La construcción y consolidación de la sociedad civil es un requisito ineludible para el desarrollo de la democracia, pero, para ello, se requiere una conceptualización más compleja y una teoría más matizada que trascienda la antinomia simplista entre el Estado y la sociedad civil. De ahí se desprende, que la sociedad civil se comprenda no solamente en las múltiples formas en que puede servir a la democracia, sino también las tensiones y contradicciones que genera y puede abarcar.

Diamond (1995) en su conocido artículo: "Reflexión sobre la Sociedad Civil. Hacia la Consolidación Democrática", del cual en parte se va a estar textualmente, realiza un cuidadoso examen de los distintos ámbitos y perspectivas que asume la sociedad civil y que, a su juicio, son importantes para la consolidación democrática. Concibe la sociedad civil como esfera de la vida social organizada voluntaria y autogeneradora, autónoma del Estado y regida por un orden legal o conjunto de reglas compartidas.

En este artículo de investigación se va a considerar que, si el Estado determina la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la soberanía popular mediante un conjunto de instituciones, prescripciones y derechos y los conmina a conducirse de manera responsable ante la ley, entonces, los individuos no pueden emprender ninguna acción que no se inscriba en la esfera institucional del Estado, pues, este le puede pedir cuentas por romper su monopolio o por no colocarse bajo su égida. Por esta razón, se insiste en la necesidad de la independencia de las instituciones de la sociedad civil frente al Estado, las cuales necesariamente tienen que estar más allá del control del Estado si no se quiere que se le cause detrimento a su autonomía y se menoscabe su autorregulación.

Con el debilitamiento de la sociedad civil se llega a lo que André Gorz (1978) denomina el "Estado total", pues en esa instancia - a la que virtualmente se ha llegado -, el Estado ha suplantado definitivamente a la sociedad civil y, en consecuencia, el individuo no puede acometer por sí mismo "ninguna acción de interés local o profesional, social o cultural al margen de las intervenciones; de las autorizaciones, las reglamentaciones o las derogaciones de una autoridad competente ". En la sociedad del "Estado total" desde la base no se puede ejercer ninguna iniciativa sin contar con la designación de un responsable, pero no responsable para sus vecinos sino ante la ley.

A pesar de que la invocación que hace Diamond (1995) de la sociedad civil como entidad autónoma y autorregulada frente al Estado es importante, le adscribe a este último una función determinante en cuanto a las maneras como debe conducirse la sociedad civil, es decir, le asigna el poder prescriptivo de dictar las normas conforme a las cuales debe regirse dicha sociedad. En otras palabras, restringe el ámbito de acción de una sociedad civil verdaderamente autónoma respecto del Estado, pues, no solamente dice que los individuos que la conforman "necesitan la protección de un orden legal institucionalizado", sino que esta necesidad presupone la sumisión frente a la autoridad estatal. André Gorz (1978) ha llamado la atención sobre esta cuestión de manera contundente, pues, dice que la destrucción de las capacidades autónomas, tanto del individuo como de la sociedad civil, se debe a la acción "desintegradora, infantilizadora y desculturalizadora del Estado" a través de sus aparatos ideológicos y culturales Gorz (1978).

Si para Diamond los ciudadanos que conforman la sociedad civil tienen entre sus propósitos fundamentales exigir del Estado y demandar de los funcionarios estatales el cumplimiento de sus responsabilidades, estas mismas demandas hacen parte, para Gorz (1978), del debilitamiento siempre creciente de la autonomía de la sociedad civil frente al Estado.

Hay quienes insisten en que la relación sociedad civil y Estado tiene que darse a partir del reconocimiento del poder estatal por parte de ésta, pues este hecho es fundamental para el ejercicio democrático y, en esa medida, la sociedad civil contribuye eficazmente en la vigilancia y control del Estado (Cabrera, Giraldo y Nieto, 2016). No obstante, esta situación está lejos de convertirse en una cuestión positiva, dadas las características que desde su misma génesis ha adquirido el Estado.

