Aunque no desaparecen los desafíos en gran parte de la región, la forja de un cambio de ruta en la administración pública, partiendo de la inclusión de novedosas prácticas en la dirección del Estado y la obtención de un talento humano debidamente formado es lo que le ha permitido a América Latina dar un giro de 180 grados frente a la comprensión del Estado, por cuanto esto mismo implica un salto cualitativo en la forma en que se proyecta la labor directiva de nuestros países. Si bien es cierto el lenguaje social y la propaganda política han estado enmarcados siempre en desestimar la figura del servidor público,⁵ entre las muchas cosas que interesan a la ciudadanía, aspectos como la vigilancia pública efectiva son hoy parte indiscutida de nuestras sociedades. El concepto de gobierno abierto, tan ligado al de buen gobierno, se encuentra inserto en el ideario de organizaciones como la OCDE, que con decidido acento hace notar los avances obtenidos por América Latina con relación a las labores que varios de nuestros países han adoptado para prestar mejor atención a las demandas del administrado. La implementación de reformas en la institucionalidad de algunos de nuestros Estados ha conducido a la creación de sistemas de administración en que la transparencia, la rendición de cuentas o el acercamiento a la comunidad son parte irremediable de todo gobierno la latinoamericano, como también lo anota el CLAD en su Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016) en virtud de la cual en su capítulo tercero expresa que “Los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena administración pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana”.

Dicho lo anterior se deduce que, en el escenario de estos planteamientos, la concepción de acuñar una fuerte aproximación a conceptuaciones orientadas a dar un paso adelante en la administración pública latinoamericana, es el resultado de acallar las dificultades que han caracterizado a muchos de nuestros países por tantos años. No está demás anotar que, sin embargo, todavía no se ha logrado clarificar dichas conceptuaciones, tomando en cuenta que, en ocasiones, se plantean sin estimar la realidad social, la cultura política, la historiografía o la economía de nuestra región. De hecho, con un cierto grado de imprecisión todavía se habla del concepto de “país en vía de desarrollo” a todas luces asumiendo que otros países (por ejemplo, los denominados países industrializados) ya han abandonado su carrera por el alcance de un desarrollo sostenido en atención a que, en virtud de esta circunstancia no requieren emprender esfuerzos para obtener mejores condiciones de vida.

Bajo esta óptica, hoy más que en cualquiera otra época, el deseo de lograr una vida de conformidad con el bienestar humano se evidencia, del mismo modo en Haití⁶ (sin duda el país más deprimido de América Latina), que en alguna de los países de Europa occidental o incluso que de los países sudamericanos. Es así que, desde un punto de vista teórico, el concepto de “país en vía de desarrollo” es una posibilidad, aunque bien vale aclarar que no lo es en términos reales. En tal circunstancia la terminología referente al desarrollo, si bien sugiere que todos los países se encuentran en vía de desarrollarse, es menester igualmente mencionar que la dinámica económica de algunos países ha generado significaciones como la de “país emergente” para referirse a aquellos que se han mostrado más próximos a obtener un estado de industrialización. Entre otras definiciones para este concepto se ha propuesto aquella según la cual un país se entiende emergente si recientemente se ha industrializado, esto es, por cuanto su economía no alcanza el lugar de aquellas ya desarrolladas, pero han obtenido avances concluyentes en relación con el grupo de países en desarrollo.⁷

Según como se podrá observar, no hay una única definición para este concepto. De hecho, con la metodología de ordenar algunos países partiendo de acrónimos instintivamente organizados, se identifican aquellos que dependiendo de sus características macroeconómicas se ubican dentro del grupo de los emergentes. Con base en estos planteamientos, la EAE Business School en Madrid, de acuerdo con lo expresado por el Banco Mundial, menciona a los BRIC (Brasil, Rusia, India, China) lo cual no deja afuera variaciones en estos acrónimos, si se toma en cuenta que del mismo modo algunos países árabes (BRICA), además de México (BRIMC) y Argentina, agrupados con Vietnam, Indonesia, Sudáfrica y Turquía, bajo el acrónimo de “VISTA” constituyen esta denominación. De otro lado, así como ocurre con Brasil y México, la referida escuela de negocios hace notar que el sistema de información financiera estadounidense Dow Jones considera a 35 países como mercados emergentes, siendo Argentina, Chile, Colombia y Perú los mercados referentes de esta lista en América Latina. En efecto, según la ex directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, este último país constituye junto con Brasil y México, según sus propias palabras, la “nueva ola de mercados emergentes”. Como novedad dentro de estas siglas se encuentran los CIVETS, conformados por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfrica.

