Uno de los debates permanentes dentro de la investigación social tiene que ver con el papel de la ética, dentro de ello, más concretamente, con las posturas éticas de quien investiga respecto de los fenómenos sociales a abordar. Para el caso colombiano, uno de los temas de mayor cobertura dentro de las Ciencias Sociales tiene que ver con el conflicto sociopolítico armado, del cual ha surgido una diversidad de posturas respecto de sus orígenes, dinámicas, impactos en la sociedad y apuestas a su superación. Dentro de este gran tema, uno de los temas, sin duda, más polémicos, tiene que ver con las investigaciones acerca del movimiento por la defensa de los Derechos Humanos, y las afectaciones que dicho conflicto ejerce sobre los Derechos Humanos de las comunidades y el Derecho Internacional Humanitario.

Dicha polémica surge por el papel que el Estado colombiano asume frente a las violaciones a los Derechos de las comunidades, en especial, cuando se identifican a sus agentes como responsables de las mismas; pues éste se ha encargado reiteradamente de negar dos hechos fundamentales para comprender la historia del conflicto sociopolítico colombiano: Uno consiste en reconocer las diferentes configuraciones paramilitares existentes hasta ahora como organizaciones paralelas a las Fuerzas Armadas, cuya función ha girado en torno a la defensa de los intereses del bloque de poder dominante, haciendo el “trabajo sucio” que las fuerzas estatales no pueden realizar, dado su carácter ilegal. El segundo hecho consiste en la existencia de una sistematicidad en el asesinato y hostigamiento de líderes(as) sociales por parte de dichas configuraciones, con complicidad por parte de agentes del Estado, continuando de esta manera con una estrategia contrainsurgente dedicada al combate del “enemigo interno” y la contención de las diferentes formas de manifestación social que cuestiona el actual orden social capitalista en nuestro país.

Este tema trae consigo la siguiente pregunta ¿Qué retos, a nivel ético, supone investigar éste y otros temas relacionados con el conflicto sociopolítico armado y el actual momento de construcción de paz en Colombia? La importancia de esta pregunta recae en un hecho problemático, y es que el actual conflicto, desde sus inicios, ha implicado el posicionamiento de ideas y proyectos de sociedad conflictivos y antagónicos, relacionados a su vez con niveles de objetividad y puntos de vista diversos en el escenario político y académico donde, por un lado, desde el Estado colombiano y un sector importante de la academia y las Ciencias Sociales se ha sostenido la existencia de una “verdad oficial” mientras que, por otro lado, surge un sector dedicado a controvertir dicha “verdad”, en un ejercicio por profundizar y enriquecer los análisis existentes sobre las dinámicas del conflicto, en especial las afectaciones hacia los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Dicho esto, el presente escrito apuesta por abordar la cuestión de investigar dichas afectaciones en relación con la ética de la investigación social. Para ello, se pretende, en primer lugar, ubicar la discusión teórica frente a la manera como desde las diferentes perspectivas de las Ciencias Sociales se aborda el fenómeno de la objetividad y los criterios de verdad a la hora de construir conocimiento. A continuación, se ubica el conflicto suscitado a raíz de las investigaciones sobre las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de agentes del Estado colombiano y el paramilitarismo, posteriormente, se ubicarán algunos retos, de tipo ético, para la realización de investigaciones sobre temas relacionados con el conflicto sociopolítico colombiano, los cuales permitan contribuir a la construcción de unas Ciencias Sociales comprometidas con la construcción de una Paz, no solamente estable y duradera, sino también democrática y con Justicia Social.

Esta discusión parte de la manera como los seres humanos abordan los fenómenos existentes en la realidad concreta. El filósofo checo Karel (1967) plantea que este proceso se realiza generalmente de forma inmediata bajo una práctica utilitaria, determinada y unilateral, guiada bajo un carácter de inmediaticidad que, si bien, brindan las condiciones básicas para orientarse y saber actuar en el mundo, no proporciona a los seres humanos la capacidad de comprender el origen y el proceso de manifestación de estos fenómenos. Por tanto, para este autor, los seres humanos actúan dentro de una atmósfera en que la superficialidad de la realidad se fija como un mundo natural e independiente de los individuos, manifestándose así el mundo de la pseudoconcreción, donde se manifiestan la esencia de dichos fenómenos en ciertos episodios y de diversas formas, pero a la vez son ocultos de idéntica forma.

