Hoy día siguen vigentes algunos aspectos importantes de las teorías clásicas de la organización, entre las que se destaca la administración industrial y general, descrita por Henry Fayol en su obra La administración industrial, publicada en 1916 (Murillo Vargas et al., 2011). Esta considera que la empresa puede estar dividida en seis operaciones: técnicas, comerciales, financieras, seguridad, contables y administrativas.

Se resalta esta teoría para la investigación presentada, dada la importancia de la operación contable en la que se involucran algunos elementos como inventario, el balance, el precio de costo y la estadística; además teniendo en cuenta que se consideran las operaciones de contabilidad como “[…] un medio por el cual ayuda a completar el análisis de la situación de la empresa, en suma plantea que la contabilidad debe poseer dos características: claridad en la información y sencillez para su manejo”. (Murillo Vargas et al., 2011, p. 204).

Dado lo anterior, la contabilidad permite a las organizaciones conocer el resultado financiero⁴ para tomar decisiones y prever situaciones futuras, lo cual se obtiene mediante los estados financieros; por tanto, debe atenderse adecuadamente lo operativo y lo legal, dado que en Colombia existe un marco regulatorio relacionado con las obligaciones de las sociedades mercantiles.

Siendo la contabilidad una operación dentro de la organización, deben ser los administradores los encargados de velar por su realización y cumplimiento, lo cual estaría vinculado dentro del tipo de ética de la responsabilidad planteado por Max Weber (Murillo Vargas et al., 2011), entendido como:

A pesar de la mencionada función de los administradores, la elaboración de la contabilidad estará a cargo de un contador público, que es el profesional idóneo designado para tal fin.

Jensen y Meckilng (1976, p. 308) definen “relación de agencia como un contrato, en el cual una o más personas (el principal) contratan a otras personas (el agente) para que realicen determinado servicio a su nombre, lo que implica un grado de delegación de autoridad del principal al agente”. Conforme a esta teoría se plantea la existencia de diversos agentes, con un objetivo de maximización del beneficio, y además que la información debe ser pública y completa; siendo así los estados financieros un requisito que permite presentar los resultados obtenidos por una organización.

Para Ryan, Scapens y Theobald (2004), la teoría de la agencia ha permitido el desarrollo de la teoría de la contabilidad positiva, pues se reconoce la relación costo - beneficio de la información para motivar la toma de decisiones de los agentes.

Además es necesario que se establezcan mecanismos de incentivos y control formalizados en los contratos y en los que se implementan sistemas de información que permiten al principal conocer lo que ha realizado el agente; con relación al presente artículo la importancia de los estados financieros de propósito general, los cuales contribuyen a la toma de decisiones.

Para Sunder (1944) las organizaciones son un conjunto de contratos en las que el suministro de información permite el diseño y la ejecución de estos, en tanto que el control en estas permite el equilibrio entre todos los participantes. Igualmente, considera las funciones de la contabilidad para posibilitar el funcionamiento de la empresa, encontrando dos de ellas que se relacionan con la problemática abordada en el presente artículo, así: “3. Informar a los agentes apropiados hasta qué punto los otros agentes han cumplido sus obligaciones contractuales y han recibido sus derechos 5. Provee una base de conocimiento común de información verificada a todos los participantes para facilitar la negociación y la formalización de los contratos”. (1944, p. 47). Esto representa que el sistema de contabilidad genera estados financieros de propósito general como

Lo anterior se vincula al paradigma de la utilidad, puesto que aborda como concepto principal, que el propósito y objetivos de los estados financiera es el de suministrar información útil a los usuarios (Pereda, 1990). Es preciso, que la teoría contable aborde un marco de referencia que permita satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios, lo que afirma Pereda (1990) al considerar que “bajo este paradigma el contenido de los estados financieros se orienta a cubrir las necesidades de los usuarios; constituye por lo tanto la información un soporte vital para la 'adecuada' toma de decisiones". (Citado por Montes Salazar, Mejía Soto, & Valencia Salazar, 2006, p. 83).