Finalmente, no es un pensamiento alocado sugerir buenos augurios a América Latina si algunas de sus economías hoy reúnen algunos elementos del denominado “mundo industrializado”. En efecto, ese deseo de ponerse en sintonía con aquellos países es el nacimiento de la Alianza del Pacífico en 2011, una iniciativa económica y de desarrollo del presidente de Perú Alan García del cual también son parte Colombia, Chile y México, con la posibilidad de ver próximamente a Ecuador y Argentina integrando este selecto grupo. De acuerdo con su página web “Este es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran.” En todo caso, está claro que siempre habrá lugar para la reinvención en estos aspectos toda vez que todavía hay mucho por hacer, según lo manifiestan Leopoldo Fergusson y Pablo Querubín:

Las manifestaciones ciudadanas acaecidas en Chile,⁸ Colombia y Cuba en atención a gobiernos políticamente desbalanceados, son una muestra del descontento generalizado de poblaciones apartadas del orden lógico que comporta la dirección estratégica en la administración pública. En efecto, de acuerdo con los planteamientos del periodista y escritor argentino Andrés Oppenheimer, América Latina sigue anquilosada frente a las posibilidades de obtener el desarrollo económico de otras latitudes, claramente armonizadas con un proyecto de administración multinivel, sostenido a propósito de la economía del conocimiento, siempre de cara al futuro, por oposición al estancamiento de una región todavía atada al pasado. Pero tal situación no es gratuita. A finales del siglo XX América Latina experimentó una situación social cada vez más difícil de manejar, que vio la necesidad de recurrir al soporte económico que Estados Unidos generó, sin que esto hubiera significado el salto social que se esperaba. Es la llamada “década perdida” (Tabla 1), la denominación con que se definen las crisis económicas sufridas en América Latina a lo largo de la década de 1980, sin que, valga anotarlo, muchos países latinoamericanos hayan podido superar los embates causados por deudas externas impagables.

