Desde hace varios años, el Sector bancario internacional se encuentra adoptando un sofisticado enfoque para la política de sostenibilidad que el mundo moderno le ha exigido. Muchos son los ejemplos de que la cuestión después de la crisis financiera del 2008 ha abarcado modelos, estrategias y prácticas comerciales. Este documento busca evaluar cómo la comunidad bancaria internacional y en especial la colombiana, está incorporando la sostenibilidad en las estrategias corporativas y qué tan efectiva puede ser su implementación cuando se integra en procesos y decisiones comerciales clave. Teórica y metodológicamente, el texto aborda la interfaz de la estrategia corporativa en términos de impacto sobre el comportamiento y las prácticas de las instituciones financieras, al examinar los efectos de la autorregulación voluntaria. El texto se centra en la compleja relación entre la regulación, las instituciones y el cambio cultural en el Sistema Internacional.

Se precisa, además, que las fallas que contribuyeron a la crisis financiera mundial (incentivos desalineados, asimetría de información, innovación financiera y niveles de riesgo) también plantean riesgos desde una perspectiva ambiental, social y política más amplia. Lamentablemente, hay una escisión entre los esfuerzos simbólicos y sustantivos hacia la sostenibilidad, lo que indica que la sostenibilidad no se integra eficientemente en las estrategias comerciales globales. Por ello, la responsabilidad de precaución requiere más atención, sabiendo que a menudo los esfuerzos actuales de sostenibilidad están impulsados ​​por incentivos económicos y de reputación, para compensar actividades insostenibles.

Como se observará, el texto que a continuación se expone, es producto de un estudio en donde se analizaron, sistematizaron e integraron los resultados de trabajos publicados entre el año 2010 y el año 2019 como artículos de revisión y disertaciones doctorales. Para su entrega final, el texto fue estructurado en tres apartados así: i) La Crisis y el papel de las Instituciones financieras; ii) El Gobierno corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa; iii) El caso colombiano (2009 - 2018). La investigación argumenta el estímulo de una mayor convergencia de la responsabilidad social y el gobierno corporativo, que incorporaría la sostenibilidad en los marcos de autoridad, haría que los asuntos ambientales, sociales y de gobierno fueran más exigibles y que las empresas fueran cada vez más responsables. Sin embargo, estas ventajas probablemente solo se manifestarán cuando la autorregulación se vea reforzada por la regulación obligatoria en áreas críticas. La realidad es que el Sector financiero y los bancos que lo componen son evidentemente importantes para las economías y las sociedades modernas, y si bien es vital que las instituciones financieras mantengan la autorregulación, se requiere un marco de regulación obligatoria para garantizar que la regulación sea operativa y efectiva.

A principios de 2008, las repercusiones de la crisis hipotecaria en EEUU comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave en el sistema financiero estadounidense, contagiando rápidamente al sistema internacional. Como consecuencia de ello, se desató una profunda crisis económica a escala internacional. Se hicieron evidentes, fallas en los mercados financieros, las instituciones, la regulación e inclusive, en la gobernanza. El descontrol desatado en el mercado de valores, el incentivo masivo para de la toma de riesgos y el apalancamiento, y el abandono del compromiso ético de los Gobiernos concurrieron en un vacío regulatorio. Los Gobiernos estaban convencidos de que aligerar la carga de la regulación era la mejor manera para promover una dinámica en los mercados financieros y, por ende, un desarrollo empresarial. Por supuesto, unos años después y tras darse cuenta de las consecuencias de los riesgos no controlados, los gobiernos nacionales y sobre todo las agencias internacionales han promovido una serie de reformas e intervenciones regulatorias en los mercados e instituciones financieras, cuyos efectos aún están en estudio (Aguilar & del Socorro, 2019).

