Actualmente, sumado a las formas de apropiación de los territorios y su consecuente despojo de los habitantes tradicionales, los asesores del Banco Mundial y con ellos organismos como OCDE, FAO, UNESCO, imponen metas, indicadores, hojas de ruta, estándares, a los países que aceptan el único objetivo bajo el cual están tales imposiciones: consolidar el crecimiento económico (IPCC, 2019; Victoria et al., 2019). Tal es el caso de la Agenda 2030 lanzada por la ONU, en septiembre de 2015, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS-. Mismos objetivos que, para 2018, son adoptados por Colombia, es así como el Estado colombiano es uno de los países que ha aceptado dirigirse hacia el crecimiento económico; y se ha destacado por liderar agendas que agudizan la miseria, la pobreza, la destrucción de los recursos naturales.

Sin ir tan lejos en la historia, desde el año 2000, cuando se declaran los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-, Colombia ha venido cumpliendo los estándares de crecimiento económico, siendo el sector industrial el más productivo, con una industria minera que destruye el ambiente, es intensiva en capital y además no genera empleo. El fortalecimiento del sector minero se ve reflejado en el debilitamiento de la producción campesina, el desplazamiento forzado y la desigualdad del país con respecto al acceso a salud y educación (Marrugo, 2013).

Son ahora los ODS de la agenda 2030 el elemento integrador de las demás agendas que adelanta el país en materia de desarrollo, y con las cuales cumple lo exigido a nivel global por el capital corporativo transnacional (DNP, 2018). Para Colombia, esta agenda implica agudizar las políticas neoliberales. Así permite observarlo el CONPES 3918 cuando plantea, por un lado, la necesidad de alinear la agenda con los instrumentos de política territorial y su consecuente coordinación interinstitucional, y con los diferentes actores sociales, además de los desafíos que representa el lograr acciones transversales como la capacidad del gobierno para cuantificar los avances de las metas en cada una de las instancias de operación del Estado (DNP, 2018).

Por otro lado, se tiene que las diferentes agendas coinciden en un objetivo común: la promoción del neoliberalismo con los ODS. Entre estas agendas se encuentran: el Plan Nacional de Desarrollo PND Todos por un nuevo país 2014-2018; el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE-; el Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático y la estrategia de crecimiento verde (DNP, 2018).

La exigencia de articulación entre las agendas institucionales coincide con lo que el Estado colombiano explícitamente ha ordenado al sector privado, a la academia y a la sociedad civil: trabajar conjuntamente para cumplir las 169 metas contempladas en los 17 ODS. “No dejar a nadie atrás” es el mandato del Estado colombiano, el que a su vez ha sido recibido de la ONU. Mandato que corresponde a la visión hegemónica del mundo como mercado. Mandato que excluye saberes, culturas, paisajes, modos de vida, formas de habitar. Bajo este indicativo, vía los ODS y otras agendas, los organismos multilaterales y el Estado colombiano imponen una visión del mundo en pensamiento unidimensional.

Se tiene una Colombia para el desarrollo, como lo sostiene Cecodes (2017) en informe que resalta que Colombia ha generado estrategias y educación en torno a la concienciación de los ODS, y que de 157 países incluidos en el ranking SDG Index and Dash boards Report 2017 (SDSN, 2017), Colombia ocupa el puesto 88 con un puntaje de 64.8.

Los ODS han sido pensados de manera principal por los organismos multilaterales y los Estados como una estrategia global para el desarrollo en la que la interacción internacional es el indicativo por seguir. Los ODS son una técnica de gobierno, un entramado estratégico con el macroobjetivo de lograr crecimiento y desarrollo económico, mediante indicaciones, evaluaciones, recomendaciones regionales, planeación y operacionalización de cada uno de los ODS.

El gobierno colombiano prioriza los ODS en la vigencia 2018-2022. El PND no resulta de una apuesta libre de la sociedad colombiana frente a las necesidades de las comunidades, sino de una base diagnóstica para identificar cómo está Colombia en los diferentes sectores de la cadena productiva, para poder hacer viables los ODS a partir de la inversión del Estado, y lograr finalmente, el alcance del desarrollo económico global (Ángel, 2017, p. 100).

