El presente artículo presenta los principales resultados de la investigación doctoral orientada al análisis de los proyectos REDD+ desarrollados en tres territorios específicos: “Planeta agradecido Bajo Guainía y Negro I y II”, “Proyecto de Conservación Palameku Kuwei REDD” y “Proyecto REDD+ Pachamama Cumbal”. El objetivo central fue identificar si en estos casos se aplicaron los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, así como las implicaciones jurídicas, sociales y culturales de dichas iniciativas en las comunidades locales.
Esta investigación, se adelantó con anterioridad a la expedición de la
La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)
Entre los mecanismos internacionales que contempla la Convención para la mitigación del cambio climático, se identifican iniciativas de conservación de la Naturaleza que buscan crear una forma de mercantilización a través de proyectos de pago por servicios ambientales y reducción de emisiones de GEI.
El Decreto Ley 870 de 2017, por el cual se establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, señala que, mediante un acuerdo voluntario se busca formalizar los compromisos entre los interesados en los servicios ambientales y los beneficiarios del incentivo, para el desarrollo de acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos. Es decir, la titularidad de las emisiones evitadas en el marco de los proyectos REDD+ depende de que, aquellos que tienen la capacidad u oportunidad de realizar un cambio de uso de suelo, no lleven a cabo la actividad y mantengan la integridad forestal.
Bajo este sistema, se impulsa a las empresas del “sector verde” a negociar con las comunidades locales, la ejecución de proyectos orientados a reducir la deforestación y degradación de los territorios ocupados por éstas, a cambio de incentivos económicos, bajo un modelo de regulación estatal, que promueve acciones de mitigación del cambio climático como compromiso internacional.
En Colombia, las políticas de mitigación se han centrado en el control a la deforestación y degradación de los ecosistemas, debido a que éstos fenómenos, constituyen una de las principales causas de generación de GEI, después del uso de combustibles fósiles
Se han desarrollado dos estrategias para lograr la reducción de GEI como acción de mitigación; en primer lugar, la utilización de cupos transables de emisiones en mercados de carbono, que consiste en otorgar a las empresas derechos limitados para emitir GEI, de forma que puedan cumplir con sus metas de reducción o vender los cupos no utilizados a otras empresas que necesitan generar más emisiones. La segunda estrategia, propone la recuperación de sumideros y reservas de carbono para la reforestación de bosques, mediante el desarrollo de Programas y Proyectos de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal REDD+ que después de varios procesos de cuantificación determina la compensación de toneladas de CO2 certificado.
Los proyectos REDD+ en Colombia se han ejecutado con la intervención de la empresa privada, que cuenta con los recursos y la capacidad técnica para calcular y proyectar las emisiones del futuro, según las tasas de deforestación de un bosque de referencia. Una vez calculadas las emisiones proyectadas, son comparadas en un escenario hipotético de deforestación, bajo resultados de mitigación cuantificables y verificables, según estándares internacionales. Posteriormente, estos resultados son certificados por una nueva empresa dentro la contabilidad del carbono nacional.
El éxito de los proyectos REDD+ consiste en reducir las emisiones por deforestación evitada, permitiendo al Estado cumplir con estándares y compromisos internacionales de mitigación en materia ambiental.
Con la ratificación del Acuerdo de París, Colombia se comprometió en 2017 a reducir el 20% de sus emisiones de GEI para 2030, sin embargo, en diciembre de 2020, el gobierno del presidente Duque se comprometió a ampliar la meta al 40%, y posteriormente, con la expedición de la Ley 2169 de 2021 se extendió la meta de reducción al 51% de las emisiones para el año 2030, esperando lograr la carbono neutralidad para el año 2050 (Art. 5).
La neutralidad del carbono, también conocida como huella de carbono cero, consiste en conseguir emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero, equilibrando la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera, con una cantidad equivalente retirada de la atmósfera, fijada por plantas, o compensada mediante bonos de carbono.