Será este escenario pseudoconcreto el punto de partida para la investigación social, y dentro de ella una de las discusiones que se generan gira en torno hacia el nivel de objetividad y los criterios de verdad requeridos en la construcción de conocimiento científico. En el caso de la matriz positivista, encabezada por August Comte y Emile Durkheim, la objetividad y la verdad se logran mediante el análisis de los fenómenos sociales bajo los mismos preceptos metodológicos empleados por las Ciencias Naturales, ya que de esta forma es posible llegar a un conocimiento rigurosamente científico, despojado de toda clase de prenociones propias del sentido común y de ideologías (Bravo, 1997). Así mismo, desde la perspectiva comprensiva de alemán Max Weber, se aboga por la objetividad y la verdad sobre la base de distinguir los juicios de hecho y los juicios de valor, desprendiendo estos últimos al momento de ubicar las ideas centrales y exponer los argumentos que la soportan.

Sin embargo, tanto Durkheim como Weber cuentan con profundas limitaciones en su pensamiento frente a la objetividad y los criterios de verdad científica, pues su llegada se reducen a alcanzar aspectos de índole personal de quienes investigan, tales como la inteligencia, la penetración o su honradez personal (Goldmann, 1972), desconociendo con ello aspectos propios de la investigación en las Ciencias Sociales, como por ejemplo el carácter histórico de los fenómenos sociales y la susceptibilidad de éstos a ser transformados por medio de la praxis humana, como también la ubicación de quien investiga en términos del antagonismo social existente en los conflictos presente al interior de dichos fenómenos lo que conlleva, inevitablemente, al reconocimiento de una serie de implicaciones político-ideológicas de quien construye conocimiento sobre dichos fenómenos al interior de la teoría social.

Por tanto, esfuerzos desde la matriz positivista dirigidos a construir un conocimiento despojado de prenociones e ideologías resultan en vano, ya que toda investigación social establecerá algún tipo de vínculo con una serie de determinantes ideológicos y sociales objetivos, en mayor o menor medida visibles ante del ojo de quien investiga (Meszaros, 2008). De esta forma, el desarrollo de las Ciencias Sociales se sitúa en diferentes contextos ideológicos: la economía política clásica descansa en el supuesto filosófico de una naturaleza humana inmutable y egoísta, mientras que el presupuesto de Talcott Parsons de una sociedad como sistema que autorregula, sin escisiones ni tensiones, su propia unidad, parte de una ideología encaminada hacia el orden, la conservación de las estructuras sociales existentes y la necesidad de un equilibrio entre las mismas (Sánchez-Vásquez, 1983).

Se reconocerá entonces que en el Modo de Producción Capitalista existe una producción consciente, por parte del pensamiento liberal-burgués, de un conjunto de representaciones e ideas que van configurando una “visión de mundo” condicionado por la necesidad de sostener determinadas relaciones sociales y por el desarrollo de sus fuerzas productivas, donde las contradicciones propias del Modo de Producción Feudal, tan arduamente atacados por el pensamiento liberal-burgués, fueron forzadas a un proceso de adaptación para la satisfacción de las necesidades económicas y políticas de la clase burguesa (Lukacs, 1966). Dentro de este proceso se presenta una contradicción entre el perfeccionamiento del conocimiento científico construido por los liberales-burgueses con un intenso proceso de especialización del mismo que busca contener el carácter progresivo y revolucionario de tuvo en su momento la clase social a la que representó, buscando que éste llegara solo a las mentes de un grupo selecto de personas, proceso consolidado mediante la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual (Coutinho, 1973).

Por consiguiente, la investigación social no se escapa de las determinaciones y condicionamientos que, desde las clases dominantes, pretende generalizar su visión del mundo como la visión general de la sociedad, siguiendo la premisa de Marx y Engels1¹. Frente a esta situación, Max Weber aclara que los juicios de valor solamente intervienen en el momento de elegirse el objeto de conocimiento. Sin embargo, es preciso mencionar que los elementos elegidos dentro de la investigación, como el contenido de la pregunta, la metodología de trabajo o la población a investigar determinarán, de antemano, el contenido y los resultados de la misma, puesto que

