Con la adopción del concepto de calidad se aspira mejorar los sistemas educativos latinoamericanos. Aunque a primera vista esta pretensión parece loable, el fin con el que se adelantan las reformas educativas es el de mercantilizar la educación y perpetuar el control que tienen los organismos multilaterales sobre los sistemas educativos. Los procesos hegemónicos de globalización imponen a los sistemas educativos latinoamericanos responder a sus demandas. Sobre este aspecto Aguerrondo (s. f.) sostiene que los sistemas educativos tienen la responsabilidad de generar y difundir el conocimiento en la sociedad y permitir las posibilidades económicas futuras de la sociedad, señalando que esta responsabilidad no puede ser ejercida debido a que los diagnósticos hechos a los sistemas educativos señalan burocratización de la administración, rutinización de las prácticas escolares, obsolescencia curricular e ineficiencia de los resultados finales.

Aguerrondo reconoce las dificultades de aplicar el concepto de calidad a la educación, al afirmar que:

A pesar de reconocer las dificultades que conlleva aplicar el concepto de calidad a la educación, insiste en su utilización, considerándolo lleno de potencialidades:

Para rescatar el concepto de calidad educativa, Aguerrondo (sf) propone sacar el juicio de eficiencia de la lógica económica para ponerlo bajo la lógica pedagógica. El dilema actual, sostiene, consiste en cómo dar mejor educación a toda la población. Dilema que contiene dos dimensiones. Una político-técnica que se plantea ¿qué es mejor educación? ¿Cómo se define educación de calidad? Y, otra dimensión referida a la gestión y la administración que plantea ¿cómo se da eso a todos? Según Aguerrondo, educación de calidad es un criterio no económico que permite evaluar la eficiencia escapando al reduccionismo eficientista. Como características de este concepto, Aguerrondo señala que es complejo y totalizante, social e históricamente determinado, se constituye en imagen-objeto de la transformación educativa, se constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio. Desde esta perspectiva, existen dos exigencias que definen la calidad. Una exógena, a nivel de lo político ideológico que se expresa como fines y objetivos de la educación. Otras demandas de la sociedad, endógenas, específicas y que surgen de las interrelaciones del sistema educativo con otros subsistemas, son las que obedecen a la reproducción de la sociedad en la cual está funcionando.

Las demandas globales y específicas se expresan en modos concretos como el aparato escolar responde a las demandas sociales. Los ejes que describen las opciones técnico-pedagógicas se agrupan en tres áreas, a saber, el eje epistemológico, el eje pedagógico y el eje organizativo-administrativo. El eje epistemológico responde a la pregunta ¿qué tipo de conocimiento, qué modelo epistemológico es el que requiere la sociedad hoy? El eje pedagógico, a su vez, permite definir qué características tiene el sujeto de enseñanza, cómo aprende el que aprende, cómo enseña el que enseña, cómo se estructura la propuesta didáctica. El eje organizativo apunta a la estructura académica, a la institución escolar y a la conducción y supervisión.

Aguerrondo insiste en la utilidad de la calidad educativa, basándose en la utilidad que representa para los tomadores de decisiones, el disponerles herramientas para facilitar su tarea, pues estos deben tomar decisiones que se orienten a mejorar la calidad de un sistema educativo concreto y a realizar evaluaciones sobre situaciones concretas que permitan tomar decisiones para reorientar y reajustar procesos. Lograr afirmaciones sobre la calidad de la educación, implica contemplar ideas que comprometen acciones tendientes a medir los servicios educativos desde el referente de la eficiencia, comprendiendo esta como rendimiento escolar y para lo cual se han definido diversas formas de evaluación.

En el intento de Aguerrondo por superar el encasillamiento economicista al que se ha llevado el concepto de calidad y, más concretamente el de calidad educativa, asume una postura que implica pensar la calidad educativa desde una idea abarcante, que supere el enfoque positivista que la circunscribe en la metodología de la medición, y conductista que la encasilla en la repetición de conductas específicas, desde la que resulta necesario observar la base conceptual que permite afirmar que “la calidad de la educación puede servir de patrón de comparación para ajustar decisiones y reajustar procesos” (Aguerrondo, sf, p. 4).

Como bien lo señala Navarro (2006), las reformas educativas en los países de América Latina buscan calidad y eficiencia. Pero ¿qué significan calidad y eficiencia? Calidad y eficiencia están relacionados con el carácter mercantil, con la mercantilización de la educación en América Latina. Asociar calidad y eficiencia es privilegiar el énfasis mercantil, “dejándose por fuera el tema propiamente dicho de la educación” (Jaramillo, 2015, p. 13).

