Diálogos de Saberes

Número 63 (2025)

eISSN 2619-3744

Las complejidades sociológicas, políticas y jurídicas de la paz total en el gobierno de Gustavo Petro (2022 - 2026)*

The sociological, political, and legal complexities of total peace in the government of Gustavo Petro (2022 - 2026)

Mary Luz Sandoval Robayo Ph.D**

* Artículo producto del trabajo académico adelantado por la autora en el Grupo de Investigaciones Sociohistóricas y Contemporáneas de la Universidad de Caldas (Colombia) y presentado inicialmente como ponencia en el 5° Foro Mundial de Sociología que se llevó a cabo en Rabat, Marruecos en el 2025.
** Profesora titular del departamento de Antropología y sociología de la Universidad de Caldas, investigadora, directora del Grupo de Investigaciones Sociohistóricas y Contemporáneas (categoría C de Colciencias), directora del semillero Infocracia y política. Socióloga y con maestría de la Universidad Nacional, doctora en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di tella, Buenos Aires, Argentina. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1396-010X Correo electrónico: maryluz.sandoval@ucaldas.edu.co

Fecha de recepción: 18 de agosto de 2025
Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025
Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2025




DOI: https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.63.13732

Como citar: Sandoval, M. L. (2025). Las complejidades sociológicas, políticas y jurídicas de la paz total en el gobierno de Gustavo Petro (2022 - 2026). Revista Diálogos de Saberes, 63, 37-49. https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.63.13732

Resumen

El presente artículo tiene como propósito realizar una reflexión de índole sociológica sobre la ini ciativa política de paz total del actual gobierno de Gustavo Petro. Esta política ha recibido nume rosas críticas, en particular desde uno de los sectores del espectro ideológico, así como diversos respaldos provenientes de académicos y analistas ubicados en posiciones opuestas. En primer lugar, aparecen apreciaciones sobre la cantidad de mesas de negociación y en segundo lugar sobre la diversidad de grupos armados tanto políticos como del crimen común con presencia en todo el territorio nacional, que incluso han rechazado las iniciativas promovidas por el Gobierno. De manera que esta política se ha enfrentado no sólo con los obstáculos institucionales, sociales, políticos e incluso económicos ya esperados, sino con obstáculos ideológicos que priorizan la seguridad, como una herencia del ideario de algunos de los sectores dominantes en la política colombiana.

El artículo se basa en las declaraciones de los coordinadores de las mesas de negociación que participa ron en el diplomado organizado por la Universidad Nacional “La paz total: avances, logros y perspec tivas” entre abril y mayo de 2025. Su propósito principal es identificar y analizar críticamente las debi lidades del proceso, pero especialmente aportar una visión sociológica centrada en dichas limitaciones.

Palabras clave: Colombia, paz total, delito político, delito común, obstáculos.

Abstract

The purpose of this article is to provide a sociological reflection on the Total Peace political initiative promoted by the current government of Gustavo Petro. This policy has received numerous criticisms, particularly from one sector of the ideological spectrum, as well as support from academics and analysts positioned on the opposite side. First, there are concerns about the number of negotiation ta bles, and secondly, about the diversity of armed groups, both political and common criminal, present throughout the country, some of which have even rejected the initiatives promoted by the Government. Thus, this policy has faced not only the expected institutional, social, political, and even economic obstacles, but also ideological obstacles that prioritize security, a legacy of the ideology of some of the dominant sectors in Colombian politics. The article is based on the statements of the coordinators of the negotiation tables that participated in the diploma course organized by the National University “Total Peace: Progress, Achievements and Perspectives” between April and May 2025. Its main purpose is to identify and critically analyze the weaknesses of the process, but especially to provide a sociological vision focused on these limitations.

Keywords: Colombia, total peace, political crime, common crime, obstacles.

