El proceso de independencia de los Estados Unidos de América tiene grandes aportes al derecho constitucional. Uno de ellos, es al sistema de gobierno donde se estableció el equilibrio de la rama ejecutiva y la rama legislativa del poder público, con una figura de pesos y contrapesos, que busca contrarrestar el sistema parlamentario imperante en Europa; es claro, que su independencia impulsaría los procesos revolucionarios la América Latina, cansado del yugo español, así como los deseos de hacer su propio gobierno y tener autonomía.

Es por eso que, durante el siglo XIX, especialmente las primeras décadas, vemos una avalancha de procesos independentistas que, a la postre, trajeron para la humanidad el nacimiento de nuevas repúblicas, naciones independientes que eligieron en su gran mayoría ilegítimamente constituciones con el fin de dar un cimiento jurídico y soporte legal a los nacientes países; Una de sus grandes discusiones fue el escoger el sistema de gobierno, ya que algunos propugnaron por escoger sistemas parlamentarios, pero que al final el continente se decantó por el sistema presidencialista. Ahora bien, el desarrollo del constitucionalismo de estos países estuvo permeado por la naturaleza propia de su pueblo, una de ellas es el encarnamiento en una persona de los ideales que tiene el pueblo, por eso surge en el continente personajes que abanderaron causas sociales y la necesidad de justicia social que desde sus orígenes reclama el continente.

Ello permitió que, con el transcurrir de los años, estos líderes se hicieran presidentes y promovieran ya fuera nuevas constituciones o reformas constitucionales que, conforme al juego político de cada país, le fueron otorgando más y más facultades y atribuciones, generando con ello, una especie de blindaje de carácter jurídico y político que les permitió desbalancear del equilibrio de poderes con mayor fortaleza hacia ellos y en perjuicio de los demás actores políticos.

El siglo XX no fue ajeno a esta situación que aqueja a casi todo el continente, pero en las últimas décadas de este siglo y especialmente la primera década el siglo XXI, Sudamérica vio nacer un movimiento que transformó parte del constitucionalismo imperante en el continente, el cual fue liderado por ideas políticas de izquierda y se ha visto de manera desbordada. Las formas como se ha expresado tiene que ver con el crecimiento de las facultades y poderes presidenciales, su intervención en las demás ramas del poder público, especialmente en los procesos legislativos y, con ello, la avalancha de reformas constitucionales que buscan la reelección presidencial indefinida: al respecto, desde ya hago la advertencia de que esta acción ha sido práctica no sólo en los países que pertenecen al Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, sino también en los países que son gobernados por ideas de izquierda, los que padecen esta grave situación en el continente, y que es reconocida bajo la figura llamada hiperpresidencialismo, la que atenta contra todas las democracias que tengan como figura política el presidencialismo.

Con ánimo de contextualizar la problemática identificada en relación con el crecimiento de las facultades y poderes presidenciales, se parte de establecer que el presidencialismo, en tanto expresión del sistema democrático, se fundamenta en la participación en procesos electorales de sus gobernantes a través del sufragio universal (Naranjo, 2003, p. 305); se distingue del sistema parlamentario en la medida en que existe una supremacía del órgano ejecutivo y esto se debe a las facultades que se le otorgan al mismo, sin embargo, su figura tiene sustento en la naturaleza del principio de la plena separación de poderes (Lanzaro, 2001, p. 19), es decir, inspirados en el espíritu de las leyes, en la plena autonomía e independencia de las ramas del poder público.

En efecto, el presidencialismo se caracteriza por el principio de separación de poderes. La elección se adelanta mediante sufragio universal, libre elección ministros e irresponsabilidad del parlamento (Duverger, 1962, p. 319), además de ser jefe de estado y jefe de gobierno, así independiente del poder legislativo (LaPalombara, 1974, p. 198-199), centralizando en su figura las competencias de la rama ejecutiva del poder público (Gaudemet, 1966, p. 16).

