El pluralismo jurídico ha adquirido excelencia en los estudios socio-legales, una vez que detrás de un concepto tan amplio se esconden varias tendencias, sin dejar la idea básica según la cual lo jurídico es mucho más que una ley estatal. A pesar del carácter diversificado de las diferentes concepciones del pluralismo jurídico, éstas comparten algunas premisas fundamentales relativas a la naturaleza de la ley, su función y su relación con el entorno cultural (Hoekema, 2002).

En el mundo existe una nueva coyuntura política en la cual, según Zambrano (2007) la inter - multi - pluri - culturalidad gana espacio y legitimidad, siendo reconocida por parte de los Estados la diversidad étnica y cultural siendo elemento de esta, la necesidad de otorgar algunos derechos específicos al respecto.

A diferencia de otros países de Latinoamérica como Colombia, Perú o Venezuela, en el Ecuador este reconocimiento oficial es, en su mayor parte, reflejo y resultado de las luchas y demandas del movimiento indígena, de sus procesos de fortalecimiento de la identidad como actores sociales, políticos y culturales y del planteamiento de los modelos existentes de ciudadanía, democracia, estado y nación.

La multi o pluriculturalidad parte de la pluralidad étnico-cultural y el derecho a la diferencia, actuando principalmente por el reconocimiento y la inclusión dentro de lo establecido, y la interculturalidad, en la manera que se ha venido proponiéndola el movimiento indígena, se centra en la transformación de la relación entre pueblos, nacionalidades y otros grupos culturales, pero también del Estado, de sus instituciones (sociales, políticas, económicas, jurídicas) y políticas públicas (Taylor, 2009).

Sin embargo, autores como el profesor canadiense Kymlicka (1987), apoyan la propuesta liberal con tendencia a favorecer las exigencias de los diferentes grupos étnicos existentes en determinadas sociedades.

En breves líneas, para Kymlicka (1987) la pertenencia cultural es un bien que debe ser protegido porque sólo a partir de los significados culturalmente mediados los sujetos pueden concederle sentido a sus juicios y decisiones. Por ello, la introducción de los valores liberal-democráticos en el ámbito de las identidades culturales sólo es posible si los derechos individuales típicos del liberalismo se complementan con determinados derechos colectivos capaces de preservar la reproducción de las estructuras compartidas de sentido. Los derechos de las minorías, sin embargo, en ningún caso podrán ser utilizados por éstas para restringir los derechos de sus miembros, al menos el derecho fundamental de abandonar la comunidad cultural en cuestión.

El multiculturalismo es un tema en particular de debate en ciertos países europeos asociados con la idea de una sola nación en un solo país. Los críticos del multiculturalismo pueden argumentar en contra de la integración cultural de los diferentes grupos étnicos y culturales a las leyes y los valores existentes en el país. Alternativamente otros críticos pueden argumentar a favor de la asimilación de los diferentes grupos étnicos y culturales a una única identidad nacional.

Actualmente las críticas al multiculturalismo considerado como una respuesta liberal que reconoce la coexistencia de diferentes culturas, reafirma la idea de que estas deben subordinarse a una cultura dominante (con códigos propios, normas y sistema de valores) (Pérez, 2006). En vista a las duras críticas que ha recibido el multiculturalismo, poco a poco se ha introducido el término interculturalidad, siendo este utilizado con más fuerza en el discurso científico español, también incursionado en Alemania.

La interculturalidad visa universalizar los derechos individuales de los ciudadanos, y reconoce las diferencias culturales rechazando la discriminación de las minorías étnicas o de las culturas minoritarias, pretendiendo superar las limitaciones de la coexistencia multicultural.

Últimamente, con la creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas (UINPI), el proyecto indígena de la interculturalidad también se extiende al campo epistemológico, no significa en absoluto la parcelación de la ciencia en una ciencia indígena y otra no indígena.

Significa la oportunidad de emprender un diálogo teórico desde la interculturalidad, a partir de la construcción de nuevos marcos conceptuales, analíticos y teóricos, en los cuales se generan nuevos conceptos, categorías y nociones, bajo el marco de la interculturalidad y la comprensión de la alteridad. Ante la existencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio geográfico han surgido teorías que han tratado de dar respuestas a esta realidad (Borobio, 2003).

La Constitución es la Corte Constitucional colombiana que ha sido la institución pública que se ha pronunciado sobre el reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas, al distinguir los derechos del sujeto colectivo y brindarle la posibilidad de interponer acciones de tutela cuando sus derechos sean vulnerados (Sánchez, 2006).