La literatura actual, considera que las causas de la Crisis, fueron principalmente: la promoción de incentivos desalineados, la asimetría de la información y una innovación financiera con niveles de riesgo descontrolado. Causas como la asimetría de información y los incentivos desalineados fueron catalizadores de crisis financieras anteriores, y muchos ya preveían cual sería el resultado. Es así que, el último elemento mencionado como innovación financiera con niveles de riesgo descontrolado, resultó una nueva fuente con peores resultados de los ya conocidos. Durante la Crisis, la exposición del riesgo fue mucho mayor de lo previsto por los bancos. La duda que cabe aquí es si una compensación entre riesgo y ganancias es realmente inevitable y manejable (Fournier Soto & Martín Jiménez, 2016).

Lo anterior, puesto que, el riesgo no solo concierne a la actividad financiera y a sus resultados, sino que también tiene un fuerte impacto en la Sociedad y el Medio ambiente. Especialmente cuando las ansias descontroladas, han dado lugar a la sociedad del riesgo, en donde, preocupa cada vez más el futuro y la utópica seguridad que genera la noción de riesgo. En este sentido y para un ejercicio académico, puede interpretarse el riesgo como una forma sistemática de enfrentar los peligros e inseguridades introducidas por la modernización misma. Así pues, si la asunción de riesgos financieros puede llevar al mismo Sistema financiero y económico mundial al borde del colapso, no requiere mucha imaginación suponer las devastadoras consecuencias del excesivo riesgo social y ambiental en la Sociedad, vulnerable ante la falta de una sólida regulación al respecto. Ello ha producido que, varios grupos de la Sociedad civil salgan a abogar, porque el riesgo se acentúa en peores versiones en un sentido social y ambiental (Otavianelli, 2012).

En este punto, debe distinguirse entre dos tipos de responsabilidades comerciales respecto a la Sociedad. El primero, la responsabilidad de precaución, que implica evitar los impactos negativos a través de las actividades comerciales en un previo modelo de toma de decisiones. Este punto de vista corresponde a las enseñanzas de Kant sobre la moral, que señalan que una persona se adapta a su buena moral cuando actúa de buena voluntad. En segundo lugar, la responsabilidad activa, que es aquella que se impulsa cuando las empresas realizan actividades beneficiosas para la Sociedad en su conjunto. Este punto de vista está entrelazado con la filosofía de John S. Mill, que establece que la moralidad de una actividad depende del grado en que contribuye a la felicidad de las personas (Roca, 2012). Además, si se tiene en cuenta la proyección de un Sistema financiero sostenible la otorgada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, el Sistema debe estar en la capacidad de crear, valorar y realizar transacciones de activos financieros, conformando una riqueza real para satisfacer las necesidades sosteniblemente (Martínez-Ferrero et al., 2015).

La necesidad se hizo evidente, las instituciones financieras no podían más que reaccionar. La autorregulación por parte de las empresas, está incorporada en lo conocido como Gobierno corporativo y Responsabilidad Social Corporativa, dos áreas que se interconectan cada vez más. El Gobierno corporativo puede entenderse como el sistema a través del cual las compañías son dirigidas y controladas, con el objetivo de garantizar que las funciones se ejerzan de acuerdo con la regulación normativa y los códigos de conducta. La Responsabilidad Social Corporativa, por su parte, puede estudiarse como las políticas y prácticas incluidas en las operaciones comerciales, destinadas a maximizar los impactos positivos en la Sociedad, y que buscan si no eliminar, minimizar las consecuencias negativas para la Sociedad y el Medio ambiente (Jiménez, & Fernández, 2014).

