El sistema político internacional, derivado de las dos Grandes Guerras, ha consagrado como uno de sus principios fundamentales el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Así ha quedado sentenciado en el numeral 7 del artículo 2 de la Carta de las Nacionales Unidas:

Sin embargo, la aplicación práctica de dicho principio ha sido un tema controversial que genera amplios debates políticos y doctrinarios a nivel mundial como consecuencia de las tensiones que esto implica entre los distintos países en conflicto, así como “a la inacción del Consejo de Seguridad especialmente por el poder de veto de los miembros permanentes, que les permite bloquear las decisiones del Consejo y en algunas situaciones actuar sin su autorización” (Bernal, 2010, p.5). Un caso concreto es el conflicto social y armado en Colombia y la injerencia norteamericana.

Este conflicto es fruto del desenvolvimiento de las contradicciones propias del desarrollo capitalista iniciado en la segunda década del siglo XX, bajo las particularidades de la sociedad colombiana, sus élites dominantes y su relación geopolítica con las potencias extranjeras. En este sentido, se destacan tres factores detonadores del conflicto social y armado: 1) la estructura agraria, 2) el sistema político, y 3) la injerencia estadounidense.

¿Cuál es en realidad el peso específico de los EEUU en el origen y desarrollo del conflicto interno colombiano? ¿Fue un observador pasivo del estallido de la violencia política colombiana, o tomó parte activa en el origen de la confrontación?

Para tratar de dar respuesta a estos interrogantes fundamentales en momentos en que el país se encauza hacia la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera tras la firma del Acuerdo Final de la Habana entre el gobierno nacional presidido por Juan Manuel Santos y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el inicio de la fase pública de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional-ELN, nos guiaremos por la teoría realista de las relaciones internacionales que enfatiza que el Estado “permanentemente se encuentra en situación de inseguridad y por consiguiente, recomiendan adoptar diversas medidas que se inscriben en una política de poder que en el fondo, significa que los Estados más fuertes imponen su voluntad a los más débiles” (Cadena, 2006. p. 4). En este sentido, los Estados-Nación, como actores protagónicos en el sistema internacional, actúan de manera racional y unitaria a través del uso de la fuerza y la alta diplomacia. (Bernal, 2010, p.8).

En noviembre de 1903 se presenta un alzamiento insurreccional en el Estado de Panamá que llevó a la declaración de su independencia y a su consecuente separación de la Republica de Colombia. Este hecho estuvo precedido por casi medio siglo de tensiones entre Colombia y los EEUU dada la supuesta incapacidad del gobierno nacional de preservar la vida y bienes de los ciudadanos norteamericanos, lo que incluso llevó a la intervención directa de tropas norteamericanas en territorio colombiano en 14 ocasiones.

Aunque los Estados Unidos tardarían 18 años en reconocer formalmente su intervención en el proceso de separación de Panamá, a través de la firma en 1921 del tratado Thomson-Urrutia y del pago de 25 millones de dólares de indemnización, lo cierto es que el gobierno norteamericano siempre utilizó como pretexto la defensa de los intereses de sus ciudadanos en el territorio colombiano para sacar ventajas en sus pretensiones en torno a la construcción y manejo del canal de Panamá; o en palabras de un ciudadano norteamericano:

Ahora, lo verdaderamente importante no es cuánto tardaron los EEUU en reconocer su intervención sino cuánto tardaron los gobernantes colombianos en olvidar el hecho, puesto que se trató de una vulgar intervención imperialista que impidió al gobierno colombiano ejercer su soberanía territorial con el claro propósito de acrecentar su influencia estratégica sobre el canal de Panamá en vísperas de la Primera Guerra Mundial, robándole de paso una porción de su territorio.

Como lo sugiere Vega (2015), en los sucesos que rodearon la pérdida del Istmo de Panamá parece estar la clave que explica el carácter subordinado de las clases dominantes colombianas “una subordinación estratégica y una autonomía restringida” (p. 376). Al cerrar este episodio, la incidencia estadounidense en la dinámica económica, política y social del país cambió significativamente, como claramente lo reflejan los cambios en el nivel de inversiones norteamericanas en Colombia que pasaron de ser de entre dos y cuatro millones de pesos en 1913, a treinta millones en 1920, ochenta millones en 1926, y a finales de 1929 se aproximaban a los doscientos millones.