De esta forma, la ubicación de la objetividad y la construcción de criterios de verdad se expresa en la investigación social mediante dos formas: Las preguntas que se hacen y no se hacen a la realidad y la importancia que se les da a los diversos factores por los cuales uno se interesa. Igualmente, este punto de vista se vislumbra por el carácter histórico y cambiante de la realidad social como producto histórico de la praxis humana, su susceptibilidad para ser transformada y por el reconocimiento del papel activo que juega el sujeto a la hora de construir conocimiento. Aquí entra Schaff (1970) al afirmar que, contrario a lo planteado por la matriz positivista -donde ubica la pasividad del sujeto en este proceso- el sujeto recibe la información brindada por el mundo exterior y pondrá en juego toda una dinámica de percepciones, el uso de un determinado lenguaje adquirido en los procesos de socialización y de formación educativa, y pondrá en ejercicio una serie de juicios condicionados socialmente por un sistema de valores que poseen un carácter de clase, para luego formular su postura frente a determinado fenómeno de la realidad social.

De esta forma, el sujeto quien investiga asumirá, de manera consciente o no, una posición de clase a la hora de llevar a cabo su ejercicio, puesto que no solamente su trabajo representa una serie de intereses personales y colectivos, sino que establecerá una valoración de los objetos necesarios para su desarrollo y de los procesos sociales donde se desenvuelve, reconociéndolos como fenómenos concretos por medio de su praxis que reproduce o transforma lo existente (Barroco, 2004).

Queda demostrado, pues, que la investigación social se encuentra atravesada por una serie de discusiones sobre el nivel de objetividad que se puede llegar a la hora de construir un conocimiento científico, y con ello la búsqueda de una verdad -o verdades- acerca de los fenómenos sociales a abordar. Sin embargo, en el marco de las guerras, de acuerdo con Esquilo, la primera víctima es, precisamente, la verdad. Infortunadamente, la dinámica del conflicto sociopolítico colombiano ha afectado el campo de la investigación social, a tal punto que su ejercicio ha costado la vida y tranquilidad de quienes han buscado la verdad sobre el mismo, esto a pesar de la premisa metodológica weberiana de separar el ámbito de lo político de lo científico. A pesar de ello, diversos sectores de la academia han decidido tomar una postura a partir del ejercicio de la investigación social y el posicionamiento de argumentos soportados en la interacción investigador/a-realidad social a partir de métodos y diversos niveles de objetividad y, con ello, ser partícipes del escenario de disputa sobre las dimensiones de un conflicto como el colombiano en la sociedad. La impostura de una supuesta “verdad oficial”, apoyada por un sector del campo académico situado en su construcción y defensa, ha encontrado como respuesta el posicionamiento de un importante sector dentro de las diversas profesiones y disciplinas de las Ciencias Sociales, tanto en Colombia como en el extranjero, quienes en un ejercicio por controvertir dicha “verdad oficial”, dado también el nivel de compromiso de las y los investigadores con las comunidades con quienes se construye conocimiento.

Dicha situación se ubica a partir de la necesidad de los gobiernos de turno y el bloque de poder dominante en Colombia por configurar un Estado fuerte, como un medio para ingresar a los grupos económicos y políticos más poderosos a nivel mundial, a partir de una política de desarrollo económico y fortalecimiento militar, sujeto a los mandatos de la política estadounidense, en una relación denominada por Vega (2015) como de “subordinación estratégica” y de “autonomía restringida” el cual pretendió, entre otras cosas, hacer contención de las luchas sociales protagonizadas por sectores campesinos, estudiantiles y obreros, identificados por ambos gobiernos como focos de “amenazas comunistas”.

Estas acciones trajeron consigo graves consecuencias para los Derechos Humanos de las clases trabajadoras y los sectores más vulnerables del país: El despojo de millones de hectáreas de tierras a manos de ejércitos privados al servicio de los partidos tradicionales, paramilitares y narcotraficantes; una represión política sin precedentes, donde el más mínimo desacuerdo con las órdenes del bloque de poder dominante era considerada como una sentencia de muerte o de destierro; el asesinato de cientos de miles de personas por motivos políticos, principalmente por representar los intereses de las clases trabajadoras y los sectores sociales y populares, cuyo ejemplo más triste y nefasto es la aniquilación a sangre y fuego de la Unión Patriótica y el surgimiento de expresiones de rebelión armada protagonizadas por grupos que, habiendo agotado todas las formas de expresar de manera pacífica y legal su oposición al Estado colombiano y sus intereses de clase, decidieron abogar por la vía armada como una forma de presionar los cambios y las transformaciones conducentes al bienestar de los sectores sociales y populares.