Las opiniones sobre el Gobierno corporativo acentúan que debe darse el cumplimiento legal y contable, pero que, sobre todo, debe haber un retorno hacia los accionistas. Un mejor desarrollo sobre el Gobierno corporativo incluye también cuestiones ambientales y sociales en torno a la responsabilidad hacia grupos más amplios y externos de las Organizaciones. La transparencia en la Responsabilidad Social Corporativa se logra de manera más efectiva mejorando la calidad del Gobierno corporativo. Es aquí en donde convergen Gobierno y Responsabilidad Social con la responsabilidad legal y moral de los dirigentes de las empresas (De Rosario, et al., 2012). La principal preocupación de las empresas responsables ya no es cómo mitigar las externalidades negativas de las prácticas comerciales, sino cómo encontrar formas para anticiparse y prevenir las mismas. Este giro preventivo significa un gran avance hacia una mayor responsabilidad de las empresas, lo que va más allá de los esfuerzos simbólicos e implica un cambio importante en el modelo moderno (Guerrero, 2016).

Dada su naturaleza como intermediarios financieros, la Responsabilidad adopta una forma más específica para empresas como los bancos. El impacto de los bancos no solo se mide a través de operaciones directas en oficinas y sucursales, sino también a través de inversiones, que pueden conducir a la participación en prácticas insostenibles. Como los bancos a menudo proporcionan la mayoría de las finanzas externas a las empresas, pueden también exigir o al menos proponer, que estas a su vez, adopten modelos de negocio sostenibles. Cabe destacar también que, los préstamos bancarios tienen un impacto potencialmente mayor en las prácticas comerciales sostenibles si se comparan con el mercado de valores (Soana, 2011).

Entre tanto, en los estudios sobre el gobierno de la sostenibilidad corporativa, se explora cómo los procesos y las estructuras del Gobierno corporativo se utilizan para desarrollar, liderar e implementar estrategias de Responsabilidad Social Corporativa, teniendo especial importancia los enfoques de la junta y la gestión de la sostenibilidad empresarial (Barbosa Ramírez, et al., 2014). Para sorpresa de muchos, los bancos occidentales parecen superar a sus contrapartes asiáticas en general en lo que respecta a los compromisos e informes de política de Responsabilidad Social Corporativa. Ahora bien, debe advertirse que las investigaciones dependen en gran medida de la información disponible en el dominio público (Farinati, 2013).

Por ello, es perfectamente posible que un banco esté haciendo más en términos de sostenibilidad de lo que indican sus datos o que en otro ejemplo, los datos esencialmente consideren los informes más que el rendimiento. Dicho de otra manera, el marco de calificación es un mejor indicador que la manera sustancial en que se desempeñan en los indicadores, aunque por supuesto se espera que unos correspondan con otros (Yeung, 2011).

Por supuesto, todos los bancos abordan los informes de sostenibilidad a su manera. Algunos afrontan la sostenibilidad en su informe anual, mientras que otros, publican un informe de sostenibilidad por separado. La publicación de información de sostenibilidad por separado es anterior a los informes integrados, lo que implica revelar datos de sostenibilidad junto a la información financiera en el informe anual. Esto sugiere que la sostenibilidad se considera una parte central de las operaciones, empero, la difusión de datos entre los informes anuales y financieros muestra que el avance hacia la información integrada todavía está en una etapa temprana de transición (Willems Gómez, 2016). No obstante, puede decirse que las pautas de divulgación de sostenibilidad de la Iniciativa de Reporte Global se han adoptado ampliamente, pues muchos bancos emplean el marco propuesto para guiar sus divulgaciones de sostenibilidad. Las empresas pueden verificar los niveles de aplicación, que indican efectivamente el alcance de la presentación de informes, utilizando una lista de divulgaciones requeridas (De Haan & Vlahu, 2016).

Sin embargo, aun cuando muchas instituciones financieras utilizan el marco de la Iniciativa de Reporte Global, algunas investigaciones sugieren que existe un compromiso simulado. Algunas cifras dan lugar a dudas sobre el alcance y la precisión de las divulgaciones, lo que sugiere que las empresas a menudo hacen afirmaciones inconsistentes. Las preocupaciones sobre la asimetría de información en los informes se incrementan aún más por las noticias que muestran que el aumento de los informes no ha significado el empoderamiento de las partes interesadas de la Sociedad Civil. (Pedroza, 2013).

