Las comprensiones y consideraciones normativas sobre el agua han dado lugar a la creación de diferentes regímenes de regulación, asociando su uso a un recurso, a una propiedad, a un bien económico, a un servicio público y a un derecho. Respecto a este último aspecto, el debate sigue siendo complejo en la praxis jurídica dado que a nivel internacional la discusión del agua como derecho se presenta desde su carácter humano, pero en la materialización interna del país se le otorga un carácter de fundamental cuando se ha reconocido por vía de conexidad.

Estas posiciones no han pretendido alcanzar consensos en una única regulación, sino más bien el establecimiento de diferentes estipulaciones legales. No obstante, en el escenario jurídico internacional y actual sí se está consensuando dos miradas con relación a la regulación: la primera, desde su consideración como derecho humano, intrínseco a todas las personas; y la segunda, como un objetivo trazado en las acciones de los Estados con relación al desarrollo sostenible.

Ambos aspectos han entrado a definir la política nacional colombiana, la cual reclama reformas constitucionales y legales, permea las decisiones judiciales y dinamiza el enfoque territorial mediante líneas estratégicas que engrosan las apuestas programáticas regionales, departamentales y municipales con relación al agua.

Colombia desde el año 2008 ha tenido diferentes intentos de actos legislativos para consagrar el agua como derecho. El último debate presentado corresponde al proyecto de Acto Legislativo No. 14 de 2022, por medio del cual se pretende incluir en el artículo 11 de la Constitución Política el derecho que tienen todas las personas al agua potable y su uso prioritario para el consumo humano. A la fecha, el proyecto de acto legislativo se encuentra en debate y, por tanto, la consideración del agua como derecho sigue teniendo como referente la jurisprudencia constitucional. Respecto a esta última, entre 1992 y 2022 se han conocido aproximadamente 72 sentencias de la Corte Constitucional, que ha reconocido el derecho humano al agua.

Desde la perspectiva del enfoque regional, el agua no ha estado orientada a un reconocimiento como derecho, pero sí a las acciones específicas que reconocen el agua y el saneamiento, como parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030. Estas acciones son verificables mediante diversos instrumentos jurídicos y materiales, especialmente de orden gubernamental, que establecen metas e indicadores de cumplimiento de cada uno de los ODS.

Con base en lo anterior, el presente artículo tiene como propósito exponer los principales avances constitucionales, normativos y jurisprudenciales del derecho humano al agua en Colombia y analizar su cumplimiento desde el enfoque territorial, por medio del cumplimiento del ODS 6, específicamente en los planes de desarrollo municipales. Para ello se partió de una metodología de investigación socio-jurídica con enfoque cualitativo, del alcance comprensivo.

Respecto a la investigación socio-jurídica, se hace referencia a la relevancia de esta “para alcanzar los fines políticos que se propone un Estado en un momento histórico determinado" (Bernal y Pacheco, 2003, p. 27), referenciando el derecho humano al agua como uno de los derechos relevantemente discutidos en las agendas políticas y jurídicas mundiales. En correspondencia con lo definido por Hernández, Fernández y Baptista (2010), las investigaciones cualitativas de alcance comprensivo se enfocan en “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos (…) en relación con el contexto” (p. 364).

Así, el contexto de la investigación se abordó desde enfoque territorial del departamento de Caldas y la unidad de análisis comprendió las categorías relacionadas con el derecho humano al agua y al ODS 6, agua limpia y el saneamiento básico.

En primer lugar, esta investigación abarcó como área de estudio el Departamento de Caldas, ubicado en el área andina del país, el cual, según el censo del DANE, cuenta con 923.472 habitantes. En materia de servicios públicos, es un departamento que tiene una cobertura superior a 80% en servicios como: energía eléctrica (98,7%), recolección de basuras, (81,9%), acueducto (88,8%) y alcantarillado (81,2%), representando una importante cifra en términos comparativos con los otros departamentos del país.

En segundo lugar, la unidad de análisis parte de las categorías de agua limpia y saneamiento señaladas en el ODS 6, a partir de los planes de desarrollo de los 27 municipios del departamento de Caldas. Estos constituyeron los instrumentos materiales para el análisis del estado y avances del ODS 6, teniendo en cuenta que los planes de desarrollo presentan las apuestas programáticas del cuatrienio comprendido entre 2020 y 2023, en las cuales se basó el análisis temporal del presente estudio.