1. Introducción

El presente artículo es producto de una ponencia realizada y presentada en el 5o Foro Mundial de So ciología, llevado a cabo en Rabat, Marruecos, entre el 6 y el 11 de julio de 2025. Se fundamentó en la información brindada por el diplomado Aula Libre de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que, junto con la Consejería de Paz de la Presidencia de la República, llevó a cabo 11 paneles que integraron el curso denominado “La paz total: avances, logros y perspectivas” entre abril y mayo de 2025. Al primero de ellos se invitó al consejero de Paz a nivel nacional Otty Patiño y en cada panel asistieron los consejeros encargados de cada una de las mesas regionales. También asistieron las Fuerzas Militares y varios analistas que com partieron sus puntos de vista críticos sobre este proceso, gracias a lo cual fue posible entender desde sus fuentes originales el entramado institucional y el enfoque sobre la paz del actual gobierno.

Además, se abordaron segundas fuentes sobre la paz total, esto es, algunos libros de los profesores Carlos Medina Gallego (2023) y Carlos Arturo Velandia (2025). Como parte del proceso de acerca miento se consultaron documentales realizados por diversos medios de comunicación y periodistas investigadores (Caracol radio y TV), entrevistas y documentales como el programa “Los informantes” de Caracol TV. Estas fuentes resultaron relevantes por constituir trabajos periodísticos desarrollados directamente en las zonas de influencia de dichos grupos armados, mediante diálogos sostenidos con algunos de sus líderes.

No resulta fácil abordar el tema de la “Paz Total”, el cual, durante un periodo se constituyó en una de las principales banderas del actual gobierno colombiano, dada su complejidad multicausal. Estos factores la han convertido en un asunto problemático para cualquiera que incursione en esta temática.

Este trabajo posee aún un carácter exploratorio, por lo que se hace necesario complementar la recolección de fuentes primarias y secundarias a las ya citadas, que facilitaron el acercamiento al problema de las disidencias y reincidencias y a las distintas fracciones en que se han dividido estos grupos.

2. Antecedentes, sumario

La presencia de grupos armados ilegales en Colombia es de vieja data. Desde la década de 1950 sur gieron estructuras como los denominados “Pájaros” y “Chulavitas”, dedicadas a asesinar a las personas pertenecientes al Partido Liberal en la denominada “Época de la Violencia” (1948-1958). En diversas regiones del país, las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes han vivido históricamente en medio de confrontaciones armadas.

Las dos principales guerrillas en Colombia: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARCEP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgen a mediados de la década de 1960. Posterior mente, aparecieron otros grupos insurgentes (Villamizar, 2020, pp. 231-270).

Durante los años sesenta, en América Latina emergieron diversos grupos guerrilleros casi en todos los países. Estas guerrillas fueron derrotadas, o se reconfiguraron en partidos políticos, o simplemente desaparecieron luego de ser eliminadas, por procesos de paz, amnistías, etc. El único país donde aún sobreviven grupos guerrilleros es Colombia aún después del fin de la guerra fría y luego del proceso de paz de 2016.

Colombia ha realizado varios procesos de paz desde la década de 1980. Durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), se llevaron a cabo importantes procesos de paz con varias guerrillas, como parte de un enfoque que combinó diálogo, reintegración y reformas políticas.

Entre 1986 y 1990 se llevaron a cabo varios procesos de paz 1) el primero con las guerrillas urbanas del M-19 (Movimiento 19 de Abril). El acuerdo de paz fue firmado el 9 de marzo de 1990 y permitió la desmovilización de más de 1.200 combatientes, quienes dejaron las armas, se integraron a la vida civil y política. Como resultado, surgió el partido político AD M-19, cuyos integrantes participaron activamente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Su principal líder, Carlos Pizarro León Gómez, fue asesinado tras postularse a la presidencia de la República; 2) se llevó a cabo otro proceso con el EPL (Ejército Popular de Liberación), cuyos integrantes se desmovilizaron en 1991. Cerca de 2.000 combatientes dejaron las armas y muchos de ellos se integraron a la política a través del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Sin embargo, surgieron divisiones internas y algunas disidencias continuaron en armas; 3) el tercero se llevó a cabo con MAQL (Movimiento Armado Quintín Lame), se desmovilizaron en 1991 durante el gobierno de César Gaviria. Este grupo indígena armado que entregó armas y participó en procesos de fortalecimiento de la organización política indígena. Influyó en el reconocimiento de derechos indígenas en la Constitución de 1991; 4) el cuarto se llevó a cabo con el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores, desmovilizados en 1991, este grupo pequeño grupo que se desmovilizó y no tuvo gran proyección política posterior.