Para desmentir estas ilusiones superfluas respecto de las bondades de cualquier forma de Estado posible, las investigaciones en Antropología Política han demostrado que el Estado logra imponerse en las sociedades divididas y que es esta condición de desventura de la sociedad la que sirve de a priori para su consolidación. En ese sentido, puede decirse que el Estado desde sus orígenes no es otra cosa que la violación y la usurpación de ese estado natural de libertad que conoció el hombre antes de que se diera la división de la sociedad entre los que mandan y los que obedecen. La razón de ser de una institución que emerge en la historia de una imposición, de un acto de poder, de un acto de vileza y sometimiento de unos hombres sobre sus semejantes, no puede ser pensada y considerada como la culminación de la razón. Por el contrario, es la negación misma de la razón que todavía no ha podido realizarse. Respecto de la significación que adquiere el Estado, Clastres lo define bellamente de la siguiente manera: “la práctica etnocida y la máquina del Estado funcionan de la misma manera y producen los mismos efectos: ya sea como civilización occidental o como Estado, se descubre siempre la voluntad de reducción de la diferencia y de la alteridad, el sentido y el gusto por lo idéntico y lo Uno” (Clastres, 1987, p. 60).

Siguiendo Diamond acerca de la naturaleza, significado y alcances de la sociedad civil, es necesario mencionar la diversidad de organizaciones que, según él, forman parte de ésta. En primer lugar, Económicas (asociaciones y redes productivas y comerciales); - Culturales (religiosas, étnicas, comunales y otras instituciones y asociaciones que defienden los derechos, valores, fe, creencias y símbolos colectivos); - Informativas y educativas (dedicados a la producción y difusión - ya sea con ánimo de lucro o no - del conocimiento, ideas, noticias e información pública); - Basados en intereses (diseñados para desarrollar o defender los intereses funcionales o materiales comunes de sus miembros, ya sean trabajadores, pensionados, veteranos, profesionales, etc); - De desarrollo (organizaciones que combinan recursos individuales para mejorar la infraestructura, instituciones y calidad de vida de la comunidad); - Orientados hacia una problemática (movimientos para la protección ambiental, derechos de la mujer, reforma agraria o protección del consumidor); - Cívicos (que buscan en una forma no partidista mejorar el sistema político y hacerlo más democrático a través del monitoreo de los derechos humanos, la educación y movilización de los votantes, supervisión de los comicios, esfuerzos anticorrupción, etc).

Otra distinción importante es que la sociedad civil abarca el pluralismo y la diversidad (Diamond, 1995). La sociedad civil se constituye en un complemento ineludible para edificar un nuevo orden social que posibilite la total emancipación de los hombres. La sociedad civil puede concebirse como el conjunto de las organizaciones sociales que actúan de manera consciente en el horizonte de lo público y del ejercicio de la ciudadanía, no puede abstraerse de la política o despolitizarse, pues, cuando la gente se identifica a sí misma como "sociedad civil", está reivindicando un ámbito de organización y acción relativamente autónomo en el cual pueden plantear con mayor alcance y profundidad las cuestiones que proyectan sobre las instituciones políticas y el mercado. Según Vilas (1994) la sociedad civil es distinta de la sociedad política pero no es ajena a la política. La "sociedad civil" denota acción política. En el lenguaje de la filosofía política clásica, "civil" significa político: la civitas es la versión romana de polis, la ciudad-Estado griega; y, en ambos casos lo político/civil se refiere a lo que en lenguaje moderno llamaríamos ciudadanía².

La activación de la sociedad civil impulsada por los movimientos sociales implica una ampliación del concepto de ciudadanía, dotándolo de una dimensión praxiológica. La actividad de la sociedad civil no solamente se despliega en los distintos escenarios creados en la interacción social, sino que dicha acción debe constituirse en una actividad fundamentalmente transformatoria, en el sentido fuerte del término. Las demandas de participación política se han articulado a las demandas de participación social.

