Este artículo de reflexión hace énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado para regular, inspeccionar y vigilar la calidad de la educación, particularmente en lo relacionado con asegurar la formación integral de los adolescentes, objetivo en el que se incluye la educación emocional. La Constitución de Colombia de 1991 establece explícitamente que la sociedad y la familia son los responsables de la educación. Actualmente, en Colombia existen políticas públicas orientadas a garantizar el bienestar emocional de los adolescentes, alineadas a los direccionamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que conciben a la salud mental como un derecho humano fundamental, esencial para el desarrollo integral de las personas, y que comprende el bienestar físico, mental, social y existencial.

Para la formación integral de los adolescentes, es fundamental considerar la visión holística de la salud mental propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual incluye aspectos como la satisfacción con la vida y el crecimiento personal. Esta perspectiva implica desarrollar capacidades y habilidades para afrontar situaciones adversas (OMS, 2021). Adicionalmente, la OMS reconoce la adolescencia como un periodo crítico en el curso de vida y, por ende, en la salud mental, debido a los cambios a nivel interno y a los desafíos del contexto, en el que acumula experiencias y aprendizajes (OMS, 2024).

Ochoa et al. (2024) señalan que, al transitar la adolescencia, los individuos atraviesan crisis propias del desarrollo al enfrentar cambios internos y externos. Esta población experimenta cambios emocionales propios de la edad, además se enfrenta en la vida cotidiana a distintas complejidades relacionadas con el contexto social, como: restructuración familiar, violencia, desigualdad social, pobreza, discriminación, migración, deserción, entre otros. A ello se suman, de acuerdo con Abramowski y Sorondo (2022), los cambios generados en la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la salud mental, tales como la depresión, la ansiedad y la ideación suicida (Acevedo et al., 2021). Estos factores pueden influir de manera significativa en la emocionalidad de la población Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), generando momentos de crisis que impactan sus oportunidades de éxito académico (López y Bisquerra, 2024; Murillo-Rojas y González-Medina, 2025; Pekrun et al., 2023).

Las emociones de los adolescentes han sido reconocidas en el sistema educativo colombiano como relevantes para la formación y bienestar integral. Sin embargo, el nivel de lineamientos gubernamentales sobre la educación emocional es aún precario, por lo que resulta pertinente señalar que uno de los propósitos en la básica secundaria podría ser preparar a los adolescentes para la vida adulta (Villegas, 2021).

Asimismo, es relevante reconocer la importancia de esta temática para abordar de manera eficiente los desafíos presentes en las aulas de clase, especialmente en el manejo de las emociones de los adolescentes, con el fin de trabajar hacia un sistema educativo que promueva su desarrollo integral (Pekrun et al., 2023). Particularmente, debe considerarse que, en algunas regiones del país, los estudiantes han sido víctimas del conflicto armado y requieren desarrollar capacidades de resiliencia para reconstruir sus vidas, adaptarse a los cambios y convertirlos en oportunidades para materializar sus proyectos de vida.

Sin embargo, la educación emocional ha estado restringida por aspectos como la voluntad política, la asignación presupuestal, la carencia de orientaciones de orden logístico y la carencia de direccionamiento pedagógico (Acevedo et al., 2021). A pesar de los avances en las políticas de educación emocional, persisten obstáculos que dificultan su implementación efectiva en las aulas de bachillerato, impidiendo el fortalecimiento de las competencias emocionales de los estudiantes.

Es importante destacar que, a pesar de que en la Constitución de Colombia está implícita la educación emocional, para su cumplimiento es necesario el compromiso del Estado y de todos los actores involucrados en la educación secundaria. Esto adquiere relevancia ante los vacíos en la implementación de lineamientos específicos en esta materia.

Para que las políticas públicas en educación emocional puedan ser efectivamente implementadas —un reto aún vigente—, es indispensable contar con profesionales y docentes capacitados en áreas como neurociencia, neuropedagogía, psicopedagogía, inteligencia emocional y educación emocional; adicionalmente, se requiere que las decisiones sobre los sistemas educativos tengan fundamento científico (Bisquerra y Chao-Rebolledo, 2021; Machado-Pérez, 2022).