Para lograr la reducción de GEI en Colombia, la Ley 1819 de 2016 estableció el impuesto al carbono con el fin de desincentivar y compensar las emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles. A su vez, se expidió el Decreto 926 de 2017, que generó el mecanismo de “no causación”, permitiendo a los sujetos pasivos del impuesto, es decir, a las Empresas responsables de pagar por las emisiones, no pagar el valor del mismo o reducir su monto, a cambio de entregar los certificados de mitigación (bonos de carbono). Cada certificado tiene valor dentro del mercado nacional, equivalente a una tonelada de CO2 mitigada. Estos certificados pueden obtenerse a través del desarrollo de proyectos REDD+.
La mencionada Ley 1819 establece que el hecho generador del impuesto nacional al carbono lo constituye “la venta dentro del territorio nacional, el retiro para el consumo propio, la importación para el consumo propio o para la venta de combustibles fósiles”; así mismo, establece que son responsables del impuesto, los productores y los importadores en relación con el gas y derivados de petróleo, y quienes lo adquieran o utilicen para consumo propio dentro del territorio nacional, en el caso del carbón (Art. 221). No obstante, el impuesto no se causa para quienes certifiquen su carbono neutralidad, sin importar si la certificación es obtenida de manera directa por el sujeto pasivo o a través del consumidor o usuario final. El uso de la certificación de carbono neutro para la no causación del impuesto al carbono, no podrá volver a ser utilizada para obtener el mismo beneficio o tratamiento tributario. Lo anterior significa que, los responsables de éste impuesto pueden pagarlo, o compensarlo voluntariamente con bonos de carbono, cuya unidad de medida se establece en relación a las toneladas de CO2 que se dejan de emitir a la atmósfera.
Posteriormente, la Ley 2277 de 2022 amplio la regulación del impuesto al carbono, fijando una tarifa por tonelada de CO2 equivalente con un ajuste anual basado en la inflación y un punto adicional, y permite la compensación de emisiones hasta el 50% mediante la compra de créditos de carbono. A través de los certificados de mitigación o bonos de carbono, se busca hacer un cálculo de proyectos que generaron esfuerzos significativos en reducir las emisiones, con el fin de contribuir a disminuir los impactos del cambio climático.
Las empresas interesadas en demostrar reducciones efectivas pueden adquirir estos certificados de mitigación tanto en los mercados regulados como en los mercados voluntarios. El mercado regulado corresponde a los países que según el Anexo 1º del Protocolo de Kioto, están obligados a reducir emisiones, por ser responsables de la producción acelerada de estas a nivel mundial, generalmente, se trata de economías desarrolladas e industrializadas. En contraste, el mercado voluntario, agrupa a los países que no integran el Anexo 1º, pero que ratificaron el Protocolo de Kioto, y aunque no están obligados a reducir las emisiones, voluntariamente asumen compromisos frente a su reducción. La mayoría de bonos o certificados de mitigación se transa en el mercado voluntario de carbono, del que hace parte Colombia.
Actualmente, el mercado voluntario del carbono se considera un asunto no regulado, lo que ha generado incertidumbre para las inversiones y la necesidad de un debate técnico sobre el tema. En el caso colombiano, la regulación del mercado de carbono está en ciernes, toda vez que, se ha trabajado en el diseño de una política pública sobre cambio climático que definió el impuesto nacional al carbono como obligatorio, mientras la compensación con bonos es voluntaria, no obstante, aún falta definir un marco legal que defina los estándares, la certificación y la comercialización de créditos de carbono para el cumplimiento de metas climáticas, pero especialmente, la forma de garantizar los derechos de las comunidades afectadas con el desarrollo de los proyectos de mitigación REDD+.
Según la plataforma RENARE, para el mes de julio de 2022 se encontraban 91 proyectos REDD+ registrados en Colombia. Sin embargo, debido a la suspensión temporal del sistema RENARE entre los años 2020 y 2024 (en junio de 2024 volvió a habilitarse para el registro de las iniciativas de mitigación, bajo la Resolución 148 de 2024 que derogó los artículos 11, 53 y 54 de la Resolución 1447 de 2018, reorganizando el registro RENARE), se buscó información en la plataformas de las certificadoras nacionales (Ecoregistry, Colcx y Biocarbon Registry) y en la plataforma de certificación internacional (Verra).
La distinción entre estos organismos es crucial, debido a que los de carácter nacional desarrollan procesos de certificación para que los créditos sean transados en el mercado nacional (donde existe menos oferta y un estándar ambiental más flexible); las certificaciones de empresas internacionales como Verra, pueden servir para ser transadas en empresas internacionales, donde existe más oferta, pero sus protocolos de validación y verificación son más exigentes.