Una definición bastante interesante basada en estudiosos del derecho, sobre el presidencialismo lo afirma como “un sistema por el cual se forma un Ejecutivo capaz de mantener la voluntad popular como una verdad en el inicio de su mandato, mismo que, por cierto, será de tiempo fijo y determinado” (Chalco, 2017, p. 224). Por su parte, el maestro chileno Nogueira Alcalá, manifiesta que:

Debemos partir de la dualidad que enfrenta los sistemas de gobierno actuales, por un lado tenemos un sistema parlamentario, empleado por casi todas las democracias europeas, el cual se enfrenta al modelo presidencialista que es el adoptado por la mayoría de países americanos, desde los procesos independentistas, pero con el detalle de que para América Latina, se reforzaron los poderes presidenciales (Nino, 1992, p. 523-531); por desgracia, esta forma de gobierno dominante en las américas ha venido acompañada (desde periodos republicanos) de tendencias caudillistas que en muchos casos promovieron verdaderas dictaduras unipersonales donde prevaleció su institución sobre las demás figuras estatales (Viciano & Moreno, 2018, p. 169).

Si bien se asume por regla general que el constitucionalismo latinoamericano toma su sustento en el modelo constitucional estadounidense, también es importante señalar que tiene una fuerte influencia en la Constitución de Cádiz, así como del pensamiento francés en el pensamiento Rousseau, Montesquieu y Sièyes; en igual medida en los códigos fundamentales de 1791, 1793 y 1795 e inclusive apartes de la constitución inglesa (Carpizo, 2006, p. 70)

Sin embargo, al hablar del presidencialismo en nuestro continente es necesario hablar de la fuerte influencia de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787 (González, 2002, p. 2), como contestación al debilitamiento del congreso y el surgimiento de la fuerte figura del presidente quien iba adquiriendo cada vez más poder; en efecto, los fundadores del estado norteamericano propugnaron por crear la figura como un “monarca elegible” y que su nombramiento sea de carácter temporal, figura que poco a poco fue acogiéndose en América Latina durante los procesos independentistas del siglo XIX² (Naranjo, 2003, p. 308).

Es importante anotar, que el modelo norteamericano buscó establecer un “sistema de frenos y contrapesos” entre las ramas del poder público y la moderación política, fundamentado en las idolologías de James Madison y se pretendía que fuera la respuesta adecuada frente a la aparición de una tiranía que concentraba el poder o de una anarquía heredada de la revolución francesa (Gargarella. , 2017a, p. 107).

Gargarella, en igual sentido, sostiene que el constitucionalismo latinoamericano tiene sus bases en el modelo norteamericano, donde se efectuaron unos primeros modelos constitucionales especialmente sobre la formas de organización de poder, donde se han mantenido a lo largo de dos siglos de historia republicana o “constitucionalismo regional” la estructura de poder que concentra la autoridad en el ejecutivo y lo centraliza territorialmente (Gargarella, 2015, p. 170).

El paso por el siglo XIX e inclusive por parte del siglo XX, como lo enuncia el maestro Nogueira, se caracterizó por un “régimen original” donde se buscaba esa dualidad encontrada entre el liderazgo como jefe del ejecutivo y la limitación a su poder (Nogueira, 2017, p. 17). Para el proceder del siglo anterior, la figura fue contextualizada en la medida en que se entiende al presidente como jefe de estado y jefe de gobierno; sus ministros dependen única y exclusivamente de su potestad, demarcándose fuertemente la separación de poderes y las limitaciones a favor y en contra de su opuesto, el legislativo (Gaudemet, 1966, p. 16).

El maestro Gargarella ha criticado este modelo redundante en el constitucionalismo latinoamericano, pues al ser una figura de liderazgo en cabeza del presidente de la república, su posición ha permitido que en ocasiones (muchas) se modifique el texto constitucional en aras de buscar reelección o perpetuación en el poder (Gargarella, 2017).