Las políticas educativas son responsables de orientar las prácticas pedagógicas y, por lo tanto, no deben formularse de manera aislada, sino orientadas a la realización del objetivo de interés nacional de formar a los adolescentes del país (García-Morales, 2022). Por esta razón, la política educativa en educación emocional debería ser un conjunto, estructurado y articulado de forma coherente, de planes y programas particulares que aborden las dimensiones de la inteligencia emocional pertinentes a la realidad de la población colombiana, de tal forma que sobrepasen las dificultades que existen al interior de las aulas (Barrera et al., 2022).

La Constitución Política de 1991 declara la educación como un derecho, y plantea su función social, orientada principalmente al desarrollo de capacidades y competencias individuales para la vida, lo que integra dimensiones morales, intelectuales y físicas de quienes participan en los procesos escolares (Congreso de la República, 1991, Art. 67). En este sentido, Losada-Puente et al. (2022) señalan que el Estado tiene el rol de regular, inspeccionar y vigilar la calidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes (NNA), de tal forma que se garantice el óptimo desarrollo moral, intelectual y físico de los estudiantes, promoviendo así el bienestar social y la mejora de la calidad de vida en Colombia.

Específicamente, la educación emocional busca fortalecer la inteligencia emocional y formar jóvenes integrales que aporten en la construcción del país. Sin embargo, también se reconoce que la sociedad, la familia y todos los actores educativos deben asumir su responsabilidad en la orientación y gestión de las emociones de los adolescentes.

Adicionalmente, los artículos 5 y 15 de la Ley 115 de 1994 consideran que la formación integral, la dimensión afectiva y la relevancia de las emociones, deben contemplarse desde el inicio de la educación preescolar. No obstante, cuando se refiere a educación básica y media, no se hace alusión a las emociones. La Ley 1013 de 2006 señala que cada establecimiento educativo público o privado está obligado a impartir una catedra de urbanidad y cívica, para contribuir en la comprensión de la formación en valores humanos y mejorar la convivencia escolar, que de ser apoyados por una adecuada educación emocional, tendría mejores resultados dentro del entorno escolar.

Por su parte, la Ley 1098 de 2006, que establece el Código de Infancia y Adolescencia señala en su artículo 29 que los niños deben ser protegidos del abandono emocional y psicoafectivo de sus padres, y en el artículo 39, menciona que la familia está obligada a proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo emocional y afectivo de los niños y adolescentes Sin embargo, esta ley no contempla explícitamente la responsabilidad de la escuela para favorecer el desarrollo emocional y afectivo de los adolescentes.

Posteriormente, la Ley 1146 de 2007, en el artículo 2, hace referencia a la violencia contra los niños y los adolescentes, incluyendo comportamientos de tipo sexual ejercidos mediante coerción física, psicológica o emocional. El artículo 8 de esta misma ley, señala la tipificación del abuso sexual y las rutas para seguir con las víctimas de un abuso. Es pertinente y evidente, en esta ley, el papel de la formación cognitiva en los procesos reflexivos para la prevención y mitigación en casos de violencia sobre los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Particularmente, la salud mental está relacionada con los comportamientos de las personas, que han sido adquiridos mediante los aprendizajes de recursos emocionales, cognitivos y mentales. Comportamientos que al ser disruptivos pueden tener repercusiones en el bajo rendimiento escolar, la deserción educativa, la baja productividad, el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio y un mayor relacionamiento con el delito. Por esto, la estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia en el año 2020, CONPES 3992, es un logro significativo en materia de normatividad; sin embargo, existen rezagos en términos de implementación de los lineamientos establecidos.

Aunque la Ley 1616 de 2013 reconoce la salud mental como un derecho fundamental y un tema prioritario de la salud pública, no aborda temas de salud emocional con un enfoque preventivo en los adolescentes. Ese mismo año se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, expuestos en la Ley 1620 de 2013, que define las competencias básicas como el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que se articulan y permiten a la persona actuar en la sociedad; esta ley se enfoca hacia la convivencia y la democracia. El año siguiente, la Ley 1732 de 2014, instauró la Catedra de la paz, en sintonía con los diálogos y procesos de paz, orientada a fortalecer en los estudiantes colombianos los valores y las conductas que impulsan el desarrollo de una cultura de paz.

Colombia asume la Política Pública de Salud Mental mediante la Resolución 4886 del 2018, dando alcance a un indicador del Plan de Acción de la OMS 2013-2020, para prevenir, tratar y rehabilitar los trastornos mentales, frecuentes en la población colombiana. Es evidente que la salud pública tiene grandes retos para atender las necesidades de la población juvenil; por ello, resulta pertinente una educación emocional en las aulas de clase de los adolescentes, priorizando la promoción y prevención de la salud mental.