Así, pues, los movimientos sociales forman parte de una larga trayectoria de luchas que siempre han tenido como propósito conquistar su autodeterminación y autonomía; las múltiples organizaciones sociales que con su activa participación ciudadana reivindican permanentemente la lucha emancipadora, representan la expresión contemporánea de una larga tradición popular que siempre ha aspirado a la transformación radical del estado de cosas del orden burgués, que no es otro que el de la ferocidad, la expropiación y la violencia de lo existente. Frente a esta máquina infernal y devastadora de la dignidad humana, los movimientos sociales han consolidado mediante su propia dinámica, un sinnúmero de propuestas orientadas a la creación de una sociedad cuyo fundamento se manifieste en la equidad, la reciprocidad, la ayuda mutua, la libertad y la justicia social.

La expresión de lo popular a través de movimientos sociales relativamente autónomos de la dinámica estatal y de la lógica de los gremios económicos, ha jugado un papel determinante sobre todo, en la confrontación de los estados totalitarios e intolerantes con la existencia de lo diferente, esto ha permitido de cierto modo, la creación de las condiciones de posibilidad para el surgimiento y fortalecimiento de novedosas formas de organización social, que le salen al paso al protagonismo que siempre ha detentado el Estado frente a las iniciativas populares.

Lo anterior permite pensar que ya el Estado no es el eje central de la vida entre los hombres y que la esfera de lo político no se circunscribe en el ámbito de la sociedad política (partidos, legisladores, tribunales, agencias estatales, y del mercado), sino, por el contrario, la esfera de lo político circula vigorosamente en el ámbito de las organizaciones populares que se deben a ellas mismas, circula inclusive a niveles imperceptibles como el de la subjetividad, el erotismo, la sensualidad, en la sexualidad, el inconsciente, en la estructura deseante si se quiere.

En ese sentido, el fortalecimiento de la sociedad civil a través del surgimiento de la multiplicidad de este tipo de organizaciones, permite argumentar que la solución a una crisis que amenaza la condición humana se tiene que buscar antes que nada en las canteras de organizaciones sociales que no deben su existencia al acta institucional de Estado, y que, además, no están mediadas por los intereses putrefactos y mezquinos de la economía de mercado.

A la sociedad civil le corresponde agenciar a través de una praxis transformadora funciones democráticas que se pongan a tono con la necesidad de articular un nuevo orden democrático, con libertad y justicia social. Según este autor, la primera y más básica función democrática de la sociedad civil es proporcionar " la base para la limitación del poder estatal, para el control del Estado por la sociedad y por lo tanto para que las instituciones políticas democráticas sean el medio más efectivo de ejercitar ese control".

Esta función tiene dos dimensiones: supervisar y restringir el ejercicio del poder por parte de estados democráticos y democratizar los estados autoritarios. La movilización de la sociedad civil es un medio importante para denunciar los abusos y para socavar la legitimidad de los regímenes no democráticos. Dice este autor que otro aspecto importante para tener en cuenta como función democrática de la sociedad civil es que esta debe ser un instrumento vital para contener el poder de los gobiernos democráticos, chequeando sus potenciales abusos y violaciones de la ley y sujetándolos al escrutinio público.

De igual forma, debe promover una rica vida asociativa complementando el rol de los partidos políticos, estimulando la participación política, aumentando la eficacia y la destreza política de los ciudadanos democráticos y promoviendo una apropiación de las obligaciones, al igual que de los derechos, de la ciudadanía democrática. La sociedad civil puede ser un área crucial para el desarrollo de otros atributos democráticos tales como la tolerancia, la moderación y la voluntad de hacer concesiones y un respeto por los puntos de vista opuestos.

Estos valores y normas se hacen más estables cuando emergen a través de la experiencia y la participación organizativa en la sociedad civil proporciona una práctica importante de la defensa y la controversia política. La sociedad civil puede ayudar a la democracia creando canales diferentes a los partidos políticos para la articulación, agrupación y representación de intereses. Esta función es particularmente importante para proporcionar a grupos tradicionalmente excluidos - tales como las mujeres y minorías raciales o étnicas - el acceso al poder que les ha sido negado en los niveles institucionales superiores de la política formal.

La sociedad civil proporciona un fundamento especialmente fuerte para la democracia, dice Diamond, cuando genera oportunidades para la participación e influencia en todos los niveles del gobierno, incluyendo el nivel local, puesto que es a este nivel que los marginados históricamente tienen mayor probabilidad de poder incidir en las políticas públicas y desarrollar un sentido de eficacia al igual que destrezas políticas reales.