En 1931, analizando el futuro de las relaciones colombo-norteamericanas, Rippy (1981), reflexionaba:

Dados los acontecimientos posteriores, se puede afirmar que la perspicacia de nuestros estadistas nos llevó a pagar con la soberanía nacional. En efecto, a partir de 1930 gobierno tras gobierno sucesivamente ahondarán los privilegios económicos y políticos de los Estados Unidos en Colombia que conllevarán a su subordinación estratégica como hecho premeditado por los “estadistas” criollos. Empezando en el gobierno de Olaya Herrera (1930-1934) con una legislación petrolera en favor del capital extranjero que dará vía libre a los petroleros norteamericanos para saquear el subsuelo colombiano; seguido por las misiones militares, navales y aéreas estadounidenses durante el gobierno de Santos (1938-1942) que acentuarán la subordinación y dependencia militar al tiempo que permiten la ocupación de posiciones estratégicas para la defensa del canal de Panamá; pasando por el otorgamiento de privilegios exclusivos a los Estados Unidos para la explotación de recursos estratégicos durante el segundo mandato de López Pumarejo (1942-1946); y finalmente la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca -TIAR- durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950), en el que EEUU reafirma su dominación del continente luego de la Segunda Guerra Mundial y hace extensiva la doctrina Monroe al contexto del siglo XX señalando la amenaza comunista encarnada en la Unión Soviética como el enemigo a enfrentar (Vega, 2015).

Entre marzo y abril de 1948, en el marco de la IX Conferencia Panamericana, se crea la Organización de Estados Americanos -OEA- como instrumento estadounidense para ejercer su hegemonía en el continente y agenciar el aterrizaje de la Guerra Fría en el hemisferio (Salgado, 2013). La fundación de este instrumento estuvo marcada por el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril y el alzamiento popular generado a raíz de dicho crimen conocido como el Bogotazo, lo cual opacó los debates políticos adelantados en este escenario. Sin embargo, resulta fundamental recordar los objetivos de los EEUU en esta conferencia y la manera artera como utilizó los acontecimientos para posicionarlos con pleno respaldo de los representantes colombianos, configurando así un nuevo escenario político continental.

En sus “Análisis sobre el 9 de abril”, Vieira (sf) plantea que:

Justamente, uno de los principales objetivos políticos del General Marshall en la IX conferencia panamericana era la aprobación de la denominada “moción anticomunista”, en la que se señalaba que las Repúblicas americanas debían dictar a la mayor brevedad “las disposiciones internas necesarias para reprimir las actividades subversivas que intenten realizar individuos sean nacionales o extranjeros, a favor de intereses políticos de Estados extracontinentales” (Vieira, sf., p. 36). Dicha moción fue acompañada de un anuncio de último momento en el que el gobierno norteamericano aprobaba un presupuesto de 500 millones de dólares para préstamos a los países latinoamericanos, dada la poca receptividad mostrada por varios de los países asistentes a la conferencia ante la propuesta de moción; pero ni siquiera este anuncio animó su apoyo.

Fue necesario que se presentara el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril, para que de manera ladina la delegación estadounidense y el gobierno colombiano señalaran sin ningún tipo de prueba que los responsables del crimen eran los comunistas, y valiéndose de esta argucia presionaron para reanudar la conferencia que había sido suspendida por el alzamiento popular y así hacer aprobar la moción, la cual no obstante tuvo cambios significativos dadas las contradicciones entre algunos países con las pretensiones norteamericanas. De este modo, se funden en uno solo el anticomunismo de las castas colombianas que fuera utilizado desde principios de siglo para reprimir cualquier manifestación de inconformidad de los excluidos en Colombia, con el anticomunismo norteamericano en el que se basaron para justificar su dominación continental, en un contexto local de reacción fanática y violenta por parte de los conservadores recién devueltos al poder.

Así, desde su tristemente célebre fundación hasta la actualidad, la OEA ha sido un instrumento legitimador de la injerencia estadounidense, no sólo en Colombia sino en toda América Latina, como lo comprueba su actitud en los golpes de estado promovidos por EEUU en Guatemala en 1954 contra el gobierno legítimo de Jacobo Árbenz y en Chile en 1973 contra Salvador Allende, e incluso la legitimación de intervenciones militares estadounidenses como el caso de República Dominicana en 1965, con un costo de más de 10 mil vidas humanas perdidas por los que la pasada asamblea general de la OEA en 2016 aprobó una declaración de desagravio a la República Dominicana (51 años después de la invasión, la OEA desagravia a la República Dominicana. 2016). Y la actitud de los delegados colombianos en la conferencia devela claramente una vez más el carácter subordinado del país frente a EEUU.