Varias compañías han llegado a disputarse el desarrollo de proyectos REDD+, generando profundas divisiones entre las comunidades étnicas, ante la falta de conocimiento sobre las implicaciones y alcances de las propuestas, pues estas no tienen las capacidades técnicas para dimensionar las consecuencias de suscribir los contratos o acuerdos. A continuación, se analizarán tres propuestas relevantes, con los casos de: a) Proyecto REDD+ “Planeta agradecido Bajo Guainía y Negro I y II”; b) Proyecto de Conservación “Palameku Kuwei REDD+”; c) “Proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”.
Uno de los casos más connotados de la Amazonía es el relacionado con la Empresa Waldrettung S.A.S., filial colombiana de una Empresa alemana dedicada a la venta de bonos de carbono, que contaba con el mayor número de proyectos registrados en la plataforma RENARE. Waldrettung ha sido una de las empresas con mayores cuestionamientos, por la forma en que ha adelantado la suscripción de contratos de mandato y las prácticas irregulares relacionados con la ausencia de consulta y la falta de procesos participativos que vinculen a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con estos proyectos REDD+
La suscripción de contratos comerciales como el de mandato, según éstas empresas e intermediarios resultan eficientes, ya que la comunidad actúa como propietaria de los bosques o el carbono forestal, con fines de aprovechamiento.
La Empresa Waldrettung S.A.S., ha reunido a miembros de varias comunidades y familias indígenas de Vaupés, Guainía, Guaviare y Vichada para proponer el desarrollo de mercados de carbono. En el Departamento del Guainía, Waldrettung S.A.S., logró la consecución del proyecto “Planeta agradecido Bajo Guainía y Negro I” que se desarrollará en un periodo de 40 años con un área de 465.247 hectáreas.
Este proyecto REDD+ ha garantizado la entrega a las comunidades de 2’643.710 de bonos de carbono, en el que participaron cerca de 380 familias, bajo el acompañamiento técnico y científico de la empresa Human Forest. El desarrollo de ese proyecto permitió ejecutar obras de infraestructura en educación y salud para el territorio de resguardo.
En 2023 se registró una segunda fase del proyecto “Planeta agradecido Bajo Guainía y Negro II”, cubriendo un área de 291.441 hectáreas, proyectando una reducción de 20.299.970,76 toneladas de CO2 equivalentes, que corresponde a un promedio anual de 1.014.998,54 de toneladas de CO2. Hasta 2024 se habían emitido 2.994.009 créditos de carbono.
Con respecto a las fuentes de emisión, dentro del segmento de deforestación se incluyen las emisiones de CO2 generadas por la pérdida de biomasa y carbono orgánico del suelo. En el segmento de degradación forestal se tienen en cuenta las emisiones de CO2 por pérdida de cubierta forestal. Los reservorios de carbono para el escenario de referencia, el escenario del proyecto y las fugas son: biomasa aérea, biomasa subterránea y carbono orgánico del suelo. La empresa validadora y verificadora es ICONTEC.
Los términos y condiciones del proyecto “Planeta agradecido Bajo Guainía y Negro I y II” se presentan en idioma inglés, hecho que podría suponer una dificultad de acceso a la información para las comunidades. Los videos informativos no refieren a situaciones propias del proyecto, ni a las utilidades o proyecciones financieras ni a la participación de las comunidades, sino a cómo va a mejorar la situación de éstas, al entregarle mensualmente un millón de pesos por 40 años para que compren “cositas que necesiten” (como se señala en el minuto 1:34), adicionalmente, los miembros de las familias que tengan competencias o formación profesional, serán empleados por el proyecto, según informa el Presidente de la Empresa Waldrettung S.A.S, Helmuth Gallego, hecho que puede implicar una forma de silenciamiento de las personas con formación académica dentro de las comunidades.