Tabla 1

DÉCADA PERDIDA EN AMÉRICA LATINA
PAISES	DESCRIPCIÓN DE LA CRISIS
Argentina	Hacia 1976 se hicieron reformas macroeconómicas con base en un proceso de apertura económica a causa de una gran cantidad de importaciones. Aumentó el desempleo, así como las quiebras empresariales. Con una inflación alta, se generó una serie de devaluaciones durante 1981, la cual provocó un intenso malestar social.
Brasil	El alto precio del petróleo facilitó la explotación de sus diferencias comparativas, se profundizó la industrialización y se consiguió un elevado crecimiento económico, no obstante, sufriendo un gran endeudamiento y una progresiva inflación entre 1974 y 1980 dificultando así el pago de sus obligaciones.
Chile	La crisis chilena de 1984 se produjo durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Hacia 1978 a 1981 Chile vivió un período de bonanza, la cual se percibe por la expansión económica dado el bajo precio del dólar. Sin embargo, el alza de las tasas de interés, el bajo precio del cobre y la desventajosa industria nacional frente a las importaciones causaron un sobreendeudamiento causando una paralización de la economía.
Colombia	Aunque la situación en Latinoamérica estuvo caracterizada por la corriente hiperinflación y las recurrentes devaluaciones, Colombia, que estuvo igualmente afectada por cuestiones de gran tensión económica, no entró en refinanciación de la deuda. Mientras en algunos países la emisión de dinero fue la base de financiación para los excesos fiscales, el desastre inflacionario permeó la región. Colombia, con inflación entre 20 y 30%, era vista, a nivel internacional, como un país macroeconómicamente bien manejado, digno de ser tomado como ejemplo, aun a costa de no poder responder a sus necesidades internas.
México	La llamada quiebra mexicana de 1982 se da al no poder cumplir con los pagos de su deuda externa, y esto, además a causa de un aumento de las tasas de interés que se llevaron a cabo en muchos países industrializados y por los distintos problemas económicos, que ocasionó que los capitales fluyeran hacia mejores posibilidades de rentabilidad a corto plazo.
Perú	La situación en Perú estuvo marcada por los serios inconvenientes que el clima (en concreto el fenómeno del “El Niño” que devastó la agricultura) y la escalada terrorista de Sendero Luminoso causaron a su economía. Se introdujo elinticomo moneda nacional en 1985 en remplazo del sol. Ese año asumió Alan García como presidente, con un programa económico que buscaba un mayor gasto fiscal y la limitación de los pagos de la deuda externa. Sin embargo, su gobierno fue marcado por la hiperinflación y el aumento de la pobreza, la cual pasó de 41% a 55% entre 1985 y 1991, año de la introducción delnuevo sol.
Venezuela	Durante los años 70 se aprovecharon los altos precios del petróleo, con lo cual se produjo un superávit que consecuencialmente dio al gobierno de Carlos Andrés Pérez la posibilidad de nacionalizar las industrias básicas, endeudándose con el exterior. En 1981 y 1982 el crecimiento fue prácticamente nulo. La deuda se tornó impagable, razón por la cual Luis Herrera Campins se vio obligado a devaluar la moneda. Desde entonces y hasta 1990, Venezuela vivió entre recurrentes devaluaciones y una creciente volatilidad inflacionaria.

Fuente: elaboración propia (2021).

Una vez observada la dramática situación de América Latina durante los años 80, una serie de iniciativas fueron puestas en marcha para de algún modo recomponer el descalabro económico sufrido por estos territorios, evidentemente resultado de la poca o ninguna disciplina administrativa de los gobiernos en curso, dejando sin peso el siempre deseado desarrollo. En medio de esta vorágine se generaría el denominado Consenso de Washington, el cual significó un cambio de paradigma en cuanto al papel histórico del Estado, toda vez que se presenta en un momento de desgaste del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, con lo cual existía terreno fértil para la implementación del modelo neoliberal, bajo el cual se incentivó progresivamente la competencia entre los países de la periferia y se fortaleció el modelo exportador. La razón de fondo de estos cambios apunta hacia el objetivo de hacer bajar los precios de los productos que la periferia exporta para bajar los precios de producción en el norte, aumentando así el porcentaje de ganancias.⁹

La crisis experimentada en los años ochenta en América Latina y el Caribe tiene sus orígenes en los desequilibrios macroeconómicos internos y situaciones externas que se evidenciaron durante la década de los años 70, como resultado, por un lado, del alza de los precios de los hidrocarburos, y por el otro, la devaluación del dólar, que generó una avalancha de divisas hacia América Latina y el Caribe. Esto propició que durante los años setenta la formación bruta de capital fijo con relación al incremento del PIB fuera muy superior, además de que el gasto en consumo se incrementara, en términos generales. Por tanto, el gasto total también creció en la mayoría de los países y mucho más que sus propios PIB.

El incremento del gasto fue especialmente más pronunciado en aquellos países exportadores de hidrocarburos, por cuanto sus ingresos se elevaron exponencialmente como efecto de las alzas de los precios de exportación, pero, así mismo, como efecto adverso, los países no exportadores de hidrocarburos se enfrentaron a las desventajas de tener en términos de intercambio un menoscabo durante esos años y, sin embargo, mantuvieron el mismo ritmo de gasto y en algunos casos lo incrementaron, situación que puso a los países a apurar la decisión acerca de si continuaban con el modelo de industrialización impulsado por el Estado o si por el contrario, se inclinaban por el modelo de mercado.