A finales de la década de los 40 del siglo XX no existía en Colombia ninguna organización insurgente de carácter revolucionaria ni mucho menos comunista, no obstante, el carácter gubernamental y la doctrina militar de las fuerzas oficiales exhibían una clara postura contrainsurgente y anticomunista. Así, se terminará dicha década y se perderá la siguiente en medio de una guerra fratricida promovida por los partidos tradicionales y apoyada por los Estados Unidos que hará inviable al Estado colombiano y lo llevará al derrocamiento del gobierno civil y la imposición de una dictadura militar entre los años 1953 a 1957. Durante este periodo se engaña a algunas de las guerrillas liberales con la promesa de pacificación que ahondará la desconfianza de los grupos liberales y comunistas que continuaron en actitud de autodefensas campesinas, al ver caer a los líderes de las guerrillas que se entregaron al gobierno militar, por la ilegalización y persecución del partido comunista.

Igualmente, durante este periodo, los EEUU continuarían la profundización de su injerencia a través del adiestramiento militar de los oficiales colombianos con base en la nueva doctrina formulada tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial; adiestramiento dado en la Doctrina de la Seguridad Nacional-DSN, impartida en cursos dictados en la Escuela de las Américas. Se trata de la sistematización de teorías y experiencias relacionadas con la geopolítica inscrita en la Guerra Fría, en la cual se asumió la guerra como la “integración de las distintas esferas de la acción militar, económica, sicológica e ideológica” (Velásquez, 2002), pasando del concepto de guerra militar al concepto de Guerra Total y Permanente (guerra en lo económico, político, sicológico, financiero, científico y tecnológico) en la que deben enfrentarse las fuerzas del occidente cristiano como representantes del eje del bien contra las fuerzas del oriente comunista y ateo como representantes del eje del mal, mediante el combate al “enemigo interno” en cada país que impida un nuevo enfrentamiento mundial de magnitudes catastróficas insospechadas.

Entre tanto, el triunfo de la Revolución cubana en 1959 radicalizó la actitud yanqui, lo que las llevó a asumir sin ambages el intervencionismo imperialista en América Latina. Así, en el mes de octubre del mismo año envíaron un “Equipo Especial de Estudio” para investigar la situación de seguridad interna en Colombia, que entregó un informe a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos con recomendaciones para asumir tareas de contrainsurgencia (Cardoso, 2013).

Luego, en 1962 es enviada a Colombia una nueva misión a la cabeza del General William Yarborough, comandante del Centro del Ejército de EEUU en Guerra Especial, con el fin de evaluar la efectividad de las operaciones contrainsurgentes colombianas y hacer recomendaciones para reforzar el programa de contrainsurgencia como operaciones psicológicas, campañas de acción cívico-militar, e incluso dictamina la necesidad de crear grupos paramilitares, entre otros aspectos (Velásquez, 2007); instituyéndose así la nueva política de contrainsurgencia bajo el nombre de Plan Laso.

La denominación de dicho Plan contiene un debate aparentemente de forma pero con claras connotaciones de fondo, ya que los sectores de la historiografía oficial y el mismo ejército defienden que su nombre real es “Lazo” con “z”, mientras sectores críticos establecen que se trata del Plan “Latin American Security Operation”-Laso con “s” diseñado desde Washington para impedir más casos como el cubano (Pizarro, 2004); lo cierto es que en mayo de 1964 se adelantó una operación militar sin precedentes en Colombia, en la que se pusieron en práctica todas las recomendaciones de la Misión Yarborough y se recibió apoyo material y técnico del gobierno de los E.E.U.U, cuyos oficiales además comandaron las operaciones que pretendían acabar con las supuestas “Repúblicas independientes” pero terminaron dando origen al grupo que dos años más tarde se denominaría como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC.

Teniendo en cuenta estos tres antecedentes fundamentales en el delineamiento de las relaciones colombo-estadounidenses y el origen del conflicto social y armado en Colombia, se puede afirmar con Vega (2015) que:

Pero como si ser responsable directo del conflicto social y armado colombiano fuera poco, a 35 años de guerra entre la institucionalidad colombiana contra las FARC y en momentos en que la ventaja militar era claramente insurgente, a pesar del proceso de paz en el Caguán, los EEUU vuelven a intervenir para favorecer sus intereses imperialistas en la región dando una mano a la oligarquía criolla con el denominado Plan Colombia.