El Plan Decenal de Educación 2016-2026, orientado por el Ministerio de Educación, indica las acciones del servicio educativo, cuyo principio orientador es el desarrollo humano, que involucra la integridad, la sostenibilidad y la equidad de la educación. Se establece allí también el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, los valores y las actitudes éticas, el respeto y el disfrute de la diversidad étnica, cultural y regional, la participación activa y democrática en la organización política y social de la nación, en la construcción de una identidad nacional y en el desarrollo de lo público (Ministerio de Educación Nacional, 2017).

Este documento define la calidad de la educación como un indicador multidimensional que se logra si se desarrollan paralelamente las dimensiones cognitiva, afectiva y social de los estudiantes. Uno de los desafíos que el Plan Decenal de Educación 2016-2026 presenta, es la transformación de la educación, que requiere construir una nueva forma de saber, de hacer y de comunicarse. Se plantea que, para lograr esto, es necesario promover el desarrollo de competencias socioemocionales.

Colombia respalda la importancia del desarrollo de habilidades emocionales en los procesos formativos de los estudiantes. Diazgranados (2023) destaca la importancia de integrar la inteligencia emocional en las instituciones educativas para fortalecer la salud mental de los NNA. En 2021, el Ministerio de Educación Nacional presentó el Plan Nacional de Orientación Escolar, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en el que están incluidas las indicaciones para el quehacer del orientador escolar. Los lineamientos, estrategias, metodologías e instrumentos se presentan desde la perspectiva de promoción y prevención, y en el marco del desarrollo socioemocional, de tal forma que coadyuve a fortalecer la equidad, la inclusión, la ética y el respeto.

En la Ley 2231 de 2022 se establece la Política de Estado “Sacúdete” para el desarrollo integral de los jóvenes entre 14 y 28 años, enfocada en los aspectos emocionales, sociales, culturales, económicos y políticos, con el fin de realizar aportes en la construcción de su proyecto de vida, estructurado en acciones en áreas como la salud emocional, la educación y el empleo.

De todo lo anterior se colige que la legislación en Colombia sobre las emociones en adolescentes es un tema de significativa importancia, que está en construcción, y que ha ganado reconocimiento como un componente destacado del sistema educativo. Es relevante continuar en el desarrollo y fortalecimiento de leyes, programas y políticas públicas dirigidas a la protección, la atención y la promoción de los derechos emocionales de los adolescentes. Es pertinente identificar los retos vigentes y las perspectivas para proteger los derechos de los adolescentes, particularmente, la salud mental, de tal forma que se pueda garantizar que ellos reciban apoyo para su bienestar emocional.

En razón a las limitaciones ya descritas del marco legal en Colombia, resulta relevante la generación de leyes dirigidas a atender exclusivamente los requerimientos que se tienen en la escuela en cuanto a la educación emocional. Si bien, con la Ley 2383 de 19 de julio de 2024 se promueve la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de primaria, básica y media en Colombia, aún son necesarios todos los articuladores que permitan lograr el objetivo. La implementación y desarrollo actuales son deficientes, y se requieren procesos estructurados que se extiendan a las prácticas educativas y que consideren el currículo, desde preescolar hasta media, en aras de atender el desarrollo emocional de los estudiantes desde la primera infancia hasta la juventud. Es necesaria la incorporación de programas, asignaturas y módulos con acciones diseñadas para promover el bienestar emocional de los estudiantes, y que exista seguimiento al cumplimiento de los mismos.

Así también, las políticas públicas podrían establecer programas y estrategias de capacitación en el campo de la educación emocional para docentes, en formación y en ejercicio. Esto permitiría disponer en la escuela de un personal capacitado y restaurado para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de habilidades emocionales. La legislación que se necesita debe fomentar la articulación entre la escuela y la familia, con el fin de brindar un entorno y un ambiente escolar seguro y positivo que favorezca la inteligencia emocional del estudiante y el éxito en su plan de vida.

Para alcanzar estos objetivos, se requiere que el Estado direccione los procesos pedagógicos, y que cada actor asuma un compromiso tanto individual como institucional. Actualmente, persisten importantes vacíos en la pedagogía para la implementación de los lineamientos axiológicos de la política pública en términos de educación emocional, y para garantizar el cumplimiento de las normas.

