El día 02 de octubre de 2016, el presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón junto con su gabinete ministerial, convocó al pueblo para que ejerciera uno de los siete mecanismos de participación con que cuenta: el plebiscito. Tal convocatoria se planteó con la finalidad de refrendar o no “el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, luego de intensos diálogos que tuvieron su inicio en la ciudad de Oslo Noruega el día 18 de octubre de 2012, y terminó en Cuba con la firma de sus intervinientes el día 24 de agosto de 2016.

En este contexto, de vida democrática para el pueblo colombiano, se explicita la convocatoria al Plebiscito”, definido en el artículo 7º de la Ley 134 de 1994, como “el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo”, y reafirmado en el artículo 80 del Estatuto de participación ciudadana en el que se señala que “el pueblo decidirá, en plebiscito, por mayoría del censo electoral.”

Por su parte, la Ley 1806 del 24 de agosto de 2016, estableció reglas especiales para la refrendación de dicho acuerdo final, y entre ellas aprobó que “se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no.”

Así mismo, la corte constitucional respecto del plebiscito especial en sentencia C 379 de 2016 dijo que: “… la finalidad del plebiscito es provocar un mandato político del Pueblo soberano, que se expresa directamente sobre una política que el Presidente tiene competencia, para definir el destino colectivo del Estado.”

Además, se tienen como características del plebiscito las siguientes:

Debe ser convocado por el presidente de la República y todos sus ministros.

Es posible que el plebiscito en Colombia sea convocado respecto de ciertas materias específicas, consagradas en el numeral 16, artículo 150 de la constitución nacional, que no requieran aprobación del congreso, y son: “aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional.”; luego entonces por el hecho de haberse negociado la paz de colombianos con colombianos en país extranjero, alcanza el rango de tratado, o existe modificación, o interpretación en concreto, respecto a los temas a establecerse dentro del rango de plebiscito; dice la jurisprudencia:

El día 02 de octubre de 2016 se llevó a cabo en Colombia un plebiscito convocado por el presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón junto con todo su gabinete ministerial, que tenía como finalidad refrendar o no el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, denominado “el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, diálogos que iniciaron en la ciudad de Oslo Noruega el día 18 de octubre de 2012, y terminó en La Habana Cuba con la firma de sus intervinientes el día 24 de agosto de 2016; la pregunta formulada en el plebiscito fue: « ¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?»; los resultados no se hicieron esperar, y se conocieron de manera temprana el mismo día de la citatoria a las urnas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dando como vencedor al ‘NO’, que se impuso sobre el “SI”con una diferencia de 60.374 votos. El resultado total de participación fue: por el “NO” 6.422.136 votos. Por el “SI”, 6.361.762 votos.

En una corta alocución, el jefe de gobierno “aceptó la derrota del SÍ” ante los medios de comunicación; señalando de manera especial, que la diferencia entre el SI y el NO fue tan estrecha, que realmente no hubo derrota sino un empate técnico y sostuvo: “Como jefe de Estado soy el garante de la estabilidad de la Nación y esta decisión democrática no debe dañar dicha estabilidad, como presidente conservo intacto mis facultades y mi intención de buscar la paz”.

En otras palabras, el presidente determinó que el Acuerdo de paz, debía cumplirse, pues al final del camino, ya estaba firmado por él en nombre del gobierno nacional y por los demás integrantes de la mesa de negociación; es decir, se trata de un hecho cumplido que debe ajustarse a lo pactado según los requerimientos de Ley, citando 53 días después nuevamente a los sujetos que del pacto hicieron parte a firmar el nuevo el Acuerdo, con cambios y ajustes hechos al anterior. Tal acción se dio en el teatro Colón en Bogotá, donde anunció 'Timochenko' jefe de la guerrilla de las FARC lo siguiente: "Modificamos el Acuerdo teniendo en cuenta las inquietudes, propuestas y aclaraciones hechas por movimientos, partidos políticos y sectores de opinión. Introdujimos importantes cambios a los textos antiguos hasta convertir el Acuerdo de paz en definitivo". El Acuerdo con los cambios, a la postre, fue llevado al congreso a través del acto legislativo No. 02 de 2017. Desde esta instancia, el Estado tiene la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final, y que avaló también la corte constitucional.

