumpió la crisis política del Imperio español, el esfuerzo de las élites se encaminó en buscar el apoyo regional para la reconstrucción de un lazo nacional que no pasara por la figura del soberano. Sin embargo, esto redundó en un enfrentamiento por la primacía del Estado, pues “en 1810 no existía ni una persona, ni un ejército, ni una iglesia, ni un intercambio regular de productos que produjera el efecto de integrar las provincias” (Múnera, 1998, p. 152). Después de 1830, las diferencias y los intereses regionales entre quiteños, venezolanos y neogranadinos fue tan grande que impidió mantener el gran Gobierno central que mantenía estas regiones unidas. Los lazos estatales no pudieron crear verdaderos lazos nacionales.

En los años que duraron las guerras de independencia, el discurso nacional se vio matizado por las dinámicas sociales regionales y por los intereses de cada una de las élites. La realidad mostraba la continuidad de un orden social vertical bastante rígido, signado por la concentración de la tierra en latifundios y por el “dominio monopolístico de los recursos naturales” liderado por “terratenientes como grupo dominante, con aspiraciones caudillistas y regionalistas en sus propias áreas de influencia” (Ocampo López, 1975, p. 360). Pese a los cambios previstos -y no previstos- de los procesos de independencia, salía a flote el arraigo social de los criollos a las antiguas costumbres y dinámicas coloniales.

El discurso de la libertad, de la independencia y de la conformación de una nueva sociedad se veía en parte refutado por la continuidad en la práctica de los antiguos privilegios estamentales, pues se criticaba el dominio español sobre América, pero se protegía el dominio de los blancos sobre el resto de la sociedad, el cual se ejercía de hecho en la mayor parte del territorio, aunque, por supuesto, su alcance nunca fuera total. Los mismos criollos independentistas temían, como muestra Óscar Almario (2010), una guerra de castas en la que la libertad republicana implicara una completa horizontalidad social y política que, aunque no se respaldó de derecho, se ganó de hecho entre las poblaciones negras.

¿Quién era, pues, el ciudadano hispanoamericano a comienzos del siglo XIX? Era el vecino del Antiguo Régimen, definido por su pertenencia a una ciudad. El criollo -anteriormente considerado un español más, heredero legítimo de los conquistadores que dieron su vida y fortuna por la gloria de la Corona- es para 1811 parte de una sociedad explotada durante trescientos años que buscaba no la igualdad de derechos para todos los habitantes del Nuevo Mundo, sino la extensión de los privilegios de los que gozaban los ciudadanos peninsulares. El “pueblo” del que hablan las actas, declaraciones y constituciones no parece incluir a los negros, a los indios ni a los mestizos. Los ejércitos libertadores seguían estando bajo el mando de los criollos, mientras que los indígenas y esclavos continuaban, en uno u otro bando, condicionados por los privilegios ofrecidos en términos de tributos y manumisión.

Por otro lado, las regiones de la Nueva Granada no conformaban una unidad, sino que muchas pretendían erigirse en Estados independientes. La disolución del lazo imperial que las unía generó una crisis de legitimidad de las autoridades, primero coloniales, pero luego de pertenencia regional. Tal es el caso de Pore, que se enmarca en la crisis de la “patria boba”, según lo relata Antonio Nariño en 1812:

Este convencimiento de la incapacidad física en que he creído y creo á los seis pedazos de territorio en que se dividió la antigua Provincia de Santa Fe, para figurar como Estados soberanos independientes, es el que ha dado margen á que se diga que yo me he opuesto á la formación del Congreso general del Reino. No, jamás he tenido semejante pensamiento (…). ¡Pero querer persuadirme de que Pore es una Provincia que debe figurar al lado de Quito, de Popayán y de Cartagena, es una cosa á que no he podido reducirme! (Nariño, 1812/1982, pp. 44-45)

La reticencia de Nariño a aceptar el separatismo de Pore refleja la crisis de legitimidad de la autoridad más allá de lo regional, es decir, la ausencia de un proyecto nacional dentro de todos los territorios neogranadinos, así como el arraigo a las estructuras e identidades políticas de corte colonial a las cuales recurrieron las diferentes provincias, ciudades y pueblos a falta de un proyecto anterior al declive del Imperio. La puesta entre paréntesis de la figura del rey deja a la deriva la unidad del mundo hispánico, por lo cual cada territorio intentó buscar su propio norte, a partir de la identidad a la que lograra asirse. No había, entonces, un lazo natural que pudiera organizar las relaciones sociales, puesto que se puso en cuestión la forma tradicional de acceso al poder, aunque no la verticalidad de este. El fundamento que otrora brindaba la existencia del monarca tuvo que buscarse en otra parte (Calderón y Thibaud, 2002, p. 149).

Pero este nuevo fundamento no era de ninguna manera claro para 1810 -y quizá tampoco para 1819-, sino que más bien hacía parte de una búsqueda continua en la que confluía lo nuevo y lo viejo en sentido político, social y cultural. Como dice Catalina Reyes Cárdenas (2010), “la participación de sectores populares en el proceso de 1810 se inscribe en la tradición política del antiguo régimen de sublevarse contra los malos gobiernos y rechazar sus medidas a través de motines y desórdenes”; aquí no hay novedad, ni en la práctica ni en su legitimidad, pero “las élites criollas, más que apelar a cambios y promesas republicanas, despertaron en los sectores populares el temor a una invasión napoleónica que parecía inminente” (p. 58). Esto trasluce ya un panorama concreto: las multitudes tenían mecanismos de defensa arraigados en la tradición hispánica premoderna, que se ajustaban a la percepción de la realidad social en la que se hallaban inmersas, es decir, la sujeción al poder monárquico de España.