Este gobierno, impulsó reformas políticas que permitieron la participación de excombatientes, sentó las bases para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, promoviendo la integración de exguerrilleros a la política democrática. Apostó por un modelo de paz negociada y progresiva, enfrentando simultáneamente una situación de creciente violencia del narcotráfico.

En los años 90 se llevó a cabo un proceso con el CRS (Corriente de Renovación Socialista), desmovilizados en 1994. Esta disidencia del ELN se desmoviliza, con participación en política local; en la década de 2000 se destaca el proceso con las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se desmovilizan en el 2006, más de 30.000 combatientes; este proceso fue criticado por falta de verdad y reincidencia criminal de muchos exjefes que se convirtieron en las denominadas BACRIM (Bandas Criminales).

En 2012 inicia el proceso de paz con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo) durante el gobierno de Juan Manuel Santos) y se firma el acuerdo final el 24 de noviembre de 2016 luego de un plebiscito fallido. Se desarmaron más de 13.000 guerrilleros y sus cúpulas se transformación en el partido político denominado “Comunes”. Durante este mismo gobierno hubo conversaciones exploratorias con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que nunca prosperaron.

Estos son los antecedentes grosso modo del proceso de paz actual. No sólo hubo rescoldos de paramilitarismo que nunca se acogieron al proceso de paz del 2006, sino también grupos disidentes y reincidentes de las FARC-EP que han ocupado ciertos territorios y se han fraccionado dada una variedad de diferencias (Sánchez Gómez, 2021, pp. 129-142).

El caso del Ejército de Liberación Nacional amerita una alusión especial. El ELN ha participado en varios intentos de procesos de paz fallidos con el Estado colombiano desde la década de 1980. Aunque ha mostrado en distintas épocas voluntad de diálogo, ninguno de los procesos hasta 2026 ha logrado un acuerdo de paz definitivo. Los principales procesos fallidos fueron: el proceso con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) el cual representó la oportunidad de la paz más importante en los años 80. Los factores que frustraron la paz fueron, por un lado, la posición de los militares que se empoderaron y disputaron la tregua como un asunto del orden público y como un terreno propio en abierta disputa con las decisiones del presidente. Además, las élites abandonaron al presidente en su propuesta de paz con reformas sociales, por una postura que aceptaba únicamente la rendición o el desarme de dichas guerrillas. En tercer lugar, las insurgencias creyeron que tenían la revolución cerca y que solo necesitarían generar un aliento insurreccional a las masas. Y, en cuarto lugar, el factor determinante fue “…la irrupción del narcotráfico como actor político y económico, que ingresa a la guerra contrainsurgente”, generando una correlación de fuerzas a favor de la adhesión de Colombia a la guerra contra las drogas.

Según la Comisión de la Verdad, este factor “…bloqueó las primeras negociaciones y propuestas de sometimiento a la justicia emprendidas por el Gobierno con los narcotraficantes”. En quinto lugar y como consecuencia de los anteriores, se da el inicio del genocidio de la Unión Patriótica, lo que evidenció la imposibilidad o falta de preparación del gobierno para ampliar el espacio de participación de otras fuerzas distintas a los partidos tradicionales (Comisión de la Verdad, 2025).

En el proceso llevado a cabo por Belisario Betancourt, el ELN fue invitado a participar en los diálogos de paz junto a otras guerrillas (FARC, EPL, M-19). Esta guerrilla no participó plenamente, dada su desconfianza frente al gobierno y no aceptó el cese al fuego propuesto. Todo esto representó un fracaso como consecuencia de la falta de condiciones institucionales y la desconfianza política hacia el Estado, la cual parece ser una permanencia hasta el día de hoy en la actitud de dicha guerrilla.

En el proceso con el gobierno de César Gaviria (1990-1994), hubo acercamientos iniciales para el diálogo, en particular luego de los acuerdos con el M-19 y el EPL. No obstante, fracasó por las aspiraciones poco realistas del ELN, razón por la cual se negó a desmovilizarse.