El Proyecto Planeta agradecido Bajo Guainía y Negro I y II” ha generado 2.994.009 certificados de carbono, cada uno de los cuales compensa una toneladas de CO2; éstos certificados pueden ser consultados en la página de Ecoregistry y han sido emitidos para compensar las emisiones de CO2 de las Empresas CHEVRON Petroleum Company, PRIMAX Colombia S.A., TERPEL S.A., Distribuidora de Combustibles DISCOM S.A.S., Petróleos del Milenio S.A.S, World Fuel Services Company, Petrobras Colombia Combustibles S.A., Agencia de Viajes y Turismo AVIATUR S.A.S., IMBOCAR S.A.S., y Secure Solutions Colombia S A., generando la no causación o el descuento del impuesto al carbono para éstas Empresas en Colombia.
Al revisar detalladamente la página de Ecoregistry, se advierten comentarios públicos al proyecto, como el registrado el día 21 de Abril de 2023, 12:55:19, Programa o estándar CERCARBONO. Proyecto: Planeta agradecido con el Resguardo Indígena Bajo Río Guainía y Río Negro, donde se advierte lo siguiente:
“Comentario: Después de la lectura de este proyecto, se denota que los promedios de la tasa de deforestación no tuvieron en cuenta el ponderado por años, siendo esta inflada en un cien por ciento, ¿si hubo revisión por parte del Organismo de Verificación y Validación? ¿cómo es posible que haya errores de aritmética básica?”.
Este comentario, evidencia otros riesgos de éste tipo de proyectos, y es que, los aportes son cuantificados de acuerdo al área de referencia, pero no existen metodologías claras y unificadas para calcular el índice de toneladas de CO2 equivalentes para compensar y calcular sus impactos; sin mencionar que éste escenario es susceptible de presentar riesgos de doble contabilidad, flujos financieros ilícitos, créditos fantasma, en tanto, existen proyectos de carbono en el mercado voluntario que pueden inflar el porcentaje de deforestación evitada, para emitir créditos.
Expertos económicos, señalan incluso, que las mismas personas que están involucradas en el proceso de venta de bonos de carbono, participan en su compra, con lo cual se generan serios riesgos de conflictos de interés y lobby empresarial.
Además, el proyecto ha evidenciado serias debilidades internas, pues a pesar de haberse gestionado el proceso de discusión del contrato entre la Empresa y el representante legal del resguardo, prometiéndoles ingresos a las comunidades, a cambio de preservar el bosque tropical amazónico en su territorio indígena, no todos los miembros se han sentido incluidos en la decisión, debiendo interponer acciones judiciales después de aprobado el proyecto, argumentando que se ha vulnerado el mecanismo de consulta previa.
Como en otros casos, en éste también ha ocurrido que los proyectos no se socializan adecuadamente, y se generan múltiples escenarios de conflictividad entre las comunidades por falta de información y participación efectiva, que les permita llegar a consensos. Se han conocido denuncias relacionadas con la falta de claridad en los términos del contrato, se firman a través de la figura de Alianza o Cooperación que en el derecho nacional está definida como un contrato atípico; además, estos contratos se redactan en lengua extranjera, generalmente en inglés o francés, y no se respeta la autonomía indígena, ni se reconoce el trabajo que estas comunidades han realizado ancestralmente frente a la conservación ambiental
El Proyecto de Conservación Palameku Kuwei toma su nombre de las asociaciones que agrupan a los seis resguardos indígenas del Pueblo Sikuani que integran y proponen la iniciativa: Punta Bandera, Río Muco y Guarrojo, Ríos Tomo y Weberi, San Luis del Tomo, La Esmeralda y Valdivia.
El objetivo del proyecto es mitigar los efectos provocados por el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de CO2 al evitar la deforestación y degradación del bosque y velar por la captura del carbono en la capa vegetal y edáfica. Prevé una reducción de emisiones de 3.910.008 toneladas de CO2 equivalentes durante 30 años, es decir 130.334 toneladas de CO2 por año. Con el proyecto se busca comprometer el 100% del territorio asociado a ASOPALAMEKU por 30 años.
Los proponentes del proyecto son los Cabildos de los Resguardos Indígenas quienes otorgan a la empresa estructuradora Biofix Consultoria S.A.S, la gestión del diseño del documento del proyecto, así como la exclusividad para la emisión y comercialización de los bonos de carbono generados en el territorio, a través de la asociación temporal firmada entre las partes.