En este orden de ideas, sin la posibilidad de contar con un vínculo claro que fundamentara la cohesión regional en una nación, los intentos de construcción estatal en los diversos territorios neogranadinos recurrieron a la edificación de constituciones que sirvieran de fundamento político para los territorios emancipados. Este recurso constitucional, tomado del ejemplo revolucionario francés, sirvió de bisagra entre el derecho medieval y la adscripción a un orden político moderno. No obstante, este proceso intentó edificar un orden social a partir de una idea de “sistema” que dejaba intactas las jerarquías sociales que se heredaron de la sociedad colonial. De acuerdo con el análisis de Arias Krause, Espinoza Lolas y Landaeta (2019), las constituciones hispanoamericanas tuvieron como base la idea de “marco”, entendido como una estructura general de la sociedad edificada sobre el principio de autonomía. Esta autonomía no se concibe ni como un puro agregado de elementos (individuos, poblaciones, etc.) ni como un todo orgánico, sino que, en cambio, “establece el campo de acción en el que la libertad ganada puede realizarse sin perder su cualidad ni lesionar la libertad de otros” (p. 198).

El mayor inconveniente de esta dinámica es que la aplicación del marco constitucional, a comienzos del siglo XIX, no logró hacer frente al desfase entre los principios formales de autonomía y la realidad material de la América hispana (Arias Krause, Espinoza Lolas y Landaeta, 2019, p. 200). Esto, a su vez, impidió extender la prerrogativa de los derechos promulgados al grueso de la población que habitaba los territorios emancipados. Este desfase sociopolítico fue característico de la posterior etapa republicana, en la que la identidad de nación siguió siendo esquiva para los Estados nacientes, los cuales permanecieron sumergidos por varios años en continuas guerras civiles.

Es demasiado prematuro hablar de 1810 como el año de la configuración de un Estado o de una nación en la Nueva Granada. Las investigaciones historiográficas de Annino y Guerra (2003) sobre la coyuntura de 1808-1810 y sobre el tránsito del Antiguo Régimen a la Modernidad en el mundo hispánico han mostrado que las continuidades son tan fuertes como las rupturas. A nivel ideológico y político, la desavenencia de Hispanoamérica respecto a la península se sustentó en las mismas premisas que le daban unidad y legitimidad: la figura del monarca como fundamento de la nación. En esta medida, la emancipación tuvo como base un sentimiento generalizado de incertidumbre y orfandad que trató de solventarse con base en los conceptos que ya se tenían a mano -la soberanía de los pueblos en ausencia del monarca, la identidad americana y provincial, la pertenencia a la ciudad con su estatus de privilegio, etc.-, para salvaguardar los intereses del rey ausente frente al invasor francés. Estas mismas premisas se convertirían luego, e inesperadamente en la mayoría de veces, en la defensa de la voluntad del pueblo frente al invasor español. En este proceso se ve, pues, la construcción del “otro” y la configuración de la propia identidad como dos polos de una misma tensión de fuerzas, además del dinamismo y la inestabilidad de un mismo conjunto de relaciones de poder.

Para el caso neogranadino, como en el resto de Hispanoamérica, son las élites regionales las que proyectan sus intereses en la configuración de las nuevas instituciones políticas en cuanto sectores privilegiados dentro de las estructuras hispánicas. Esto implica, como lo señala Múnera, que no hubo un proyecto nacional anterior a 1810, sino una gran cantidad de intereses heterogéneos y dispersos -muchas veces en pugna, como en el caso de Cartagena y Santafé- en una ya desarticulada geografía. Esto no quiere decir, sin embargo, que el poder de las élites sobre el cuerpo social fuera completo; por el contrario, desde lo regional y lo local, el poder de estas sobre las masas populares fue limitado, como también fue endeble el poder que sujetó regiones como el Caribe con el centro del virreinato y lo siguió siendo el nexo que unía a Venezuela, Quito y Nueva Granada en la primera República de Colombia.

Además de la conciencia que compartían todos los criollos del continente de ser españoles americanos frente a los europeos, existían lealtades locales y regionales, pero no conciencias nacionales. El mismo Bolívar (1815/1980) dice en su famosa “Carta de Jamaica” de 1815: “Siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar éstos a los del país y que mantenernos en él contra la invasión de los invasores” (p. 25). Las primeras organizaciones autónomas tenían como base las divisiones administrativas coloniales, que eran las que les daban relativa cohesión estatal; por lo demás, los intereses regionales estuvieron por encima de cualquier empresa nacional toda vez que la búsqueda de una nueva legitimidad política así lo indicaba. En la práctica, resaltaban los intereses de las élites regionales en la búsqueda de beneficios y reconocimientos inmediatos, en detrimento del discurso liberal y republicano.

Solo como efecto del ejercicio del poder -no pocas veces incierto y difuso, como lo muestran las continuas luchas intestinas en el periodo más álgido de las guerras de independencia desde 1810 hasta 1824-, se formaron precariamente los Estados hispanoamericanos. Sin embargo, la inestabilidad de estos se hizo patente, para el caso neogranadino en particular, con la disolución de la Gran Colombia en 1830 y la falta de solidez del poder central durante todo el siglo XIX y parte del XX, pese al intento de la centralización política de 1886. En suma, la nacionalidad no fue ningún punto de partida de las luchas de independencia, sino que, a lo sumo, fue un producto de ellas.