Desde esta perspectiva, el país debe realizar numerosos esfuerzos para lograr los ODS. Entre ellos, los que indica la Contraloría de Bogotá (2017) , en referencia a la necesidad de ajustar el ordenamiento territorial acorde a las realidades y necesidades del área administrativa, de la ubicación y de las necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales de cada territorio colombiano. A lo anterior se suma la indicación de ver en los ODS una oportunidad para la construcción de la paz, así como también para posicionar al país ante instancias internacionales que resulten beneficiosas para la población, la economía y el reconocimiento internacional. A estos esfuerzos se suma lo que Carlino et al. (2017) plantean para el efectivo logro de los ODS, a saber, el financiamiento.

En países como Colombia, la consecución de los ODS requerirá un importante aumento en los niveles de inversión, tanto pública como privada; así permiten observarlo Carlino et al. (2017), cuando estiman las necesidades de financiamiento de los países de ingresos bajos y mediobajos, indicando que esos países deberán incrementar sus inversiones anuales entre un 4% y un 11.5% del PIB con el objeto de cumplir con los ODS, y hacer esto sostenidamente desde ahora hasta el año 2030. El sistema financiero resulta esencial para promover el desarrollo, pues, de acuerdo con Carlino et al. (2017), se considera que, bajo un adecuado marco regulatorio, el fortalecimiento del sistema puede contribuir a acelerar el crecimiento.

En Colombia el fortalecimiento del crecimiento está asociado a la reprimarización de la economía, lo que implica un énfasis en la extracción minera y de hidrocarburos, reflejado en daños ambientales profundos y rompimiento de los tejidos sociales a propósito de los desplazamientos forzados, lo cual va en detrimento de las economías locales y campesinas, las cuales aportan al crecimiento económico mundial. Esto no es considerado por el gobierno ni por el Estado, ya que deben atender al cumplimiento de las metas financieras que exigen los ODS.

Estos análisis coinciden con lo que plantea Enríquez (2016), quien señala el papel principal que juega el Banco Mundial como uno de los organismos internacionales que impone políticas públicas en los países. Oficialmente, el Banco Mundial tiene como una de sus finalidades el fomento del desarrollo económico y social y en ese sentido, este organismo es la principal fuente de ayuda oficial para el desarrollo. El Banco Mundial ejerce un papel de intermediario en los mercados internacionales de capitales con la finalidad de canalizar recursos para el desarrollo en condiciones concesionarias; tal ejercicio conduce al mpobrecimiento de los países, evidenciable en el aumento de la deuda externa (Enríquez, 2016).

El Banco Mundial difunde entre las economías subdesarrolladas un modelo de política económica que aplica las mismas recetas que crean una crisis estructural a nivel mundial, esto es, tal como dice Enríquez (2016) el privilegio al incremento de la competitividad internacional a través de la vocación exportadora de las economías nacionales, la remoción de los aranceles y la adopción de tipos de cambio adecuados. Estrategias que agravan las crisis de los países hasta derivar en efectos sociales y ambientales negativos como la proliferación del desempleo, la caída de los salarios y el ingreso, el incremento de la desigualdad social y la agudización de la pobreza entre amplios sectores populares, situaciones que se presentan en el caso colombiano.

Los cuantiosos recursos financieros canalizados por el Banco Mundial para los países subdesarrollados y la cooperación internacional para el desarrollo promovida por esta organización no detienen, sino que agudizan los efectos sociales y ambientales negativos, derivados de la adopción de las estrategias de estabilización, privatización, redefinición de la regulación económica y apertura de las economías nacionales. En Colombia, el Estado colombiano, para alcanzar los ODS, debe contemplar el crecimiento económico, es decir, ahondar en lo que ha generado las problemáticas sociales y ambientales actuales (Giraldo y Nieto, 2017).