El proyecto se lleva a cabo en el Municipio de Cumaribo, que cuenta con una jurisdicción que abarca una extensión de 65.193 km² (equivalente al 61.5% de la superficie territorial del departamento), lo que lo convierte en el municipio más extenso del país, representado geográficamente en un 0,1% por suelo urbano y el restante por suelo rural dividido entre resguardos indígenas, el Parque Nacional Natural El Tuparro y zona rural.
Para garantizar que no existan áreas con acceso restringido a agentes de deforestación en la región de referencia, todas las áreas protegidas (Parques Nacionales y áreas bajo figuras de conservación) fueron excluidas de la región de referencia. Vale la pena mencionar que, los proyectos REDD+ solo pueden adelantarse en zonas que cuenten con títulos de propiedad, por tanto, las zonas de PNN y Reserva Nacional ocupadas por comunidades, fueron excluidas para el desarrollo del Proyecto.
A diferencia del anterior proyecto, las actividades de éste, no han generado beneficios económicos para los resguardos indígenas, ya que las áreas se han administrado con fines de conservación sin flujo de caja positivo, en lugar de ser utilizadas para la extracción de madera, creación de conucos, pastoreo ganadero u otros usos, por tanto los ingresos relacionados con el ejercicio de conservación serán los que se logren obtener una vez se obtenga la aprobación del proyecto y se pueda efectuar la venta de los bonos.
Los contribuyentes de proyecto son Biofix Consultoría SAS en un porcentaje de 76%, con 440 USD, e inversores privados con un porcentaje de participación de 24% aportando 140 USD. Para un total de 580 USD, equivalente al 100%, sumas que son irrisorias para las comunidades locales.
Las partes, suscribieron un acuerdo o contrato de asociación temporal celebrado entre BIOFIX y los resguardos Indígenas que hacen parte del proyecto. Al revisar las condiciones del proyecto, se establecen los siguientes términos:
Conforme a lo señalado por la jurisprudencia previamente citada, la consulta previa en los términos descritos, procede exclusivamente cuando se adopten medidas o proyectos que afecten a las comunidades indígenas, por lo tanto, dicho procedimiento no aplica a disposiciones que se encuentran previstas para la generalidad de los colombianos como son los proyectos REDD+ en el marco definido por la CMNUCC. En este orden de ideas y conforme lo señalado, dentro del presente proyecto no se hace necesario ni es mandatorio realizar consulta previa en estricto sentido pues el presente proyecto que nace de la asociación entre BIOFIX y los Resguardos Indígenas no es de aquellos que generen una afectación directa en las comunidades. Por estas razones el presente proyecto no agota el trámite señalado de la consulta previa stricto sensu
Lo anterior, significa que esta misma ausencia de consulta previa ha brillado por su ausencia, al igual que, en otros proyectos que han venido desarrollando otras empresas estructuradoras de proyectos de reducción de GEI en el sector forestal con comunidades indígenas.
Igualmente, la constitución de este proyecto tuvo muchos problemas; el primer acercamiento realizado entre BIOFIX y las autoridades indígenas, se realizó a través del presidente de la Región del Tomo de Palameku – ASOPALAMEKU. Se firmó un acuerdo con el mencionado representante legal el 16 de octubre de 2018, cuyo mandato se encontró vigente hasta el mes de diciembre de 2018, sin embargo, después se advirtió que se debía contar con el mandato de los demás gobernadores de cada resguardo.
Este, es precisamente el gran problema que se presenta con el desarrollo de Proyectos REDD+ en las asociaciones de resguardos, dado que, absolutamente todos los representantes de cada uno de los resguardos vinculados, deben conocer los proyectos y suscribirlos; ha ocurrido en algunos proyectos, que sólo uno de los representantes firma el proyecto para todos, lo que ha generado que las comunidades no estén informadas de este tipo de proyectos.
Hasta el año 2019 en la ciudad de Villavicencio se reunieron en una sala de juntas de la Cámara de Comercio, la junta directiva de ASOPALAMEKU y los cabildos gobernadores asociados, con el Director Jurídico y el Coordinador Social de BIOFIX, en esta reunión se firmó el acuerdo de asociación y se trazaron los términos para realizar asamblea general con las comunidades que integran los cinco resguardos.