Ahora bien, llegados los años ochenta, se genera un efecto contrario al de los años 70, y es el abaratamiento de las materias primas y el encarecimiento de las tasas de interés en los países industrializados (Estados Unidos y Europa), situación que estimula la fuga de capitales, generando depreciación de los tipos de cambio frente al dólar y trayendo consigo alzas en el tipo de interés real de la deuda, se perdió poder adquisitivo de sus monedas, situación muy grave no solo por lo que significaba financieramente, sino porque además ya se hacía evidente la existencia de un “Estado macrocefálico y una burocracia sobredimensionada” (González, 2018), que hacía prever el fracaso del intento industrializador debido a su incapacidad para revertir la situación, encontrándose inmersos en una crisis de liquidez agobiante.

Lo anterior no era otra cosa que la crisis generada por un endeudamiento sin control, la más seria en la historia de América Latina; los mercados internacionales de capitales en su momento percibieron que América Latina no tiene capacidad de pago de sus préstamos, y en efecto, a partir de agosto de 1982 la mayoría de los países acosados por la situación toman la decisión de abandonar el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones (salvo algunas excepciones) y asumen una nueva estrategia de crecimiento basada en las exportaciones, respaldada por el Fondo Monetario Internacional, en medio de una situación gravosa en la que los ingresos estaban por el suelo; el crecimiento económico estancado a causa de la imperiosa reducción de importaciones, el desempleo en niveles alarmantes y la inflación haciendo estragos en el poder adquisitivo de las clases medias. Es así como a mediados de los años 80, ante la incertidumbre a nivel internacional y viendo que era muy difícil mejorar los problemas de liquidez y capacidad de pago, paulatinamente se acepta estar ante la presencia de un problema estructural de solvencia externa (Garay, 1991, p. 128); se produce entonces el cambio de orientación en las políticas estructurales en América Latina y de acuerdo con Lora (2012, p. 1),

Así las cosas, y ante este panorama desolador, los planes de ajuste fueron inaplazables para los países más endeudados, como Argentina, Brasil, México, Perú, Chile y Venezuela. Surge entonces la propuesta “salvadora”: El Consenso de Washington, que no era nada diferente a un conjunto de fórmulas económicas neoliberales o, como lo denomina Joseph Stiglitz (2001), “creencias ideológicas y convicciones teóricas” respaldadas e impulsadas por varios organismos financieros multilaterales¹⁰ entre los años ochenta y noventa, concretamente en 1989, en el que el economista británico John Williamson verificaba las diez medidas económicas que establecían el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas propuestas constituyeron una fórmula del neoliberalismo de diez puntos ideales para conjurar la crisis económica en Latinoamérica, convertida en una profunda recesión históricamente conocida como la década perdida.

Durante los años de la crisis que configuró la economía de América Latina, estos organismos financieros exigieron aplicar esas medidas para conceder créditos y “ayuda” financiera. En plena crisis económica mundial a finales del siglo XX, muchos países se vieron precisados a acatar el decálogo, especialmente los países más afectados de América Latina, sumidos en deuda pública, inflación, indisciplina fiscal, falta de competitividad internacional y crisis políticas y económicas; se necesitaba la ayuda de la divisa estadounidense. Sin embargo, hay que decir que prácticamente toda América Latina y el Caribe adoptaron estas medidas de ajuste, resumidas en estrategias de recorte, privatización y descentralización, pues ningún país del subcontinente se escapaba de la indisciplina en sus administraciones y economías y, como lo planteó Stiglitz (2001), por entonces, «las políticas del consenso de Washington fueron diseñadas en respuesta a problemas muy reales en América Latina y tenía sentido considerable aplicarlas», aunque posteriormente sería un crítico abierto de las políticas del FMI.