Quizá para enfrentar ello, actualmente, la mayoría de bancos hacen parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact). El cual es un foro internacional de múltiples partes interesadas que involucra las agencias de la ONU, Organizaciones regionales, interlocutores sociales y, Gobiernos y empresas, con el objetivo de desarrollar relaciones de colaboración continuas. El Pacto Mundial se basa en la implementación de diez principios en cuatro áreas: Derechos Humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción (Mehran, et al., 2011). Ahora bien, aun cuando el Pacto Mundial es aclamado como una plataforma efectiva para discutir el papel de las empresas en la Sociedad, ha tenido un impacto mínimo en las estrategias de Responsabilidad Social (Jeucken, 2010).

Entre sus mayores críticas, se argumenta que sus principios son imprecisos y que no hay una forma real de verificar el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, las empresas se benefician de su pertenencia en el mismo, al asegurar oportunidades de red y una mejor reputación corporativa, bastante conveniente ante el público (Vargas-Chaves, & Marrugo-Salas, 2015). Los defensores por su parte, ante la crítica argumentan que existen malentendidos sobre sus objetivos, puesto que, el Pacto debe verse solo como una adición a la regulación estatal. Sin embargo, es bastante improbable que las empresas sean excluidas del Pacto, si operan en países donde las instituciones de gobernanza doméstica funcionan bien, lo que sugiere que el Pacto en realidad no ofrece una gobernanza complementaria a prueba de fallas de gobernanzas “en transición” (Rosero Villabon, et al., 2013).

Hoy en día, también muchos bancos son miembros de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este es un foro colaborativo de instituciones financieras y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que celebra una cumbre cada dos años, facilitando el diálogo entre los actores del sector público y privado, con el objetivo de promover la sostenibilidad en las operaciones comerciales. Para convertirse en miembro, las empresas deben cumplir con una declaración que dicta que el desarrollo económico de su institución debe ser compatible con el bienestar social y ambiental (De Haan & Vlahu, 2016). De manera similar al Pacto Mundial, las empresas expresan su compromiso con la sostenibilidad, pero aun con la adopción de la declaración, no son responsables ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ni existen sanciones por el incumplimiento del documento suscrito (Herzig & Moon, 2013).

Así, considerando a la Iniciativa como un foro que reúne a las partes interesadas que expresan su compromiso general con la Sostenibilidad, entonces además de estar específicamente relacionado con el Sector financiero, no resulta diferente al Pacto Mundial. Por ello, las críticas a la Iniciativa son similares a las de Pacto, esencialmente porque fomentan un cierto grado de compromiso retórico de las empresas sin los medios reales para verificar con precisión que estos compromisos se traducen en cambios prácticos y fundamentales en las políticas y prácticas institucionales. A pesar de que debe considerarse también, que la iniciativa es un complemento de una política pública y privada, y que puede servir como una plataforma para desarrollar mayores compromisos a lo largo del tiempo. (Serrano et al., 2014).

El grado de transparencia y la existencia de objetivos en instituciones financieras son una labor loable. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que la transparencia a menudo se entiende como un concepto sencillo, cuando en realidad tiene muchas dimensiones, las más importantes a saber: quién revela a quién y hasta donde se divulga para cumplir con lo requerido (Pedroza, 2013). La prevalencia del concepto de transparencia ambiental no es sorprendente, ya que una disminución en los costos ambientales afecta positivamente el desempeño económico, en parte mediado por una mejor reputación. Los incentivos de reputación también pueden dar como resultado una gestión no inspirada de las iniciativas de sostenibilidad: las empresas pueden mantener los niveles de riesgo mientras satisfacen las demandas de las partes interesadas al reproducir las prácticas de sus pares o al aplicar estándares para toda la industria (Cuñat & Garicano, 2010). Pero debe tenerse en cuenta que, el desempeño ambiental a menudo se revela de manera oportunista, y la transparencia como parte de la gestión de impresiones puede deteriorar, en lugar de construir, la anhelada legitimidad (Lizarzaburu, et al., 2019).

