Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 2030 todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad (Díaz y otros, 2018). En todo caso, estos objetivos están relacionados con la definición de desarrollo sostenible que, según Giannetti et al. (2020), es un proceso que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

En total se construyeron 17 ODS, en los cuales se reconoce que la acción en un área específica afectará los resultados en otras, y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Por ello, los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados. Al respecto, autores como Raszkowski y Bartniczak (2019) señalan que los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, el sida y la discriminación contra mujeres y niñas.

Ahora bien, dentro de esos objetivos se sitúa la igualdad de género reconocida en el ODS-5, que busca principalmente poner fin a toda discriminación contra las mujeres y las niñas; esta situación no es solo un derecho humano básico, es fundamental para un futuro sostenible ya que está comprobado que la agencia política de las mujeres y las niñas ayuda al crecimiento económico y al desarrollo de un país.

Esta visibilidad acerca de la problemática de la desigualdad de género a nivel global es parte de un conjunto de disposiciones jurídicas que pretenden poner freno a la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres y las niñas, reconociendo y garantizando sus derechos. Así, existen como parte de este conjunto de pronunciamientos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belém Do Pará, 1994). Ambas instancia han sentado un precedente histórico que busca atenuar y disipar cualquier acto discriminatorio que vaya en contra de las posibilidades de libertad y autonomía que como seres humanos deben gozar las mujeres y las niñas. Esto fue ratificado en Colombia con la expedición de la Ley 248 de 1995, que en su artículo 4º consagra que: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos” (Ley 248, 1995).

De esta manera, es importante aclarar que la categoría género se entiende para fines de este artículo como un concepto relacional que permite analizar las complejas designaciones culturales que se adjudican socialmente a las personas y que por lo general están cargadas de particularidades, que ubican en este caso a las mujeres en posiciones de desigualdad con relación a los hombres (Gonzalez et al., 2020; Chamorro, 2019; Chamorro e Irausquin, 2021). Paralelamente, Joan Scott (2011), por ejemplo, plantea que socialmente se han definido diferentes roles y funciones a cada sexo y en el que se han impuesto normas regulatorias del comportamiento sexual de las personas desde una lógica de poder y obedeciendo a estructuras simbólicas culturales que terminan afectando las vidas y prácticas de las personas en las sociedades.

De ahí que las desigualdades que históricamente afectan las vidas de las mujeres y las niñas en el mundo se han venido constituyendo en una preocupación central de los organismos internacionales y algunos gobiernos locales, planteando así el desarrollo de políticas públicas que intenten frenar estas brechas de género. Sin embargo, aún existe una deuda histórica frente a este asunto, puesto que como señala el Fondo Económico Mundial (2021), se estima que se necesitarán 135.6 años para eliminar las desigualdades de género en el mundo, muchos más años que con relación al año 2020, en el que se estimaba que se necesitarían 99.5 años; este dato aumentó debido a la pandemia del Covid-19 puesto que se considera un factor que retrasó el logro de la igualdad a una generación más.

Y este panorama poco esperanzador respecto de la igualdad de género se constata en áreas como, por ejemplo, el acceso al mercado laboral y la prevalencia en labores del cuidado; disparidad en el acceso a cierto tipo de carreras de educación superior, los embarazos en adolescentes y las violencias basadas en género, por mencionar algunos factores determinantes que ubican a las mujeres y las niñas en situaciones de desventaja y en las cuales siguen predominando los estereotipos de género tan arraigados en las construcciones culturales de cada sociedad.

Ante este llamado urgente, se reconoce que el sector empresarial en Colombia, según un estudio efectuado por Pineda-Escobar (2019) están mostrando interés en incorporar los ODS en sus informes corporativos de sostenibilidad; sin embargo, los hallazgos develan que muy pocas profundizaron en el análisis de las metas del ODS-5. Además, los gobiernos locales en Colombia aún necesitan fortalecer diversas actividades para la implementación del ODS-5, como en sus planes de acción, políticas y estrategias nacionales. De acuerdo con ello, este artículo de reflexión pretende identificar el grado de cumplimiento de las metas del año 2030 con relación al ODS-5 en el contexto colombiano.

El documento es de utilidad para actores de los sectores público, privado y de la sociedad civil en Colombia, así como para actores internacionales interesados ​​en las formas en que la agenda global de desarrollo sostenible puede traducirse en acciones locales para solucionar los temas de igualdad de género. Por tal motivo, el artículo fue estructurado mediante los siguientes acápites: (1) abordaje teórico sobre la importancia del ODS número 5, acompañado de una revisión histórica de este ODS en Colombia; (2) planteamiento del diseño metodológico en el que se basó el estudio; (3) descripción de los resultados identificados con relación al cumplimiento de las metas de 2030, específicamente en lo que tiene que ver con el punto 5, y (4) consideraciones y reflexiones finales respecto al tema objeto de estudio.