Al pretender la configuración de límites constitucionales en relación con el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, es necesario analizar si desde el Estado existe una línea jurisprudencial para la compresión e intervención del pluralismo, de la diversidad y del multiculturalismo. Varios expertos argumentan que las instituciones jurídicas estatales no han logrado consolidar una línea jurisprudencial en el tema.

El nuevo pluralismo jurídico obvia los efectos del derecho y la sociedad, e incluso los efectos de la sociedad en el derecho, e intenta conceptualizar una relación más compleja e interactiva entre las formas oficiales y no oficiales de ordenación - esta perspectiva contempla formas plurales de ordenación que participan en el mismo campo social.

En el contexto latinoamericano, los estudios sobre pluralismo jurídico desde la perspectiva de la Antropología Jurídica se adelantan en relación con las prácticas jurídicas de pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades negras - se ha empezado a investigar la pluralidad cultural en los centros urbanos.

Esta diversidad jurídica que caracteriza la realidad sociocultural latinoamericana origina cuestionamientos que se encuentran en el debate académico, como la incorporación de las tradicionales prácticas jurídicas indígenas a la supervisión y regulación por parte de las instituciones estatales - concepción positiva para los funcionarios oficiales, pero no para movimientos indígenas y académicos que consideran esta intromisión estatal como transgresora de la autonomía de los pueblos indígenas (De Miguel, Ibarra y León, 2013).

A título de ejemplo, el Centro de Documentación, investigación e información de los pueblos indígenas (DOCIP)³: en la oficina del DOCIP en Bruselas se estableció el apoyo a los Pueblos Indígenas en la defensa de sus derechos ante la UE.

Trabajan sobre:

- el sistema de derechos humanos de la UE,

Vínculo de información: actuar como canal de difusión de información entre los Pueblos Indígenas y los encargados en la UE (cuando una región o una comunidad Indígena se enfrenta a graves dificultades, ya sean abusos de derechos humanos o temas vinculados al desarrollo, medioambiente, situaciones económicas o sociales, etc.)

Apoyo en la defensa de derechos de los Pueblos Indígenas que quieren:

- sensibilizar sobre cuestiones relacionadas con los Pueblos Indígenas sobre el terreno,

La UE, según Aldeoca (2020), impone a todos sus asociados el respeto de los derechos humanos.

Los Miembros del Parlamento Europeo (MEPs)⁴ pueden tomar en cuenta las cuestiones relativas a los Pueblos Indígenas cuando ejercen el poder legislativo y usar su autoridad moral e influencia con los medios de comunicación para llamar la atención sobre las violaciones de derechos humanos (ya sea desde Bruselas o durante una misión sobre el terreno).

- preparar un expediente completo con información sobre su comunidad, el contexto y las violaciones de derechos humanos sobre el terreno.

Recordemos que las instituciones europeas disponen de un personal limitado en comparación con la cantidad de temas y de expedientes que deben procesar - el sistema de la UE funciona basándose en el principio del debate contradictorio: cada parte interesada puede participar al debate y presentar su posición.

Con respecto al sistema de derechos humanos de la UE, esta es la razón por la cual el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como "guardianes de la democracia y los derechos humanos" es crucial porque las OSC participan al debate informando la UE y promoviendo los derechos humanos.

Por lo tanto, es importante que:

- identifiquen a los actores de la UE encargados de temas relacionados con los Pueblos Indígenas o temas más específicos que les conciernen, y

Existe la necesidad de que una vez en la posesión de las Tierras, que estas sean registradas legalmente por los pueblos indígenas.

Alrededor del mundo, los pueblos indígenas están luchando por que se les reconozca su derecho a poseer, administrar y desarrollar sus tierras, territorios y recursos tradicionales.

A nivel internacional, sus representantes están promoviendo la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007⁵, ofrece un marco de trabajo internacional para los esfuerzos encaminados a fomentar los derechos de los pueblos indígenas.

Junto con otros instrumentos de derechos humanos y el creciente acervo de jurisprudencia en esta materia que atañe a dichos pueblos, la Declaración contiene orientaciones esenciales para construir sociedades que garanticen la plena igualdad y los derechos de los pueblos indígenas.

La Declaración ha suscitado ya mejoras concretas, tanto en las Naciones Unidas como en diversas organizaciones regionales, las preocupaciones acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas se han convertido en parte integrante de debates que abarcan desde cuestiones medioambientales hasta asuntos relativos al desarrollo.