En torno a la operalización, la prueba fehaciente de los compromisos ambientales es examinar cómo se ponen estos en práctica. Como el desempeño ambiental es una construcción multidimensional, pues es difícil definir y difundir sus objetivos. Sin embargo, una forma para que las empresas realicen esta tarea de manera efectiva es mediante el uso de un Sistema de gestión ambiental, cuyos beneficios radican en la descripción, sistematización y estandarización de actividades dirigidas a ambiciones ambientales. A su favor, muchos bancos indican que tienen Sistemas de Gestión Ambiental certificados (Gutiérrez et al., 2013).

Es difícil atribuir el desempeño ambiental al uso de un Sistema de Gestión, aunque se ha demostrado que efectivamente contribuyen a la difusión de los objetivos ambientales y a la conciencia en el ejercicio de las operaciones. Sin embargo, un Sistema de gestión ambiental en sí mismo no representa un compromiso completo con la responsabilidad ambiental: Si bien las empresas difunden regularmente los estándares, esto ocurre a menudo de manera práctica, sin incorporar implicaciones normativas y requisitos de las partes interesadas, utilizándolos simplemente como un frente de legitimidad (Bravino, et al., 2016).

Y esto porque, debido a la creciente complejidad de las cadenas de suministro, las empresas enfrentan obstáculos adicionales al implementar estándares de sostenibilidad. En consecuencia, un Sistema de Gestión es una herramienta útil para garantizar que se difundan los objetivos. La investigación empírica demuestra que el argumento comercial para la implementación de un Sistema de Gestión depende en parte del papel de la reputación corporativa: su uso afecta positivamente la satisfacción y lealtad del cliente, así como el desempeño financiero (Pérez & del Bosque, 2014).

A pesar de las crisis, se sigue creyendo en la capacidad de las finanzas para proporcionar soluciones a los problemas no financieros. Los bancos ofrecen una gama de productos financieros “responsables” y algunos mencionan que proporcionan microcréditos a comunidades desfavorecidas u ofrecen productos climáticos, que incluyen inversiones en energía limpia, agricultura sostenible e infraestructura verde (Garcés Freire, 2017). Lo perverso de ello es que, la dependencia de los mercados para proporcionar soluciones a los problemas del Gobierno corporativo, refleja que las responsabilidades económicas impulsadas por el mercado no se traducen automáticamente en responsabilidad social (Herrero, 2015).

Además, la investigación de los índices de sostenibilidad plantea una serie de preocupaciones, como la falta de estandarización y credibilidad de la información, así como el sesgo de calificación y la falta de transparencia e independencia. Además, las metodologías y el cálculo de las clasificaciones de las empresas, son de suprema importancia, pero con poca frecuencia son tenidas en cuenta. Así mismo, se argumenta que los índices promueven una visión estrecha de las responsabilidades corporativas, pues hacen que ciertas áreas de desempeño sean cada vez más visibles, pero dejan otros aspectos sociales y ambientales subexpuestos (Hernández Díaz & Rodríguez Nieto, 2014)

En este renglón, surgen interrogantes acerca de si se pueden combinar las ganancias financieras y sociales, o si las inversiones responsables se basan en un grado mínimo de responsabilidad social, para conseguir el máximo rendimiento de las inversiones. ¿Acaso la inversión responsable representa la retórica del mercado?, o en realidad ¿es indicativa de un compromiso genuino con la responsabilidad social en los negocios y las finanzas? Una mirada a la gestión de riesgos y la selección de sectores podría proporcionar respuestas a estas preguntas (Martínez Villalobos & Montoya Zepeda, 2018).