Llegados hasta este punto, la historia sociopolítica en América Latina deja sensaciones agridulces. Se sugiere así una serie de inquietudes como, por ejemplo, los porqués de la desidia de las instituciones para conducir el Estado, en ocasiones generando logros en algún momento, pero que durante una gran parte de nuestra historia siguen sin tener ninguna variación. El comportamiento inexplicable frente al cumplimiento irrestricto del ordenamiento establecido riñe con la obtención de resultados efectivos, amén de esa normatividad, sin la cual se podría obtener una vida, no necesariamente de sibaritas, pero sí de seres humanos en el sentido más amplio de este concepto. América Latina es fiel muestra de ello. Mientras la tendencia al cambio es característica del llamado “mundo industrializado”, esta región continúa sin adaptarse al paso firme que exponen esas latitudes, casi todas nacidas en la ignominia y la pobreza, pero hoy son el eje de una transformación permanente frente a contingencias nunca despreciables como la depredación medioambiental, el terrorismo internacional o el detrimento de la salud pública que lesiona nuestra calidad de vida, es decir, haber logrado seguridad humana, movilidad social y convivencia pacífica.

La modernización estructural de las instituciones latinoamericanas representa una necesidad siempre latente. La implementación de nuevos modelos y paradigmas en la dirección del Estado es el primer paso frente a vicios de la administración como el ejercicio estático de los procesos de gestión pública. Como bien lo enseña Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. En favor del reconocimiento a un mundo siempre en movimiento, recientemente se eleva con un acentuado tono el concepto de innovación pública, el cual invita a deconstruir el entramado burocrático contemporáneo en razón de anacronismos administrativos y con ello poder enfrentar los retos que, sin embargo, todavía se retrasan por cuestiones como la carencia de una voluntad política y un gobierno abierto, restándose dinamismo y la consiguiente transformación en la dirección del Estado. De otra parte, es menester anotar que, si bien se requiere un sostenido ritmo de cambio en la administración, es igualmente necesario anotar que ese cambio en las instituciones no es a cualquier precio.

Con gran preocupación acerca de estas cuestiones, la periodista colombiana Ana Bejarano Ricaurte ha puesto en camino de discusión la histórica costumbre de generar cambios baladíes en el interior de las instituciones, todo reduciéndose a cambios de nombre y sin que se produzcan resultados considerables, como, por ejemplo: “Ese gesto es en realidad una necesidad: la de cambiar una estética intrascendente, que conlleva un gasto enorme e injustificado en plena crisis económica. Desde una mirada más detenida, es también un síntoma de una manía muy colombiana: la de cambiar todo para que todo siga igual”, Y agrega: “Más tarde, en 1958 Giuseppe Tomasi di Lampadusa publicó El Gatopardo, una novela que retrata a la perfección a cualquier aristocracia resistente al cambio: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie””.¹¹

Como parte de esta misma preocupación subyace una necesidad de revisar cómo se conciben las políticas públicas y por qué es tan difícil acudir a una dirección estratégica en América Latina. Algo de lo que explica esta aporía es la actitud condescendiente frente a la corrupción, con la que se ha vivido en nuestros países. Ante esta situación, el profesor Quim Brugué-Torruella se ha pronunciado en los siguientes términos:

Sin que parezca una redundancia, nuevamente aparece el concepto “Estado Social de Derecho”, tan necesario como eje rector de las aspiraciones de lograr, primeramente, libertad humana y, por otra parte, orden institucional. Estas conceptuaciones así concebidas sugieren el escenario ideal del Estado moderno, pues se consolida con base en un aparato sistémico comprensivo de las contradicciones que regularmente expone la dirección estratégica. Es en sí mismo el reconocimiento de un sentido democrático en la práctica de orientar los administrados, de tal manera que se susciten: la confirmación del pluralismo, el derecho de participación ciudadana, el bienestar social como derecho subjetivo y los límites al ejercicio del poder. Esto mismo merece particular atención en América Latina, donde los excesos en los gobiernos han sido reiterativos en gran parte de nuestros países, esto es, acudiendo a procedimientos muy lejanos a la lógica del buen gobierno, ese que se estila por oposición a la violencia y el ejercicio malsano de la economía.