En el sistema educativo colombiano se pretenden desarrollar contenidos apropiados para una formación integral, los cuales son vistos como un proceso de crecimiento individual, en el que se le permite a los niños, niñas y adolescentes (NNA) comprender el contexto e interpretar de forma critica el mundo. No obstante, esta no es una tarea que deba recaer exclusivamente en el sistema educativo. La educación es un proceso que involucra a todos los actores sociales, quienes pueden contribuir a que los jóvenes enfrenten desafíos presentes en las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas actuales, de forma que se promueva la justicia social y la equidad.

En los últimos años, se han generado reflexiones acerca del rol que desempeña el sistema educativo para afrontar la realidad social de los adolescentes del país. Esto permite sugerir que es posible evitar la desconexión entre políticas públicas relacionas con el tema emocional de los adolescentes y la realidad local, para permitir la flexibilidad, aplicación necesaria para adaptación requerida en un contexto rural o urbano. Calics-Salcedo (2023) considera necesario reconocer la complejidad que experimenta el sistema en cuanto a las múltiples problemáticas que tiene que atender, el cual debe estar dinamizado con las políticas públicas para armonizar las condiciones sociales, políticas y económicas en la nación. Sin embargo, Castillo et al. (2023) advierten la necesidad de reestructurar el sistema educativo tradicional con el fin de abordar los problemas que afectan a los estudiantes no sólo en cuanto a la parte netamente académica, sino también a las dificultades emocionales tales como el estrés, la ansiedad, la baja autoestima, la conducta suicida y la depresión. Esta reestructuración debe permitir a los estudiantes ser personas críticas y actores trasformadores de las complejas realidades que se viven en el país.

Pineda & Orozco (2023) señalan que la educación se ha centrado históricamente en el desarrollo cognitivo, dejando de lado la dimensión emocional. Esta observación coincide con García-Morales (2022), quien afirma que para asegurar el éxito de una persona no es suficiente que desarrolle solamente el coeficiente intelectual, porque existen factores emocionales que inciden en él, de los cuales la educación tradicional no se ha ocupado.

Pérez-Escoda y López-Cassà (2022) destacan la necesidad que el sistema educativo realice contribuciones a los estudiantes, de tal forma que se desarrollen y afiancen las habilidades y competencias emocionales y mejoren los resultados académicos. Hidalgo y Párraga (2024) enfatizan en la urgencia de integrar educación emocional en los currículos educativos, puesto que está relacionado con el rendimiento académico. Charfuelan et al. (2023) sugieren que el sistema educativo requiere ser transformado de tal forma que incluya herramientas para subsanar dificultades que viven los estudiantes en cuanto a temas emocionales que influyen en el estrés académico y los resultados que obtienen en la academia, es decir, que de acuerdo al planteamiento de Rojas et al. (2024) quienes afirman que los estudiantes con niveles altos de competencias emocionales responden mejor ante las evaluaciones escolares, lo que se refleja positivamente en su desempeño académico.

Tal como menciona Bisquerra y Chao-Rebolledo (2021) y reforzado por Machado-Pérez (2022), la educación emocional avalada por la neurociencia y la neuroeducación e incluida en el sistema educativo es una estratega para modificar las prácticas de los modelos educativos implementados en la escuela, lo que puede producir cambios favorables en los estudiantes, de forma que se alcance un bienestar integral.

Particularmente, la violencia definida por la OMS (2024) como el uso intencional de la fuerza física o el poder que puede llevar a la muerte, a lesiones o daños psicológicos o privaciones tiene efectos devastadores que pueden derivar en trastornos mentales. En Colombia, los NNA han experimentado la violencia como un determinante social de su salud mental. Las consecuencias de la violencia en los contextos social, familiar y escolar —como el trastorno de estrés post traumático, la legitimidad del castigo físico y el acoso escolar— han afectado de manera significativa las oportunidades para alcanzar un estado de bienestar de los adolescentes, incidiendo negativamente en las capacidades cognitivas y funcionales y académicas, así como en las relaciones interpersonales, la autoimagen, la autoestima y el autoconcepto.