El diseño de análisis de la investigación partió de la descripción de las líneas estratégicas que relacionan metas y acciones correspondientes al ODS 6 Agua y Saneamiento, teniendo como base fuentes documentales primarias y secundarias que permitieron situar el referente doctrinal, jurisprudencial y legal del agua como derecho y como objetivo de desarrollo sostenible. Con relación a los indicadores presentados, las cifras de infraestructura de acueducto y alcantarillado como servicios públicos esenciales se derivan de los datos censales del DANE (2018), según la división territorial, frente al número de viviendas señaladas, dispuestos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, que permiten determinar el porcentaje de viviendas con acceso a servicios públicos.

Con relación a las técnicas de recolección de información, se proyectaron matrices descriptivas y analíticas para el análisis de los instrumentos de recolección de información aplicados a las autoridades departamentales y municipales, por medio de derechos de petición y acciones judiciales como forma de garantía de acceso a la información. En total se presentaron 31 derechos de petición y 14 acciones de tutela, mediante las cuales se pudo comprender las prioridades, alcances, cumplimientos y resultados, en los primeros tres (3) años del cuatrienio.

A partir de lo anterior se encontraron cuatro (4) líneas y acciones estratégicas con relación al alcance del ODS # 6 en los 27 municipios del departamento de Caldas, relacionadas con adquisición de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico, la cobertura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, acciones orientadas a alternativas para las zonas rurales, asociadas a disposición de aguas residuales, como es el caso de la instalación de pozos sépticos y el fortalecimiento de acueductos comunitarios como forma de gestión para el acceso al agua.

Desde las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se han hecho diferentes proclamas con relación al agua, siendo el referente más importante la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, la que declaró el agua potable y el saneamiento como un derecho esencial.

A diferencia de países como Ecuador, que define el agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable (artículo 12, C.P) y Bolivia, que reconoció el derecho de acceso universal a servicios de agua potable (artículo 20, C.P), Colombia no define a nivel constitucional y legal el agua como derecho humano. No obstante, la Constitución Política colombiana sí incluye dentro las finalidades sociales del Estado el saneamiento ambiental y el agua potable como parte de sus objetivos fundamentales (art. 366).

En cuanto a reformas constitucionales para incluir el derecho humano al agua como derecho fundamental constitucional, Colombia no registra modificaciones. En el año 2017 se presentó un proyecto de acto legislativo que pretendía incluir dentro del derecho a la vida el derecho al agua; y en el año 2022 resurge la intención de modificación constitucional, la cual aún se encuentra en debate. Casos contrarios presentan países como Perú y Uruguay, que actualmente reconocen constitucionalmente el derecho humano al agua. En el caso de Perú, por medio del acto legislativo 30588 de 2017 se estableció el derecho de toda persona a acceder de manera progresiva al agua potable; y Uruguay, que en 1996 incluyó en la reforma a la Constitución Política de 1967 el acceso al agua potable y saneamiento como derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, el reconocimiento del derecho humano al agua sí ha gozado de un reconocimiento en el escenario judicial, especialmente por el precedente establecido por la Corte Constitucional. Al respecto, Motta (2011) señala que progresivamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional “ha reconocido el derecho fundamental innominado en la doctrina constitucional del mínimo vital al acceso al agua potable como un derecho humano autónomo” (p. 53).

En ese reconocimiento progresivo, la Corte Constitucional ha ceñido sus pronunciamientos a los parámetros internacionales, en principio por la conexión con derechos fundamentales, posteriormente en la garantía del consumo humano y finalmente como un derecho fundamental autónomo.