La historia de los ODS dio inicio mediante una conferencia efectuada en 2012 en Río de Janeiro en la que se estableció un pacto global, sustituyendo los Objetivos de Desarrollo del Nuevo Milenio (ODM), los cuales durante 15 años fomentaron el desarrollo en distintas esferas importantes, por ejemplo, concentradas en la disminución de la pobreza económica, proveer acceso al agua, reducir los niveles de mortalidad infantil y ejecutar acciones que permitieran una salud materna de bienestar. Por tanto, Colombia durante 15 años tuvo la obligación de rendir cuentas y estadísticas respecto al progreso que tenía el país frente a las prioridades de desarrollo que establecen los ODM.

A partir del año 2015 se adoptan mediante las Naciones Unidas los ODS, los cuales contemplaban una agenda global más ambiciosa, reafirmando la necesidad de un compromiso internacional que impulsara la creación de un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad (Urrea, 2021; Ramírez & Rivera, 2015). Desde allí Colombia se involucra con la Agenda 2023 que instituye una manifestación de compromiso ante 17 objetivos que se encuentran en la hoja de ruta del desarrollo sostenible, entre los cuales está el ODS-5 orientado a la igualdad de género (Red de Ciudades Cómo Vamos, 2019).

Según Esquivel & Sweetman (2016), el ODS-5 se considera un elemento significativo para la constelación de acuerdos internacionales que permitan fomentar, ejecutar y verificar la participación social, económica y política de las mujeres hacia la construcción de sociedades con equidad de género.

El ODS-5 abarca un enfoque multidimensional a la igualdad de género con una amplia gama de metas que incluyen poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres, incluidos el tráfico y la violencia sexual y otros tipos de explotación, como, por ejemplo, el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina; también se reconocen el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; la importancia de promover la participación de las mujeres y las oportunidades de liderazgo; y por supuesto, asegurar el acceso universal a la salud sexual y los derechos reproductivos, habilitando la propiedad de la tierra y otros bienes, incluidos los recursos naturales y proporcionando acceso a tecnología intermedia (Stuart & Woodroffe, 2016; Londoño-López,2018). De igual manera, el ODS-5 permite la creación de diversos terrenos para hacer frente a la desigualdad de género generalizada que se encuentra en todo el mundo (Kim, 2017). Este objetivo se establece con la finalidad de que las naciones a nivel global busquen y descubran las causas que generan las brechas de género, a fin de erradicarlas progresivamente (Rosche, 2016).

Estas consideraciones que reposan en el ODS-5 pueden ser entendidas según lo expresan autores como Leach (2015), como es un mecanismo de voz en el que se reconoce que la desigualdad de género simplemente no es aceptable y por ello es “normal” vivir en un mundo donde la mitad de los ciudadanos no tienen los mismos derechos que la otra mitad, lo que a su vez también se reflexiona que es económicamente menos productivo ya que dependerá de solo la mitad de la mano de obra mundial para ayudar a erradicar la pobreza.

El reconocimiento de este problema viene de la mano con el auge y protagonismo que tienen hoy día en muchos países de la región los movimientos feministas que han venido luchando por los derechos y la justicia social, que actúan como un grito de guerra para contrarrestar la injusticia y la marginación e influir en las normas culturales y sociales que continúan negándoles la libertad y autonomía de las mujeres y las niñas en el mundo.

Al respecto, Dhar (2018) revela que el ODS-5 es parte de uno de los logros más importantes que consiguieron los diferentes grupos de mujeres en todo el mundo. Estas luchas feministas contribuyeron a fomentar una conciencia social en el mundo ante la necesidad de desarrollar políticas que permitieran garantizar cambios significativos en la vida de las mujeres y las poblaciones marginadas. Por ello era necesario que, mediante algún pacto global, los gobiernos se comprometieran a tomar acciones concretas para lograr la igualdad de género, incluyendo fortalecer la implementación de leyes, políticas, estrategias e instituciones mecanismos nacionales, así como trabajar para transformar la discriminación normativa y las prácticas de género estereotipadas y sexistas. No obstante, también se hacía pertinente que los gobiernos movilizan recursos financieros adicionales para fortalecer los mecanismos de oportunidad (Figura 1).

Figura 1

Así las cosas, el ODS-5 se reconoce como uno de los objetivos más importantes para el desarrollo sostenible a nivel mundial debido a que muchos de los problemas sociales, económicos y naturales podrán solucionarse si se prioriza la inclusión y la equidad de género en diferentes espacios de participación a nivel político, económico, educativo, ambiental, salud, bienestar, entre otros escenarios.