De la mano con estos acontecimientos, surgieron diversas iniciativas de orden académica y de defensa de los Derechos Humanos, quienes solicitaron el esclarecimiento de los hechos, a partir de demandas colectivas de verdad y justicia ante tales hechos. Cabe destacar dos importantes iniciativas en este aspecto: la primera consiste en la Comisión Investigadora conformada en los tiempos del Frente Nacional por Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, cuyo producto denominado La Violencia en Colombia constituye un primer esfuerzo por un esclarecimiento extrajudicial y académico para esclarecer los pormenores de aquella trama histórica de guerra bipartidista. Una segunda iniciativa, esta vez de carácter extragubernamental, consiste en el informe Libro Negro de la Represión - Frente Nacional 1958-1974, organizado por el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, el cual es introductorio en el lenguaje de los Derechos Humanos en Colombia, tanto en el campo político como académico. Si bien esta última iniciativa se halla más ligada a una interrelación de los Derechos Humanos con el campo discursivo de un sector de la izquierda colombiana (González-Jácome, 2016), en ambas investigaciones se evidencia el punto de ruptura que pretende ubicar Adorno (1973), en contra del positivismo, en la medida que estas investigaciones parten de ubicar unas relaciones de antagonismo entre diferentes grupos y clases sociales y que el ejercicio de la investigación se halla a partir de puntos de encuentro entre aspectos generales y particulares, determinadas por una concreción histórica. En ambas investigaciones, la preocupación principal no se halla en cómo se lleva a cabo determinado método, sino por las poblaciones con quienes se trabaja. Para el caso de La Violencia en Colombia, Jaramillo (2014) asegura que el trabajo de los autores no sólo consistió en la recolección de información, sino también por “la generación de micropactos entre las facciones políticas enfrentadas, el establecimiento de medidas de emergencia y rehabilitación y, sobre todo, la propuesta de una terapéutica del dolor, novedosa para la época” (p. 35).

Del mismo modo, es posible evidenciar en estas y posteriores investigaciones sobre el tema una postura ética en sus autores/as, asociadas a dos aspectos señalados por de la Corte (2004): Primero, el posicionamiento de una “moral como actitud” que retrata una sensación de inconformismo con los contenidos de una moral recibida e impuesta -para el caso que concierne una supuesta “verdad oficial” del conflicto sociopolítico armado- y su respectiva crítica. Segundo, el posicionamiento de un compromiso con las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por los actores estatales y partidistas, en la cual dichos autores/as alcanzan una cierta madurez moral -producto de la crítica a la moral “oficial” impuesta- y asumen que su ejercicio investigativo, socializado en libros e informes, cuentan con una serie de consecuencias en el ámbito profesional y en su misma integridad física.

Estas iniciativas ocurren en un escenario de conformación de un orden social contrainsurgente (Franco, 2009) donde se tejen dispositivos ideológicos conducentes a cohesionar a la población en la que se desenvuelve una trama compleja de relaciones e intereses cohesionados en torno al odio y temor a lo insurgente, de la mano con la construcción de relatos anticomunistas, el señalamiento de todo proceso organizativo como guerrillero, la legitimación del desprecio hacia todo lo señalado de “comunista” y la proscripción de ideas o prácticas que pudieran recibir igual calificación. De igual forma, en este contexto emergen las primeras organizaciones de Derechos Humanos, quienes optaron por replicar la iniciativa del Libro Negro y, así, publicar informes periódicos de lo que ellos denominaron la “represión” y el “terrorismo de Estado”, que fluyen a la par con amenazas, desapariciones y asesinatos de muchas y muchos de sus autores, principalmente defensoras/es de Derechos Humanos.

Como era de esperarse, los resultados investigativos fueron inmediatamente desmentidos y desvalorizados por quienes son acusados en estos -principalmente agentes del Estado- a través de epítetos lanzados contra dichos trabajos por contener un carácter “ideologizado” y faltos a la verdad. En este punto, no solamente se ofrece un debate acerca de los rasgos valorativos sobre el proceso de investigación y los resultados de la misma, sino que, desde las propias instituciones del Estado se ejerce toda una campaña de desprestigio, el cual conlleva -de manera directa o indirecta- a incentivar un frenazo abrupto de tales ejercicios investigativos, dado la capacidad de controvertir la “verdad oficial” impuesta por las entidades del Estado colombiano.