Respecto del proceso con el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), se desarrollaron acercamientos y diálogos en Alemania con la mediación de la Iglesia católica. Sin embargo, este nuevo intento de negociación fracasó debido a la falta de consenso sobre una agenda común ni condiciones adecuadas para avanzar. En el proceso con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) hubo reuniones en Cuba, Venezuela y Alemania (denominado Acuerdo de Puerta del Cielo, 1998). En este caso el fracaso se dio por discrepancias internas en el ELN, por la negativa del gobierno a conceder una zona de despeje de la misma forma que con las FARC y la existencia de tensiones militares.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) hubo acercamientos secretos con participación de facilitadores internacionales. El fracaso en esta ocasión fue consecuencia del enfoque de “seguridad democrática” que debilitó las condiciones para un diálogo serio, lo cual horadó la confianza mutua.

Los acercamientos con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en 2017, luego de varios años de contactos exploratorios y acercamientos preliminares. Las negociaciones se desarrollaron principalmente en Quito, Ecuador y en Cuba. El fracaso tuvo como causa la falta de un cese al fuego bilateral sostenible y por la ruptura luego del atentado del ELN en Barranquilla (Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 2018).

Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el diálogo fue completamente suspendido luego del atentado a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá en enero 2019. Esta ruptura total fue consecuencia de este atentado que causó 22 muertos por lo cual el entonces presidente Iván Duque condicionó todo avance a la entrega de los responsables. Esta mesa fue suspendida en enero de 2025 luego de un ataque en el Catatumbo con más de 50 mil desplazados y 80 homicidios (tomado de declaraciones de Vera Grave encargada de la mesa de diálogo con el ELN junto con Iván Cepeda, en el marco del curso convocado por la Universidad Nacional).

3. La paz total en el gobierno de Gustavo Petro

El gobierno de Gustavo Petro, el primer gobierno de izquierda que ha llegado a la presidencia, es elegido en 2022. El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, plantea en su presentación lo que concibe el gobierno como paz total. La introducción del PND, en su primer párrafo dice que este plan busca concretar “el inicio de una transición que debe desembocar en la paz total”, concebida como la búsqueda de una vida digna, basada en la justicia y en una cultura de paz que reconozca el valor de la vida (DNP, 2023, p. 13).

El plan concibe que territorio y cultura son inseparables. Según este plan los cambios en este gobierno constituyen una transición; el gobierno pretendió generar estos cambios desde lo local para luego expandirse a las regiones con el fin de obtener lo que denomina “la convergencia de las demandas” y de esa manera buscaba proponer “programas integradores” que tenían como propósito la maximización de los recursos disponibles (DNP, 2023, p. 14).

Uno de los obstáculos para el logro de la paz total según el PND ha sido la disputa por la tierra, la baja formalización de la tenencia y la baja legalización de la titulación además del retraso que lleva el proceso de restitución de tierras. Tanto la restitución de tierras como el ordenamiento territorial se concibe como el instrumento estratégico para la paz.

Según el diagnóstico del gobierno la persistencia de los conflictos socioambientales relacionados con el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, genera condiciones que favorecen el surgimiento de grupos armados ilegales. Estos conflictos se asocian con la baja capacidad del Estado para ordenar el territorio y con la falta de protección de derechos de la población campesina.

El DNP (2023) señala que la Justicia Transicional es una garantía mínima para los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En ese marco el plan tiene como propósito el fortalecimiento del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas y la regulación de las drogas (cambio cultural y cambio de la idea del prohibicionismo, cambio de la estrategia política hacia el exterior). Respecto de los actores criminales, el gobierno se propuso llevar a cabo acciones para desarticular estas organizaciones mediante el sometimiento individual y colectivo de dichas estructuras. Se planteó que el Estado se focalizara en los actores que generan violencia, se dedicaran al lavado de activos, extorsionaran y se lucran de esas actividades ilegales. La Fuerza Pública priorizaría la interdicción de sustancias ilícitas y de insumos para su procesamiento, en la destrucción de infraestructuras para su producción y la erradicación forzosa de cultivos industriales ilegales (p. 108).

De igual manera, el gobierno Petro se comprometió a darle continuidad a procesos que no finalizaron o que se incumplieron como la desmovilización de las estructuras paramilitares (AUC 2004), el Acuerdo de Paz del Teatro Colón de 2016 y los llamados pactos urbanos de las ciudades de Medellín y Cali (DNP, 2023, p. 252).