En el ámbito nacional, la Declaración ha inspirado nuevas leyes y dispositivos para el diálogo con los pueblos indígenas. A pesar de estas señales positivas, la promesa que encierra la Declaración está lejos de cumplirse en el mundo entero.

Tal como demuestran las conclusiones de los mecanismos de derechos humanos, en muchos lugares del mundo los pueblos indígenas siguen siendo discriminados y silenciados sistemáticamente. Sus derechos suelen ser las primeras víctimas de las actividades de desarrollo en tierras indígenas, iniciativas que a menudo se llevan a cabo haciendo caso omiso del principio del consentimiento libre, previo e informado y de otras garantías que figuran en la Declaración.

Existen alrededor de 370 millones de indígenas de 15.000 grupos distintos viviendo en más de 70 países alrededor del mundo. Mientras que una de cada 20 personas en el mundo es indígena, ellos representan alrededor de una de cada siete de las personas viviendo en extrema pobreza en el mundo.

La escala de la desigualdad es enorme entre las poblaciones indígenas y no-indígenas de cada país, las condiciones de vida no adecuadas y la falta de acceso a la vivienda, educación, servicios de salud y otros servicios básicos son claras manifestaciones de la pobreza y exclusión de las personas y comunidades indígenas, que continúan enfrentando amenazas de desalojo y de desplazamiento de sus tierras ancestrales.

El problema reside en la falta de reconocimiento legal de sus derechos y recursos, siendo que, generalmente no tienen los títulos formales de la tierra o son invisibles para los registros de tierras oficiales del gobierno, lo cual los hace susceptibles a violaciones de su derecho a la tierra.

El término propiedad suele hacer referencia a la propiedad de una cosa o cosas, pero también suele asociarse con la idea de propiedad de la tierra. En la mayor parte de los sistemas jurídicos del mundo se encuentra como denominador común el derecho a la propiedad, considerado en general como una de las libertades fundamentales de la persona.

Los orígenes occidentales del derecho de propiedad han influido en gran medida en la manera en que los derechos de propiedad se han enmarcado en el derecho internacional de derechos humanos. Su importancia se refleja en el actual sistema internacional de protección de los derechos humanos, donde el derecho a la propiedad es, a la vez, uno de los principios por excelencia del sistema, así como tema bastante controvertido.

El artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) emanada por la Asociación para las Naciones Unidas en España (1998), establece lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

La inclusión de ese derecho en la DUDH resultó controvertida y su proceso de redacción dio lugar a intensos debates y negociaciones.

La Constitución Nacional de 1991 de Colombia reconoce a los pueblos indígenas al declararse como una nación pluriétnica y multicultural (Art. 7). Establece que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de Resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables (Art. ... 63), y que los resguardos indígenas son de propiedad colectiva y no enajenable (Art. 239).

A pesar de estas menciones de los derechos de propiedad, los principales tratados internacionales de derechos humanos no incluyen una mención específica de los derechos de propiedad sobre la tierra. En última instancia, los derechos de propiedad solo se afirman de forma rotunda en la DUDH, y la conexión con el derecho a la tierra en este contexto sigue siendo precaria, ya que no estaba prevista inicialmente.

El Convenio n.º 169 de la Organización Internacional para el Trabajo - OIT (2014), sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, integra también un planteamiento basado en los derechos humanos respecto al derecho a la tierra. Los derechos humanos, existen y tienen su razón de ser en la dignidad humana.

Los derechos humanos son:

- libertades y derechos básicos que tenemos todas las personas, sin distinción de raza, sexo, color, nacionalidad, identidad política, religión, es decir, por nuestra condición de ser humano.

Si bien podría decirse que solo un número relativamente pequeño de Estados son parte en el Convenio, ellos son representativos de los países que tienen una mayor población indígena. Además, debido a que más Estados lo están ratificando, ese convenio se ha convertido en un importante instrumento jurídico en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras.

El derecho a la vivienda se inscribe en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este enfoque pone de relieve que la realización del derecho a una vivienda adecuada implica necesariamente la garantía por parte de los gobiernos tanto del acceso como de la seguridad de la tenencia de la tierra para las personas que carecen de ella, siendo que, la vivienda y el derecho a la tierra están interrelacionados, en el enfoque de derechos humanos, a los desalojos forzosos.

Los desalojos forzosos son, a primera vista, violaciones del derecho humano a una vivienda adecuada, una vez que suelen estar relacionadas con la ausencia de la tenencia jurídicamente segura, que, como mencionado anteriormente, constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada.