Una de esas formas consiste en la aplicación, por parte de las Fuerzas Militares, de una “guerra política” y una “guerra jurídica” contra organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y contra investigadores/as del conflicto colombiano. Ambas son identificadas por Hernández (2015) como siendo una lectura particular del fenómeno por parte de dichas Fuerzas, encausadas a ubicar a las organizaciones e investigadores/as como agentes causantes de acciones que corroen la “vida democrática” de las “instituciones del Estado”. Un claro ejemplo de ello, de acuerdo con Hernández (2015), se encuentra en la Revista de las Fuerzas Armadas en su ejemplar número 218, donde se encuentran una serie de artículos direccionados a ubicar la defensa de los Derechos Humanos por parte de sus organizaciones como “argucias políticas, diplomáticas y jurídicas”, cuyas armas de ataque son la “propaganda negra”, la calumnia y la injuria, para desprestigiar a la Fuerza Pública, favorecer a la “subversión” y lograr la condena del Estado en instancias internacionales, instaladas bajo una estrategia de “guerra jurídica” comandadas por organizaciones “narcoterroristas”, a su vez, dirigidas por organizaciones sociales y de izquierda.

Sumado a ello, el ejercicio académico y de investigación social ha sido objeto de amenazas, ataques y asesinatos de algunas/os de sus integrantes, por cuenta de sus apuestas por controvertir la “verdad oficial” del Estado colombiano y el bloque de poder dominante sobre el conflicto sociopolítico armado en el país. Cabe recordar hechos como las amenazas y exilios por los cuales pasaron Alfredo Molano y Renán Vega Cantor, el encarcelamiento de Miguel Ángel Beltrán y el asesinato de académicos e investigadores como Eduardo Umaña Mendoza, Iván Velasco, Darío Betancourt, Jesús Antonio Bejarano, Hernán Henao Delgado y Alberto Correa de Andreis. Estos hechos, sin duda, corresponden a una amenaza al pensamiento crítico, motivo por el cual se desprenden también dilemas éticos referentes a las dimensiones que se atraviesan dentro de los ejercicios de investigación, las consecuencias por el desvelamiento de hechos y discursos que parecieran ser ocultos o innombrables dentro del escenario académico y político. Parafraseando el reconocido documental sobre Pierre Bourdieu, en algunos campos la investigación social en Colombia se constituye como un deporte de combate donde el cruzamiento de algunos límites, por ejemplo, el tema mencionado en el presente escrito, corresponde a afrontar una serie de consecuencias que van desde la censura académica hasta la afectación de la integridad de quien investiga.

Por fortuna, estos ejercicios investigativos del ámbito reivindicativo y jurídico para pasar a un ámbito académico, logrando ubicar a los Derechos Humanos en Colombia como un “objeto” de investigación social y construcción de conocimiento, destacando entre otras la labor adelantada por organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas (Tate, 2006), surgiendo de esta manera una necesidad por establecer nuevos enfoques a la hora de estudiar el conflicto sociopolítico armado colombiano y reflexionar acerca de las nuevas configuraciones del Estado y la ciudadanía en relación con la exigibilidad de sus derechos y su constitucionalidad por parte de las instituciones jurídicas. Esto implica unas necesidades y retos dentro de las Ciencias Sociales, en especial en esta etapa de implementación del Acuerdo Final de Paz, cuyo contenido apuesta por la superación de una serie de desigualdades en lo que se refiere a la concentración, tenencia y uso de la tierra; la existencia de una serie de garantías para la participación política de los sectores históricamente excluidos por el bloque de poder dominante y la búsqueda de mecanismos alternativos de justicia como condición para superar una etapa de enfrentamientos armados entre el Estado colombiano y la principal expresión armada insurgente en el país. Del mismo modo, el actual aumento en el hostigamiento hacia el liderazgo social y las afectaciones a los Derechos Humanos de las comunidades por cuenta de la reconfiguración del conflicto, dada la ausencia de las FARC-EP en este escenario, obliga a las Ciencias Sociales a mantener esfuerzos por llevar a cabo investigaciones sobre este fenómeno, así como unas consideraciones éticas frente al debate de las ideas que, como se ha evidenciado, permanece en disputa en diferentes círculos académicos, la opinión pública y el escenario político.