Vega (2015) sostiene que la educación es opacada por la calidad. El lenguaje mercantil se impone sobre el lenguaje educativo. Mercado, oferta, competencia, consumidor, capital humano, eficiencia, eficacia, productividad, calidad, excelencia, innovación, empleabilidad, usuarios, clientes, aprender a aprender, aprender a lo largo de la vida, son palabras que se imponen en la cotidianidad de las instituciones, de los actores educativos, de la sociedad. Según Roma (2006), Latinoamérica tiende cada vez más a la mercantilización de la educación. Afirmación que va en concordancia con lo que sostiene Díez (2009), al aseverar que:

La evaluación de la calidad educativa es uno de los instrumentos que utilizan los Estados y las corporaciones multinacionales para convertir la educación en mercancía. Vega (2015) destaca la calificación de las universidades, el establecimiento de rankings nacionales e internacionales, la acreditación de programas, la medición de productividad de los profesores e investigadores, las publicaciones científicas y la presentación de pruebas para los estudiantes al ingreso y a la salida de sus programas académicos.

Con el fin de lograr identificar el sustento teórico de la calidad educativa, que permita concebir un panorama abarcante del mismo, se parte de la siguiente idea:

En este sentido, y en referencia a principios vertebradores fundamentales Rawls (2006) plantea como principio social la estructura básica de la sociedad desde la que se instituye el objeto primario de la justicia o, como lo indica este autor, “el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social. Por grandes instituciones entiendo la constitución política y las principales disposiciones económicas y sociales” (Rawls, 2006, p. 13). Con lo que se tiene claridad en que, como lo afirma el filósofo del neoliberalismo, hablar de principios fundamentales, es identificar aquellas estructuras sociales que determinan, entre otras, al sistema educativo, y que, permite “identificar cuáles de las condiciones estructurales que conforman el modelo original deben ser revisadas, y cómo deben ser redefinidas para guiar la toma de decisiones que incremente la calidad del sistema educativo” (Aguerrondo, sf, p. 4).

Así las cosas, en condición de los principios sociales, al sistema educativo llegan disposiciones que deben ser atendidas. Para el caso puntual de Latinoamérica, la estructura social que determina las decisiones de su sistema educativo es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, afirmación a la que se llega al observar que la misión que motiva su actuar con impacto universal, es promover políticas para, entre otros, “lograr la máxima expansión posible del crecimiento económico y el empleo, y un mejor nivel de vida de los países miembros, sin dejar de mantener la estabilidad financiera y, de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía mundial” (OCDE, sf, p. 3).

Considerando como loable la misión de la OCDE y como coincidente con los propósitos de los 30 países miembros que lo conforman, sin contar las organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil con los que mantiene relaciones activas, resulta razonable que los Estados en ejercicio de la razón pública, asuman el compromiso de crear las condiciones regionales para favorecer los propósitos de tal organización, que se insiste, coincide con las buenas intenciones de los Estados participantes, a través de la formulación de sus políticas públicas. Sin embargo, no deja de ser globalizante tal intención, la que subsume bajo el rigor de obrar conforme los principios neoliberales de justicia y equidad a cualquier expresión cultural que no coincida con las que Rawls (2006), p.13 define como “grandes instituciones sociales: protección jurídica de la libertad de pensamiento y de conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de los medios de producción y la familia monógama…” siendo estas instituciones las que se engloban en el marco de lo adecuado, lo loable, lo bueno para el mundo.

La coincidencia que se observa en la afirmación de unos principios fundamentales que se constituyen en la base sobre la que se definen las decisiones para el sistema educativo, no solo se limitan al contexto de justicia, sino que atienden directamente el condicional de calidad, el que se ratifican en Rawls (2006), p. 12 cuando afirma que “cierto acuerdo en las concepciones de la justicia no es el único requisito para una comunidad humana viable. Hay otros problemas sociales fundamentales, en particular los de coordinación, eficacia y estabilidad”. Se trata entonces de un determinismo político desde el que se definen los lineamientos de actuación definidos para el contexto educativo.

¿Qué alternativa de superación puede haber ante estos principios universalizantes que tienen como humanidad lo social, y a este atributo enmarcado dentro de lo justo, lo coordinado, lo eficiente y lo estable? Se trata de principios que por ser loables y por ser considerados como lo que mejor viene a la humanidad, dejan de lado otras posibilidades de humanidad entre las que se podrían referenciar relaciones alejadas de estos condicionamientos evaluables, pero que han garantizado la vida de comunidades en el marco del buen vivir. Sin entrar en filigrana argumentativa, se puede inferir que, aquello que no responda a los estándares de lo coordinado, lo eficiente y lo estable, no puede ser considerado viable. Al punto, entra en juego el instrumento de evaluación, como aquel que valora indicadores para confirmar si los sistemas de la sociedad están o no dentro de tales estándares, que, por demás, llevan el calificativo de calidad.