La sociedad civil también hay que mirarla en el sentido del pluralismo que le es inmanente, pues, en ella se condensan intereses de diversa naturaleza que en otras circunstancias son francamente antagónicos. En la medida que surgen nuevas organizaciones de clase y movimientos orientados hacia problemáticas, juntan nuevos electorados que atraviesan antiguas divergencias regionales, religiosas, étnicas, o partidistas. En el derrocamiento de las dictaduras comunistas (y las de otra estirpe) y en la movilización por la democracia, estas nuevas formaciones pueden generar un tipo moderno de ciudadanía que trasciende las divisiones históricas y limita el surgimiento de impulsos nacionalistas mezquinos (Diamond, 1995, p. 11).

La sociedad civil encuentra su entronque con las fuerzas del mercado pues aparentemente lima todas las asperezas que podrían presentarse entre los distintos intereses que se hallan en disputa y los concilia. En otras palabras, la sociedad civil es el soporte de una unidad que, no obstante, es paradójica, pues es la unidad de la desunión.

En efecto, pretender asociar sociedad civil y mercado es un estratagema que trata de impedir, en cierta forma, la crítica que debe hacerse a una formación social que tiene su fundamento en la valorización de capital en detrimento de quienes verdaderamente producen la plusvalía y que debe ser asumida, en una praxis transformatoria, por una sociedad civil históricamente diferente de las conocidas hasta el momento, es decir, organizaciones sociales conscientes y activas que se opongan radicalmente a los monopolios económicos y al Estado. Esta concepción de sociedad civil tiene su origen en los inicios del capitalismo en Inglaterra (Adam Ferguson) y encuentra especial aceptación en teóricos como Adam Smith y Hegel. Para ellos, la integración de la sociedad capitalista se apoya no tanto en las fuerzas del mercado como en las responsabilidades morales, reglas legales y normas culturales, es decir, que el mercado por sí solo no crea ni sustenta un orden social. Será posteriormente Tocqueville, en particular, quien resalte el asociacionismo cívico como un rasgo sobresaliente de la sociedad moderna (Lechner, 1996).

Sin embargo, esta idea adviene en la versión moderna, al menos como término, de lo que se denomina el neoliberalismo, pues, este plantea la libertad para competir sin ningún tipo de restricción Impuesta por el Estado, pero a la vez, el mismo Estado le sirve de mampara para desmantelar todas las empresas que éste tiene y que pertenecen al conjunto de la sociedad y se las entrega a los bardos apologéticos de las transnacionales y del gran capital. En esas condiciones, el supuesto interés que anima al neoliberalismo como ideología que pretende acabar o debilitar al Estado, no deja de ser más que un habilidoso juego de palabras que encubre el maridaje que entre estas dos instancias se presenta, pues, el Estado cumple el papel de ser el representante de los intereses de las clases dominantes del mercado.

La invocación de la sociedad civil tiene diferentes acentos y perspectivas (Bobbio, 1997), y sirve como caja de resonancia para que los distintos actores sociales pretendan justificar sus intereses particulares como intereses generalizables que encajan perfectamente dentro de ella. Sin embargo, la creciente valoración de la sociedad civil - a juicio de Cortina (1998) , produce confusiones considerables por parte de quienes dicen defenderla.

Para caracterizar el término "sociedad civil" puede resultar de utilidad la distinción que introduce Víctor Pérez Díaz - seguido atentamente por Adela Cortina - entre un sentido amplio y uno restringido. En sentido amplio se refiere el término "sociedad civil" a "un entramado de instituciones sociopolíticas, que incluye un gobierno (o Estado) limitado, que opera bajo el imperio de la ley; un conjunto de instituciones sociales tales como mercados ( u otros órdenes espontáneos extensos) y asociaciones basadas en acuerdos voluntarios entre agentes autónomos, y una esfera pública, en la que estos agentes debaten entre sí y con el Estado asuntos de interés público y se comprometen en actividades públicas" (Pérez, 1993).