En el marco del establecimiento del derecho humano al agua, la Corte Constitucional en diferentes fallos, especialmente de tutela, reconoció que su garantía se constituye como una condición previa para la realización de otros derechos humanos y que este derecho incluye una disposición que garantice la suficiencia, la salubridad y la accesibilidad (T-270 de 2007).⁵ Ahora bien, la Corte señaló que el reconocimiento debe incluir tanto políticas como mecanismos de garantías para la exigencia de derechos, que abarcan la esfera individual y colectiva (T-418/2010):

Al mismo tiempo de ese reconocimiento como derecho autónomo, la Corte Constitucional ha dinamizado la multiplicidad de derechos intrínsecos al derecho humano al agua, señalando que el mismo se encuentra en una situación de “indivisibilidad e interdependencia con otros derechos” (T-891 de 2014).

Es así como, para finales de la segunda década del siglo XXI, la Corte Constitucional reconoció que el bloque de constitucionalidad constituyó el fundamento y motivación en cada uno de sus pronunciamientos (T-129 del 2017; T-118 de 2018), dinamizando no solo el precedente jurisprudencial sino también la normativa interna. Al respecto, la Sentencia T-118 de 2018 señaló:

Conforme a lo anterior, el carácter progresivo de las sentencias de la Corte Constitucional se fundamentó tanto en el escenario internacional como en el criterio de conexidad con otros derechos fundamentales, especialmente la vida y el mínimo vital. Por ende, dicha garantía de derecho autónomo con condición de fundamentalidad reconoce el carácter mismo de derecho humano, materializando los siguientes elementos que deben reconocerse al mismo tiempo que se establece el derecho humano al agua y saneamiento: disponibilidad, calidad, accesibilidad.

En primer lugar, la disponibilidad hace referencia a que “el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para usos personales y domésticos” (Ochoa, 2011, p. 316). Asimismo, Recabarren (2016) establece que “tiene relación con el suministro regular del recurso” (p. 322). Este elemento se entiende como la posibilidad de “acceder a la fuente de agua de manera previsible en tiempo y forma” (Bertazzo, 2015, p. 58).

En segundo lugar, la calidad constituye un criterio que se aproxima a la condición de saneamiento, ya que, como lo señala Boettiger (2022):

Por último, la accesibilidad se define como un elemento que “tiene diversas dimensiones, que comprende que tanto el agua, las instalaciones y servicios de abastecimiento, deben ser accesibles física y económicamente para todas las personas en igualdad de oportunidades y sin discriminación, incluyéndose la entrega de información necesaria” (Recabarren 2016, p. 322)^. Estas dimensiones, según la Observación N° 15 de 2002 de la ONU, se conforman por: accesibilidad física, accesibilidad económica, no discriminación y acceso a la información.

A partir de lo anterior, la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad han constituido la base decisoria en las diferentes sentencias de la Corte Constitucional, reconociendo que el derecho humano debe ser garantista, no solo con la disponibilidad del recurso o al acceso de una cantidad mínima sino además con el cumplimiento de unas condiciones mínimas de calidad.

Ahora bien, dentro del ejercicio interpretativo de estos pronunciamientos judiciales el criterio principal de análisis es el relacionado con la garantía respecto a la prestación del servicio público, el cual ha sido definido, desde la doctrina jurídica, a partir de los fundamentos de la Corte Constitucional. Autores como Párraga y Ossa (2022) parten de la sentencia T-740 de 2011 para hacer referencia a que “el agua en el ordenamiento jurídico colombiano goza de una doble connotación, esto es que se instituye como un derecho fundamental y como un servicio público” (p. 44) y se recalca la obligación estatal de vigilar y proteger este recurso.

Como antecedente de lo anterior, en la Sentencia T-100 de 2017 se fijaron tres elementos importantes que debe tener el agua para erigirse como derecho fundamental, los cuales son:

En consecuencia, del análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho al agua se puede deducir que este derecho fundamental constituye una garantía en el acceso a un servicio público de acueducto, sin que esto signifique que se trata de dos realidades idénticas. Así mismo, Echeverría y Anaya (2018) fundamentan, desde la Sentencia T-055 de 2011, que la prestación al servicio público de acueducto, constituye el alcance de los fines esenciales del Estado, toda vez que “con la garantía de este derecho se protegen otros derechos fundamentales tan trascendentales como la vida en condiciones dignas y la salud” (p. 6). De manera que, como indica la Corte Constitucional en la sentencia T-282 de 2020, “existe una relación sustancial entre el cumplimiento de los fines del Estado social de Derecho, con la efectiva prestación de los servicios públicos domiciliarios”, esto es, que el derecho fundamental al agua está vinculado con el servicio público de acueducto, pues es un medio para acceder a él.