En el transcurso de la historia, los adolescentes han estado involucrados en escenarios de guerra, violencia, polarización política, explotación y abuso, así como a escenarios de acoso escolar. La violencia estructural en sus formas políticas, económica y social produce condiciones que perpetúan la pobreza y la exclusión, que a su vez son factores determinantes en el desarrollo intelectual. En contextos de violencia crónica se genera un trauma psicosocial colectivo que desintegra las familias, que causa perdida de identidad y genera entornos inseguros desprovistos de apoyo social (Palma, 2020). Sin embargo, es relevante indicar que las personas que han sido expuestas a traumas colectivos y personales, pueden ser sanadas mediante intervenciones de educación emocional que ayuden en la construcción de la convivencia escolar y, en general, de la paz.

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) ha reconocido la importancia de las emociones en la formación de los estudiantes de bachillerato mediante el diseño de programas, orientaciones y recursos para apoyar el desarrollo emocional:

• El Programa Nacional de Convivencia Escolar, cuyo objetivo es promover un ambiente escolar inclusivo, seguro y pacifico donde se respetan los derechos de los estudiantes; ofrece orientaciones para trabajar temas de acoso escolar y resolución de conflictos, los cuales inciden en las emociones.

• Las Orientaciones para la Atención Integral a la Primera Infancia, recursos dirigidos a docentes, diseñados para promover un ambiente de cuidado afectivo y estimulación emocional entre los niños.

• Las Orientaciones para la Educación en Sexualidad, incluyen pautas para abordar aspectos relacionados con las relaciones interpersonales y las emociones; promueven una comprensión respetuosa de la sexualidad en los jóvenes.

• El Programa Paso a Paso, es una estrategia de formación de competencias socioemocionales en educación secundaria y media, no es obligatorio a nivel nacional. El material incluye guía del docente, con unidades didácticas para el aula; también incluye material diseñado con actividades para los estudiantes, diferenciados por grado. Este programa reconoce que abordar las emociones de los adolescentes en el contexto escolar es fundamental para su desarrollo integral.

En el contexto colombiano, el sistema educativo requiere de cambios para llegar a la restauración emocional de los jóvenes, lo que implica diseñar planes y programas enfocados en la recuperación de experiencias difíciles causadas por las consecuencias de la violencia familiar, la guerra, el acoso escolar y todas aquellas situaciones que afectan su bienestar emocional y mental. Se debería contemplar un mecanismo para responsabilizar a los actores, como las instituciones educativas, la familia y los docentes, a través de mecanismos de rendición de cuentas y de retroalimentación.

La iniciativa gubernamental para corregir las problemáticas del contexto social en el que está inmerso el sistema educativo a nivel de básica secundaria, ha incluido estrategias para ampliar los niveles de cobertura (Calics-Salcedo, 2023). Sin embargo, adicional a esto, se requiere contemplar la restauración emocional, ya que es importante abordar las necesidades emocionales derivadas de experiencias traumáticas pasadas y considerar el contexto individual y social de cada adolescente.

En este sentido, el sistema educativo puede actuar como articulador para fomentar entornos familiares estables, estilos de vida saludables y el fortalecimiento de los vínculos sociales con una comunicación asertiva (Asquith et al., 2022). También puede facilitar programas de prevención de acoso escolar que permita identificar señales de alerta, para lo cual se necesita que tanto maestros y maestras como padres estén capacitados en temas de salud mental, resolución de conflictos y educación emocional (Treviño y González, 2024).

Las políticas públicas educativas son instrumentos que tienen los gobiernos para influir sobre la calidad educativa que reciben los estudiantes (Celis et al., 2024) y que tienen incidencia en el sistema educativo. Se recomienda atender las recomendaciones de aquellas investigaciones que analizan las relaciones de los factores asociados con el logro educativo, para direccionar las políticas públicas y garantizar un mejoramiento continuo en la calidad de la educación.

Es posible afirmar que el análisis científico que se realiza acerca de la influencia de los factores emocionales en la mejora del logro educativo, aporta información para fortalecer el sistema educativo y permite elaborar políticas publicar que contribuyan en la formación integral de los adolescentes (Feraco et al., 2023; Treviño y González, 2024). De tal forma que desde el aula se pueda enseñar a los adolescentes habilidades para reconocer, comprender y gestionar sus emociones (Ros et al., 2023).

Murillo-Rojas y González-Medina (2025) indican que una intervención en educación emocional temprana permitirá fortalecer la gestión de sus emociones, al experimentar mayores niveles satisfacción con la vida, empatía y resiliencia lo que puede conducir a mejorar los resultados académicos. Asimismo, Grazzani et al. (2022) señalan que los estudiantes puedan encontrar formas positivas de enfrentar desafíos y aprender de las experiencias adversas dentro de los procesos de desarrollo personal.