El estudio se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo que tiene como finalidad, según Mejía (2004), “hacer lectura de palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para tratar de identificar, comprender y analizar un conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno” (p. 278). Coherente con lo anterior, se plantea una modalidad de investigación documental de tipo hermenéutico, esto significa que presta atención a la interpretación de datos, en este caso de documentos relacionados con el cumplimiento de las metas de 2030 con relación al ODS-5. Y es justo este énfasis en la interpretación del texto lo que según Martínez (2006) implica la comparación y el contraste de diferentes fuentes que lleven al significado de lo que representa esta temática en un contexto determinado.

Así, se delimita un alcance del estudio en términos descriptivos que se llevó a cabo mediante la revisión documental de diferentes textos (artículos resultado de investigación, informes, actas, entre otros), los cuales se recopilaron mediante el uso de palabras clave como: objetivos de desarrollo sostenible, género, igualdad de género, brechas de género, justicia social, entre otras palabras que contribuyeron con la selección del material de estudio en el ámbito nacional e internacional. Para el momento de la organización de la información, se utilizó una matriz de revisión bibliográfica en la que se sistematizaron las referencias y se tematizaron según tipo de documento, año, autor, país y resumen.

Posteriormente, para el momento del análisis se emplearon fichas de contenido textual en las que se recuperó información relevante concerniente a los logros y dificultades del cumplimiento de los ODS-5. En este sentido, los documentos permitieron dar respuesta a: ¿cómo va el cumplimiento del ODS-5 en Colombia respecto a las metas de 2030? Y, por último, se identificaron categorías que permitieron proponer líneas de análisis que aportaron a la argumentación de los resultados que presenta este artículo de revisión.

En primera instancia cabe resaltar que la medición oficial de los ODS en Colombia se registra en la plataforma digital del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con los exploradores de datos discriminado por metas e indicadores. En el CONPES 3918 de 2018 se reglamenta la Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, donde se identifican las 5 metas que a continuación se presentan, con sus respectivos indicadores para dar respuesta al ODS-5; asimismo, se proveerá una interpretación de los datos allí suministrados más un breve análisis con base en otras fuentes nacionales y regionales -América Latina y el Caribe-:

Respondiendo a los cinco ejes planteados para el abordaje interseccional de la consecución de la igualdad de género, violencias, discriminación, equidad, empoderamiento y participación, y a la luz de los resultados y discusión expuestos, se concluye inicialmente que es necesario garantizar a las niñas, jóvenes y mujeres una vida libre de violencias, explotaciones y discriminaciones por razones de género e identidad.

En materia legislativa Colombia tiene blindajes para la sanción e investigación de los crímenes por razones de género desde hace varias décadas; sin embargo, esto no impide las causas estructurales de reproducción de actuaciones en contra del desarrollo y bienestar de niñas, jóvenes y mujeres, hechos que se evidencian en las cifras por indicador en el cumplimiento de la meta a 2030.

De otro lado, es importante aportar al objetivo de lograr la igualdad de género, lo que implica transformar activamente la sociedad colombiana hacia escenarios donde las niñas, jóvenes y mujeres cuenten con acceso a educación básica y superior pero asimismo encuentren una correspondencia de ofertas remuneradas laborales sea en los contextos rurales o urbanos. Esto está asociado a la disponibilidad de recursos económicos y materiales en todo su ciclo de vida mediante acceso a tecnologías como a patrimonio y tenencia de propiedades y tierra para el caso específico de las mujeres rurales.

Así mismo, se consideró que el reconocimiento de las prácticas de cuidado no reconocidas ni remuneradas, trabajos domésticos y otros trabajos tomados como voluntarios, deben ser abordados estatalmente, regulados mediante políticas públicas efectivas que redistribuyan las sobrecargas que actualmente enfrentan las niñas, jóvenes y mujeres en las esferas familiares, comunitarias y como ciudadanas. Para este aspecto hace falta destinar recursos de infraestructura y de ordenamiento de gastos en materia de protección social.

Las cuotas de género o discriminación positiva que garantizan la representatividad femenina en cargos y candidaturas son solo una arista de la participación de las mujeres en las esferas públicas, directivas y como mandatarias, hace falta comprender las implicaciones que conllevan dichas posiciones en cuanto a hostigamiento, capacidad de agencia y emancipación en la toma de decisiones desde los lugares ocupados.

Por último, se concluye que es indispensable conocer las barreras que enfrentan las mujeres de todas las procedencias de Colombia y con las diversas identidades por raza, etnicidad, clase social, medios de vida y otras, para desarrollarse libremente en sus proyectos de vida, debe significar apuestas de políticas macroeconómicas que respondan a necesidades puntuales con enfoques poblacionales por grupos etarios y territoriales.