“Perder es ganar un poco”; esta frase la dijo el odontólogo Francisco “Pacho” Maturana, siendo director técnico del seleccionado colombiano de fútbol de mayores en la década de los 90, explicando en rueda de prensa, la pérdida que sufrió el combinado patrio a su cargo; tal vez por justificar la derrota de manera retórica; o tal vez para atornillarse al cargo de técnico, como es común en ese medio; frase que obviamente no se hizo esperar en críticas, y fue causal de burlas y defensas por parte de amigos y detractores del técnico chocoano.

Hoy, después de dos décadas de escuchar la frase del buen entrenador colombiano, esta frase toma nuevamente vigencia en el panorama nacional, ya no en el campo deportivo, sino en la arena política; a raíz del resultado del plebiscito que se llevó a cabo el día domingo, dos de octubre de 2016. En una corta alocución, el jefe de gobierno “aceptó la derrota” ante los medios de comunicación;señalando de manera especial, que la diferencia entre el Si y el No fue tan estrecha, que realmente no hubo derrota sino un empate técnico y sostuvo: “Como jefe de estado soy el garante de la estabilidad de la Nación y esta decisión democrática no debe dañar dicha estabilidad, como presidente conservo intacto mis facultades y mi intención de buscar la paz”; es decir, que después de la derrota del Sí en las urnas por más de 60.000 votos, y de gastarse el dinero de los colombianos en elecciones a nivel nacional sin ser necesario, pues hace parte de sus funciones; recordó que tenía la facultad de hacerlo, pero el pueblo ya había decidido y el erario público afectado.

Hablar de empate técnico al momento de dar a conocer resultados en las urnas, es un despropósito por parte del mandatario, pues bien es sabido que, en Colombia, se pueden perder elecciones por diferencia de un voto, y desconocer 60.374 votantes, es faltar al juramento de cumplir con la constitución y la Ley del país. Art. 80 C.N., “El pueblo decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral.”

La opinión del pueblo en las urnas, por ser contraria a la del gobierno, en nada cambia la decisión de firma del Acuerdo. El Acuerdo que firmó con las FARC, se aprueba, así el pueblo mayoritariamente haya dicho lo contrario; o podría entenderse que, el poder soberano reposa en el ejecutivo y no el constituyente primario, pues no hay nada por encima de su voluntad y decisión.

La decisión del pueblo fue borrada de un plumazo en el teatro colón de Bogotá, por los mismos actores que firmaron el nuevo Acuerdo de paz con pequeñas modificaciones; y obviamente, avalado por el mismo gobierno que antes había convocado al pueblo para que se pronunciara al respecto; y dejó la decisión del plebiscito abandonada en el rincón de la democracia, por cuanto ésta no se ajustaba a sus necesidades, deseos o intensiones.

El Consejo de Estado, como máximo tribunal de cierre, dejó en firme el resultado del plebiscito donde ganó el NO.

Dice el Artículo 188 de la carta magna que: “El Presidente de la república simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” y la paz es la razón de ser del hombre en sociedad, contemplada en el preámbulo de la constitución; razón por la cual no es necesario consultar por parte del mandatario nacional al pueblo, si quiere o no la paz, por ser un derecho de todos, y un fin esencial del Estado.

A pesar de todo, el presidente de la república quiso conocer la posición del pueblo, para lo cual utilizó como mecanismo de participación “El Plebiscito”, que, de acuerdo a la tesis de grandes juristas, como Ernesto Rey Cantor, la gestión política de un gobernante, no se deja en manos ni decisión del pueblo, citando en su obra Referendo, asamblea constituyente y congreso, “no se podrá en Colombia someter a consideración del pueblo la conducta o gestión política del gobernante.” (Cantor, 1993, p. 190). Manifiesta además que: “en ningún caso el pueblo podrá decidir en las urnas si apoya o rechaza la conducta o gestión política del primer magistrado” (p. 90).