El gobierno corporativo es un conjunto de principios, valores y buenas prácticas empresariales, que permiten que las organizaciones sean eficientes y transparentes, lo que da lugar a promover acciones en materia contable que permitan a los administradores controlar su gestión y verificar el cumplimiento de las políticas contables.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2004), un punto por considerar es la divulgación de datos y transparencia, en la que se incluyen los informes financieros oportunos como fuente de información comúnmente utilizada. Epstein & Birchard (2001) plantean que “Muy pocos directores comprenden plenamente el valor de rendir cuentas claras. No pueden definir este concepto con claridad ni aplicarlo para conseguir ventajas en el día a día ni a largo plazo”. Citando a Handy, C. (1994), precisan que “contar hace las cosas visibles, y el hecho de contarlas hace que las cosas cuenten” (Epstein & Birchard, 2001, p. 18).

En Colombia, no todas las empresas están obligadas a adoptar un código de buen gobierno, pero la Superintendencia de Sociedades, Confecamaras y la Cámara de Comercio de Bogotá (2009) expidieron la Guía de gobierno corporativo para sociedades cerradas y de familia. En esta guía se describen los mínimos legales y contables que con mayor frecuencia incumplen las sociedades cerradas, que son problemas recurrentes que deben ser solucionados y conocidos por los empresarios; estos son en materia contable: la administración no verifica el cumplimiento de los requisitos legales en materia contable; las irregularidades, en materia contable, más representativas detectadas fueron la contabilidad atrasada, falta de soportes contables, entre otros.

Los administradores de las sociedades mercantiles deben concebir la contabilidad “como un sistema de información que interactúa en las distintas áreas funcionales y operativas de las empresas, reconoce, mide y revela hechos económicos a partir de criterios previamente definidos” (Montaño y Rendón, 2017, p. 43). Lo anterior se evidencia en las obligaciones de las sociedades comerciales, que, según el artículo 19 del Código de Comercio (Presidencia de la República, 1971), estipula el deber de llevar contabilidad.

En cuanto a las reglamentaciones vigentes para llevar la contabilidad, la Ley 1314 de 2009 (Congreso de Colombia, 2009) determina que en Colombia todo aquel que está obligado a llevarla debe acogerse al marco técnico normativo contable del Decreto 2420 de 2015, lo que significa que las sociedades mercantiles deben determinar el grupo al cual pertenecen, para así aplicar el reglamento correspondiente.

Son tres los grupos de aplicación; la mayoría de las sociedades comerciales están delimitadas dentro de los grupos 2 y 3, por lo que deberán aplicar las normas correspondientes de conformidad con la vigencia de las mismas por cada período contable.

En cuanto a la obligatoriedad en preparar y difundir estados financieros, el artículo 34 de la Ley 222 de 1995 (Congreso de Colombia, 1995) estipula que, al final de cada período anual, las sociedades tienen dicha exigencia, y que las mismas deben estar debidamente certificadas.

Con lo anterior se establece que sobre los administradores recae directamente dicho compromiso y que son estos los responsables de las obligaciones de la sociedad.

Así mismo, la responsabilidad en la preparación y organización de la información en términos contables es del contador público, quien es el encargado de reconocer, medir y revelar, conforme a las políticas definidas por los administradores de acuerdo al marco técnico normativo contable.

Igualmente el Código de Comercio expedido en 1971 (Presidencia de la República, 1971), incluyó en el capítulo VIII del Libro II, lo correspondiente al revisor fiscal; encontrándose que el artículo 203 estipula las sociedades obligadas a tener dicha figura. También, la Ley 43 de 1990 (Congreso de la República, 1990), en el parágrafo segundo del artículo 13, menciona que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.

Como se puede evidenciar, el revisor fiscal emite opinión respecto del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de contabilidad y presentación de estados financieros, tienen las organizaciones.

La Ley 60 de 1981 (Congreso de Colombia, 1981) reconoce la disciplina de administración de empresas como profesión y dicta las normas sobre el ejercicio de la misma en Colombia; el artículo 4 estipula que para ejercerla se debe contar con título universitario expedido por una institución de educación superior aprobada por el gobierno nacional y con matrícula profesional que expide el Consejo Profesional de Administración de Empresas.⁵

Cabe indicar que para Molina (2006), el concepto de administrador que es abordado en la Ley 60 de 1981 (Congreso de Colombia, 1981) invoca cuestiones funcionales, al considerar que del mismo hacen parte; todas y cada una de las personas que, al interior o en relación con la sociedad, cumplen funciones de administrador” (p. 63); no obstante, el concepto abordado en el presente artículo es desde el aspecto legal, contemplado en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995 (Congreso de Colombia, 1995).