En relación con las salvaguardas, el Desarrollador BIOFIX, asume que, con la celebración de una reunión con las comunidades queda satisfecho el cumplimiento y abordaje de las salvaguardas socioambientales para REDD+, especialmente las expresamente exigidas por la Resolución 1447 de 2017: el respeto por las estructuras internas de gobernanza que tienen los territorios indígenas, el respeto por sus derechos y conocimientos al ser una organización de especial protección por parte del Estado, la plena participación de las comunidades en la socialización y aprobación del proyecto y la compatibilidad de las medidas adoptadas en las líneas de acción para la no conversión de los bosques naturales, hecho que evidentemente, resulta discutible, en tanto, no se asegura si la participación de las comunidades en dicha reunión fue activa o no, y tampoco se puede advertir en dicho documento, la manera como se tradujo a las comunidades las condiciones de alta complejidad técnica que tienen este tipo de proyectos.
La empresa mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V., y su filial colombiana SPV Business S.A.S., desarrollaron el Proyecto REDD+ Pachamama Cumbal (registrado en la plataforma de la certificadora nacional ColCX el 25 de mayo de 2022). Aunque este proyecto no se ubica en la Amazonía colombiana, ha sido cuestionado como uno de los proyectos REDD+ que mayores irregularidades ha presentado, por la violación al derecho de participación de las comunidades locales.
El proyecto cubre un área de 103.154 hectáreas, de las cuales 42.413 corresponden al área de implementación del proyecto y 60.770 a zona excluida; se encuentra en el sur de Colombia, en el extremo sur de la Cordillera Occidental del departamento de Nariño, dentro de los límites de los municipios de Cumbal y Ricaurte y de él, hacen parte los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles.
El Proyecto Ambiental REDD+ de Protección Pachamama Cumbal, es una iniciativa de los pobladores indígenas de los resguardos, que busca por un periodo de cien años (Periodo crediticio: 01-01-2018 a 31-12-2092. Periodo de monitoreo: 01-01-2018 a 30-06-2118) la protección y conservación de ecosistemas de bosque alto, mediante la implementación de actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. El proyecto ha generado la remoción de emisiones de 2,680,098 de toneladas, desde su implementación en 2018 al mes de octubre de 2022.
El desarrollo de este proyecto ha generado discordias y divisiones entre miembros de la comunidad, pues el proceso de negociación de beneficios y puesta en conocimiento de los términos y condiciones, no fue consensuado con estos; se hicieron graves denuncias, relacionadas con el desconocimiento de la comunidad sobre el desarrollo del proyecto, que se puso en marcha con la firma de dos líderes (Ponciano Yama Chirán y Jorge Luis Tipas), que no representaban los intereses de todos los resguardos vinculados al proyecto.
En junio de 2023, miembros de la comunidad interpusieron una acción de tutela contra la mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y su filial colombiana SPV Business S.A.S., para obtener la protección de sus derechos fundamentales a la consulta previa, la participación efectiva y la propiedad colectiva, toda vez que, se enteraron de la existencia del proyecto, cuando ya se había producido la venta y comercialización de los bonos de carbono, sobre sus territorios; además, señalan que no se les ha dado razón de los recursos generados en éste proceso, con la emisión a la Empresa Chevron Company, que pagó para compensar emisiones de CO2.
El juzgado Tercero Penal de Ipiales, confirma el fallo de primera instancia, en el que se ordenó la suspensión del Proyecto, hasta tanto, sus desarrolladores soliciten al Ministerio del Interior un concepto sobre si se requiere un proceso de consulta libre, previa e informada con la comunidad. Asimismo, ordenó a los desarrolladores presentar a la comunidad un informe de gestión financiera, que incluya la cuantía de los giros monetarios recibidos y la destinación de los recursos derivados del Proyecto.
Lo anterior, ha provocado serias tensiones al interior de la comunidad, pues mientras algunos esperan obtener los recursos para mejorar el bienestar colectivo, otros por su parte, no quieren que se continúe con su ejecución porque temen que afecte culturalmente a las comunidades.
El proyecto Baka Rokarire es un proyecto enfocado en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a través del manejo forestal integral en la región amazónica colombiana, buscando reducir las emisiones de gases de CO2 resultantes de la deforestación y degradación de los bosques naturales que se encuentran en el área del proyecto, y eliminación de gases de efecto invernadero debido a la implementación de acciones que promuevan la restauración forestal.