Adela Cortina insiste en la caracterización que de la sociedad civil han realizado diferentes autores contemporáneos, como es el caso de Michael Walzer (2018) quien sostiene que la sociedad civil es un espacio de asociación humana sin coerción y el conjunto de la trama de relaciones que llena este espacio. El profesor Guillermo Hoyos Vásquez (1993) también realiza una caracterización del significado de la sociedad civil. Para este autor el término "sociedad civil" está en íntima relación con el de los "nuevos movimientos sociales". Este término enunciado por el doctor Guillermo Hoyos Vásquez, posibilita plantear el debate a propósito de lo que para algunos teóricos clásicos y contemporáneos significa el concepto de Estado de Derecho y sobre todo las implicaciones que devienen cuando se intenta proclamar su legitimidad, pues como bien es sabido cualquier forma de Estado es un obstáculo para la consolidación de una sociedad autónoma, recíproca, solidaria y participativa.

Serres (1991) sostiene que, por definición, la guerra es un estado de derecho, por tanto, el Estado moderno ha demostrado que sus intereses son defendidos a sangre y fuego legitimando la violencia a través de la razón de estado, es decir, mediante el terrorismo de estado; así mismo, este autor considera que se debe definir la guerra como una de las relaciones de derecho entre los grupos y naciones: Estado de derecho, evidentemente, pero sobre todo de derecho.

La guerra se constituye en un estatuto de derecho, y, en consecuencia, en un contrato tácito avalado por el dedo ordenador del Estado, es por ello que la guerra y el sometimiento expoliador contra los pueblos que luchan por su autodeterminación se constituye en una condición sine quanon para la permanencia de la razón instrumental del Estado, de allí surge la necesidad de su abolición total, pues su naturaleza es en sí violenta.

Si la sociedad civil está conformada por múltiples organizaciones sociales que ponen en evidencia los problemas más sensibles de diversas esferas de la sociedad y que del mismo modo proponen autónomamente salidas ético-políticas a los estragos que el Estado, a través de sus instituciones genera sobre las comunidades, entonces, no puede marcarse un límite en su propia dinámica, máxime cuando hoy se considera que la esfera de lo político no se agota en el Estado y menos aún en los partidos políticos y en los órganos de decisión.

Es importante determinar que los intereses del Estado se contraponen radicalmente a los de la sociedad civil, surgiendo, pues, el conflicto entre sociedad civil y Estado; en este sentido, cobra validez la necesariedad de revisar las llamadas formas de participación ciudadana, que en su gran mayoría son ejercicios conductivistas por parte del Estado que sólo buscan que la sociedad civil se reconozca a través de los intereses mezquinos del aparato de Estado, fortaleciendo además, sus instituciones y su naturaleza violenta.

Para que haya una activa, efectiva y verdadera participación ciudadana que reivindique conscientemente los problemas del quehacer humano, debe darse en el contexto de lo que se denomina la desobediencia civil, y cómo ésta se constituye en las condiciones de posibilidad que permitirían superar la conflictiva relación entre sociedad civil y Estado, pues, éste último tendría que ser suprimido por innecesario. La "desobediencia civil" - a juicio de Hoyos (1993) y, quizás, sin el escalpelo crítico y transformador que ella denota - ciertamente exige un fuerte grado de explicación pública ante el Estado o las instituciones que lo representan. Tales protestas, asumidas en una actitud ética, se dirigen contra el establecimiento y sus bardos apologéticos, buscando de esa forma el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas y, al mismo tiempo, reivindicando las ideas que les asiste del derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación, a la consolidación de procesos verdaderamente democráticos, autorresponsables, con dignidad y justicia social.