En cuanto a los tipos de estados financieros determinados en la Ley 222 de 1995 (Congreso de Colombia, 1995), están los consolidados, los certificados y los dictaminados. Los estados financieros consolidados son preparados y presentados, según el artículo 35 de la norma citada, por las empresas que son controlantes de otras; el artículo 37 determina que los estados financieros certificados deben ir acompañados de certificación expedida por el representante legal y el contador, en la cual declaren que se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos⁶ y que las cifras son fieles a la contabilidad; el artículo 38 define los estados financieros dictaminados como aquellos que se acompañan de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de este, de un contador público independiente.

Por último, los estados financieros que deben presentar las sociedades en Colombia, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1314 de 2009 (Congreso de Colombia, 2009), y de acuerdo con los tres grupos en que fueron clasificadas mediante decretos expedidos por el gobierno nacional durante los años 2012 a 2014, los cuales se compilaron en el Decreto único Reglamentario -DUR- 2420 de 2015, se presentan en la tabla 1.

Tabla 1

Criterio	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Conjunto o juego completo de estados financieros al final del período	a. Estado de situación financiera.	a. Estado de situación financiera.	a. Estado de situación financiera.
	b. Estado de resultados y otro resultado integral.	b. Estado de resultados integral o un estado de resultados separado y un estado de resultados integral.	b. Estado de resultados.
	c. Estado de cambios en el patrimonio.	c. Estado de cambios en el patrimonio.7	c. Notas.
	d. Estado de flujos de efectivo.	d. Estado de flujos de efectivo.
	e. Notas.	e. Notas.
Decreto 2420 de 2015	Anexo compilatorio No. 1 actualizado	Anexo compilatorio No. 2	Anexo No. 3
Referencia técnica	NIC 1- Presentación de estados financieros, párrafo 10.	Sección 3. Presentación de estados financieros, párrafo 17.	Capítulo 3. Presentación de estados financieros, párrafo 8.

Fuente: elaboración propia.

La Ley 60 de 1981 (Congreso de Colombia, 1981) reconoce la disciplina de Administración de Empresas como profesión y dicta las normas sobre el ejercicio de la misma en Colombia; el artículo 4 estipula que para ejercerla se debe contar con título universitario expedido por una institución de educación superior aprobada por el gobierno nacional y con matrícula profesional que expide el Consejo Profesional de Administración de Empresas.⁸

No obsta agregar que la mencionada Ley no establece que se requiera tal condición -profesional en Administración de Empresas- para ostentar la calidad de representante legal, excepto que los estatutos, disposición interna o convocatoria para proveer ciertos cargos lo determine. Es de esperarse que para algunos cargos de administración o dirección empresarial se cuente con formación en esta disciplina.

La Ley 145 de 1960 (Congreso de Colombia, 1960) reglamentó el ejercicio de la profesión de contador público y la Ley 43 de 1990 (Congreso de la República, 1990) adiciona y modifica la anterior, definiendo el artículo 1 de esta última, al contador como “la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros [… ]”

Además se estableció que los contadores públicos acreditarán su profesión por medio de la expedición de la tarjeta profesional por parte de la Junta Central de Contadores,⁹ la cual actuará como tribunal disciplinario.

Actualmente esta profesión cuenta con el Código de ética profesional consagrado en el capítulo cuarto, título primero de la Ley 43 de 1990 (Congreso de la República, 1990). El artículo 35 determina respecto a la disciplina de la Contaduría Pública que es una profesión que debe satisfacer los requerimientos de la sociedad y que son depositarios de la confianza pública.

Igualmente el Código de Comercio expedido en 1971 (Presidencia de la República, 1971), incluyó en el capítulo VIII del Libro II, lo correspondiente al revisor fiscal; allí se encuentra que el artículo 203 estipula las sociedades obligadas a tener dicha figura. También, la Ley 43 de 1990 (Congreso de la República, 1990), en el parágrafo segundo del artículo 13, menciona que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.

Dentro de las funciones de la revisoría fiscal, contenidas en el artículo 207 del Código de Comercio, se resaltan en materia de contabilidad: la de velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

Como se puede evidenciar, el revisor fiscal emite opinión respecto del cumplimiento de las obligaciones que, en materia de contabilidad y presentación de estados financieros, tienen las organizaciones.