Algunos bancos mencionan la evaluación del riesgo ambiental en sus inversiones y, si bien esta es una estadística esperanzadora, muchos resultados solo se harán evidentes con el tiempo. En consecuencia, es importante aplicar una escala de tiempo que permita que se manifiesten los riesgos y beneficios desde el comienzo. Algunos bancos mencionan que evalúan los sectores de alto riesgo antes de tomar decisiones de préstamo. Sin embargo, a nivel internacional muchas instituciones financieras continúan financiando actividades insostenibles, como la fabricación de armas nucleares o los principales proyectos de carbón y gas ubicados en sitios del Patrimonio Mundial (Chinguel, 2019).

El cisma entre las finanzas e inversiones "regulares" y las variantes éticas, parece difícil de conciliar y sugiere que no existe un enfoque precautorio. Las instituciones financieras a menudo parecen ambivalentes, apoyando iniciativas ambientales positivas y al mismo tiempo, proyectos perjudiciales para el medio ambiente al mismo tiempo (Henao Millán, 2014). Los inversores recompensan a las empresas que muestran un comportamiento social positivo en general, pero no excluyen a las empresas que basan su actividad en ciertos productos o prácticas. Por lo tanto, desde el punto de vista de los inversores, la mencionada ruptura no se aborda eficientemente, ya que las empresas pueden ser absueltas al compensar las actividades no sostenibles con actividades éticas (Ponce & de Instituciones Financieras, 2016).

Algunas instituciones financieras identifican grupos de partes interesadas, con el fin de determinar las herramientas necesarias para su posterior comunicación. El propósito del compromiso es establecer y mantener relaciones prácticas entre empresas y una variedad de partes interesadas. Un compromiso regular permite la creación de consenso y la prevención o minimización de riesgos para las personas y el medio ambiente. Y por supuesto, hacer que las partes interesadas sean una parte central del discurso moral corporativo aumenta las posibilidades de progreso social (Mehran et al., 2011). Sin embargo, la participación de las partes interesadas tiene una variedad de motivos y puede estar dirigida erróneamente a la recopilación de conocimientos, marketing, gestión de recursos humanos y legitimación. Por lo tanto, la participación de las partes interesadas no debe verse como un negocio, sino como una iniciativa que puede estar relacionada con la responsabilidad corporativa (Duque et al., 2012).

La investigación sugiere que los tiempos actuales están representados por el escepticismo de las partes interesadas, y desde la crisis financiera los bancos han tenido motivos para preocuparse por su posición pública. Como tal, los gerentes deben decidir cuidadosamente cómo transmitir un compromiso sustantivo hacia las partes interesadas críticas, así que, reconocer este hecho ayudará a las empresas a asumir una mayor responsabilidad por sus acciones. Para determinar la sustancia estratégica detrás de la participación de los interesados, se emplean guías y estándares reconocidos como ISO26000 y AA1000 (Henao Millán, 2014). La ISO26000 proporciona orientación sobre cómo operar de una manera socialmente responsable y cómo actuar de manera ética y transparente, contribuyendo al bienestar de la Sociedad. Y la AA1000 es una serie de estándares que ayudan a las empresas a ser más responsables y sostenibles. Abordan una serie de cuestiones y brindan orientación sobre el aseguramiento de la sostenibilidad y la participación de los interesados (Mehran et al., 2011).

En este aspecto, a pesar de que buena parte de los bancos informa una fuerte inclinación hacia la participación de las partes interesadas, las cifras también muestran que la orientación y las normas reconocidas no se han adoptado ampliamente, lo que respalda las afirmaciones de que la inversión comunitaria a menudo no está acompañada por una estrategia clara (Zapata Gutiérrez, 2012). Además, cuando se enfrentan a una presión cada vez mayor para ser responsables ante una serie de partes interesadas, las decisiones para implementar estándares a menudo se toman en base a cálculos de costo-beneficio, descuidando los intereses de las partes interesadas ampliamente definidos (Martínez Villalobos & Montoya Zepeda, 2018).