Aquí es importante acotar, como lo señala el maestro Pisarello, que el fenómeno de las reformas constitucionales buscaron fortalecer la figura presidencial (Gargarella, 2017b, p. 23) y ello tiene asiento en la reforma que hiciera Fujimori en el Perú o Menem en la Argentina de la década de los 90, con la que buscó un mayor protagonismo y facultades en el jefe de estado y jefe de gobierno, pero no solo las reformas constitucionales, noche de las constituciones que se erigieron en el continente en esta década, a pesar de luchar con reducir a moderar los poderes otorgados al presidente, fracasaron en su propósito ya que la forma en que fueron redactadas aparentemente tienen una intención urgente de autorizar reelecciones presidenciales a los mandatarios del ejercicio (Gargarella, 2010, p. 177-178).

En efecto, la intención del presidencialismo ha sido el afianzar la rama ejecutiva del poder público, tocándole de una fortaleza y estabilidad que le permita realizar las políticas públicas diseñadas en su mandato así como el cumplimiento de su planificación y desarrollo, siendo necesario el cimiento institucional que implica necesariamente el incremento de sus competencias, basándose en la popularidad y el apoyo que pueda otorgarle el legislativo (Chalco, 2016, p. 79); este robustecimiento de la figura del presidente de la República implica un innegable desequilibrio de las demás ramas del poder público, entrando en escena lo que se ha denominado hiperpresidencialismo.

Uno de los grandes problemas que ha tenido en presidencialismo en América Latina ha sido la dificultad que ha tenido el constitucionalismo de limitar el poder ejecutivo (Gargarella, 2017, p. 2-3), especialmente en los procesos constitucionales de finales de siglo XX e inicios del siglo XXI, incluyendo las clausulas reformatorias, las cuales han procurado transferir poderes legislativos a la rama ejecutiva, en perjuicio del legislativo que necesariamente se ve abocado a un debilitamiento de su figura contrapeso que pueda ejercer dentro el ejercicio del control político; igualmente se ve afectado el poder judicial, siendo cada vez más dependientes el presidencialismo en el nombramiento y permanencia de sus jueces (Chalco, 2016, p. 80-81).

Si bien esta crítica al modelo constitucional imperante en el continente americano es creciente, no hay una definición que permita establecer el concepto. Debemos recurrir a las teorías que entienden al hiperpresidencialismo como el concentrar mucho poder, responsabilidad y hasta expectativas en una sola persona por un tiempo determinado (Gargarella, 2014, p. 273) a teorías que lo entienden como que el (presidente) abandona el equilibrio de poderes y genera un blindaje que le acerca más al autoritarismo que a la democracia (Chalco, 2016, p. 80).

Es interesante como Nino (1992) resume los elementos institucionales del hiperpresidencialismo entendiendo que (I) el presidente de la república tiene plena libertad discrecional para nombrar su gabinete así como los demás cargos de la rama ejecutiva del poder público que son de su resorte; (II) el poder legislativo tiene un limitado control del presupuesto y de los fondos públicos; (III) amplias facultades en estado de sitio; (IV) el excesivo centralismo en desmedro de los entes territoriales; (V) la intervención del ejecutivo en la función natural del legislativo a través del veto; (VI) la intervención del jefe de estado en la administración de justicia y (VII) las desbordadas facultades reglamentarias otorgadas que nublan la delgada línea entre delegación administrativa y normas de ejecución (Nino, 1992, p. 529).

Este fenómeno, a grandes luces negativo para la democracia de un país tiene su sustento, en parte, en la inmadurez política que reina en el continente que genera en su ideario la personificación del poder en la persona del Presidente de la República, pero también en elementos politiqueros como la manipulación de las demás ramas del poder público a partir de favores electorales y la corrupción que incontrolablemente crece en las venas de los países americanos , además de, a diferencia del modelo presidencial norteamericano, los gobernantes de Centro y Suramérica así como el caribe gozan de facultades de colegislación ya que tienen la potestad de presentar proyectos legislativos y declaratorias de urgencias de los mismos, participación en los debates propios de la rama legislativa así como facultades legislativas otorgadas por el mismo legislativo (Nogueira, 2017, p. 21 - 22), más los estados de excepción, los cuales en su mayoría perduran y trascienden en el tiempo.