Es decir, que la opinión del pueblo en las urnas a través del plebiscito, no tiene carácter o fuerza vinculante como en efecto si lo tiene el referendo; razón por la cual, el primer mandatario se puede apartar de la opinión de las mayorías, e irse por la propia, por el sólo hecho de tratarse de asuntos de política nacional, para lo cual tiene plenas facultades, que recibió cuando juró a los colombianos garantizar los derechos y libertades a los ciudadanos.

“Esta decisión democrática no debe dañar dicha estabilidad…”; en esta frase del presidente Juan Manuel Santos antes citada, hace recordar que sobre él recae el poder delegado, y no requiere permiso alguno para tramitar lo que la constitución y la Ley le ordenan, por eso toma la decisión de convocar nuevamente a los pactantes a reestructurar el Acuerdo, el cual es firmado como si se tratara de un nuevo Acuerdo, cerrando así la discusión, si se trata o no del Acuerdo rechazado, con ciertos ajustes.

La democracia que se ejerce a través del sufragio tiene como finalidad delegar el poder o autoridad que reposa en el pueblo soberano a ciertos representantes; se hace necesario para tomar postura respecto de un tema o pregunta de carácter particular o trascendental a través del plebiscito, referendo o consulta popular entre otros: es decir que, el sufragio no es únicamente para la escogencia de candidatos, sino también para la toma de decisiones y posturas que marcan el futuro de una localidad, región o país.

En la democracia colombiana, los actos de elección popular son susceptibles de nulidad electoral, por cualquiera de las ocho (8) causales que de manera taxativa consagra el código contencioso administrativo (CCA) en su Artículo 275; causales que tienen inmersa la vulneración del debido proceso por ejercicio de la violencia y/o el engaño particularmente; pero sobre las elecciones realizadas el día 02 de octubre de 2016, hasta la fecha, no se ha dado pronunciamiento judicial alguno por parte del ente competente, que exprese que la decisión tomada por el pueblo a través del sufragio haya sido anulada total o parcialmente.

Esta situación generó un sinsabor; no por el Acuerdo de paz firmado en la Habana y corroborado en el teatro Colón; sino por no saber cuáles son los alcances de la democracia, y dónde quedó la decisión del pueblo que se pronunció en las urnas a través del voto en el plebiscito; a lo que se suma el gasto económico causado por dichas elecciones, cercana a los $117 millones de dólares, como lo afirmó el registrador nacional doctor Juan Carlos Galindo, quien dijo: “que este tendría una logística muy seria, similar a la de una elección presidencial, y agregó que dicho monto sería cercano a los 350.000 millones de pesos (un poco más de 117 millones de dólares)”. (Galindo, 2016)

La última de las consecuencias que le puede ocurrir a una democracia es que se desconozca el voto popular. El voto representa la máxima expresión de la democracia del pueblo y su decisión no se puede privar, desconocer o ignorar, porque eso sería coartar la expresión de libertad, es silenciar la voz de las mayorías, quebrantando así el estado social de derecho, y generando inseguridad jurídica e inestabilidad en un Estado, después de gastar más de 117 millones de dólares en un plebiscito que no dio su fruto, porque al final, el ejecutivo tomó la decisión que mejor le pareció, y que ya había tomado desde antes de convocar al pueblo a la pregunta que causó el interés de los colombianos que defienden o atacan el proceso de paz: polémica que quedará en el registro de los expertos, quienes en el exterior observan al actual presidente como un gran gestor de la paz, alcanzando hasta el máximo galardón, pero que en el interior del país, no presenta un importante índice de aceptación.

En resumen y teniendo como referente el plebiscito convocado por el presidente de la república, no existe duda alguna que la paz está en cabeza del ejecutivo por mandato constitucional y legal, y lo acontecido con el mecanismo de participación ciudadana mencionado, refleja que el Gobierno ha sorteado las dificultades y obstáculos presentados durante el proceso para la paz adoptando estrategias y mecanismos de diferente índole, para lograr finalmente la implementación de los Acuerdos en el actual postconflicto en Colombia.

El tiempo dirá que la razón se impone a los sentimientos que enceguecen el alma.