En consideración de lo anterior, se observa entonces que, la política educativa de un Estado no sólo define los fines educativos que persigue en sí mismo, sino que debe atender los fines de la estructura básica que la define o determina; por tanto, habrá políticas educativas, no solo por cuantos fines educativos hayan, sino conforme los objetivos de coordinación y eficiencia que garanticen su viabilidad como Estado desde su sistema educativo. Ahora bien, hablar de política educativa, implica pensar en reforma, lo que a su vez sugiere, según Guzmán (2005), cambios estructurales y/o organizacionales en el sistema educativo, en uno o más de sus niveles; lo que en términos de Aguerrondo (sf), p. 4 no es otra cosa que revisar y redefinir las decisiones originales que incrementen la calidad del sistema educativo dentro de un contexto concreto.

Los argumentos de Aguerrondo (sf) para insistir en la adopción del concepto de calidad en la educación son insuficientes. La educación es cada vez más un sector económico y su funcionamiento y gestión se rige por los principios y orientaciones estratégicas del mercado (Díez, 2009, p. 28). Los gobiernos latinoamericanos, basados en el argumento según el cual la educación debe atender a las demandas del mercado y la oferta laboral, adecúan sus sistemas educativos al sistema productivo. De esta manera, la educación queda relegada, sin posibilidad de proponer las transformaciones que un mundo en crisis de valores, en crisis ambiental, en crisis energética necesita. En Colombia, se requiere la construcción de una sociedad democrática que pueda superar el conflicto político, social y armado que lleva más de sesenta años; sin embargo, su sistema educativo está supeditado a las orientaciones de la OCDE que lo conciben como país minero (Nieto, Giraldo y Cabrera, 2016). La educación está subordinada a la producción de recursos humanos para el sistema productivo.

La educación es cada vez más relegada a las competencias que requieren las empresas y, por tanto, cada vez más orientada a la rentabilidad. El concepto de calidad, que se impone a los sistemas educativos latinoamericanos, pertenece al mundo empresarial y neoliberal. De allí que las reformas que se proponen y adelantan desde organismos multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, el PREAL, la OEI signifiquen avance del neoliberalismo (Gálvez, 2005). Los sistemas educativos actuales, al estar supeditados a las demandas de la globalización económica, matan las ideas de transformación y cambio, tienen currículos rígidos y se atan a formalismos (González, 2015, p. 87).

Desde el tópico de lo político es preciso considerar las apuestas de lectura que Dávalos (2011) hace sobre el Estado y su función legislativa y ejecutiva al plantear que no debe pensarse este organismo como un garante de los derechos humanos, sino que su apuesta es por la defensa y protección de los derechos de propiedad. Al respecto, permite ver un Estado que atiende a la sugerencia de aplicación de estrategias en pro de la calidad educativa como garantía de mano de obra calificada y en pro de la asociación con el sector privado. En este sentido, la educación y con ella la investigación, son un negocio rentable, no tanto por el servicio educativo en sí mismo, sino por las oportunidades de negociación que en su marco de actuación es posible y que va desde investigación al sector educativo realizado por organizaciones de diferente índole, pasando por capacitación docente, hasta procesos de innovación, con los que hoy las universidades se constituyen en un asociado para crear productos para un mercado global.

Calidad educativa y equidad son dos conceptos irreconciliables. La calidad educativa en Colombia es una forma de gobierno moderna que convierte a la educación en un bien mercantil. La calidad educativa un concepto que pertenece al proceso de globalización y mercantilización de los derechos fundamentales, como son también mercantilizados el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etc.

Sin entrar a mayores descripciones sobre las políticas públicas en materia de educación, a partir de las finalidades de la calidad educativa y de la evaluación anteriormente descritas, se observa que son determinadas por factores externos a un Estado, que superan lo que bien podría llamarse un contexto regional, pauta para definir reformas educativas a partir de la mirada hacia la satisfacción de necesidades propias en contexto educativo.

Es necesario hacer de la educación un problema estratégico. La educación puede considerarse como el problema ético-político fundamental del Siglo XXI en Latinoamérica.

En Colombia, la educación, a través de las políticas adoptadas por el Estado, se pone al servicio de las empresas privadas y del mercado.