El área del proyecto se encuentra ubicada sobre el Gran Resguardo del Vaupés y el municipio de Taraira en el departamento del Vaupés. Comprende los territorios de la Asociación de Autoridades Indígenas Tradicionales del Rio Pirá Paraná Vaupés (ACAIPI ) y las comunidades Indígenas de San Victorino, Puerto Caiman, Multietnica, Puerto López y Puerto Alegría en el municipio de Taraira, departamento del Vaupés, afectando un 30% de las áreas de alimentación de las comunidades. Comprende la población étnica de los Macuna, los Miraña, los Barú, los Tuyuca, los Itana, los Yujup, los Tucano, los Tatuyo, los Taibano, los Barazano y los Wese garda.
El Proyecto ha generado la emisión de 1.538.581de bonos, que han compensado el mismo número de emisiones de toneladas de CO2 equivalentes, producidas de la Empresa Delta Air Lines, bajo el mercado voluntario de carbono.
Dos asociaciones Indígenas y sus respectivas comunidades participantes del proyecto, firmaron mandatos con el Desarrollador Masbosques (Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques), para la implementación del proyecto de Reducción de emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+). Los documentos fueron elaborados y compartidos con representantes de las comunidades de las tres asociaciones y posteriormente fueron firmados por representantes legales o coordinadores generales de turno.
Según el documento expedido por CERCARBONO sobre la descripción del Proyecto, “se realizó una identificación de todos los actores para generar un puente entre organizaciones, grupos e individuos con visiones e intereses similares en la reducción de la deforestación del área, con el fin de tener varias perspectivas sobre los aspectos más relevantes del proyecto y hacerlos participes en la toma de decisiones”
Sin embargo, las autoridades indígenas del Pirá Paraná promovieron una acción de tutela, para que les fueran protegidos sus Derechos Fundamentales a la integridad cultural, a la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio, toda vez que, la Corporación Masbosques y tres empresas que validaron el proyecto, incurrieron en omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa de conservación de los bosques, surgiendo una disputa por la legítima representación de la Asociación Indígena en el contrato de mandato.
Esta solicitud fue negada por jueces de primera y segunda instancia a finales del año 2022, sin embargo, la tutela fue seleccionada el 28 de abril de 2023 por la Corte Constitucional en sede de revisión, bajo el criterio objetivo, por la necesidad de generar línea jurisprudencial sobre este asunto novedoso.
El 25 de junio de 2024 la Corte Constitucional profiere la
El fallo evidenció serias falencias en la actuación de las empresas vinculadas al proyecto REDD+. Al igual que ocurrió en otros proyectos, en este caso se omitió adecuar los instrumentos jurídicos a estándares de protección a derechos, se inaplican mecanismos de seguimiento para valorar los impactos del proyecto sobre el tejido sociocultural y el territorio habitado por las comunidades, hechos que suponen un déficit de protección de los derechos colectivos de las comunidades y un sinnúmero de prácticas inconstitucionales que evidencian la vulneración de varios Derechos Fundamentales.
El desarrollo de proyectos REDD+, además, se ve marcado por la ausencia de un proceso efectivo de consentimiento por parte de las comunidades indígenas involucradas, pues se celebraron contratos de mandato con tan solo un representante de la comunidad indígena, desconociendo la estructura de gobierno propio y toma de decisiones de la comunidad Pira Paraná, hecho que, provocó una ruptura al interior de la organización. Si bien, la aplicación de salvaguardas en el sistema internacional, se ha entendido desde una concepción distinta al Derecho Fundamental a la Consulta Previa, la Corte ordenó el desarrollo de medidas de diálogo para que las comunidades decidan si van a implementar el proyecto REDD+ en su territorio, bajo un intervencionismo estatal mínimo que garantice sus derechos fundamentales.
La Corte también encontró que el Estado no ha adoptado un enfoque o perspectiva étnica que garantice el respeto y la protección de los derechos de las comunidades en el desarrollo de estos proyectos REDD+, por esta razón en dicho fallo ordena la creación de un protocolo con enfoque étnico que desarrolle estrategias de seguimiento y acompañamiento estatal para la ejecución de proyectos REDD+ en estos territorios.