Pero, si miramos en detalle, encontramos que a pesar de ser un modelo presidencial y estar controlado por el sistema de frenos y contrapesos, por cerca de 200 años se ha visto un fuerte desbalance en favor del Poder Ejecutivo, dotándole de poderes por encima de las demás ramas públicas, generando en sí, un sistema imperfecto que poco a poco hace más grande el desequilibrio en los poderes públicos (Gargarella, 2017a, p. 108-109).

Es claro entonces, que el presidente abandone el equilibrio de poderes con relación a los demás actores del poder político, generando para sí casi que un blindaje que lo lleva al autoritarismo a desmedro de la democracia. Este degenero del presidencialismo originario propone, en consecuencia, que sobrepase todas las ramas del poder público, especialmente debilitando a legislativo y hasta deslegitimando las instituciones políticas; este desbalance genera en el presidencialismo un desbordamiento de atribuciones, lo que se traduce en que mantiene potestades por encima de los otros poderes (Chalco, 2017, p. 97-98).

Es interesante ver cómo entre 1978 y 2009 se erigieron 15 constituciones en América Latina; lo que llama la atención es que, de las mismas, fueron modificadas 10 en 16 oportunidades y estas modificaciones tenían algo que ver con flexibilización de cláusulas reeleccionistas (Gargarella, 2017b, p. 21). Es claro entonces que lo que se ha buscado es el concentrar el poder en cabeza de la máxima figura del ejecutivo en los diferentes estados del continente, a través de reforma constitucionales con intereses a corto plazo (Gargarella, 2011, p. 86).

Lo increíble de los pueblos latinoamericanos es que una vez le otorgan las facultades ya señaladas buscan afanosamente controlar el desbordado poder otorgado con figuras como la limitación en el tiempo de mandato³ y las limitaciones reeleccionistas que como se ha señalado poco a poco se hacen menos en el continente (Nogueira, 2017, p. 22-23).

Encontramos por ejemplo en el modelo ecuatoriano un fortalecimiento desmedido en el poder del presidente de la República en perjuicio de las demás ramas del poder público, ya que es claro que tiene desbordadas facultades como la del poder de veto, cuyo impacto es el de influir en el proceso o trámite legislativo⁴ , así como la reelección indefinida⁵, disolver la asamblea nacional⁶ y poder legislar a través de decretos mientras sesiona un nuevo congreso (Ortiz, 2018, p. 537).

El punto anterior concuerda con la crítica propuesta por Gargarella en 2008, cuando analiza la figura del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y sentencia la presencia de una profunda contradicción y es que el contraste del catálogo de derechos con una estructura constitucional del siglo XIX, genera un reforzamiento (fortalecimiento) del presidencialismo por encima de los parámetros democráticos (Ortiz, 2018, p. 542)

A pesar de que el hiperpresidencialismo tiene bases institucionales sólidas en cada país, se combina con elementos del sistema político que acepta por parte de la cultura política ciudadana un manejo autoritario del Estado (Ortiz, 2018, p. 544), es aquí (posición personal) donde cobra más riesgo esta práctica democrática, ya que la única diferencia que se encuentra con las dictaduras militares del siglo XX en el continente es que es aceptada por el pueblo, es decir, la legitima en las urnas, en el ejercicio de la democracia y los derechos ligados a esta, que la misma población la que decide y es más riesgoso ya que a diferencia del modelo norteamericano, centro y Suramérica, han vivido sus historias políticas desde los periodos previos a su independencia esperanzados en los caudillismos, esos líderes sociales, políticos o militares en los cuales el pueblo deposita su esperanza y en la mayoría de los casos (por motivos como la falta de control político, judicial o social) buscan establecerse en el poder a costa de los valores y principios democráticos.