Con base en lo anterior, se puede decir que el servicio público contribuye a la satisfacción del derecho fundamental al agua según lo señalado por Bernal (2010),

En suma, de lo anterior, el servicio público al agua obedece a la regla fundamental de la que se desprenden todos los servicios públicos: “la regla que impone a los gobernantes la obligación de organizar los servicios públicos, de fiscalizar su funcionamiento, de evitar toda interrupción’’ Camargo (2015, p. 167).

Ahora bien, la categoría principal de este servicio público se ubica en una posición finalista, en tanto el objetivo es la consideración de la garantía de un derecho humano; aspecto mismo que la comunidad internacional reconoce como esencial para el disfrute de todos los derechos humanos. Así lo señaló la Asamblea General de Naciones Unidas que precisó en la Resolución 64/292 del año 2010: “el acceso al agua y al saneamiento (en adelante, es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Las nociones asociadas al desarrollo sostenible enfrentan diferentes enfoques conceptuales, económicos y jurídicos que dependen, como lo señala Moreno (2010), “del momento histórico y del campo científico en el que se esté procesando” (p. 63). Según Moreno, el concepto de desarrollo sostenible se fortalece en la década de los años 80 en la Conferencia de Estocolmo de 1972.

Dentro de las diferentes definiciones y posiciones sobre el desarrollo sostenible es concluyente cómo este concepto es esencialmente discutible, debido a las luchas por las interpretaciones ecologistas y democráticas que contiene (Riechmann,1995).

Jurídicamente y en materia ambiental, el concepto empieza a consolidarse en diversos instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración de Estocolmo 1972 y el Informe Brutland de 1987. Este último, que incluye la dimensión intergeneracional al definir que el desarrollo sostenible es “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

Ambos instrumentos constituyeron un antecedente importante de incidencia en los ordenamientos jurídicos, a pesar de ser instrumentos no vinculantes. En el caso de Colombia, esa incidencia es evidente en las disposiciones del Código Nacional de los Recursos Naturales de 1974 y en la Constitución Política de 1991. Posteriormente, la Declaración de Río de Janeiro expresó que el desarrollo sostenible constituiría parte de sus principios, incluyendo dentro de este el criterio intergeneracional, la equidad e integralidad del desarrollo como parte de la protección del ambiente y como criterio en la producción y consumo.

Ese criterio de integralidad se entiende como la posibilidad de “conciliar el progreso económico, la equidad social y la preservación ambiental” (Strange & Bayley, 2012), aspectos que requieren la materialización en metas y resultados.

Es así como la comprensión de este principio empieza a trazarse en objetivos medibles y verificables. El primer antecedente de esta naturaleza se encuentra en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales se plantean en la declaración del milenio del año 2000 y se representó en ocho objetivos, dentro de los cuales el componente ambiental se reflejó en el objetivo número 7, el cual planteó: “asegurar un medio ambiente sano y seguro”. Estos objetivos se consideraron un punto de partida para la cuantificación de metas, así como de su evolución y consecución (Rodríguez, 2008).

Posterior a los ODM, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible del año 2015 aprobó los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La cuantificación de estos objetivos se trazó por medio de “169 metas y 231 indicadores” (Rodríguez, 2020, pp. 55-56), los cuales corresponden a “193 países alcanzarlos, entre ellos los que conforman América Latina” (Lalama y Ravo, 2019, p. 12).

Ahora bien, aunque los ODS no tienen un alcance vinculante como instrumentos jurídicos de carácter convencional, sí han sido integrados en Colombia a través de los Planes de Desarrollo Nacionales (ley 1753 de 2015 y ley 1955 de 2020) y por medio de estrategias de implementación. Sobre este último aspecto, el CONPES 3918 se refirió a la regionalización de las metas como una estrategia de implementación territorial. Así, mediante políticas, planes y programas, se incluyó las orientaciones de la Agenda 2030, teniendo un rol activo en la definición y negociación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dentro de estos 17 objetivos, cinco responden directamente al componente ambiental y uno, el ODS número 6, “Agua limpia y el saneamiento”, el cual busca: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. Al respecto, Zambrano (2020) señala como metas de este objetivo:

A partir de lo anterior, con relación al cumplimiento de las metas nacionales y atendiendo al enfoque territorial de los ODS, los Planes de Desarrollo municipales han configurado el criterio articulador que orientan las metas e indicadores de cumplimiento.