La desobediencia civil es, pues, un medio para reafirmar la autonomía ética y el " principio responsabilidad " de los ciudadanos activos frente a la irracionalidad del Estado. La desobediencia civil también se traduce en acciones y agenciamientos que intentan plantear la abolición de cualquier forma de autoridad, sobre todo la del Estado. Henry David Thoreau, figura cimera del pensamiento libertario, representante de los aristócratas del espíritu y, del mismo modo, teórico de la idea de la desobediencia civil como mecanismo de emancipación de la sociedad ante el yugo penoso del Estado, sostiene bellamente que “el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto"; y cuando los hombres estén preparados para él, ese y no otro será el que tendrán. El gobierno, es a lo más, una conveniencia; aunque la mayoría de ellos suelen ser inútiles, y alguna vez, todos sin excepción, inconvenientes” (Thoreau, 1994, p.19)

Henry David Thoreau le asigna al individuo un carácter preeminente en la conformación de la sociedad, destacando las libertades individuales como la base fundamental para la construcción de subjetividad, posibilitando la emergencia de nuevas prácticas sociales para el advenimiento de una sociedad más justa y emancipada de cualquier fuerza que atente y menoscabe la dignidad y libertad de sus miembros. Ahora bien, sobre esta concepción es posible entender la idea de participación ciudadana, es decir, cuando hay consciencia de que el hombre es el único ser nacido para la libertad y que su estado actual de servidumbre voluntaria no es más que una desventura susceptible de ser superada por la voluntad de potencia que dormita en cada hombre.

Así, pues, el Estado se constituye para Thoreau, en un impedimento que es necesario sobrepasar y definitivamente desconocer y abolir, para llevar acabo el pleno ejercicio de la libertad. Esta es, pues, la naturaleza intrínseca de la desobediencia civil que se ha erigido como instrumento de fuerza para contrarrestarle poder al más frío de los monstruos fríos: el Estado (Sánchez, 2016).

Es necesario transformar de manera total las instituciones y sobre todo las relaciones de poder que las recubren, las cuales es indispensable intentar abolir, si ello fuera posible, pues, no se puede decir que las que están establecidas sean necesarias (Ángel, 2017), o en todo caso, como afirma Foucault, "que el poder constituye una fatalidad en el centro de las sociedades, de tal forma que no puedan ser socavadas" (Foucault, 1985, p. 101). Esto lleva a pensar que la tarea política permanente, inherente a toda existencia social consiste en "el análisis, la elaboración, el cuestionamiento de las relaciones de poder y el 'agonismo' entre las relaciones de poder y la intransitividad de la libertad" (Foucault, 1985, p. 101).

El conflicto existente entre sociedad civil y Estado ha sido abordado desde diferentes perspectivas, que, en algunos casos, se contraponen, y en otros, se complementan, o en el mayor de ellos coinciden. No obstante, el propósito que anima a quienes esto escriben, consiste en defender la tesis que le adjudica a la sociedad civil la primacía respecto del aparato de Estado; dicho de otro modo, en el entendimiento de la sociedad civil autorregulada en contra del Estado, pues, en cuanto dicha sociedad es más racional en términos de una racionalidad social, que no de Estado y económica, autónoma, autogestionaria, más perfecta y desarrollada por ser más autorregulada mediante organizaciones autónomas e independientes, el Estado aparece como innecesario. El papel fundamental en esta sociedad lo tiene el individuo constituido como sujeto ético que ha convertido la libertad y la construcción de una subjetividad - que cotidianamente se realiza como una tarea necesaria - en el problema primordial de nuestro tiempo. Por tanto, el sujeto así constituido no puede permitir que el Estado abuse de sus poderes menguando a la sociedad civil y menoscabando la libertad de los individuos.

Estas apreciaciones sobre las diferentes connotaciones que adquiere la sociedad civil y el vasto umbral de posibilidades que puede abarcar, confirman, de cierta manera, el vigor de la tesis que se defiende en el sentido de que hay necesidad de crear las condiciones de posibilidad para el advenimiento de una sociedad civil radicalmente distinta de las conocidas históricamente, refractaria al Estado y lo económico por ser dos potencias que siempre han menoscabado la condición y dignidad humanas (Giraldo, 2016).

En ese sentido, puede hablarse que la característica que le es inmanente como requisito sine qua non a la sociedad civil que se está defendiendo, es una racionalidad social antes que económica, basada en la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua, valores que están en la base misma de la cultura y que han sido condenados, expulsados y desterrados, tanto de la esfera estatal como de la económica.