El entorno rural colombiano presenta una característica que compromete una realidad constante: la desigualdad. Así permite observarlo Villaveces (2017), quien aporta elementos descriptivos dicientes de tal entorno permitiendo con ello analizar las condiciones de realidad al que se ve enfrentado el campo ante la materialización de los ODS. Han sido dos los aspectos significativos de tal situación en Colombia: por un lado, se encuentra el impacto causado por el conflicto armado y, por otro lado, el causado por el narcotráfico. Lo uno y lo otro, han aportado al incremento de la concentración de la propiedad, el desplazamiento forzado, el empobrecimiento de los pequeños propietarios campesinos y el aumento de la subutilización de la tierra, principalmente en actividades de ganadería extensiva en detrimento de la agricultura tradicional y comercial (Victoria et al., 2019). En Colombia, la desigualdad en el campo es una constante definida desde la propiedad de la tierra, la cual se concentra en pocas manos. El coeficiente de Gini de la tierra ha aumentado en 2 puntos entre 1984 y 2010 (Villaveces, 2017). Tanto la desigualdad, como la pobreza y la baja calidad de los derechos de propiedad de la tierra conllevan problemas como la exclusión, la inestabilidad política y social. Por ello, las políticas de tierras y desarrollo rural en Colombia, -tales como Agro Ingreso Seguro -AIS- que fue un programa del gobierno para entregar subsidios a agricultores colombianos, posteriormente substituido por Desarrollo Rural con Equidad DRE; y la política de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social ZIDRES-, finalmente se constituyen en un instrumento que legaliza la acumulación irregular de predios por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra (Resumen latinoamericano, 2017).

En consideración de lo anterior, resulta prioritario mirar la estructura de la tierra y proponer políticas complementarias para mejorar La condición de los campesinos que optan por el mundo rural. Esto incluye, acceso al crédito, infraestructura, programas productivos, asesoría técnica y condiciones de vida para sus familias como educación, salud, recreación, entre otros (Hidalgo, Houtart & Lizárraga, 2014).).

En Colombia lograr efectivamente la superación de la desigualdad y la pobreza implica desligarse de los modelos de desarrollo impuestos por el Estado y los organismos multilaterales. Esto significa no adoptar acríticamente unos objetivos que desconocen los aspectos económicos, culturales, históricos y ambientales del país, sino discutirlos democráticamente con las comunidades rurales y en sus territorios con miras a consolidar otras formas de organización social, de producción, de creación, de invención que permitan su materialización sin violentar los tejidos sociales, los entramados comunitarios y las relaciones sociedad - naturaleza (Ángel, Nieto & Giraldo, 2019).

Colombia, a través de las políticas del desarrollo rural, del CONPES para la paz y de la adopción de los ODS, promueve un tipo de desarrollo que está en contravía de la visión que tienen las comunidades rurales de sus territorios. A la hora de implementar las acciones definidas para alcanzar los ODS, no se tienen en cuenta tales visiones, en consecuencia, éstas son arrasadas dejando sin sustento tanto la vida comunitaria en sus territorios, como la misma soberanía alimentaria, representada en diversidad genética y cultural (Victoria et al., 2019).

Se plantea así, una apuesta crítica en la perspectiva de lo que significa para los habitantes rurales, destinar sus territorios a los ODS. Las instituciones deben estar en función de la construcción de políticas que permitan la superación de las desigualdades y de la pobreza desde abajo, promoviendo las discusiones en torno a ello y apoyando la toma de decisiones. La institucionalidad colombiana, por más de medio siglo, se ha orientado a promover un desarrollo que responde a una tradición cultural ajena y lejana, que en los espacios rurales se ha implantado a través de un modelo de agricultura derivado de la revolución verde, del agronegocio empresarial basado en la industria petroquímica y la mecanización (Sánchez, Valencia & Montes, 2012).

El desafío para el país consiste en consolidar una estrategia de superación de las desigualdades y de la pobreza acorde con las dinámicas de los territorios rurales, que hoy se enfrentan a una realidad que implica superar escollos profundos de un modelo económico impuesto por décadas por el Estado. Este desafío está en correlación con la construcción de una paz estable y duradera y con la necesidad de fortalecer la economía del sector rural generando equidad y oportunidades para las comunidades, organizaciones y empresas que requieren aportes para su mejoramiento y estabilidad territorial y económica (Ángel, 2017).

En consonancia con lo anterior, es urgente y necesario que las políticas de adopción de los ODS en Colombia se desvinculen del crecimiento económico exclusivamente y en cambio en el ámbito rural, se opte por una perspectiva incluyente que convoque al reconocimiento de sus habitantes y de sus formas múltiples de habitar y conservar el entorno.