Con relación al departamento de Caldas, para el cuatrienio comprendido entre 2020 y 2023 presentó el Plan de Desarrollo (PD) “Unidos es Posible”, en el cual trazó cinco líneas estratégicas: Gobierno para la Gobernanza y Transparencia, Ambiente, Tradición y Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Económico y Turismo de Naturaleza, Sentido Social e Incluyente.

El ODS 6 (Agua y saneamiento) se encuentra en la Línea Estratégica: Ambiente, Tradición y Cultura, en el que se encuentran programas como: i) agua limpia y saneamiento, en el sector de Agua Potable y saneamiento básico y ii) Protección del recurso hídrico, en el sector de Sostenibilidad ambiental.

En correspondencia con las orientaciones nacionales y departamentales, cada uno de los 27 municipios de Caldas desplegó por medio de metas e indicadores el ODS # 6, atendiendo a las necesidades específicas con relación al agua limpia y el saneamiento. En el marco de esta investigación se encontraron en cada uno de los planes de desarrollo y sus programas estratégicos, cuatro acciones orientadas al cumplimiento de las metas: i) adquisición de áreas de interés; ii) infraestructura para la cobertura de acueducto y alcantarillado como servicios públicos esenciales, iii) disposición de aguas residuales; iv) atención a sistemas de gobernanza de agua, por medio de la gestión de acueductos veredales.

Los avances y aproximaciones del derecho humano al agua en Colombia son resultado materialmente visible desde el escenario judicial, especialmente por parte de la Corte Constitucional. Si bien se reconoce un avance en las disposiciones constitucionales, la falta de una consagración expresa como derecho autónomo e interdependiente a otros criterios de conexidad se refleja en la carencia de una normatividad que oriente su teleología como derecho.

Ahora bien, reconociendo la importancia del derecho al agua como un servicio público esencial y su garantía mediante acciones judiciales tanto individuales como colectivas, es preciso afirmar y concluir que las gestiones orientadas a la garantía de este derecho abarcan otros aspectos que contemplan la perspectiva normativa, pero también de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible tanto en el ámbito nacional como territorial.

En este sentido, los ODS configuran una política nacional que, por su enfoque territorial, permite el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, pero que al mismo tiempo recoge las necesidades propias de los territorios, según su geografía, capacidades, oportunidades y agenciamientos. Por ende, la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible como metas visibles y medibles en los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales permite identificarlos no solo como parte de compromisos de instrumentos declarativos, como la agenda 2030, sino como compromisos programáticos en cada una de las gestiones de los gobernantes.

En el contexto de esta investigación es concluyente cómo el ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento básico es reconocido en los planes de desarrollo de los municipios de Caldas, por medio de estrategias y acciones que por un lado son enunciativas, pero por otro lado son verificables mediante indicadores que permiten visibilizar tanto el seguimiento como el cumplimiento.

Ahora bien, con relación a las categorías que emergieron como parte de los resultados de investigación, se presentan las siguientes conclusiones:

En primer lugar, con relación a la adquisición de predios de interés ambiental, se puede afirmar que constituye la estrategia de cumplimiento que comprende el deber ser del ODS 6.

Esta adquisición de predios para la conservación del recurso hídrico que surten de agua los acueductos municipales, además de constituir un mandato legal tiene como teleología la responsabilidad del Estado y de sus entes territoriales, de gestionar de manera directa aquellas áreas, propiedades y terrenos que prestan una función social y ecológica por su importancia estratégica. Por esta razón, el legislador priorizó la compra de predios y comprometió la gestión fiscal de los municipios, así como la función de seguimiento de los órganos de control para su cumplimiento e inversiones.