Para ello el gobierno expide la Ley 2272 de noviembre de 2022, conocida como Ley de Paz Total en la cual establece en su artículo 2º, literal b, que la paz es una política de Estado, prioritaria y transversal, participativa, amplia, incluyente e integral.

4. Mesas de negociación que fueron instaladas

1. Comuneros del Sur (facción disidente del ELN). Cubren Nariño y Catatumbo. Grupo ubicado en dos regiones donde se produce la mayor parte de la coca. En Nariño existen 16 estructuras armadas y 5 grupos. Sólo dos de ellas son las que están mejor organizadas (consejero Carlos Augusto Erazo).

2. Estado Mayor Central (disidencias de las FARC). Ubicada en la zona del Catatumbo. El EMC se fractura al poco tiempo de sentarse en la mesa. Los grupos son: Estado Mayor de los Bloques y Frente, Estado Mayor Bloque Briceño, Bloque Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes. La organización del EMC tiene vínculos con el narcotráfico internacional (Gustavo Petro, discurso pronunciado en Medellín 21 de junio de 2025).

3. Segunda Marquetalia (otra disidencia de las FARC). Ubicado en Nariño y Putumayo. La Coordinadora Nacional Guerrillera Ejército Bolivariano antes se le denominaba Segunda Marquetalia. Surgen dos estructuras de aquella: Coordinadora Guerrillera del Pacífico y Comandos de la Frontera por diferencias con Iván Márquez de la SM quien se retira de la mesa.

4. Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidencia surgida de la Segunda Marquetalia). Ubicada en Nariño y Putumayo. Comandante Andrés Rojas, detenido en la Picota a la espera de extradición.

5. Paz urbana (diálogos con bandas criminales). Procesos en Medellín, Buenaventura y Quibdó (3 mesas). Ubicadas en los departamentos de Antioquia, Medellín, Valle de Aburrá, Buenaventura, Quibdó. Son estructuras armadas organizadas de alto impacto. Dialoga con personas privadas de la libertad (cárcel de Itagüí). Zonas con problemas de extorsión y consumo de drogas. Provienen de grupos como “La Oficina de Envigado” (la mayoritaria) y “La terraza” (la minoritaria). Existen estructuras independientes (Los Mesa, Los Triana, Los Pesebreros). Allí también hacen presencia el Clan del Golfo. En Buenaventura se encuentran: Bloque Calima, Frente Pacífico; hoy Chottas y Espartanos. En Quibdó tienen presencia: Los Mexicanos, Los Locos Yam y las Fuerzas Armadas RPS-Cartel del Norte.

6. Mesas exploratorias. Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Ubicados en Barranca, Honda, Rivera del Magdalena y Sierra Nevada de Santa Marta. En la Sierra Nevada, no existen cultivos de coca ni laboratorios. Tampoco producción ni procesamiento de drogas. Las personas que la habitan no se encuentran en la ilegalidad, sino que están sometidas al grupo ilegal que vive del narcotráfico que pasa por esta localidad. El grupo armado ha impuesto la extorsión a todos los niveles empresariales. El Clan del Golfo es un grupo armado post autodefensas, sucesor del paramilitarismo, es el grupo ilegal con la mayor presencia en todo el país, se dedica al narcotráfico, tráfico de personas, minería ilegal y captura de rentas legales, tienen un poderoso ejército y ha participado en homicidios y magnicidios en el pasado.

7. Ejército de Liberación Nacional, ELN. Mesa suspendida en enero de 2025 luego de un ataque en el Catatumbo con más de 50 desplazados y 80 homicidios. Ubicado en Región fronteriza del Catatumbo y otros departamentos.

5. Propósitos de los procesos por parte de los coordinadores de las mesas

En general los coordinadores de las mesas señalaron el propósito de realizar un tránsito de los operadores de violencia a la civilidad; del país al Estado Social de Derecho. Se planteó como pilares del proceso: búsqueda de justicia y seguridad. Otros propósitos expuestos fueron el des escalamiento integral del conflicto y evitar el reciclamiento de las violencias, lo cual debería generar la reducción de la tasa de homicidios y la expansión de acciones humanitarias. Idealmente las acciones de transformación territorial tenían como meta coca cero, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, reforestación y reconfiguración ganadera.