Ahora bien, y como lo afirma Gargarella, el excesivo presidencialismo (hiperpresidencialismo) corre por las venas del constitucionalismo latinoamericano que hoy, más de doscientos años después, se sigue acentuando y con él la aniquilación del sistema de pesos y contrapesos, no garantizando el equilibrio de poder, sino que, por el contrario mueve la balanza hacia este poder ejecutivo con los impactos propios que conlleva (Gargarella, 2015, p. 170), como la inclinación de la rama judicial a su favor ya que goza de facultades como la de nombrar o promover magistrados y jueces así como la lenta sumisión del legislativo a sus iniciativas en proyectos de ley así como de los vetos, afectando no solo la armonía entre los poderes, sino que atenta directamente contra la democracia.

Una de las posibles razones por las que se presenta el fenómeno del hiperpresidencialismo es la costumbre que ha tenido América Latina de trasplantar los modelos, en este caso el norteamericano, pero que él mismo no se adecúa a la naturaleza propia de sus países (Viciano & Moreno, 2018, p. 169). En efecto, si miramos el Modelo estadounidense, podemos encontrar el peso que tiene entre su sistema los partidos políticos; para el habitante del gigante del Norte interesa más la representación del partido que el candidato mismo, ya que sus figuras políticas, debe representar forzosamente las cualidades y virtudes que encarnan la naturaleza del partido que representa ya sea la figura conservadora de los republicanos o la línea de avanzada y libertades de los demócratas, pero que cuando son traídas desde Washington a todas las capitales que se extienden a lo largo del continente hasta la Patagonia, encontramos que, salvo México, los ciudadanos del resto de países siguen las ideologías del mandatario de turno o un candidato que encarne las pasiones, los deseos y las necesidades. Es por ello que tenemos los seguidores de Simón Bolívar, como también tuvimos en el caso colombiano los seguidores de Jorge Eliecer Gaitán, así como el movimiento revolucionario de Fidel Castro o las ideas de avanzada de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en el Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, solo por citar unos ejemplos, ya que los momentos en que fueron presidentes (salvo Gaitán que fue asesinado antes de la elección) que encarnaban o mejor, representaban lo que en su momento necesitaban sus países basado en sus orígenes o porque en el sentir del pueblo se entendían sus necesidades y se identificaban como sus representantes en una propuesta de cambio que mejoraría las condiciones de sus habitantes.

Lo anterior concuerda con la critica que hiciera Linz sobre el presidencialismo y la realidad latinoamericana, de la cual identifica como problemas: la falta de identificación partidista y la situación sui géneris del “presidente gana todo” (Chalco, 2016, p. 78). En efecto, los procesos electorales en América Latina establecen en su resultado que quien haya ganado los comicios será el presidente de su República y como quiera que es vencedor, por las facultades y poderes otorgados, al ser jefe de gobierno tendrá toda la potestad para elegir su equipo de trabajo y es claro que con esa cultura caudillista que impera en el continente, la máxima representación del ejecutivo parece ajena a la lógica partidista y es claro que las corrientes sudamericanas de izquierda del siglo XXI han votado por líderes que impulsan reformas constitucionales por encima del ejercicio democrático en favor de su perpetuación en el poder (hiperpresidencialismo); sin embargo, este es un mal que no sólo aqueja a la izquierda, ya que también afecta a países de cultura política diferente: encontramos a manera de ejemplo, la situación ocurrida en Colombia, cuando el hoy expresidente Juan Manuel Santos ondeaba orgulloso las banderas de un partido político del cuál fue hasta ministro de defensa, pero que al momento de ser electo presidente de la República y posesionarse un 7 de agosto de 2010, adelantó su mandato con ideales y principios diferentes al de su antecesor y lo que representaba como partido y línea política.

En este punto es importante señalar que al erigirse el estatuto de la oposición en Colombia⁷, se le otorgó al segundo en los procesos electorales, la posibilidad de acceder a una curul en el Senado de la República y con él ejercer control político a las actuaciones que adelante la rama ejecutiva central, un claro intento de controlar el desbordado poder presidencial (Ángel-Osorio, Nieto-Gómez, & Giraldo-Díaz, 2020).