El ecosistema de la innovación debe estar soportado sobre la base de un contrato social francamente asumido, entendiéndose que es así y solo así como será posible enfrentar los retos que puedan interesar a las comunidades, como los sociales, medioambientales, tecnológicos, financieros, sanitarios, etc., y dando cabida a una gobernanza multinivel en que toman parte los distintos sectores del orbe ciudadano con un sentido colaborativo (Mairal, 2011, p. 4). Ya lo expresaba el abogado y periodista colombiano Álvaro Gómez Hurtado con base en la expresión “Acuerdo sobre lo fundamental” concepto que en palabras del periodista Alberto Casas Santamaría, entrevistado por el diario El Nuevo Siglo, se explica de la siguiente manera:

La evidencia teórica y empírica sobre la modernización y transformación sociopolítica de una sociedad es, en gran medida, resultado de la disposición que tenga el Estado para generar cultura administrativa. La orientación de la labor institucional, entonces, deberá estar sujeta a un tejido de buenas prácticas con base en las cuales se podrá aclarar el papel que deben cumplir los diferentes sectores de la administración. Desde luego, no es sí mismo un procedimiento que traiga consigo respuestas inmediatas a los problemas sociales largamente sin solución. No obstante, la consciencia colectiva del momento histórico en que se vive crea el escenario para revisar qué se ha hecho o se ha dejado de hacer en lo público, situación que implica acercarse a los procesos de maduración social en otros lugares del globo, así como el adelanto de políticas públicas de mediano y largo plazos. Acceder a una cultura administrativa puede significar un proceso complejo, en ocasiones a un costo bastante alto si se consideran las distintas intenciones que puedan surgir a lo largo de los procesos de administrar nuestras ciudades. Sin embargo, indudablemente los países comparten algunas afinidades históricas, culturales y de desarrollo que, si bien no representan una cercanía irremediablemente correspondiente, son muchas más las circunstancias en que es posible emprender un orden institucional en favor de una cultura administrativa, también entendida con base en la filosofía del buen vecino.

De acuerdo con el caso particular de América Latina, se podrá apreciar que atraviesa hace varios años un proceso de transformación regional caracterizado por no pocas propuestas y una gran cantidad de organismos en los que no se concretan las motivaciones por las que se dieron origen. Tal vez sea esta realidad la que no ha dejado evidenciar las cuestiones realmente importantes para esta región. El velo histórico que ha acompañado por tanto tiempo a América Latina ha dificultado la concepción de una conciencia común, coherente, además, con los valores históricos que la describen. La cultura administrativa se construye tomando en consideración el sentido real del servicio público, de tal manera que aspectos como la eficiencia administrativa puedan generar confianza. Es a lo que el Ministerio de Administraciones Públicas de España invita, entendido esto sobre la base de la modernización del Estado, toda vez que de otra manera es muy difícil consolidar cultura administrativa.

Sobre estas cuestiones se ha expresado el mencionado Ministerio:

Parece reiterado decir que no hay en el mundo ninguna obra pública que antes no haya pasado por la decisión de un funcionario del Estado. Atentos a las directrices y preceptos propios de la administración pública los administradores, por lo menos, así lo indica el sentido común, la complementariedad, la evaluación de los procesos y, por tanto, el minucioso control de las actividades de la dirección socio-política, siempre serán trasunto del orden indiscutido en la debida prestación de los servicios públicos.

Sin embargo, si usted vive en América Latina, con excepción de algunos de sus territorios, sabrá que debe ocurrir algo más que una toma de decisiones para que lo ordenado por la Constitución sea ciertamente palpable, realizable. En efecto, despropósitos como la tramitomanía, la celebración de contratos inocuos o la falta de un concurso entre las instituciones del Estado, desequilibran la balanza del quehacer gubernamental. La gerencia municipal, que debe edificar el aparato administrativo adecuado para hacer frente a males tan nefastos como la corrupción, en los últimos años nos ha hecho pasar por situaciones que de modo flagrante cierran el acceso a la realización de los propósitos definidos en nuestra propia ley capital. Son tan graves estas cuestiones que la legitimidad de los directores públicos pierde un soporte institucional en tal medida que en consecuencia empobrece a todo el sistema político de los municipios.

Dar cabida al ejercicio adecuado de las actividades de gobierno exige hacerse a la atención irrestricta de la transparencia y eficiencia en cada uno de los procesos de gobierno, esto es, con una planeación que responda con disciplina política a los requerimientos establecidos por la moral pública y señalando un derrotero administrativo enmarcado en valores como son la imparcialidad y el debido respeto a los dictados de la función pública.