Entre las contribuciones teóricas de Bar-On (1997), Bisquerra y Chao-Rebolledo (2021) y Goleman (2022) se ha identificado la importancia que tiene desarrollar habilidades y competencias emocionales para enfrentar desafíos de la vida. Estos autores abogan por la integración de la educación emocional en los sistemas educativos como una forma de promover el bienestar personal y social de los estudiantes, así como aportar en el rendimiento académico. Sus contribuciones teóricas al campo de la educación emocional sustentan la necesidad integración en las políticas públicas educativas que reflejen un proceso de aprendizaje continuo (CASEL, 2024).

Es importante resaltar que, en los procesos de enseñanza del bachillerato deben considerarse estrategias didácticas para el desarrollo de competencias emocionales de los adolescentes (Lozano y Maldonado, 2023). Lo cual debe ser ampliamente documentada en la política pública vigente puesto que se requiere inversión económica para crear ambientes educativos propios para el desarrollo de la temática (Losada-Puente et al., 2022). Estos será clave para trasformar la educación del bachillerato donde los estudiantes puedan, no solo obtener mejores resultados académicos ser personas que contribuyan a la prosperidad de la nación (Chao-Rebolledo, 2022).

Asumir los retos pedagógicos que enfrenta la escuela en contextos rurales y urbanos para la puesta en marcha de la catedra por la paz, la educación emocional llevará a la población a la reconstrucción, la reparación de víctimas vigentes en los planes de desarrollo (Domínguez-Martín et al., 2022).

Si bien, el marco legal establece la intención de promover las competencias emocionales, pero carecen de un plan de acción detallado y medidas específicas para alcanzar los objetivos (Feraco et al., 2023). Aunque la política presenta objetivos, no ofrece una guía para traducirlos en acciones en el aula, carece de indicadores para evaluar la efectividad de la política y las oportunidades de mejora. Esta falta de especificidad genera ambigüedad en la interpretación e implementación de las políticas, lo que puede derivar en desigualdades entre diferentes contextos educativos.

Por otro último, es importante señalar que las políticas públicas actuales hacen poca referencia a la fuente de financiación acerca de los recursos para la capacitación de docentes, las adaptaciones curriculares, la actualización de los planes de estudio, la creación de material y la incorporación pedagógica necesaria. En consecuencia, muchas de las iniciativas planteadas en las políticas públicas hasta el momento pueden ser inexistentes en las aulas debido a la dificultad que se tiene, debido a la falta de personal de apoyo especializado y de conocimientos adecuados para su implementación (Reynoso-Angulo, 2023).

La gestión de las emociones puede prevenir problemas como la ansiedad, la depresión y el estrés. En este sentido, la compresión de las emociones en los estudiantes de bachillerato es imperativa, ya que estas influyen significativamente en su pensamiento, comportamiento, logro educativo, bienestar general y trayectoria a lo largo de su vida. Lo anterior resalta la importancia de integrar la educación emocional en los sistemas educativos y en las estrategias de promoción de la salud mental. Por ello, se sugiere reforzar el enfoque restaurativo y el fortalecimiento de las emociones positivas como parte de la educación emocional en el aula.

Es recomendable que la política pública se direccione a las instrucciones en términos de programas, proyectos y estrategias de ejecución específicas, incorporando una visión restauradora en las acciones de promoción y prevención en temas relacionados con la salud mental, con el fin de favorecer las posibilidades de mejorar los resultados académicos.

La revisión actual de los lineamientos de política pública en educación emocional para adolescentes evidencia una decisión del Estado de intervenir en esta área, aunque enfrenta serios obstáculos para su implementación efectiva en las aulas. En consecuencia, se requiere un plan estructurado que incluya indicadores de gestión y resultado, que oriente a las instituciones educativas y contemple mecanismos de seguimiento y evaluación permanentes.

Finalmente, es indispensable que la política de cuenta de la realidad social y educativa del país, con el fin de garantizar una educación emocional pertinente. Para lograr este objetivo, es fundamental que los docentes estén adecuadamente capacitados en temáticas como inteligencia emocional, avanzando así hacia la consolidación de una formación integral para los adolescentes.