En los casos de procesos de paz con las estructuras armadas organizadas de alto impacto se buscaba el des escalamiento de las violencias, el desmonte de las estructuras del crimen organizado y la transformación territorial. De igual manera, sus actividades se orientarían hacia la coordinación de todas las capacidades del Estado, es decir, se tenía la intención de llevar a cabo esfuerzos coordinados con las instituciones del Estado.

La política de paz total pretendió enfatizar la territorialización como alternativa a una paz dictada desde Bogotá. Buscó en palabras de varios de los coordinadores de las mesas la seguridad de las comunidades a través del cese de las confrontaciones entre los grupos ilegales. Tuvieron en la mira la eliminación de las fronteras invisibles entre grupos enfrentados, garantizar la libre movilidad de las comunidades, reducir los homicidios y proteger la vida.

Como una decisión consciente, las negociaciones se desarrollaron “en medio del fuego”, es decir, en un contexto de continuidad del conflicto armado. En dichas mesas se priorizó la participación de las comunidades, con el propósito de promover desde la ciudadanía la exigencia del desmonte de estas estructuras armadas.

Asimismo, se planteó una metodología que, en principio, pretendía diferenciarse de los procesos de paz anteriores, basada en la construcción de acuerdos parciales, progresivos, transitorios y reversibles. Bajo esta lógica, “se va acordando y se va ejecutando”, según lo expresado por el consejero Camilo González Posso.

Entre sus intenciones expresaron dar respuesta a problemas estratégicos, como los medioambientales, las zonas de reserva campesina y el desplazamiento de años anteriores. La territorialización de paz (denominada paz concreta), se entendió también como entender que la lógica de los actores armados es diferente en cada lugar, igual que la lógica de apropiación del territorio, de la geopolítica de fronteras, del comercio de armas y de las economías ilegales.

Igual en procesos anteriores se debió incorporar la participación de actores internacionales como garantes, acompañantes y financiadores, a la Iglesia, al Ministerio de Defensa, y a observadores militares y policiales.

6. Debilidades y críticas

La actitud recurrente del ELN frente a los acuerdos de paz evidencia, según esta perspectiva, una incapacidad para comprender las transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas tanto a nivel nacional como internacional. Sus reivindicaciones no solo han excedido aquello que los gobiernos, las Fuerzas Armadas y las élites políticas han estado dispuestos a conceder, sino que, en muchos casos, han sido percibidas como políticamente inviables o alejadas de las condiciones reales del contexto colombiano.

Este aspecto parece no haber sido plenamente comprendido por algunos de los actores que han encabezado las negociaciones con dicha guerrilla, lo cual ha dificultado la construcción de escenarios de diálogo sostenibles y realistas.

Los actos de secuestro y extorsión en años pasados por parte de las distintas guerrillas generaron rencor y odio en las élites colombianas, algunos sectores de los cuales se han opuesto al proceso de paz total. Es un hecho comprobado hoy por medio de las elecciones que estos sentimientos del pueblo colombiano tuvieron consecuencias reales durante varias décadas.

Respecto de la “Paz Total”, se han señalado carencias como un marco jurídico para el sometimiento de los grupos caracterizados como estructuras criminales de alto impacto, los cuales deberían pagar cárcel; a este respecto también se ha señalado no sólo realizar procesos de negociaciones sino también la aplicación de la interdicción y la legalización de las drogas como políticas complementarias.

Relacionado con lo anterior, existe de manera evidente una gran dificultad de ofrecer incentivos a los integrantes de las bandas que puedan competir o ser más atractivas para el logro del abandono de las prácticas criminales. Las oportunidades legales deberían ser más atractivas que las que ofrece la ilegalidad.

La construcción de una estrategia orientada a evitar la convivencia de las comunidades con las estructuras criminales no ha sido abordada suficientemente como un problema de carácter sociológico, sino principalmente como un asunto político y de seguridad.

Sin alcanzar los objetivos anteriormente señalados, una de las preocupaciones manifestadas por las comunidades consistía en que, tras la desmovilización o inserción a la vida civil de un actor armado, otro grupo pudiera ocupar ese mismo espacio e imponer nuevamente su dominio territorial y social. Esta preocupación parte de la percepción de que los funcionarios estatales son transitorios, mientras que las comunidades permanecen de manera permanente en los territorios afectados por el conflicto.