Tanto las Directrices Completas para los Derechos Humanos en Relación con los Desplazamientos Basados en el Desarrollo, como los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento, adoptan una definición similar de los desalojos forzosos, que incluye la pérdida de tierras.

En general, la conexión entre los derechos a la vivienda y a la tierra parece ser una característica importante del derecho en materia de derechos humanos, y conlleva un aspecto positivo y otro negativo:

El positivo - el derecho a la tierra se considera un elemento esencial para la consecución del derecho a la vivienda;

Así las cosas, un acercamiento al derecho a la tierra basado en los derechos humanos es esencial para hacer frente a las situaciones de preconflicto, conflicto y posconflicto.

A nuestro juicio, en muchos sentidos, esas tensiones en torno al derecho a la tierra no son nuevas: la historia de la humanidad ha evolucionado en torno a ese tipo de conflictos, ya que probablemente todas las guerras siempre envolvieron algún tipo de disputa territorial. También existe una fuerte relación entre el uso, el acceso y la propiedad de la tierra, por un lado, y el desarrollo y la reducción de la pobreza, por el otro.

Las crecientes crisis agrarias alimentadas por el fracaso de las medidas de reforma agraria, la toma de control de las tierras por parte de empresas, la privatización de servicios básicos, el incremento en los desplazamientos inducidos por el desarrollo y la usurpación de las tierras agrícolas de los pequeños agricultores no dejan de contribuir a que los derechos territoriales se conviertan gradualmente en un tema central de la justicia social y los derechos humanos.

En los últimos decenios, muchos países han reformado sus sistemas constitucionales y jurídicos en respuesta a los llamamientos de movimientos indígenas para que se reconozca legalmente su derecho a la protección y el control de sus tierras, territorios y recursos naturales (así como respecto de sus idiomas, sus culturas y sus identidades, sus leyes e instituciones, y sus formas de gobierno, entre otras cosas.

América Latina hizo reformas constitucionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador y Venezuela, varias de las cuales llegan hasta reconocer el carácter colectivo de los pueblos indígenas (un elemento esencial del derecho a la tierra).

Sin embargo, pese a que en los últimos años muchos países han aprobado leyes en las que se reconoce el derecho colectivo e inalienable de las comunidades indígenas a la propiedad de sus tierras, los procedimientos para otorgarles los títulos de la tierra han sido lentos y complejos y, en muchos casos, los títulos concedidos a las comunidades no se respetan en la práctica.

América Latina (algunos casos)

o Bolivia

Las leyes que precedieron a la actual Constitución Nacional fueron las siguientes:

⮚ La Constitución de 1994 ⁶: En su sección sobre Régimen Agrario y Campesino, reconoció los derechos sociales, económicos y culturales de los Pueblos Indígenas especialmente los relativos a sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) (modalidad de propiedad agraria introducida por aquella Constitución) garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas y costumbres, e instituciones (Art 171).

o Colombia

Los resguardos coloniales eran territorios asignados a las comunidades indígenas por la corona española, cuyo reconocimiento y devolución fue ordenado por Simón Bolívar en 1820, y ratificado consecutivamente hasta 1991.

La Constitución Nacional de 1991 reconoce a los pueblos indígenas al declararse como una nación pluriétnica y multicultural (Art. 7). Establece que las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de Resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables (Art. 63), y que los resguardos indígenas son de propiedad colectiva y no enajenable (Art. 239). En sus disposiciones sobre organización territorial, define la figura de Entidad Territorial Indígena (ETI).

⮚Ley de la Reforma Agraria, conforme lo planteado por Fajardo (2009), uno de sus objetivos es dotar de tierras a las comunidades indígenas para facilitar su función social y ecológica, conforme a sus usos y costumbres, preservar los grupos étnicos y mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

En 1994 se sancionó la Ley 160 de Reforma Agraria, uno de cuyos objetivos fue dotar de tierras a las comunidades indígenas para facilitar su función social y ecológica, conforme a sus usos y costumbres, preservar los grupos étnicos y mejorar la calidad de vida de sus integrantes. En su Capítulo XIV, el Art. 85 define que, en función de las necesidades de tierras de las comunidades indígenas, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá:

constituir, ampliar y proceder al saneamiento de tierras ocupadas por personas que no pertenezcan a la parcialidad;

En 1997 hubo un Fallo de la Corte Constitucional a favor del pueblo indígena U’wa⁷, quienes se opusieron a que ingresara una empresa extractivista de petróleo en sus territorios. El fallo reconoció el derecho a la Consulta previa a la explotación de recursos naturales en sus territorios, dándole rango de derecho constitucional.

o Ecuador

En esta sección se presentan los artículos de la Nueva Constitución Nacional del Ecuador (2008) referidos a Territorio Indígena.