Después de la Crisis y la dependencia de los mercados de autocorrección, se ha aplicado un mayor énfasis en las responsabilidades de los ejecutivos financieros y los miembros de la junta directiva. Esto significa que el liderazgo corporativo, específicamente la junta directiva y la gerencia ejecutiva, son cada vez más responsables del diseño, implementación y monitoreo de los objetivos y el desempeño de la sostenibilidad (Herrero, 2015). Es importante que la junta y el equipo de gestión ejecutiva impulsen las causas de sostenibilidad, ya que sus acciones crean un precedente para toda la empresa. Sin embargo, la gobernanza de la sostenibilidad aún se encuentra en una etapa temprana, con un número limitado de directores no ejecutivos y ejecutivos que tienen la responsabilidad directa de la sostenibilidad, lo que sugiere que los problemas de sostenibilidad no son un tema prioritario en la agenda de las estructuras corporativas de alto nivel (Martínez-Ferrero et al., 2015).

Los hallazgos parecen confirmar esto hasta cierto punto, si se examinan los comités de la junta, basados ​​en títulos, como indicadores de mecanismos de gobernanza para liderar la sostenibilidad. Algunos bancos tienen un comité que aborda la sostenibilidad, mientras que otros tienen un comité de gestión que se ocupa de ello. Ello significa que la participación en estrategias de sostenibilidad no ha sido universal entre los líderes de bancos, aun cuando una comprensión completa de cómo el liderazgo corporativo monitorea e implementa la sostenibilidad requiere sin duda de un análisis más profundo (Rodríguez Sierra, 2017).

Del mismo modo, los esquemas de compensación que integran el desempeño de Gobierno corporativo se consideran una de las piezas faltantes del rompecabezas de la responsabilidad corporativa. Existen varios obstáculos asociados con la vinculación de la remuneración con los objetivos del Sistema de Gestión ambiental. Los desafíos entonces, están enfocados al equilibrio de los objetivos comerciales a corto y largo plazo, así como a la cuantificación y ponderación de las medidas. Estos desafíos también constituyen las principales preocupaciones, pues en muchos casos, el porcentaje de remuneración relacionado con los factores de Responsabilidad puede ser pequeño y es poco probable que sea un motivador significativo, especialmente a diferencia de los paquetes de bonos vinculados a las ganancias (Guerrero, 2016).

Este documento se propuso examinar cómo a través de la responsabilidad social corporativa y el gobierno corporativo, los esfuerzos de autorregulación de los bancos, abordan los incentivos desalineados, la asimetría de la información, la innovación financiera y los niveles de riesgo. El impacto de estas debilidades en el sector financiero, revelado durante la crisis financiera de 2008, también presenta inmensos riesgos sociales y ambientales potenciales, que pueden corregirse, mitigarse y evitarse en el presente.

Mediante la síntesis y expansión de investigaciones previas que evaluaron la sostenibilidad bancaria y corporativa, se examinó la adopción de informes voluntarios, iniciativas y principios, en el compromiso de los bancos con las finanzas responsables y los esfuerzos para la participación de las partes interesadas.

Los datos indican que los incentivos desalineados aún no se contrarrestan de manera efectiva. Si bien los bancos se esfuerzan por combinar los objetivos de los beneficios de la Responsabilidad social, lo hacen de forma limitada. Las medidas no financieras no están ampliamente incluidas en la remuneración, mientras que los productos y servicios tienen una naturaleza bidimensional. La participación de las partes interesadas, una herramienta que puede ayudar a alinear los incentivos, a menudo se cita, pero carece de credibilidad suficiente, ya que puede servir para muchos propósitos. En muchas de estas iniciativas, los bancos son impulsados ​​por incentivos económicos y de reputación, que pueden conducir a una efectividad limitada para abordar cuestiones ambientales y sociales más fundamentales.

Las dudas también se manifiestan respecto a las formas en que los bancos abordan la asimetría de la información. Los bancos tienen diferentes niveles de compromiso con los informes voluntarios de sostenibilidad, que se refieren al alcance y la precisión de la información divulgada. También existen dudas sobre la eficiencia de la participación de los interesados, y la utilización limitada de los sistemas de gestión sugiere que la información sobre sostenibilidad no se difunde sistemáticamente.