Y es que esta degeneración obstaculiza el gobierno democrático tanto en el reparto de competencias como en la representación parlamentaria (Von Bogdandy, 2017, p. 155), pero también, afecta la democracia y el carácter progresista que deben tener las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Son muchas las modificaciones en el texto superior que no pasan de ser un simple intento, sino que intenta accionar desde las viejas estructuras políticas favorables al poder concentrado (Gargarella, 2013, p. 255). Resulta claro que no sólo afecta el hiperpresidencialismo al equilibrio de poderes, sino que también afecta al sistema de pesos y contrapesos así como la lucha por la consecución del reconocimiento y salvaguarda de garantías constitucionales en la ampliación de la carta derechos conocida al interior de los estados. Esta negativa orquestada en muchos casos por el jefe de estado, se hace latente no sólo en los países de izquierda sino que también está en los países de derecha, impidiendo el desarrollo del actuar legislativo y emitiendo veto al resultado del ejercicio democrático.

Es claro entonces, que el hiperpresidencialismo es la degeneración del sistema presidencial originario. Es el momento que se empiece a estudiar este fenómeno político, pero no desde sus causas, ni desde su desarrollo, tampoco desde sus efectos, ya que son ampliamente conocidos; sino que este estudio debe provenir desde la academia. Las universidades deben brindar propuestas que permitan regresar al equilibrio de poderes así como al sistema de pesos y contrapesos, pero que estas propuestas sean atemperadas a la naturaleza, idiosincrasia, cultura y en democracia de los países del continente americano, es decir, generadora de propuestas autóctonas que contrarresten el debilitamiento de las democracias de América Latina.

América latina desde sus procesos revolucionarios del siglo XIX declinó su intención mayoritaria de acoger el modelo presidencialista estructurado décadas antes por la naciente Estados Unidos. A diferencia del gigante del norte, fundado especialmente por ese ideario del caudillismo, tales procesos encarnaban en aquellos próceres de la patria la necesidad de establecer y estructurar nuevos estados, pero terminó por otorgar mayores facultades al presidente como máxima figura de la rama ejecutiva del poder público, poder desbordado que década tras década, se hacía más notorio desde México hasta Argentina, mutando o, como muchos autores lo han calificado, deformando el modelo presidencialista en un modelo hiperpresidencilista, donde el ejecutivo cuenta con facultades excedidas que desequilibran el sistema de pesos y contrapesos en perjuicio de las demás ramas del poder público.

Tenemos en el maestro Gargarella, uno de los grandes críticos del hiperpresidencialismo, quien centra su crítica especialmente en las últimas décadas, donde se ha desarrollado el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y el afán de los movimientos izquierdistas de generar reformas constitucionales en favor de sus intereses particulares y, en especial, de las reelecciones; sin embargo, es de notar que en estas mismas décadas, los países como Colombia, que han sido enmarcados con gobiernos derechistas, decanta de manera evidente que este fenómeno del hiperpresidencialismo afecta a los países de la región indistintamente de la afinidad política es sus líderes.

El caudillismo, ese afán desbordado que tienen los pueblos latinoamericanos de encarnar en una persona los ideales y necesidades que tienen, ha permitido que esta figura antidemocrática fehaciente en las venas del continente, hace cada vez más evidente la necesidad de que este poder desbordado sea controlado no sólo por el legislativo, sino que también debe ser controlado por la rama judicial y por el constituyente soberano.

Es aquí donde se requiere que la academia se involucre de manera objetiva con el fin de estudiar este fenómeno. Se requiere analizar el impacto que ha tenido en la débil democracia del continente; se requiere que la academia proponga alternativas que permitan el control político y democrático, así como el control judicial, pero que no deje de lado, la naturaleza propia del presidencialismo y la idiosincrasia del pueblo latinoamericano y que, además permita generar un modelo autóctono sobre lo ya avanzado y la necesidad permanente de mejorar las condiciones de sus habitantes.