No obstante, el cumplimiento de este mandato legal por parte de los 27 municipios del departamento de Caldas no resulta consecuente ni con lo establecido en la ley, ni en los correspondientes planes de desarrollo. Evidenciar, por medio de la respuesta de las autoridades municipales, un cumplimiento de esta meta, de tan solo 18% para el tercer año del cuatrienio, a pesar de ser parte de las metas fijadas en su promesa programática, resulta ser una cifra que pone en cuestión la gestión de los municipios.

Si bien aspectos relacionados con la dificultad de acceso de la información, así como un déficit de recursos o con una compleja gestión administrativa, pueden explicar la imposibilidad de alcanzar esta meta, lo cierto es que la falta de cumplimiento contradice los avances que el departamento pretende realizar con relación al alcance de los ODS.

Se reitera entonces que la priorización de la compra y adquisición de estas áreas no se trata solo del cumplimiento de la ley, sino del alcance de un juicio de valor normativo para la materialización y garantía del agua como derecho.

En segundo lugar, con relación a la cobertura de servicios públicos como acueducto y alcantarillado, se destaca que en el marco de las cifras nacionales el departamento de Caldas tiene una cobertura óptima y privilegiada con respecto a otros departamentos. No obstante, en lo referente a la especificidad de los municipios empiezan a evidenciarse brechas, especialmente en lo relacionado con las zonas rurales respecto a las zonas urbanas.

Diez municipios de Caldas se aproximan al porcentaje departamental de cobertura en acueducto y alcantarillado. Los 17 restantes tienen un porcentaje de cobertura en ambos servicios inferior a 69%. De estos datos se pueden concluir 2 aspectos: por un lado, la brecha entre la zona rural y urbana se inclina hacía las áreas que no tienen una cobertura total de estos servicios públicos; y por otro lado, preocupa que los municipios con menor cobertura en el departamento no evidencien apuestas y acciones en sus planes de desarrollo para mejorarlo.

En todo caso, para la totalidad de los municipios la prestación del servicio público de acueducto supera siempre en porcentajes la cobertura de alcantarillado. Esto coincide con que previo a la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el saneamiento no era reconocido como un derecho esencial, aspecto que se visibilizaba en una garantía prioritaria para el acceso al agua mas no para el saneamiento.

No obstante, este reconocimiento del saneamiento a partir del año 2010 como derecho esencial, y a partir del año 2015 como objetivo de desarrollo sostenible, constituye una oportunidad para la gestión nacional y de los entes territoriales como parte del fortalecimiento del servicio de alcantarillado, comprendiendo ambos servicios de modo integral e indivisible.

En tercer lugar, con relación a la disposición de las aguas residuales, es concluyente que la instalación del sistema de pozos sépticos integrado como acciones en los planes de desarrollo de los municipios del departamento, configuró una alternativa de atención principalmente en las zonas rurales.

Si bien estos sistemas son significativos en materia presupuestal y de infraestructura, adquieren una representatividad adicional cuando se comprende que el saneamiento no solo hace referencia a las condiciones de calidad en materia de acceso al agua sino también a la disposición de aguas residuales.

Por ende, además de constituir una alternativa con relación al servicio público de alcantarillado, que coadyuva en la ya mencionada brecha entre las zonas rurales y las zonas urbanas, al mismo tiempo cubre un elemento esencial para el ODS 6: el saneamiento.

Por último, con relación a los acueductos comunitarios y la comprensión de las acciones orientadas a la gobernanza del recurso hídrico en los planes de desarrollo, es concluyente que las proyecciones en estos programas son más de tipo enunciativo y descriptivo. Si bien algunos municipios los identifican en número, otros no los identifican, evidenciando que las apuestas orientadas a la gestión comunitaria del agua parte de iniciativas autónomas, que generalmente autogestionan el acceso y garantía de derecho.

Si bien el propósito de las asociaciones de acueductos apunta a un modelo de gobernanza representado en la autogestión, el reconocimiento por parte de las autoridades municipales configuraría un fortalecimiento para la garantía del derecho humano al agua, no solo en el derecho de acceso sino de calidad. En este sentido, la gestión comunitaria del agua es un determinante para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente del ODS # 6. Agua limpia y saneamiento.