La innovación financiera, en forma de productos e inversiones responsables, no aborda adecuadamente las preocupaciones. Si bien muchos bancos mencionan finanzas responsables y sostenibles, estas declaraciones a menudo van acompañadas de inversiones en actividades insostenibles. Esto también genera dudas sobre los índices de sostenibilidad que califican a las empresas de acuerdo con las prácticas comerciales. En la actualidad, parece que los productos e inversiones responsables se utilizan para compensar actividades insostenibles. Además, la escasa existencia de comités de sostenibilidad sugiere que el monitoreo de los riesgos de sostenibilidad es una preocupación limitada para las juntas y los equipos de gestión, a pesar de la existencia de políticas de sostenibilidad. Así, aunque la mayoría de los bancos mencionan la evaluación de riesgos en las políticas de inversión y la selección de sectores, continúan financiando actividades de alto riesgo.

La evidencia sugiere que, en la actualidad, si bien el progreso hacia la sostenibilidad es evidente, los sesgos hacia los retornos a corto plazo pueden ser un impedimento. Esto devuelve la discusión al gobierno corporativo y a la Responsabilidad Social como actividades y compromisos convergentes. Sin embargo, las políticas se establecen, pero se aplican de manera débil, mientras que la integración para la remuneración del liderazgo se queda corta. Además, la naturaleza de la Responsabilidad Social difiere del Gobierno corporativo en que es voluntaria, mientras que el Gobierno corporativo a menudo está anclado en el derecho corporativo y los requisitos de cotización impuestos por las bolsas de valores.

El riesgo de que la Responsabilidad Social se use como una herramienta de relaciones públicas puede disminuir y evitar casos en los que los bancos se identifiquen como líderes de sostenibilidad, pero que estén simultáneamente involucrados en inversiones y prácticas comerciales controvertidas. Esto puede conducir al desarrollo de una definición comúnmente aceptada de finanzas sostenibles y armonizar los indicadores utilizados para evaluar el desempeño, lo que a su vez mejoraría los estándares de calidad y la garantía. Sin embargo, estas ventajas probablemente solo se manifestarán cuando se implementen a través de la regulación y los requisitos de informes corporativos, o mediante bolsas de valores que establezcan requisitos de cotización.

En Colombia, por su parte, debe enfatizarse en que las empresas que se centran en las ganancias a menudo ignoran los problemas éticos, sociales y ambientales en sus negocios. Sin embargo, el desarrollo del concepto de sostenibilidad ubica a los bancos cada vez más centrados en cumplir con los estándares de responsabilidad social, ambiental y ética. Como la confianza es el requisito básico de las operaciones de los bancos, estos se ven obligados a procurar una relación a largo plazo y de alta calidad con los clientes, sus partes interesadas, sus empleados y las comunidades locales en las que están activos. Las relaciones con los clientes del banco y otras instituciones que desempeñan funciones sociales se perciben como una forma efectiva de crear la imagen de la institución, la confianza de sus clientes y otros socios y, en consecuencia, construir su posición en el mercado a largo plazo. Debido a este hecho, los bancos tienden a realizar actividades destinadas a crear una sociedad mejor y un entorno más limpio.

Infortunadamente, las organizaciones a menudo recuerdan la idea del desarrollo sostenible solo en tiempos de crisis y recesión, a fin de restaurar rápidamente la confianza de sus clientes y aumentar su credibilidad. Sin embargo, lograr estos beneficios solo es posible a largo plazo. La imagen de los bancos, la forma en que son percibidos por otros son el resultado de acciones llevadas a cabo de manera consistente a lo largo del tiempo. De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible no puede ser tratado como un remedio inmediato para la quiebra de los bancos. Debe entenderse bien, planificarse e implementarse consistentemente a largo plazo.