Parece que en realidad se profundizó poco tanto a nivel teórico como en la práctica sobre el proceso de desindustrialización que afecta no sólo el caso de la ciudad de Medellín sino al país entero, como un factor obstaculizador en la mejora de las tasas de empleo y la baja en las tasas de extorsión en los sectores urbanos del país.

Un problema práctico que tuvo que ver con las fallas de las premisas establecidas por la política de paz total, probablemente pudo haber sido la oposición política e ideológica que en la práctica fue también un obstáculo a la política de paz total del gobierno con lo cual resulta imposible el apoyo tanto político como financiero a esta iniciativa por parte de gobiernos departamentales y municipales de los partidos de oposición. A ello se adiciona la necesidad de superar la oposición a la paz en el Congreso de la República. Entre los asuntos no tenidos en cuenta se encuentran los impedimentos a la transformación cultural requerida para el alcance de cambios en las maneras de pensar, lo cual es un problema sociológico y no político. Esta es la base de la recuperación de la libertad y el poder de los ciudadanos que han sido el centro de la protección de la paz total: víctimas de extorsión, asedio y confinamiento.

Uno de los asuntos meramente prácticos y también una manifestación de irresponsabilidad ha sido la desfinanciación o carencia de recursos para cumplir los acuerdos. Otro factor de este tenor es el haber llegado tarde a este proceso en el marco de la temporalidad de esta administración.

7. Puntos de discusión: los problemas empírico-teóricos de orden sociológico

En primer lugar, se hace indispensable establecer nuevamente la distinción entre crimen común y crimen político en el campo jurídico. No obstante, la difusa relación entre ambas tipologías en la realidad contemporánea —en la que algunos grupos de carácter político participan también en dinámicas propias del crimen común— complejiza significativamente dicha diferenciación. En segundo lugar, la ausencia de Estado en grandes zonas del país favorece la dominación de lo criminal, ya que las estructuras criminales se vuelven sucedáneos del Estado, imponiendo reglas de dominio sobre las poblaciones. La aceptación pasiva o activa de las comunidades se reproduce a medida que pasa el tiempo.

La distinción entre economía lícita e ilícita no es sólo un problema teórico sino en este caso y a fortiori, un problema práctico en varias regiones afectadas, pero en particular es un problema sociológico además de jurídico.

Otra distinción formalista es la existente entre criminales e inocentes, en la práctica se trata de una indistinción entre estos dos: comunidades que participan directa o indirectamente en la economía ilegal. Esto precisa respuestas estructurales de orden cultural y no sólo económico.

La reincorporación a la vida civil requiere incentivos de mayor valor que aquellos que genera la criminalidad, esto puede implicar la imposibilidad de competir por parte del Estado y de las vías institucionales, si se trata de incentivos de orden económico (el balance costo-beneficio). Los incentivos morales o institucionales propuestos por el Estado están en desventaja evidente respecto de los incentivos económicos propuestos por las bandas criminales (racionalidad costo-beneficio). Esta desviación o anomia da al traste con las intenciones de pacificación.

8. Conclusiones

Los procesos de paz anteriores, caracterizados en muchos casos por su carácter inconcluso, parcial o por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados, no sólo han producido grupos disidentes, sino una especie de indeterminación entre guerra y paz que se ha vuelto recurrente, es decir, una regularidad en el sentido sociológico y con ello provoca la entrada en un estado anómico generalizado en las regiones donde aún tienen presencia.

La paz total se enfrenta a la superación de los reductos de procesos de paz incompletos, parciales e incumplidos de gobiernos pasados, que han generado procesos de fraccionamiento, descomposición y ampliación de las nuevas facciones que han perdido el rumbo ideológico, lo cual tiene implicaciones en los procesos actuales.

Por lo anterior, es posible concluir que el conflicto de Colombia se ha constituido en un patrón de dependencia histórica y multicausal. La propensión hacia la preservación de estas estructuras ilegales es un comportamiento legado de procesos históricos que se remontan a varias décadas atrás y que se ha constituido en una herencia con la que arrastra la política actual de paz.

Referencias Biblográficas