El proceso constituyente celebrado entre noviembre de 2007 y agosto de 2008, atravesó resistencias y oposiciones a las demandas del movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)³¹. Si bien puede decirse que se impusieron cambios que garantizaban una mínima modificación a la estructura político-administrativa a nivel nacional; es destacable el hecho de que se haya aprobado un Capítulo específico sobre Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.

Puede apreciarse que garantizar y facilitar el acceso a la tierra para los grupos más vulnerables de nuestra sociedad no forma parte de las prioridades en la agenda de trabajo del Estado.

Como se expresó antes, las pocas medidas adoptadas no tienen por objeto dar una respuesta integral y definitiva a la problemática de falta de seguridad en la tenencia de la tierra. La ausencia de normas abona, indirectamente, un terreno ya de por sí fértil para que los despojos de tierra a campesinos e indígenas continúen sucediendo.

Este contexto, teniendo presente las palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se traduce en una violación del derecho de acceso a la tierra. Y torna urgente la adopción de medidas para adecuar la conducta del Estado a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes.

En última instancia, el registro y la gestión de las tierras seguirán siendo competencia de la legislación nacional de cada país, pero un instrumento internacional en el derecho humano a la tierra influenciará en la legislación sobre la tierra y la reforma agraria en los países.

Un abordaje de derechos humanos puede ser una herramienta importante para garantizar que tanto el valor económico como el valor cultural de la tierra sean reconocidos y que los derechos de los pueblos sobre sus tierras sean respetados como un derecho fundamental.

Los pueblos indígenas han tenido éxito en la reivindicación de sus derechos fundamentales sobre la tierra y han logrado incluir los derechos a la tierra en el léxico de los derechos humanos. Esta evolución tan sumamente positiva podría ser un indicador de que ha llegado la hora de que la comunidad de derechos humanos reivindique el derecho a la tierra como uno de los derechos humanos fundamentales para todos, quienes tienen y no tienen tierras.

En Camboya, una ley sobre la tierra aprobada en 2001 reconoce el derecho colectivo de los pueblos indígenas a poseer sus tierras; sin embargo, en el último decenio, unos 6.5 millones de hectáreas de bosques han sido expropiadas y otorgadas a grandes empresas madereras mediante concesiones. Otros 3.3 millones de hectáreas han sido declaradas tierras protegidas, dejando a las comunidades indígenas con acceso limitado a los recursos forestales necesarios para su supervivencia.

Según la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y establecer prioridades y estrategias para su autodesarrollo y para el uso de sus tierras, territorios y otros recursos. Los pueblos indígenas exigen que el consentimiento libre, previo e informado debe ser el principio para aprobar o rechazar cualquier proyecto o actividad que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos.

Marcos Cantaluppi PláI (2020) concluye que la Amazonía debe ser privatizada siendo que es la única forma de proteger la Amazonía y su biodiversidad. Estableciendo un marco legal para que haya eficiencia dinámica, aumentando las posibilidades máximas de producción.

La propiedad estatal del bosque genera un problema de externalidades negativas, como se ve en la tragedia de los comunes. Esto no sólo le permitirá elevar su nivel de vida, sino que también es más justo, una vez que es el primero en mezclar su trabajo con la tierra. Probablemente, la extensión de la Amazonia se reduciría un poco, pero la enorme parte no deforestada estaría mucho mejor protegida.

Considera que, la única forma racional de internalizar los costes de la deforestación y de la contaminación es a través de los derechos de

propiedad privada sobre los bosques - los derechos de propiedad deben garantizarse con toda la fuerza de la ley, ya que son la condición sine qua non para el surgimiento del mercado, logrando un crecimiento económico que sea verdaderamente sostenible, una vez que el ser humano, al poder aprovecharse del resultado de su genuino acto empresarial, tendrá menos barreras para el ejercicio de la función empresarial.

Consideran también, que la salida de la Amazonía de las manos del Estado, migrando hacia sector privado, permitirá la aparición de precios reales de mercado de los factores de producción, teniendo una asignación racional de recursos, resolviendo el problema del cálculo económico. Además, permitirá la creación de nuevos mercados, muchos de los cuales serán ecológicos y sostenibles, lo que mejorará la conservación de la región y permitirá explotar el gran potencial económico del bosque.