Dicho esto, la necesidad de un nuevo paradigma en gestión pública y gobierno evidencia que todavía hay mucho que hacer para alcanzar el logro de una administración pública que se enfoque en formas modernas de dirigirse al ciudadano, lo cual significa que el sector público de manera imperiosa debe hacerse, por ejemplo, al mejoramiento constante de los procesos, siendo este el resultado de un talento humano y consecuentemente una gobernanza multinivel y una gobernabilidad fuertes, que se construyan con la participación de los administrados en la toma de decisiones.

¿El problema es de leyes, de academias y formación ética para nuestros funcionarios?

Pues bien, tal como se ha referido en esta disertación, las secuelas de una conciencia administrativa sin soporte ético suponen el detrimento de la res publicum en un grado de onerosidad tan grande que se sale de lo que podría inteligirse. No han sido pocas las ocasiones en que, tratando de paliar eventualidades inadmisibles por malos manejos del erario, ha sido la justicia pública quien a partir de recursos jurisprudenciales ha buscado soportar las cargas generadas por los vacíos de la administración, una tarea que por demás entorpece otras funciones de la estructura judicial que pueden ser más importantes y trascendentales para la Nación.

Se percibe así que, dentro de las muchas formas en que se puede ejercer la gestión pública, es quizás el cumplimiento de la normatividad vigente el instrumento de equilibrio social que más se estila, toda vez que se entiende como garantía de un orden y justicia que apunten a la realización de sistemas sociales más próximos a la lógica de las sociedades contemporáneas, las cuales se caracterizan por la incorporación de nuevos modelos en la gestión de los diversos recursos que el Estado puede ofrecer.

De otro lado, no se puede desatender la voluntad política de los operadores administrativos, tan necesaria si se desea la realización de los propósitos públicos. Aunado a esto no es un despropósito pensar que ha sido la falta de un acuerdo sobre lo fundamental lo que ha impedido a algunos de nuestros municipios superar el dificilísimo problema de lograr una reconciliación general que conduzca a reconocernos como parte de un mismo proyecto de realización social y política. Las carencias de un control social cierto dificultan mucho la obtención de los objetivos trazados de permitirnos, educación con calidad, salud integral, vivienda digna o seguridad humana; estos derechos son solo algunos de los que todavía siguen sin capitalizarse.

No obstante, agrada el hecho de que, para bien de la superación de nuestras penurias, el mundo de hoy no se mantiene estático. En la cotidianidad de las distintas instituciones del mundo actual se pueden ver, en mayor o menor medida, los procesos de planeación, evaluación y ejecución de proyectos a partir de los cuales las políticas públicas ayudan a ver realizados los beneficios que pueden significar el avance de los programas propuestos por las diferentes administraciones a fin de alcanzar el mejoramiento de los distintos sectores de la sociedad. Desde luego, no es fácil. El presente escrito ha expuesto las dificultades en que se yergue la gestión pública contemporánea. Pero ya habiéndose emprendido la carrera por una administración pública más ajustada a la innovación y a la modernización del Estado, se crea la esperanza de vernos organizados sobre la base de propósitos alcanzados.

La gestión pública y todo lo que la rodea permite no ver tan lejanos los resultados de sus iniciativas, toda vez que se reconoce en esta disciplina y práctica administrativa que no es posible una gestión, ni tampoco seguridad humana, si de por medio no existe el cumplimiento de los principios de equidad, eficacia, eficiencia, moral cívica o buen gobierno. Entonces es válido asegurar que la gestión pública es un instrumento idóneo para acallar las no pocas contrariedades que la historia política de América Latina ha tenido que ver teñida de sangre y corrupción. Al contrario de estas realidades, más temprano que tarde será posible pensar en palabras que en muchas épocas se nos han hecho esquivas, como sostenibilidad, seguridad y desarrollo. La gestión pública con calidad es posible. Hay que dar el primer paso.