Retomando los elementos inicialmente discutidos en el presente documento, toda investigación social busca esclarecer la verdad acerca de un determinado fenómeno de la realidad concreta. Como se pudo evidenciar, la investigación en Derechos Humanos transcurre en una permanente tensión entre una supuesta “verdad oficial” del Estado colombiano, el bloque de poder dominante y un sector de la academia en las Ciencias Sociales frente a otro sector ubicado en una orilla crítica y comprometida con los sectores que han sido vulnerados por las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Se mencionaba también la importancia de la cuestión del compromiso en la investigación social y su relación con la ética, relacionada con la capacidad de tomar una postura crítica frente a la realidad social que investiga y, de otro lado, asumir las consecuencias que dicho ejercicio impone. Es, precisamente, la construcción de un compromiso real y efectivo la base para la constitución de una ética política en la investigación social, y para ello, en primera medida, se retoman los puntos de partida que de la Corte (2004) señala para ello: en primer lugar, quien investiga debe demostrar pasión por la actividad que desempeña y por el fenómeno social que aborda; en segundo lugar, una actitud reflexiva respecto a los intereses y fines a los que se aplica su actividad profesional y, por último, una actitud de servicio del científico respecto al grupo social con quien realiza el ejercicio investigativo o, por lo menos, sostener una cierta inquietud moral por hacer su trabajo.

Frente a esta apuesta por el compromiso social con la realidad que se investiga ha de controvertir, como se había señalado inicialmente, la premisa weberiana de la separación de lo político y lo científico, a través de un esfuerzo de quien investiga por sostener una “neutralidad valorativa” a la hora de construir conocimiento científico. Si bien, es cierto que en la investigación social han de atravesarse diversidad de valores a la hora de construir conocimiento, y es cierto que no es posible deducir un juicio de valor a partir de un juicio de hecho y viceversa, Lowy (1991) plantea que la relación entre hechos y valores no se sostiene en una ligazón lógica, sino sociológica, en tanto que:

El conocimiento (o ignorancia) de los hechos, de la verdad objetiva, puede tener una influencia poderosa sobre las decisiones prácticas, éticas, sociales y políticas de ciertos grupos o capas sociales. Por ejemplo: la creencia de que los aumentos en los salarios son la causa principal de la inflación puede tener un efecto paralizador sobre la actividad reivindicativa de los trabajadores, sobre su actitud en relación con los paros, las huelgas, etcétera.

Ubicada la cuestión del compromiso respecto de la relación hechos-valores, una segunda apuesta hacia una ética política tiene que ver con la cuestión del compromiso en relación con la pretensión de verdad de cada uno de los grupos humanos, entre ellos los círculos académicos y políticos. Dado los encuentros y tensiones entre diversas interpretaciones de lo que es “verdad” frente a los diversos fenómenos sociales, cabe recordar la inexistencia de verdades absolutas y relativas, pues toda verdad es un proceso continúo condicionado por el grado de acercamiento a las complejidades y contradicciones de los fenómenos sociales de la realidad concreta. En esa medida, Meszaros (2008) es claro cuando plantea que el acercamiento a situaciones sociohistóricas específicas no invalida el hecho que, de acuerdo al número de soluciones alternativas, se pueda reivindicar la existencia de hechos con mayor grado de objetividad que otros, de acuerdo con la posición de la persona quien investiga a la hora de observar, asimilar, analizar y hallar la lógica interna de las determinaciones, condicionamientos y contradicciones internas dentro de los fenómenos sociales. Sin embargo, quien investiga no solamente tiene la capacidad de analizar la realidad, pues cuenta también con la capacidad de transformar y, a su vez, crear una nueva realidad, ya que el mundo real, en términos de Kosik (1967), es el mundo de la praxis humana, donde la realidad concreta es reconocida como “unidad de la producción y el producto, del sujeto y el objeto, de la génesis y la estructura” (p. 35). De esta forma, el mundo de la realidad es el mundo de la realización de la verdad, donde la verdad no está dada ni predestinada, sino que deviene, es dinámica, no es inaccesible pero tampoco es alcanzable de una vez y para siempre, pues ella misma se hace, se desarrolla y se realiza.