El Plan Colombia fue presentado como “una estrategia integral de cooperación bilateral, cuyo objetivo general era combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado.” Así mismo, éste buscaba “fortalecer al Estado y a la sociedad colombiana para la superación de la amenaza narcoterrorista” (DNP, 2006). Justificado con un nuevo lenguaje adecuado al contexto del final de la guerra fría tras la caída de la Unión Soviética y el bloque socialista, reinventándose el consabido enemigo interno que exigen los manuales militares y reforzando su autoimagen de policía global tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, los EEUU se comprometen con la continuación y profundización del conflicto interno colombiano aportando “una inversión de cerca de 10 mil millones de dólares…el Gobierno colombiano invirtió cerca de 131 mil millones de dólares” (Colombia, 2016).

Este plan fue publicitado en el año 1999 como un “plan antidrogas” por parte del gobierno de Andrés Pastrana mientras sostenía diálogos con la guerrilla de las FARC-EP en la zona de distensión de San Vicente del Caguán, el cual tenía dos componentes esenciales: Uno militar y otro social. “Así mismo, como un propósito de consenso internacional, que contaría con la financiación de Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países europeos individualmente considerados, Japón y algunas agencias multilaterales” (Estrada, 2003). Sin embargo, este pretexto es considerado poco serio por respetados analistas internacionales, al considerar que tanto las ramas del poder público en Colombia, como las fuerzas militares colombianas y estadounidenses, están involucradas en el negocio del narcotráfico (Chomsky, 2001).

Con el transcurrir del tiempo quedaría claro que dicho plan no tenía otro objetivo que cualificar un aparato militar inepto y desgastado para afrontar una nueva campaña guerrerista en contra de las voces disidentes, que llevaría a un aumento del 52,1% en el pie de fuerza entre los años 1998 a 2005 con su consecuente aumento en el gasto militar al pasar de 249.833 a 380.069 efectivos (DNP, 2006), lo que dejaría alrededor de 5.827.898 nuevas víctimas (UARIV, 2017) entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, en su gran mayoría campesinos, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, en medio de la propagación del paramilitarismo en todo el país y su accionar con total consentimiento y apoyo estatal.

En palabras de Chomsky (2001): “Los objetivos del Plan Colombia son fuerzas guerrilleras con base en el campesinado y cuyo objetivo es un cambio social interno, que interferirían con la integración de Colombia al sistema global en los términos que los EEUU exigen”. Por tal razón, se puede concluir con Sarmiento (2003) que “el Plan Colombia es un eslabón más en esta larga cadena de infamias” (p. 3).

Dadas sus innegables y superiores capacidades económicas, políticas y militares en el contexto actual de la sociedad capitalista mundial, EEUU ha mantenido una influencia marcada en el concierto de los estados independientes del mundo y del continente americano, que se ha reflejado tanto en el ámbito comercial como en el posicionamiento de su particular forma de entender la vida a través de su cultura.

Sin embargo, su inagotable voluntad de poder los ha impulsado a ir más allá de la mera influencia hacia sus vecinos, interfiriendo de manera directa en los asuntos internos de cada país para beneficiar sus intereses a través de los mecanismos diplomáticos y, las más de las veces, a través del uso de la fuerza ya sea de manera oculta o abierta, pasando por encima del principio de la no intervención.

La evolución de las relaciones colombo-estadounidenses atestiguan el proceso de ascenso y consolidación de la hegemonía norteamericana en el continente, pasando de una tensa relación bilateral a mediados del siglo XIX hasta llegar a un marcado colaboracionismo por parte del Estado colombiano que refleja su subordinación estratégica como postura oficial desde mediados del siglo XX hasta el presente.

Tal subordinación, y los hechos y condiciones causales del conflicto social y armado colombiano, otorgan un grado de compromiso de primer orden a los EEUU en su origen y persistencia; por tanto, mientras se mantenga este carácter subordinado como Estado colombiano hacia el Estado norteamericano, resulta fundamental el papel de los EEUU en la consolidación de una paz estable y duradera, pero el signo de esta paz seguirá siendo determinado por sus intereses.

En el caso que Colombia pretenda buscar su propia ruta hacia la superación definitiva de la confrontación violenta, una de sus primeras determinaciones tendrá que ser entonces la redefinición del carácter de sus relaciones con los EEUU.