Esta premisa rompe de raíz con el propósito del racionamiento cartesiano y su legado positivista, donde las verdades se presentan como entidades únicas, unívocas y estáticas. En el caso del conflicto sociopolítico armado colombiano y sus implicaciones en materia de Derechos Humanos, la “verdad oficial” asume una posición incuestionable de quienes han sido los actores “buenos” y los actores “malos” del conflicto, quienes eran sus “víctimas” y cómo los diferentes actores sociales debían responder ante este fenómeno. Con la irrupción de las investigaciones sobre las afectaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se han logrado posicionar otras lecturas e interpretaciones del fenómeno en cuestión, ocultas por el impacto mediático y académico del orden social contrainsurgente configurado, y que ahora emergen para aportar dentro de la discusión académica y política acerca de la verdad -o verdades- de lo sucedido. En esa medida, desde las Ciencias Sociales existe un marco de oportunidades fundamental en lo que respecta la investigación social sobre temáticas como las ya expuestas.

De ahí que, dentro de la apuesta por una ética política, la Investigación en Derechos Humanos debe contribuir de manera activa y eficaz a la construcción de una transición política en Colombia que inicia con la actual fase de implementación del Acuerdo Final de Paz, de manera que sus resultados contribuyan al reconocimiento, no solamente de los hechos y circunstancias del presente conflicto, sino también al reconocimiento de los actores que participaron en el mismo, la ubicación de sus intereses y el impacto de sus acciones dentro de las comunidades y territorios, en un ejercicio académico y extrajudicial. Igualmente, la Investigación en Derechos Humanos deberá apostar por la visibilización de diferentes experiencias organizativas dentro de los territorios en lo que respecta la configuración de resistencias y alternativas frente a la dinámica de la guerra y demás consecuencias de la cuestión social como elemento constitutivo del orden social capitalista. Lo mencionado dentro de esta orientación apunta hacia horizontes de posibilidad frente a la construcción de memoria histórica donde sean recogidas las diferentes narrativas que permitan visibilizar los acontecimientos de violencia política y sus afectaciones en materia de Derechos Humanos, lo que permite desencadenar la construcción de ciudadanías críticas como vía para la reparación de los daños de la guerra y la reconstrucción de tejidos sociales y comunitarios (Dueñas & Vélez, 2014).

Sin embargo, la Investigación en Derechos Humanos, si se asume desde una postura crítica, debe también establecer una sistematización crítica de la historia de los Derechos Humanos en Colombia, dado que existe una Declaración Universal donde éstos son reconocidos e invocados de forma acrítica por parte de las naciones, por lo cual, a nombre de ellos se han cometidos algunos de los crímenes de guerra con mayor impacto en el último siglo, como las invasiones de los Estados Unidos a los países de oriente medio y la instauración de las dictaduras en América Latina, ambas ocurridas en escenario de crisis del orden social capitalista. Así pues, una apuesta más para la configuración de una ética política para el presente marco de investigación se dirige a una necesidad imperante de desmitificar a los Derechos Humanos como un conjunto de normativas que garantiza el bienestar social universal, esto es, la necesidad de sistematizar críticamente su historia y desarrollo en la historia humana, a fin que dichos derechos “fueran realmente captados críticamente, tomados sin abstracciones, con comprensión crítica sobre el movimiento histórico que los engendró, sus posibilidades y límites en nuestra sociedad” (Forti, Marconsin & Forti, 2013, p. 32). Así, los derechos inicialmente reconocidos como universales serán puestos a contrapelo, demostrando en la práctica el beneficio de su ejercicio a sectores y clases sociales particulares y que comparten una relación de conflicto/antagonismo, por lo que resulta analizar, dentro del ejercicio de su defensa e investigación, qué derechos buscan reivindicar cada clase dada su experiencia y accionar dentro de los acontecimientos. No obstante, tal sistematización crítica debe ampliarse a todas las categorías necesarias por abordar a la hora de la investigación, como son por ejemplo paz, justicia social, desarrollo y transición política, entre otras.

Frente a esto, investigar críticamente desde las Ciencias Sociales implica establecer una intención de ruptura que controvierta y -¿por qué no?- supere los actuales vicios teórico-metodológicos e investigativos, donde esta se conviertan en un campo de disputa político frente a las diferentes visiones de mundo y puntos de vista que se vislumbran en el proceso de construir conocimiento. Así, desde el campo de la investigación es posible aportar a la construcción de una apuesta metodológica donde la defensa de los Derechos Humanos deje de ser una premisa formal y abstracta y pase a un accionar concreto materializado en la acción profesional encaminada a aportar activa y eficazmente en la construcción de las condiciones para un escenario de transición política donde se logre facilitar las condiciones para edificar la justicia social como punta de lanza en la construcción, lenta pero estable, de paz en Colombia.